En el mapa de la transportación pública de pasajeros en el país se ha desarrollado una forma de gestión en los últimos años que gana elogios y a la vez duras críticas: los vehículos estatales arrendados a formas de gestión no estatales.
Con esa misma modalidad y en cada caso con sus especificidades, prestan servicios las gazelles, los triciclos eléctricos y los taxis, bajo un modelo de gestión puesto en marcha hace ya más de 10 años.
En el caso de los ómnibus, autorizado más recientemente, el concepto original fue recuperar para la transportación pública de pasajeros vehículos en mal estado, que no estuvieran funcionando y que requerían inversiones para su recuperación, las que aportaban los arrendatarios, además de los gastos corrientes para mantener esos medios en funcionamiento.
Al cierre de junio de 2024, se habían arrendado 750 ómnibus y 106 semiómnibus en el país, de los cuales ya estaban trabajando 551 (el 73.5%) y 49 (el 46.2%), respectivamente. Aunque resulta una pequeña cifra comparada con la totalidad de estos medios existentes en el país, los medios arrendados han jugado un papel activo en las transportaciones tanto locales como nacionales.
En cuatro provincias se agrupa el 61.5 por ciento de los medios arrendados: Santiago de Cuba (302), Holguín (289), Granma (223) y Guantánamo (129); mientras que en otros territorios la incidencia es baja: Isla de la Juventud (1), Sancti Spíritus (9), Mayabeque (15) y Artemisa (17).
El criterio general sobre el arrendamiento de ómnibus es que, si bien es cierto ha permitido poner en marcha un grupo de ómnibus que estaban paralizados, la realidad es que ello ha traído consigo desorganización, acceso irregular a los combustibles y otros materiales, falta de disciplina y en muchos casos una desregularización de los precios. Esto último genera incomprensión en la población al ser vehículos estatales, aunque el modelo de gestión propio del arrendamiento implique costos superiores.
Resolver estas irregularidades, forma parte de nuestra responsabilidad. Próximamente volveremos con las acciones que venimos desarrollando y las que nos proponemos para poner orden en esta importante alternativa de estos tiempos.
Segunda parte
Después de haber publicado la primera parte de esta serie y consciente de que es un tema con muchas aristas, cuyo análisis demandaría regresar más de una vez en una segunda y tercera parte de esta serie, sucedió algo más ilustrativo que lo que podíamos escribir en la segunda entrega.
Nos llegó un mensaje privado a nuestra página sobre una experiencia con un ómnibus arrendado al servicio de una empresa que, vacío, pasó por una parada y no recogió a las personas que esperaban allí. Pudimos responderle rápidamente. Indicamos también una indagación a las autoridades de transporte de la provincia donde había sucedido ese hecho en aras de esclarecerlo
Como parte de ese proceso, un funcionario con responsabilidad en la administración del ómnibus arrendado participante en ese hecho, dialogó con la persona que nos envió la queja.
Defendió el derecho del arrendatario a parar o no en la parada, argumentando que no estaba obligado a hacerlo: “Esa es una guagua que está dándole un flete a una empresa y lo que va es con trabajadores de esa empresa, cuando termina ese flete es un carro privado, que puede ser que vaya a la playa o a la casa del chofer, o a buscar una pieza…ahora hay que revisar con el chofer por qué no paró ahí…Es un carro arrendado, cumple con lo que tiene pactado».
Al tanto de todo esto, considero tenemos varias cuestiones que aclarar y perfeccionar desde la legislación hasta el control de su cumplimiento.
En una próxima publicación profundizaremos en este tema. (ALH)
Tomado del perfil de Facebook del Ministro de Transporte