La acumulación de desechos sólidos en calles, avenidas, solares y espacios comunitarios de las ciudades cubanas ha dejado de ser un problema exclusivamente urbanístico para convertirse en una amenaza directa a la salud pública.

Cuando los vertederos improvisados comienzan a formar parte del paisaje cotidiano, los malos olores, las plagas y el humo de la basura quemada dejan de ser molestias ocasionales y revelan una deficiencia que compromete la calidad de vida de miles de personas.

La situación resulta particularmente preocupante en comunidades densamente pobladas, donde la cercanía entre viviendas, centros educacionales, instituciones sanitarias y áreas comerciales multiplica las posibilidades de exposición; incluso en La Habana, con sus limitaciones de infraestructura y servicios comunales, constituye uno de los escenarios más visibles de esta problemática, aunque no el único.

Es cierto que el desabastecimiento de combustible condiciona severamente la recogida mecanizada y el traslado de los residuos hacia los vertederos. La paralización o reducción de los recorridos de los camiones recolectores, sumada a las dificultades para reparar equipos y garantizar otros insumos, explica parte de la magnitud del problema.

Sin embargo, reconocer esas limitaciones no puede significar aceptar que la basura permanezca durante semanas junto a las viviendas o que su eliminación mediante el fuego termine convirtiéndose en una alternativa tolerada o normalizada.

Precisamente, durante los primeros meses de 2026, algunos medios de prensa menos indulgentes y triunfalistas, documentaron la acumulación de desperdicios y la quema de residuos en distintos municipios habaneros; trascendiendo, igualmente, la decisión de habilitar puntos para la denominada incineración controlada, justificada por autoridades capitalinas como una medida temporal ante la emergencia.

Pero cabe preguntarse: ¿hasta qué punto puede considerarse una solución sanitaria una práctica que traslada la contaminación desde el suelo hasta el aire que respiran los vecinos?

La quema a cielo abierto de residuos domésticos no es inocua. En una mezcla en la que pueden coexistir plásticos, materia orgánica, caucho, textiles, productos químicos y otros materiales, la combustión libera partículas finas y gases irritantes, además de compuestos potencialmente tóxicos.

Que nadie le quite gravedad al tema con frases tomadas del libro «Cómo hablar mucho y no decir nada». No basta con que el fuego reduzca visualmente el volumen de los desperdicios: las emisiones pueden permanecer en el ambiente y alcanzar viviendas, escuelas y centros laborales.

Desde el punto de vista clínico, —valoración que merece alguna emisión de esos programas de televisión diseñados para hablar de la «realidad»—, la exposición aguda al humo puede provocar irritación ocular y de las vías respiratorias, tos, sensación de opresión torácica, dificultad para respirar y exacerbaciones de enfermedades preexistentes como el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC); siendo las personas mayores, los niños, las embarazadas y quienes padecen afecciones cardiovasculares o respiratorias los grupos especialmente vulnerables.

En ese programa aún por realizarse, debería significar que el riesgo no termina cuando se extinguen las llamas, ya que la exposición repetida o prolongada a partículas finas y contaminantes derivados de la combustión puede contribuir al deterioro de la función pulmonar, agravar enfermedades respiratorias crónicas e incrementar el riesgo de padecimientos cardiovasculares y cáncer, según la naturaleza de los contaminantes y la intensidad y duración de la exposición.

No se trata de afirmar que cada persona expuesta desarrollará necesariamente una enfermedad, sino de advertir que se está incorporando un factor evitable de daño a comunidades que ya soportan otras adversidades ambientales y sanitarias.

A este escenario se añade otro peligro: la proliferación de vectores. Los desperdicios orgánicos atraen roedores, moscas y cucarachas, mientras los recipientes, neumáticos, envases y otros objetos abandonados pueden acumular agua y convertirse en criaderos de mosquitos.

En un país que enfrenta enfermedades transmitidas por estos insectos, como el dengue y el chikungunya, semejantes condiciones favorecen la propagación y dificultan las labores de prevención y control.

Los roedores, por su parte, no son simples visitantes de los vertederos. Pueden contaminar alimentos y superficies y contribuir a la transmisión de enfermedades como la leptospirosis, particularmente cuando la orina de animales infectados entra en contacto con agua o suelos y con lesiones de la piel o mucosas. Las lluvias, los drenajes obstruidos y la proximidad de los residuos a las viviendas agravan estos riesgos.

Tampoco faltan iniciativas que demuestran que existen alternativas y capacidades que merecen mayor respaldo. El proyecto de desarrollo local El Batazo, en el consejo popular Los Sitios, de Centro Habana, ha puesto en práctica la recogida puerta a puerta, la clasificación de los desechos en los hogares y el aprovechamiento de materiales reciclables y residuos orgánicos.

Su experiencia, documentada por IPS Cuba en junio de 2026, evidencia que la participación comunitaria y la gestión diferenciada pueden contribuir a mantener limpios determinados espacios urbanos.

Asimismo, durante 2026 trascendieron experiencias de emprendimientos privados dedicados a la recogida de residuos domiciliarios, entre ellas Belmary, en Nueva Gerona, y servicios promovidos en zonas de La Habana.

Estas iniciativas, algunas con tarifas mensuales para los hogares, muestran una posibilidad de complementar la gestión pública, pero también abren interrogantes sobre la capacidad de pago de la población y la responsabilidad estatal de garantizar un servicio esencial.

Ahora bien. La participación privada no debería convertirse en una transferencia automática del costo de la ineficiencia hacia familias cuyos ingresos difícilmente permiten asumir nuevas obligaciones.

Por otra parte, los operativos extraordinarios de limpieza, como la denominada Operación Limpieza, y los anuncios de medidas gubernamentales para enfrentar la acumulación de desechos pueden ofrecer alivio inmediato. Sin embargo, retirar grandes cantidades de basura en jornadas concentradas no equivale a resolver el problema.

Si después de cada operativo los residuos vuelven a ocupar las mismas esquinas, lo que falta no es una movilización excepcional, sino un sistema estable, medible y sostenible de recogida, transportación, clasificación, reciclaje y disposición final.

La pregunta que deben responder las autoridades no es únicamente cuántos metros cúbicos de desperdicios se retiran, sino cuántos quedan sin recoger, con qué frecuencia se atiende cada comunidad, qué recursos se destinan a los servicios comunales y qué resultados concretos ofrecen las medidas anunciadas.

Esos indicadores permitirían evaluar responsabilidades y corregir deficiencias, en lugar de acostumbrar a la población a convivir con la insalubridad.

Constituye una realidad la escasez de combustible, como también necesitamos que se generen y exijan soluciones creativas: reorganización de rutas, priorización de zonas vulnerables, medios alternativos de transporte, recuperación de equipos, separación de residuos en origen, reciclaje y participación de proyectos comunitarios y privados bajo regulaciones sanitarias y ambientales.

Cómo se consigue: coordinación proactiva y dinámica entre los gobiernos locales, Salud Pública, Educación, las organizaciones comunitarias y las entidades encargadas de la gestión ambiental; y no días enteros de reuniones donde solo se cualifica la abulia y el socorrido uso de chivos expiatorios causantes de todas las desgracias que penden sobre el pueblo.

Ninguna alternativa será suficiente si se limita a responder a la emergencia sin modificar las causas estructurales que la reproducen. La basura no desaparece porque se traslade a otra esquina, se entierre sin control o se convierta en humo. Solo cambia de lugar y, con frecuencia, de vía de exposición.

La cacareada resiliencia, tan invocada ante las dificultades económicas y materiales del país, no puede confundirse con resignación, ni utilizarse como argumento para normalizar condiciones que ponen en peligro la vida.

Asumamos de una vez que la capacidad de una comunidad para sobreponerse a una crisis no significa que deba renunciar a exigir servicios indispensables, ni que la voluntad de sobrevivir implique aceptar como inevitable aquello que puede prevenirse.

Vivir en circunstancias difíciles no debería obligar a escoger entre soportar el hedor de un vertedero o respirar el humo de su quema. Tampoco puede exigirse a los ciudadanos que mantengan limpias sus comunidades mientras las instituciones responsables no garantizan mecanismos regulares y efectivos para retirar los desechos.

Quienes consideren que el tema sirve solo para el informe mensual, trimestral, semestral o anual, les tengo una mala noticia. No es por ahí. Porque la limpieza de las ciudades no es un asunto ornamental ni una demanda secundaria frente a otras urgencias nacionales. Es una condición elemental de salud, dignidad y convivencia, una obligación de la gestión de gobierno sea cual sea su escenario de acción, un compromiso desde que en Roma se habló por primera vez de democracia.

Una sociedad que se acostumbra a ver la basura acumulada frente a sus puertas corre el riesgo de acostumbrarse también a los daños que esa realidad ocasiona. Y ninguna crisis, por profunda que sea, debería convertir el derecho a respirar aire limpio y vivir en un entorno saludable en un privilegio.

Alain Amador Pardo/ACN

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *