Por Redacción TV Yumurí 
Un grupo de normativas que oficializan el fortalecimiento del trabajo social, especialmente la dotación de activos productivos de pequeña escala a personas en situación de vulnerabilidad multidimensional, y el programa de capacitación y preparación para la inserción laboral de los jóvenes de 18 a 30 años desvinculados del estudio y del trabajo, fueron publicadas este jueves en la Gaceta Oficial de la República.
Se trata de una iniciativa que busca favorecer la incorporación de esas personas a actividades económicas y contribuir a superar las condiciones de vulnerabilidad mediante la generación de ingresos propios.
El programa tiene como objetivo crear condiciones para que personas y hogares en situación de vulnerabilidad puedan incorporarse a una actividad productiva, generar sus propios ingresos y fortalecer progresivamente su autonomía económica.
La conferencia de prensa en que se dieron a conocer pormenores de las normativas aprobadas, que forman parte de las fórmulas que instrumenta el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a propósito de las transformaciones económico sociales en marcha en el país, estuvo encabezada por Jesús Otamendiz Campos, titular de ese organismo, quien precisó que la institución que encabeza ha venido ya trabajando de manera sistemática en la elaboración de las políticas y de las normas para la implementación de las transformaciones y ahora lo que nos corresponde es darle seguimiento, lograr que se cumpla lo previsto, y capacitar a las estructuras, sobre todo en las comunidades.
“Esto no es un proceso que se gana solo en una estructura nacional, sino que tenemos que lograr el mayor impulso entre los actores comunitarios, porque muchas de estas transformaciones nacen, precisamente, en la comunidad, en la circuncisión, en el Consejo Popular, entre los actores que son miembros de los grupos de atención a las políticas sociales, entre los trabajadores sociales».
Mayli Morejón Concepción, directora del Observatorio Social y Laboral, explicó que el programa para la dotación de activos productivos de pequeña escala a personas en situación de vulnerabilidad, tiene como objetivo crear condiciones para que personas y sus hogares puedan incorporarse a una actividad productiva, generar sus propios ingresos y fortalecer progresivamente su autonomía económica.
La iniciativa parte del reconocimiento de que la asistencia social resulta necesaria para responder a determinadas necesidades, pero tiene que complementarse con mecanismos que contribuyan a prevenir la reproducción de las situaciones de vulnerabilidad y favorezcan la generación de ingresos por parte de quienes están en condiciones de trabajar.
Prevalece entonces el concepto de potenciar que la persona, según sus condiciones, contribuya decisivamente a su manutención y progreso, algo que sin dudas lo favorecerá psicológicamente, a la vez que enmarcar el trabajo como valor primordial para que las personas y las familias puedan lograr sus ingresos.
El programa trasciende el enfoque tradicional centrado en la asistencia social para solventar las necesidades inmediatas de los hogares, y condiciona una protección social promotora, que conjugue el trabajo, la prevención y el fortalecimiento de capacidades para la generación de ingresos sostenibles que le permita a los hogares y personas salir de la vulnerabilidad.
Por tanto, es un programa que tiene como objetivo fortalecer la autonomía económica y los ingresos sostenibles de personas y hogares en situación de vulnerabilidad
¿Quiénes son elegibles para este programa?
La elegibilidad está condicionada a que el hogar debe estar en situación de vulnerabilidad multidimensional, tenga personas aptas y con disposición para trabajar y que estén dispuestos a cumplir el plan de inclusión económica que se elabore a estos fines.
Según se informó, las prioridades estarán dirigidas a personas cuidadoras, con actividades compatibles con su responsabilidad de cuidado, predominando las mujeres con hijos menores a su cargo y con bajos ingresos, a los jóvenes entre 18 y 30 años desvinculados del estudio del trabajo, también a las personas con discapacidad, pero con actitudes para realizar una actividad económica y a las personas en situación de informalidad, para quienes el programa puede ser un camino hacia su reinserción.
El programa trasciende el enfoque tradicional centrado en la asistencia social para solventar las necesidades inmediatas de los hogares, y constituye una protección social, donde se conjugue el trabajo, la prevención y el fortalecimiento de capacidades para la generación de ingresos sostenibles que permitan a los hogares y personas salir de la vulnerabilidad multidimensional.
¿Cuáles son las fuentes para adquirir esos activos?
Está el presupuesto del Estado asignado a la asistencia social para familias y hogares en situación de vulnerabilidad, el fondo de protección social, la propia contribución territorial para el desarrollo local, la cooperación internacional, las donaciones, microcréditos bancarios y otros fondos sectoriales, ambientales, incluso otros fondos creados a nivel del sistema empresarial, u otro aprobado incluso por el Consejo de Ministros.
¿Qué activos se entregarán?
Serán activos productivos de pequeña escala como herramientas, utensilios, maquinaria ligera, insumos y equipamientos de bajo costo, tanto para su adquisición como para su mantenimiento, compatibles con las condiciones tecnológicas y energéticas del país y adecuados para la gestión individual o familiar.
La entrega de los activos se realiza a través de un contrato de comodato entre la entidad que asume su pago y el beneficiario; se cumple en los términos y condiciones planificados, e incluye, entre otros aspectos el programa de capacitación.
Israel Riverón Sánchez, director de empleo del MTSS, explicó que la solicitud para acceder al programa se hace en las direcciones municipales de Trabajo y Seguridad Social, por solicitud propia de la persona natural, e incluso a través de los trabajadores sociales.
Programa de capacitación y preparación para la inserción laboral de jóvenes de 18 a 30 años
El programa tiene como objetivo reincorporar al sistema educativo, productivo y de prestación de servicios a jóvenes de 18 a 30 años no vinculados al estudio y el trabajo, facilitando su acceso a cursos que mejoren la empleabilidad y las competencias laborales
Este programa priorizará las necesidades de los empleadores y las estrategias de desarrollo territorial. Las principales opciones serán para aquellos residentes en localidades con alta tasa de desvinculación juvenil, con una mirada diferente e importante a las zonas rurales, y las mujeres con menores de edad a su cargo, que tengan bajos ingresos económicos.
Las modalidades formativas que integran el programa tienen una duración de hasta 6 meses, con carga horaria mínima de 20 horas lectivas semanales y los beneficiarios reciben un ingreso mensual equivalente al salario mínimo vigente por el periodo que dure el curso. Ese ingreso mensual corre a cargo de las prestaciones condicionadas de la asistencia social y es asumido por las unidades de aseguramiento de apoyo de los consejos de administración que atienden las direcciones de trabajo cuando los jóvenes beneficiarios se encuentran en situación de vulnerabilidad.
En el resto de los casos el ingreso mensual de los jóvenes corre a cargo del presupuesto de la entidad que ofrece el curso, según lo previsto en la legislación laboral vigente.
No podrán acceder aquellos jóvenes que ya estén matriculados en cursos de preparación, superación o capacitación o que estén en una continuidad de estudio, así como aquellos que abandonen de manera injustificada los cursos o que no se incorporen al empleo si fueron con anterioridad beneficiados con el programa y abandonaron el curso o no se incorporaron al empleo.
Rita Machín Reyes, directora de Trabajo Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, al presentar el decreto sobre el fortalecimiento del trabajo social destacó que el trabajador social es el profesional que investiga causas y condiciones de las problemáticas sociales y además contribuye a la participación, movilización, y la concientización de las personas para la búsqueda de las soluciones.
“En el decreto también se establecen los principios con los cuales se va a regir el trabajo social en Cuba, un principio de legalidad, de solidaridad, un principio de participación, entre otros”, dijo.