Por Redacción TV Yumurí 
Durante mucho tiempo, las niñas, los niños y los adolescentes fueron considerados, fundamentalmente, personas necesitadas de protección, cuidado y orientación. Sus opiniones podían escucharse, pero las decisiones importantes correspondían casi exclusivamente a los adultos. La autoridad familiar, escolar e institucional se ejercía muchas veces desde la idea de que proteger significaba decidir por ellos.
Sin embargo, ¿puede hablarse de una verdadera protección cuando no se escucha a quienes se pretende proteger? ¿Hasta dónde llega la autoridad de las personas adultas? ¿Tienen las niñas, los niños y los adolescentes derecho a participar en las decisiones que afectan sus vidas?
Estas preguntas adquieren especial relevancia en Cuba, donde las transformaciones legislativas de los últimos años han fortalecido el reconocimiento de la infancia y la adolescencia como etapas de la vida en las que las personas son titulares de derechos y no simples destinatarias de decisiones ajenas. El desafío es particularmente importante porque las leyes no transforman automáticamente las relaciones sociales. Una disposición jurídica puede reconocer el derecho a ser escuchado, pero su ejercicio depende de que existan personas adultas dispuestas a escuchar, instituciones preparadas para garantizarlo y condiciones que permitan convertir ese reconocimiento en una práctica cotidiana.
Por ello, comprender los derechos de niñas, niños y adolescentes exige mirar más allá de los textos legales. Supone preguntarnos cómo se ejerce la autoridad en las familias, qué espacios de participación existen en las escuelas, cómo responden las instituciones ante las vulneraciones de derechos y qué responsabilidades compartimos como sociedad.
De objetos de protección a sujetos de derechos
Uno de los cambios más importantes del Derecho contemporáneo ha sido reconocer que las niñas, los niños y los adolescentes son sujetos de derechos. Esto significa que poseen derechos propios, que deben ser respetados por las familias, las instituciones, la sociedad y el Estado. La Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por Naciones Unidas en 1989 y ratificada por Cuba en 1991, constituyó un punto de inflexión en esta concepción. Sus principios fundamentales incluyen la no discriminación, el interés superior del niño, el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo, así como el respeto a sus opiniones.
En nuestro país, la Constitución de 2019 incorporó expresamente esta perspectiva. Su artículo 86 reconoce a las niñas, los niños y los adolescentes como plenos sujetos de derechos, establece su especial protección y dispone que su interés superior debe ser considerado en las decisiones y actuaciones que les conciernan. No se trata de una declaración simbólica. Este reconocimiento modifica la manera en que deben comprenderse las relaciones familiares, los procesos educativos y las responsabilidades institucionales.
Una niña no deja de tener derechos porque sus padres sean responsables de su crianza. Un adolescente no pierde su derecho a ser escuchado porque todavía no haya alcanzado la mayoría de edad. Y ninguna institución puede justificar el desconocimiento de sus derechos invocando exclusivamente la disciplina o la autoridad.
Ser sujeto de derechos significa, además, que la dignidad humana no comienza a los dieciocho años. La edad puede determinar formas específicas de ejercicio de determinados derechos y justificar medidas especiales de protección, pero no disminuye el valor jurídico de la persona. Esta distinción resulta esencial para superar concepciones que subordinan completamente la voluntad de niñas, niños y adolescentes a las decisiones de los adultos.
El cambio también tiene consecuencias para las instituciones públicas. No basta con diseñar políticas destinadas a la infancia; resulta necesario incorporar sus necesidades, experiencias y opiniones en los procesos de elaboración, implementación y evaluación de aquellas decisiones que les afectan. La participación deja de ser una concesión y pasa a formar parte del ejercicio efectivo de sus derechos.
Un nuevo Código para una realidad diferente
La aprobación de la Ley 178 de 2025, Código de la Niñez, Adolescencias y Juventudes, constituye un paso relevante en el desarrollo legislativo cubano. Su entrada en vigor, el 28 de enero de 2026, actualizó un marco normativo que tenía como antecedente el Código de la Niñez y la Juventud de 1978. La nueva disposición reconoce expresamente que las niñas, los niños y los adolescentes son plenos sujetos de derechos y pueden ejercerlos por sí mismos, de acuerdo con su madurez psicológica y autonomía progresiva. Asimismo, establece un marco institucional para la protección, participación e inclusión de estos grupos de edades. Esta última expresión, autonomía progresiva, resulta esencial. Significa que, a medida que una persona desarrolla sus capacidades, debe aumentar también su participación en las decisiones relacionadas con su vida. No supone eliminar la orientación de las personas adultas, sino transformar esa orientación en acompañamiento respetuoso.
Por ejemplo, una niña pequeña puede expresar sus preferencias sobre determinadas actividades cotidianas, mientras que un adolescente puede tener una participación más amplia en decisiones relacionadas con su educación, su salud o su proyecto de vida, dentro de los requisitos y garantías establecidos por la legislación. En ambos casos, escuchar no significa necesariamente aceptar cualquier petición. Significa reconocer que sus opiniones tienen valor y deben ser consideradas de acuerdo con su desarrollo, las circunstancias concretas y la protección de sus derechos.
La autonomía progresiva tampoco puede interpretarse como una autorización para trasladar a niñas, niños y adolescentes responsabilidades que corresponden a las personas adultas. El acompañamiento, la protección y el cuidado continúan siendo obligaciones esenciales. El nuevo Código también fortalece una concepción integral de los derechos. Su protección no puede limitarse a intervenir cuando existe una situación grave de violencia o desamparo. Debe comprender igualmente la prevención, la promoción del bienestar, la participación social, la igualdad de oportunidades y la atención diferenciada a quienes enfrentan circunstancias de vulnerabilidad.
Un elemento significativo es que la norma no se limita a reconocer derechos, sino que desarrolla mecanismos institucionales para su protección. Esta dimensión es especialmente importante, pues permite avanzar desde una concepción predominantemente declarativa hacia otra que exige responsabilidades, procedimientos y respuestas concretas ante las situaciones que afectan a niñas, niños y adolescentes.
Sin embargo, la existencia de un Código actualizado plantea una responsabilidad adicional y es asegurar que sus disposiciones sean conocidas, comprendidas y aplicadas. Su verdadero alcance dependerá de la preparación de los profesionales, la coordinación institucional, los recursos disponibles y la capacidad de las familias y comunidades para apropiarse de sus principios.
La familia también debe aprender a escuchar
El Código de las Familias, aprobado mediante la Ley 156 de 2022, introdujo transformaciones significativas en la comprensión de las relaciones entre madres, padres, hijas e hijos. La responsabilidad parental se sustenta en el deber de orientar, educar, acompañar, cuidar y garantizar el ejercicio de los derechos de las personas menores de edad. Su artículo 5 reconoce, entre otros, el derecho a ser escuchados, a participar en las decisiones familiares que les afectan, a recibir acompañamiento y orientación, y a crecer en ambientes libres de violencia. Esto exige revisar determinadas prácticas que durante generaciones se consideraron normales.
Expresiones como «aquí se hace lo que yo digo», «los niños no opinan» o «cuando seas mayor podrás decidir» reflejan concepciones de autoridad que pueden entrar en contradicción con el reconocimiento de la infancia como sujeto de derechos. La autoridad familiar no desaparece, pero debe ejercerse desde el respeto, la comunicación y la responsabilidad. Educar no equivale a imponer mediante el miedo. Establecer límites no significa humillar. Corregir una conducta no autoriza a ejercer violencia. La crianza respetuosa tampoco supone ausencia de reglas. Por el contrario, requiere límites claros, adecuados a la edad, acompañados de explicaciones y coherencia en el comportamiento de las personas adultas.
Uno de los cambios culturales más complejos consiste precisamente en comprender que la responsabilidad parental no constituye un poder ilimitado sobre hijas e hijos. Se trata de un conjunto de deberes y facultades orientados a garantizar su desarrollo integral, respetar su dignidad y favorecer el ejercicio progresivo de sus derechos. Esto también exige reconocer la diversidad de las familias cubanas. Las responsabilidades de cuidado y crianza pueden desarrollarse en estructuras familiares diferentes, sin que exista un único modelo legítimo de convivencia. Lo determinante, desde el punto de vista jurídico, es que se garanticen los derechos, la protección, los vínculos afectivos y el bienestar de niñas, niños y adolescentes.
Conviene, además, prestar atención a situaciones cotidianas que suelen pasar inadvertidas. Divulgar imágenes de hijos e hijas sin considerar su privacidad, ridiculizar sus opiniones, descalificar sus emociones o imponerles responsabilidades domésticas desproporcionadas pueden generar conflictos con sus derechos. La vida familiar no constituye un espacio ajeno a la Constitución ni a las garantías reconocidas por las leyes.
El interés superior no puede convertirse en una frase vacía
Uno de los principios más invocados en asuntos relacionados con la infancia es el interés superior de niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, su utilización exige especial responsabilidad. No basta con afirmar que una decisión se adopta por el bien de un niño. Es necesario valorar sus circunstancias particulares, sus necesidades, su opinión, sus vínculos afectivos y las posibles consecuencias de la medida. El interés superior no puede identificarse automáticamente con lo que una madre, un padre, un docente o una autoridad considere conveniente.
Pensemos, por ejemplo, en una decisión relacionada con la guarda y el cuidado después de una separación familiar. No debería resolverse únicamente a partir de las preferencias de las personas adultas. Deben examinarse las condiciones de vida, los vínculos afectivos, la estabilidad emocional, las capacidades de cuidado y, según corresponda, las opiniones de la niña, el niño o adolescente involucrado. Este principio exige decisiones individualizadas, fundamentadas y orientadas a garantizar efectivamente los derechos. Desde el punto de vista jurídico, el interés superior posee una dimensión sustantiva, interpretativa y procedimental. Es un derecho que debe ser considerado de manera primordial, un criterio para interpretar las normas y una exigencia que obliga a valorar y fundamentar las consecuencias de las decisiones que afectan a niñas, niños y adolescentes.
Por ello, tampoco debe utilizarse como argumento para desconocer automáticamente su voluntad. Escucharles constituye una parte importante de la determinación de su interés superior, aunque sus opiniones deban ponderarse junto a otros elementos relevantes. La protección y la participación no son principios contrapuestos; deben complementarse. La aplicación de este principio exige, además, evitar soluciones uniformes. Dos adolescentes de la misma edad pueden presentar circunstancias personales, familiares y sociales diferentes. Una decisión jurídicamente adecuada debe atender esas particularidades y no sustentarse exclusivamente en criterios generales o apreciaciones subjetivas de quienes ejercen la autoridad.
Proteger también significa garantizar cuidados
El reconocimiento jurídico de los derechos de la infancia sería incompleto si no se acompañara de condiciones materiales, familiares, comunitarias e institucionales que permitan ejercerlos. El cuidado ocupa aquí un lugar fundamental. Las niñas, los niños y los adolescentes necesitan alimentación, atención sanitaria, educación, protección, acompañamiento emocional, espacios seguros y relaciones afectivas que favorezcan su desarrollo integral. Pero el cuidado no debe comprenderse únicamente como una responsabilidad privada de las familias, y mucho menos como una obligación exclusiva de las mujeres.
El Estado, las instituciones educativas, los servicios de salud, las comunidades y las familias tienen responsabilidades diferenciadas y complementarias. Esta mirada adquiere especial importancia cuando existen situaciones de discapacidad, vulnerabilidad económica, violencia, ausencia de redes familiares de apoyo u otras circunstancias que requieren respuestas específicas. Una sociedad que reconoce los derechos de la infancia debe preocuparse tanto por las normas que los proclaman como por las condiciones reales que permiten ejercerlos.
El cuidado también tiene una dimensión jurídica que merece mayor atención. No se reduce a satisfacer necesidades materiales, sino que comprende el respeto a la dignidad, la integridad, la autonomía progresiva y el desarrollo de la personalidad. Una niña puede tener garantizada su alimentación y, sin embargo, experimentar formas de violencia psicológica o negligencia emocional que comprometan su bienestar.
Asimismo, las responsabilidades de cuidado deben analizarse desde una perspectiva de corresponsabilidad social. Las dificultades económicas, las limitaciones de determinados servicios y las sobrecargas familiares pueden afectar directamente las condiciones en que se desarrolla la infancia. Reconocer estas realidades no significa justificar el incumplimiento de obligaciones, sino comprender que la protección efectiva requiere respuestas integrales y sostenibles.
Especial atención merecen las niñas, los niños y los adolescentes que asumen tareas de cuidado dentro de sus hogares. La colaboración familiar, adecuada a la edad y a las capacidades, puede contribuir a la formación de valores y responsabilidades. Sin embargo, cuando esas tareas comprometen su educación, descanso, recreación o desarrollo personal, dejan de constituir una colaboración razonable y pueden afectar el ejercicio de sus derechos.
Cuando se vulneran los derechos, ¿quién responde?
Reconocer derechos implica también establecer mecanismos para protegerlos cuando son amenazados o vulnerados. La Constitución cubana, el Código de las Familias y el Código de la Niñez, Adolescencias y Juventudes ofrecen fundamentos jurídicos para exigir su respeto y activar las responsabilidades de las instituciones competentes.
La Ley 178/2025 desarrolla un sistema de protección integral que comprende actuaciones de prevención, atención y respuesta ante situaciones que comprometen los derechos de niñas, niños y adolescentes. Su regulación contempla garantías procedimentales, medidas de protección y la intervención coordinada de diferentes autoridades e instituciones. Esto significa que una situación de vulneración de derechos no debe considerarse exclusivamente un problema privado. La violencia familiar, el abuso sexual, la negligencia grave, la discriminación o cualquier otra situación que comprometa la integridad y el desarrollo de una persona menor de edad pueden requerir la actuación de las autoridades competentes.
La Fiscalía General de la República, los órganos judiciales y las instituciones con responsabilidades específicas en materia de infancia desempeñan funciones relevantes, dentro de sus respectivas competencias. La legislación también contempla la intervención de estructuras y servicios especializados de protección.
Un aspecto esencial consiste en garantizar que los procedimientos sean adecuados a la edad y las circunstancias de quienes necesitan protección. No resulta suficiente ofrecer una vía formal de reclamación si su utilización exige conocimientos, recursos o capacidades que una niña, un niño o un adolescente no posee. La atención debe procurar condiciones de confidencialidad, respeto y protección frente a nuevas afectaciones. Resulta especialmente importante evitar la revictimización, que puede producirse cuando una persona debe relatar reiteradamente experiencias de violencia, recibe un trato inadecuado o no encuentra respuestas oportunas.
En este ámbito, la actuación institucional debe ser diligente, coordinada y proporcional a las circunstancias de cada caso. Las medidas de protección no pueden convertirse en nuevas fuentes de vulneración de derechos, por lo que deben adoptarse con las garantías previstas legalmente y estar sujetas a los mecanismos de revisión correspondientes. La efectividad de estas garantías dependerá, en buena medida, de que las familias, los profesionales y la ciudadanía conozcan a qué instituciones acudir y cómo activar los mecanismos de protección. Un derecho que no puede reclamarse oportunamente corre el riesgo de quedar reducido a una promesa normativa.
Entre lo que establece la ley y lo que ocurre diariamente
Las transformaciones jurídicas cubanas representan avances relevantes, pero su efectividad no depende exclusivamente de la aprobación de nuevas disposiciones. Persisten desafíos relacionados con la reproducción de prácticas autoritarias, la naturalización de determinadas formas de violencia, los estereotipos de género, las desigualdades sociales y las dificultades para garantizar servicios y apoyos en todos los territorios.
También resulta necesario fortalecer la formación jurídica de familias, docentes, profesionales de la salud, operadores del Derecho y autoridades administrativas. No puede exigirse el respeto a derechos que muchas personas desconocen. Tampoco resulta suficiente reconocer mecanismos de protección si quienes los necesitan no saben cómo acceder a ellos. La participación infantil y adolescente debe trascender los espacios formales. Escuchar sus opiniones exige crear condiciones para que puedan expresarse libremente, sin temor a represalias, burlas o descalificaciones.
Del mismo modo, las instituciones deben disponer de procedimientos accesibles, comprensibles y adecuados a sus edades para atender situaciones de vulneración de derechos. La distancia entre la norma jurídica y la realidad cotidiana constituye uno de los principales desafíos de esta etapa. En Cuba, ese desafío debe analizarse teniendo en cuenta las condiciones económicas y sociales actuales. Las dificultades materiales que enfrentan numerosas familias, las limitaciones en el acceso a determinados bienes y servicios y las desigualdades territoriales pueden incidir en el ejercicio efectivo de los derechos de la infancia. Estas circunstancias requieren políticas públicas sensibles a las diferencias y una adecuada articulación de las respuestas institucionales.
La escuela ocupa un lugar estratégico en este proceso. Además de transmitir conocimientos, constituye un espacio fundamental para aprender a convivir, participar, resolver conflictos y respetar la diversidad. Sin embargo, esa función educativa exige revisar prácticas disciplinarias, prevenir el acoso escolar y fortalecer los mecanismos de atención ante situaciones de violencia o discriminación.
También es necesario prestar atención a los entornos digitales. El acceso a las tecnologías ofrece oportunidades para aprender, comunicarse y participar, pero plantea riesgos relacionados con la privacidad, el acoso, la exposición a contenidos perjudiciales y distintas formas de violencia. La respuesta no debería limitarse a prohibiciones generales, sino combinar educación, acompañamiento, protección y desarrollo progresivo de capacidades para desenvolverse de manera segura.
Otro reto consiste en evaluar la efectividad de las políticas y disposiciones jurídicas. No basta con contabilizar actividades de capacitación o campañas de sensibilización. Resulta necesario conocer si disminuyen las situaciones de vulneración, si mejoran los mecanismos de atención y si niñas, niños y adolescentes perciben que sus opiniones son realmente consideradas.
Una transformación que comienza en la vida cotidiana
Reconocer a las niñas, los niños y los adolescentes como sujetos de derechos implica mucho más que modificar leyes. Significa transformar maneras de educar, ejercer la autoridad, resolver conflictos y comprender las relaciones entre generaciones. Significa reconocer que sus opiniones importan, que sus emociones merecen respeto y que su dignidad no depende de alcanzar determinada edad. También significa enseñarles que el ejercicio de los derechos se desarrolla junto al respeto por los derechos de las demás personas y la asunción progresiva de responsabilidades.
Cuba dispone hoy de un marco jurídico renovado que ofrece mayores posibilidades para avanzar en esa dirección. Corresponde convertir sus principios en prácticas efectivas, sostenidas y verificables. Esa transformación debe comenzar en espacios aparentemente sencillos como una conversación familiar en la que se escucha una opinión diferente, una escuela que permite participar en decisiones de interés colectivo, una institución que atiende oportunamente una reclamación o una comunidad que interviene para proteger a quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad.
La educación jurídica de la ciudadanía tiene aquí una función decisiva. Conocer los derechos de la infancia no debería ser una responsabilidad exclusiva de especialistas. Madres, padres, docentes, profesionales, representantes institucionales y las propias niñas, niños y adolescentes necesitan comprender qué reconoce la legislación y cómo pueden contribuir a su cumplimiento.
El reconocimiento de la infancia como sujeto de derechos tampoco significa desconocer la experiencia y responsabilidad de las personas adultas. Significa ejercerlas de una manera diferente, con mayor sensibilidad, respeto, capacidad de diálogo y conciencia de los límites jurídicos de la autoridad. El verdadero alcance de una ley no se mide únicamente por lo que reconoce en sus artículos, sino por su capacidad para transformar la vida de las personas.
Una infancia con derechos no es aquella por la que siempre deciden los adultos, sino aquella que recibe protección, cuidado y oportunidades reales para ser escuchada, participar y desarrollarse plenamente. Y quizás ahí radique una de las mayores responsabilidades de nuestra sociedad: comprender que escuchar a las niñas, los niños y los adolescentes no debilita la autoridad ni disminuye la protección. Por el contrario, contribuye a construir relaciones más justas, instituciones más responsables y una ciudadanía que comienza a ejercerse desde las primeras etapas de la vida. (ALH)