Durante la jornada de este jueves en el IV Congreso Internacional Juriscuba 2024, se dialogó sobre derecho internacional y contratación, en un espacio que estuvo presidido por el licenciado Alejandro Redondo Ramos, director de Defensoría y coordinador general de la Actividad Legislativa.

“En esta Comisión de Asesoramiento Jurídico y Legislación existe una multiplicidad de temas vinculados al derecho en los diferentes contextos internacionales”, aseguró Redondo Ramos, al destacar la presencia allí de representantes de China y Alemania.

Señaló también la necesidad de estudiar a los actores económicos no estatales y ofrecer nuevas propuestas para su perfeccionamiento. “Debemos lograr una profundidad científica a través del intercambio de ideas para identificar las buenas prácticas que se pueden encontrar en estos espacios”.

En su intervención, la licenciada Isabel de la Peña, abogada de bufete internacional, ofreció detalles sobre la contratación internacional de las micro, pequeñas y medianas empresas privadas.

“Las mipymes representan un excelente medio para el impulso de la economía nacional, por su aporte al tráfico mercantil y ser un potencial creador de empleo. Estas nuevas formas de gestión no estatal se alzan como un importante sector de la economía para la distribución y producción de bienes y servicios”, afirmó De la Peña.

La licenciada explicó también que un contrato es considerado como internacional cuando las partes sean de diferentes estados y tengan su domicilio principal en espacios distintos. Por otro lado, las operaciones de comercio exterior se identifican como el intercambio de bienes y servicios de dos o más países.

Ministro de Justicia sostiene diálogo con Defensor del Pueblo de Venezuela

Durante esta jornada de jueves, el ministro de Justicia, Oscar Silvera Martínez, intercambió con una representación de Venezuela, en donde estuvo presente el Defensor del Pueblo, Alfredo José Ruiz Angulo. Allí se abordaron temas relacionados con los derechos humanos y la garantía de su cumplimiento en ambas naciones.

“Es un honor para nuestro país recibirlos en este congreso y su presencia le da gran prestigio al evento. Con la Defensoría del Pueblo venezolano tenemos grandes posibilidades de intercambio por los resultados que han obtenido”, afirmó el ministro cubano.

Por las características de nuestro diseño institucional no existe una Defensoría del Pueblo, pero a partir de importantes transformaciones legislativas este tema ha sido prioritario en el congreso.

“Estamos trabajando en actualizar el ordenamiento jurídico en correspondencia con el cambio de la constitución de 2019, que reafirmó el camino hacia nuestra visión socialista y a la vez, perfecciona y actualiza nuestro marco legal acorde a las necesidades de desarrollo del país”, expresó.

Para Alfredo Ruiz este congreso es una oportunidad de aprendizaje de aspectos que se debaten en su país. “La Defensoría del Pueblo tiene la tarea de velar por que se respeten los derechos humanos de todas las instituciones públicas y privadas. Además de chequear el buen trabajo de la administración y servicios públicos”.

Ruiz resaltó también la importancia de definir límites en las redes sociales, para no vulnerar los valores de las niñas, niños y otros grupos etarios. Señaló que estas nuevas tecnologías deben ser dirigidas a mejorar la calidad de vida y no a las desigualdades e imposición de unos sobre otros.

“La Defensoría del Pueblo en Venezuela tiene como función fundamental proteger al ser humano, especialmente los sectores que tienen mayor vulnerabilidad y no poseen acceso a una representación legal”, dijo.

Ambas partes conversaron sobre la realización de un acuerdo entre Cuba y Venezuela que permita establecer alianzas desde lo jurídico. Esto podrá enriquecer los conocimientos de ambos países en ese sentido a través de una retroalimentación. Marcaría, además, el inicio de una colaboración con otros pueblos hermanos que se sumen.

Cultura jurídica en Cuba: Principales desafíos

En la mañana de este 6 de febrero también se ofrecieron ponencias relacionadas con la cultura jurídica y su estudio por parte de la población cubana, así como su expresión en las relaciones internacionales. Este espacio fue presidido por la M. Sc. Dania Rivera Rodríguez, directora general de Desarrollo.

Se expuso una investigación sobre los apuntes del estudio de la cultura jurídica en Cuba, que partió de los centros de investigación de las ciencias sociales. Además se referenciaron a nivel internacional los principales investigadores que han hablado sobre el tema.

Como otra de las líneas que afectan en este sentido, están las medidas unilaterales impuestas contra Cuba, que complejiza la situación económica del país e incide en cierta medida en los valores de la población, dijo una de las ponentes de este panel.

Otros temas abordados en esta comisión fueron: la Constitución y Estado socialista de derecho y justicia social en Cuba, la actualización de la estrategia de comunicación interna en el perfeccionamiento de los servicios jurídicos, y la educación jurídica de los estudiantes de la enseñanza técnica profesional. (ALH)

Marcelino Vázquez Hernández y Gabriel Mok Rodríguez/Cubadebate

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