Por Redacción TV Yumurí 
Altos funcionarios del gobierno de Javier Milei habrían facilitado la fuga a Estados Unidos de Flávio Bolsonaro, excandidato presidencial brasileño con varias causas abiertas en la justicia de su país, entre ellas lavado de dinero del narcotráfico.
El fugitivo partió la madrugada del martes desde el aeropuerto de Puerto Iguazú en un avión de Baires Fly, empresa vinculada al narcotraficante argentino Federico “Fred” Machado.
Un avión vinculado al narcotráfico y una camioneta de la cancillería
Según se denunció en el Senado argentino, Bolsonaro llegó a la estación aérea en una camioneta perteneciente a la cancillería, bajo amparo diplomático, y accedió directamente a la pista, lo que era imposible si no hubiera existido una orden directa de presidencia.
“Tras un día entero de espera, el aparato Gulfstream G400, matrícula LV-JQW, de la empresa Baires Fly, despegó camino a Miami, pasando por los cielos de los países aliados al presidente Donald Trump: Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y luego hacia Florida”, se denunció durante la sesión del Senado.
Santiago Caputo, la figura central
El senador Martín Soria, del bloque Unión por la Patria, detalló lo sucedido y acusó que se dispusieron “recursos del Estado argentino” para colaborar en la fuga. Entre los organismos comprometidos mencionó la Secretaría de Inteligencia del Estado (Side), el Ministerio de Seguridad, Cancillería, Migración, Aduana, Seguridad Aeroportuaria y funcionarios de la Entidad Binacional Yacyretá.
La figura central fue Santiago Caputo, el asesor más cercano al presidente, mediador en diversas instancias con Estados Unidos y directamente vinculado a los servicios de inteligencia estatales, quien recibió a Bolsonaro después de cruzar la frontera y lo acompañó en una camioneta hasta las puertas del avión.
Asimismo, en uno de los vehículos de la comitiva fue identificado Jorge Omar Waissman, jefe de seguridad de Yacyretá, señalado como ex agente de seguridad estadounidense, vinculado a la CIA y a la DEA.
“Milei abrió las puertas a la narcopolítica”
“Las agresiones de Milei no son algo nuevo, las agresiones contra Lula han sido constantes”, analizó Soria, advirtiendo que “Milei fue un paso más allá” por su injerencia “en asuntos políticos y domésticos del Estado de Brasil”.
Acusó al presidente por “abrirle las puertas de su gobierno, y de nuestro país, a la narcopolítica”, en referencia a los vínculos de Federico “Fred” Machado con el economista oficialista José Luis Espert, amigo personal de Milei.
Bolsonaro huyó en un avión de Baires Fly, vinculada a “Fred” Machado, quien fue extraditado por vínculos con el narcotráfico a Estados Unidos. Ante la justicia de Texas, Machado asumió delitos de conspiración de lavado de dinero y fraude electrónico para lograr que se le levantaran los cargos iniciales por narcotráfico.
Soria recordó otros antecedentes de referentes del gobierno de Milei con vínculos con el narcotráfico, como la exdiputada oficialista Lorena Villaverde, denunciada en Estados Unidos, y Sergio Mastropietro, dueño de Baires Fly, quien envió el avión privado que trasladó a Bolsonaro.
La jueza Capuchetti y el encubrimiento
Hay al menos tres denuncias judiciales en trámite por lo actuado por el gobierno. Una de ellas quedó en manos de la jueza federal María Eugenia Capuchetti, ligada a Milei, quien ordenó medidas de prueba y pidió preservar filmaciones de cámaras de seguridad del 27 al 28 de octubre en el aeropuerto de Puerto Iguazú.
Capuchetti fue la jueza que debió investigar el fallido intento de asesinato contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en septiembre de 2022, caso en el que desaparecieron pruebas y se cometieron irregularidades que impidieron llegar a los responsables intelectuales, la familia Caputo.
Un frente que se abre con Brasil
El gobierno respaldó en todo lo actuado a Santiago Caputo, pero el hecho de llevar a un límite la relación con Brasil, el mayor socio comercial de Argentina, abre otro frente importante: la acumulación de hechos y acciones del gobierno de Milei en sus vínculos con el narcotráfico, tema que el gobierno de Donald Trump reclama a otros países de la región. (ALH)