Por Ángel Rodríguez Pérez 
Restan un par de días para que concluya el mes de julio. Desde el día 8 entraron en vigor los precios topados a seis productos de alto consumo. El hecho disparó los criterios e interrogantes de muchos clientes y de los propios comerciantes.
La inestable presencia de productos en las redes comerciales y la escalada galopante de los precios, hace que muchos observen con recelo cualquier medida, ante el temor de que puedan enrarecer las cosas más allá de lo que ya están.
El pueblo exige medidas, reclama precios asequibles, pero se alarma cuando los precios se topan y a primera vista alcanzan los mismos niveles que ya tenían en muchos lugares, de por sí altos para muchos ciudadanos.
Han transcurrido 3 semanas y durante ese tiempo se han practicado distintas acciones de control. Una mirada atenta a lo realizado acompañada de la información oportuna, puede contribuir a despejar el panorama.
No se trataba, como pensaron muchos, de que todo aquel que vendía una libra de pollo en 290 pesos ahora podía subirla automáticamente hasta 340, que es el nuevo precio topado. No son esas las cuentas.
La regulación establece que una vez deducido los costos y los gastos, el posible margen de ganancia se limita al 30%. Si esta operación resulta en un valor inferior al precio topado, allí ganaremos terreno en la reducción de los precios. Por tanto un comerciante eficiente velará por reducir el costo y el gasto de sus operaciones, conociendo que los precios no pueden exceder el monto fijado.
No obstante, como ya señalamos, los precios de los productos regulados siguen siendo prohibitivos para mucha gente. En cambio, el cumplimiento del objetivo previsto consiste en detener su escalada.
Por supuesto, toda medida de esta naturaleza exige control, vigilancia y participación popular.
Nunca falta el que pretende burlar cualquier norma para continuar especulando con las necesidades de los demás, como tampoco faltan empresarios y trabajadores honestos que contribuyen a su correcta aplicación. Lamentablemente los primeros se hacen sentir con mayor rigor.
Por todo ello, más de 900 matanceros integran un cuerpo de inspectores de distintos organismos debidamente capacitados para la aplicación y supervisión de la norma. Desde este mes cumplen importantes misiones en todos los municipios de la provincia.
A propósito, recuerdo ahora los años noventa, en que un grupo de inspectores voluntarios seleccionados en cada municipio cumplía el plan de inspecciones, que era evaluado periódica y rigurosamente. Para entonces el movimiento sindical estimulaba los mejores resultados.
Son otros los tiempos, pero de igual modo cabe pensar en el modo de reconocer a quienes se distingan en el cumplimiento del deber con ética y compromiso revolucionarios.
Durante las semanas transcurridas fueron realizadas en Matanzas cientos de acciones de control. Como resultado de las mismas fueron aplicadas 622 multas por un valor superior al millón 300 mil pesos. La realización de 65 ventas forzosas y el cierre de varios establecimientos se suman a las medidas adoptadas.
Estos datos muestran la efectividad de las acciones, muchas de las cuales respondieron a las denuncias de la población. No son, sin embargo, un trofeo para ufanarse de lo realizado. En realidad solo son válidas si contribuyen a crear conciencia, si movilizan la fuerza de todos para enfrentar nuestras dificultades, y a combatir a los negados a respetar la obra que juntos construimos.
Sobre acaparamientos y otras manifestaciones evasivas, estaremos hablando en próximos comentarios. (ALH)