La odisea de Trump: una contienda a la presidencia entre escándalos legales

Donald Trump, el único expresidente estadounidense acusado de más de 90 cargos en dos tribunales estatales y dos distritos federales diferentes, además de una demanda civil, lidera las encuestas a la presidencia en casi todos los estados.

Su candidatura para un segundo mandato ha suscitado intensos debates y discusiones en los círculos políticos estadounidenses. Algunas voces dentro de la actual Administración expresan su preocupación y oposición ante el posible regreso del republicano, quien, rodeado de su equipo legal y de sus millones de seguidores, se ha sumergido en una odisea para llegar a la Casa Blanca.

La insatisfacción de los contribuyentes estadounidenses con la actuación del presidente Joe Biden ha reavivado la popularidad del magnate, lo que ha desencadenado una oleada de escándalos y obstáculos legales sin precedentes en su contra, ante los cuales el ‘efecto Trump’ parece inevitable.

En un lapso de cinco meses, Trump fue acusado en cuatro causas penales.

  • En Georgia, son 13 los cargos por delito grave por supuesta interferencia electoral.
  • En Washington, se enfrenta a cuatro cargos de delito grave por intentar anular las elecciones de 2020.
  • En Nueva York, la justicia lo acusa de 34 cargos de delito grave en relación con sobornos.
  • Y en Florida, se enfrenta a 40 cargos por mantener documentos clasificados como expresidente.

Conspiración electoral

En el condado de Fulton, la fiscal de distrito Fani Willis presentó un importante caso de crimen organizado contra Trump y otras 18 personas, alegando una conspiración para intentar revertir su derrota en el estado de Georgia tras las elecciones presidenciales de 2020.

Según las autoridades, el esfuerzo culminó el 6 de enero de 2021, cuando una turba de partidarios de Trump asaltó el Capitolio e interrumpió la transferencia del poder. Los fiscales federales lo han acusado de cuatro delitos federales derivados de sus intentos de desbaratar el traspaso de poderes.

El magnate acudió en agosto de 2023 a la cárcel de Fulton para entregarse a las autoridades. Luego, quedó en libertad bajo fianza, que fue acordada previamente y se fijó en 200.000 de dólares. “Pensé que las elecciones habían sido amañadas, unas elecciones robadas, y debería haber todo el derecho a impugnarlas”, declaró Trump en su defensa.

El republicano pasó en la cárcel un total de 20 minutos y se convirtió en el primer presidente actual o anterior con una ficha policial en la historia de EE.UU.

Trump vs. el Departamento de Justicia

En este contexto, Trump también fue acusado el 1 de agosto de 2023 de cuatro delitos federales en relación con su intento de permanecer en el poder después de perder las elecciones de 2020. Este caso está en los tribunales de Washington y el juicio está previsto para el 4 de marzo de 2024.

El exmandatario ha presentado varios recursos sin éxito para retrasar la fecha del juicio. Sin embargo el Tribunal Supremo de EE.UU. rechazó la petición del abogado especial del Departamento de Justicia, Jack Smith, de acelerar la vista de la reclamación de inmunidad de Trump en el caso, lo que puede ralentizar el proceso.

Este caso rivaliza en importancia con el del condado de Fulton. Sin embargo, del Departamento de Justicia procesando un supuesto intento de subvertir el sistema electoral estadounidense le da un peso simbólico. John Lauro, uno de los abogados de Trump, calificó el litigio como no “uno de los mayores casos en la historia de Estados Unidos”.

Insurrección

De cara a las elecciones de 2024, se han presentado demandas en más de 30 estados para impedir que Trump se presente a las elecciones. Muchos pretenden descartar al favorito del Partido Republicano en virtud de una novedosa teoría jurídica de la Decimocuarta Enmienda.

El 30 de diciembre de 2023 las autoridades del estado de Maine decidieron excluir a Trump de la boleta para las primarias, ya que su presunto papel en el asalto al Capitolio violaba la Sección 3 de la 14.ª Enmienda, que prohíbe ocupar cargos públicos a personas que “participan en una insurrección”. Sin embargo, la medida aún puede ser apelada ante los tribunales de Maine.

Un caso parecido tuvo lugar el pasado 19 de diciembre, cuando el Tribunal Supremo de Colorado prohibió al exmandatario presentarse a las primarias de este año en ese estado, alegando motivos constitucionales. Sin embargo, el fallo fue suspendido en espera de una apelación.

Sobre el caso, el precandidato presidencial republicano y exgobernador del estado de Nueva Jersey, Chris Christie, destacó que la decisión de excluir a Trump de la boleta para las primarias presidenciales solo “lo convierte en un mártir”. “Si bien puede haber personas que pueden creer que hay una justificación para hacerlo, no es bueno para nuestra democracia. Al final, Donald Trump tiene que ser derrotado por los votantes”, manifestó.

Trump vs. el estado de Nueva York

En septiembre de 2022, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, realizó una demanda civil contra Trump y su empresa por fraude civil. Según sus alegatos, la compañía presentó información incorrecta sobre el valor de sus activos para obtener condiciones más favorables en préstamos y seguros. Al decir de los fiscales, se exageró el valor de los activos por un monto de entre 2.230 y 3.600 millones de dólares.

Trump ha negado cualquier delito en el caso y ha afirmado en todo momento que era víctima de una persecución por motivos políticos por parte de James, un demócrata.

Este jueves, el exmandatario planeaba hablar en su propia defensa en los alegatos finales. Pero el juez del tribunal estatal de Nueva York, Arthur Engoron, dijo que tendría que acatar las normas que se aplican a los abogados que dan argumentos finales y abstenerse de pronunciar un “discurso de campaña”. Ahora Engoron estudiará si accede a la petición del fiscal general de multar a Trump con 370 millones de dólares, prohibirle el acceso a la industria inmobiliaria del estado de por vida y proscribirle ejercer de ejecutivo o director de una empresa neoyorquina.

Trump vs. el Departamento de Justicia II

Trump afronta 37 cargos federales por haber guardado, supuestamente, material clasificado en su residencia de Mar-a-Lago al término de su mandato presidencial, negándose a entregarlos al FBI o al Departamento de Justicia durante más de un año. En su comparecencia en junio ante un tribunal en Miami, el expresidente se declaró inocente.

El magnate dijo en una entrevista con Fox News que si no devolvió en su debido momento los documentos fue porque había estado “muy ocupado” y no había tenido tiempo para separar los archivos de sus pertenencias personales. Asimismo, afirmó que la acusación contra él estaba motivada por intereses políticos, calificándola de intento de la Administración Biden de deshacerse de su principal oponente en los próximos comicios.

La jueza Aileen Cannon ha fijado la fecha del juicio para el 20 de mayo de 2024.

Manhattan: Falsificación de registros

En marzo de 2023, el fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, se convirtió en el primer fiscal en presentar cargos por delitos graves contra un expresidente, alegando que Trump falsificó registros comerciales como parte de un esquema para efectuar un supuesto pago de 130.000 dólares a la actriz porno Stormy Daniels a cambio de su silencio sobre la relación sexual extramarital que habrían mantenido en 2006.

Según el exmandatario, que se declaró inocente de los 34 cargos que se le imputaron, el sistema judicial de EE.UU. se volvió “anárquico” y se utiliza para ganar elecciones. “Este caso falso se presentó solo para interferir con las próximas elecciones de 2024 y debe retirarse de inmediato”, comentó en aquel entonces. El juicio está previsto para el 25 de marzo de este año.

De acuerdo con una encuesta de Morning Consult, una escasa mayoría de votantes aprueba la imputación a Trump. El 51 % de los encuestados apoya la idea de acusar al exmandatario, mientras el 38 % está en desacuerdo. Sin embargo, el 43 % cree que la verdadera razón de las acusaciones de sobornos en su contra radica en “el deseo de perjudicar su carrera política”.

¿Puede Trump postularse y ser presidente si es condenado?

La respuesta es sí. La Constitución estadounidense establece muy pocos requisitos de elegibilidad para los presidentes. Simplemente, deben tener al menos 35 años, ser ciudadanos “natos” y haber vivido en el país al menos 14 años. No existen limitaciones basadas en el carácter o los antecedentes penales. Aunque algunos estados prohíben a los delincuentes presentarse a cargos estatales y locales, estas leyes no se aplican a los cargos federales.

Si bien muchos críticos de Trump sostienen que debería ser inhabilitado para ocupar cargos públicos en virtud de la Sección 3 de la 14.ª Enmienda (la de insurrección o rebelión), el Tribunal Supremo -dirigido por una mayoría conservadora, con tres jueces nombrados por el propio exmandatario– tendrá casi con toda seguridad la última palabra.

“Que Trump sea o no juzgado, condenado o absuelto, es una cuestión distinta de si está o no inhabilitado”, indicó Richard L. Hasen, experto en derecho electoral de la Universidad de California en Los Ángeles, a The New York Times. “Las cuestiones están relacionadas en el sentido de que si es condenado por sus delitos, eso puede ser más evidencia de que está inhabilitado”, destacó.

En caso de que el magnate sea condenado por un delito grave probablemente no podría ejercer el voto. Trump está inscrito para votar en Florida, donde la mayoría de los delincuentes recuperan el derecho al voto después de completar su sentencia, incluyendo la libertad condicional. Por ende es poco probable que, si es condenado, tenga tiempo suficiente para cumplir su condena antes del día de las elecciones. Trump podría ser considerado apto para ser votado, pero no apto para votar.

En el caso de que Trump sea elegido desde la cárcel el resultado sigue siendo incierto. “Entonces nos adentraremos en aguas inexploradas”, dijo a Politico Eugene Mazo, profesor de Derecho de Seton Hall. “No creo que tengamos una respuesta para esto”, añadió.

Legalmente, Trump seguiría siendo elegible para ser presidente incluso si fuera encarcelado, “incluso si estuviera mentalmente loco”, señala Mazo. La Constitución no dice nada en contrario. En la práctica, la elección de un presidente encarcelado crearía una crisis jurídica que casi seguramente tendrían que resolver los tribunales. (ALH)

Tomado de Rusia Today

Acerca Redacción TV Yumurí

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