Por Redacción TV Yumurí 
Maduro y Flores permanecen recluidos en un centro penitenciario federal de máxima seguridad en Nueva York, adonde fueron trasladados tras la incursión militar del Pentágono que posibilitó su aprehensión.
Mientras la Justicia estadounidense dirime su situación en un proceso que Caracas califica de viciado, ilegal, carente de jurisdicción e infundado, se enfrentan a cargos por presunto “narcoterrorismo”.
La primera vista ocurrió dos días después de la operación castrense, que dejó más de 100 fallecidos —entre civiles, militares venezolanos y 32 soldados cubanos que formaban parte de la Guardia Presidencial en Venezuela—. En esa audiencia inicial, celebrada el 5 de enero ante el juez Hellerstein, de 92 años, en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, ambos se declararon no culpables y Maduro llegó a autodenominarse “prisionero de guerra”.
Durante la segunda audiencia, el 26 de marzo, el juez desestimó la solicitud del abogado defensor Barry Pollack de archivar el caso argumentando que la retención de fondos por parte de EE.UU. para pagar sus honorarios vulneraba el derecho a la defensa de sus patrocinados.
El periodista Arturo Ángel, que cubre el proceso desde Nueva York, adelantó esta semana que en esta tercera sesión la Fiscalía y la defensa propondrán al juez iniciar el juicio en junio de 2027 en la Corte Federal de Manhattan. Según Ángel, este consenso implica que, por ahora, no existe posibilidad de negociación alguna para los acusados ni de que estos se declaren culpables para eludir el juicio.
Por su parte, el Gobierno venezolano ha insistido en que los cargos de la Fiscalía estadounidense son un montaje orquestado por Washington para implicar a Maduro en el supuesto liderazgo del “Cartel de los Soles”, una organización cuya existencia carece de pruebas verificables.
De hecho, esa acusación —que fue el principal señalamiento inicial— quedó descartada al no ser incluida en el escrito de acusación formal, lo que, según la interpretación del derecho penal en EE.UU., equivale a un reconocimiento implícito de que tales imputaciones no eran sostenibles ni demostrables en un eventual juicio. (ALH)