En respuesta a las crecientes inquietudes de la población por los precios abusivos y la especulación, la provincia de Matanzas puso en marcha desde este lunes un Ejercicio de Control a los Precios.
Como parte de los resultados, este martes se impusieron en toda la provincia 60 multas, se ordenó el cierre de siete locales y se aplicaron 23 apercibimientos, en un despliegue que abarcó 99 comercios —entre privados y estatales— y reveló una deuda fiscal superior a los 4.5 millones de pesos solo en la ciudad cabecera.
El ejercicio, que responde a las más recientes decisiones adoptadas para enfrentar las distorsiones en el mercado, cuenta con grupos interdisciplinarios integrados por representantes de la Fiscalía General de la República, el Ministerio del Interior, el Cuerpo de Inspectores, la ONAT, BANDEC, BPA, Finanzas y Precios, Trabajo, Justicia, y el Gobierno del Poder Popular, entre otras instituciones.
Entre las principales ilegalidades detectadas destacaron la no certificación de pesas utilizadas para el expendio de productos; la inexistencia de contratos con trabajadores; errores en las pizarras informativas e incumplimiento de los precios referenciales.
Fueron detectadas además ausencia de pagos hacia cuentas fiscales y no aceptación del pago por canales digitales, así como la inexistencia de documentación legal relacionada con contabilidad, facturación, y salida y entrada de productos.
El ejercicio persigue, entre otros objetivos, influir en la disminución de precios especulativos, promover la utilización de canales de pago digitales y el uso de cualquier denominación de moneda en el proceso de venta. Las autoridades han insistido en que los incumplimientos en entidades del Estado conllevan, además de las sanciones determinadas por la legislación, análisis administrativos y políticos.
Noel Sánchez Roque, Coordinador de Programas y Objetivos del Gobierno provincial, destacó la importancia de que en los municipios se complete la integración de los grupos de trabajo y se apliquen las normas en correspondencia con la magnitud de cada contravención. Pero advirtió: «No podemos indicar el cierre de un comercio por violar lo legislado y que el propietario al otro día abra y continúe vendiendo ilegalmente o utilice otras variantes ilegales para evitar los controles».
Sánchez Roque insistió además en revisar de manera incisiva el control del margen de utilidad de hasta el 30 por ciento, una cifra que, reconoció, no se corresponde con el escenario internacional donde estos márgenes no superan el 15%, «pero hay que respetar lo aprobado por el país».
El Coordinador subrayó que este ejercicio también es un buen momento para intercambiar con los actores económicos, escuchar sus dudas, inquietudes y propuestas. «Hay que actuar con ética, con un correcto proceder, y atentos a los estados de opinión de la ciudadanía», afirmó.
Además, insistió en la necesidad de brindar herramientas al pueblo para que participe. «Cada matancero debe conocer a dónde dirigirse o llamar para emitir una denuncia o una queja», concluyó.
Se dejó establecido que prácticas, como ocultar productos o cerrar locales ante la presencia de los equipos de control, constituyen violaciones que recibirán medidas firmes. Las autoridades reafirmaron el compromiso de proteger los intereses de la población y enfrentar las ilegalidades y los precios especulativos que afectan a las familias, exhortando a los comerciantes estatales y no estatales al estricto cumplimiento de lo dispuesto.
El Ejercicio de Control a los Precios continuará en los próximos días en toda la provincia, con el objetivo de garantizar que los productos lleguen a la población a precios justos y en condiciones adecuadas.
Fotos: Izet Morales
