Por Redacción TV Yumurí 
Personalidades de Colombia rechazan hoy el anuncio realizado por el presidente entrante, Abelardo De la Espriella, de que desmontará agencias relacionadas con la ejecución del Acuerdo de Paz de 2016.
El excandidato presidencial y líder de la oposición en el Senado, Iván Cepeda, consideró que las decisiones de acabar con la institucionalidad de la paz, cerrar la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, y desconocer el Acuerdo Final, convierten al ultraderechista “en el mayor enemigo que haya tenido nuestro país en el campo de la búsqueda de la paz”.
Según escribió en su cuenta de la red social X, se trata de “la más grave violación que se haya emprendido contra el derecho a la paz del pueblo colombiano consagrado en el artículo 22 de nuestra Carta Política”.
El expresidente Juan Manuel Santos (2010-2018), por su parte, pidió respetar lo acordado entre el gobierno y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias-Ejército del Pueblo (FARC-EP).
“Aprovecho para hacer un llamado respetuoso pero firme al gobierno entrante para que retome el camino de la implementación, no como un legado de un gobierno, sino como una política de Estado que beneficia a todos los colombianos”, manifestó Santos durante el evento Congreso Internacional a 10 Años del Acuerdo de Paz.
La senadora María José Pizarro declaró en su cuenta de X que el anuncio “es el inicio de la motosierra y el desmonten deliberado de toda la institucionalidad para la paz”.
El también congresista Wilson Arias estimó que la persecución declarada por De la Espriella a Rodrigo Londoño, quien fue el tercer y último comandante en jefe de las FARC-EP, y a los firmantes de paz, es anunciar el delito de perfidia.
“Discurso hiper neoliberal y ultraderechista zafio y cerril”, refirió en sus redes sociales.
El excandidato presidencial Roy Barreras opinó asimismo que la eliminación de la Consejería Presidencial para la Paz es un error que perjudica incluso al nuevo gobierno.
“No podrán hacerlo por decreto: tiene anclaje en la ley y en la Constitución e implica un mensaje de negación de la implementación del Acuerdo de Paz que es una obligación del Estado con rango constitucional”, explicó.
El pasado lunes, el gobernante entrante aseguró que eliminará la Unidad de Implementación del Acuerdo Final, cuya misión es coordinar el cumplimiento del pacto suscrito entre el Gobierno y la extinta guerrilla FARC-EP.
En una alocución difundida en sus redes sociales, comunicó que también desaparecerá la figura del comisionado para la Paz porque, según mencionó, “no habrá más procesos de falsa paz en su gobierno”.
Añadió además que Rodrigo Londoño “merece estar preso de por vida” y que trabajará en función de ello.
La Unidad de Implementación se sumará a otras entidades que contribuían al mismo propósito y que también dejarán de existir como la Consejería para la Reconciliación Nacional y la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, según informó el ultraderechista.