Por Redacción TV Yumurí 
En la localidad de Arimae, provincia de Darién, los enfrentamientos son más notorios y los manifestantes acusan a las unidades antimotines y al Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) del empleo de perdigones y gases lacrimógenos, asi como detenciones arbitrarias.
Según la Defensoría del Pueblo se mantiene una oficina regional en Metetí y envió un nuevo grupo de inspectores a Chepo para verificar el estado de comunidades como Piriatí, Ipetí y el mismo Arimae.
La defensora adjunta, Clarissa Martínez, manifestó al diario La Estrella de Panama que no llevan un registro de personas heridas y lesionadas, aunque adelanta que se está trabajando en un informe con el balance de las protestas.
Mientras, en la occidental provincia de Bocas del Toro, la víspera llegó una comisión de alto nivel del Gobierno para conversar con empresarios y productores de la provincia sobre las medidas para mitigar el impacto económico por los cierres de vías y las manifestaciones, así como negociar la apertura de las calles.
La condición del presidente de la República, José Raúl Mulino, fue contundente: levantar los cierres de calles en Bocas del Toro a cambio de una revisión de la Ley 45, sobre pensiones de los trabajadores del sector bananero. Pero el condicionamiento no surtió efecto. Tanto los trabajadores de las bananeras como otros grupos de manifestantes respondieron intensificando las protestas.
En conferencia de prensa, el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, rechazó la postura de algunos dirigentes sindicales del sector de la construcción que amenazaron con tomar las instituciones públicas de la provincia si en 24 horas no se derogaba la llamada Ley 462 de la Caja de Seguro Social.
También en la Universidad de Panamá, en esta capital, continúan los choques con la Policía Nacional.
Los sectores populares también rechazan un memorándum de entendimiento entre Panamá y Estados Unidos que permite el establecimiento de bases militares y la intención de reabrir la mina de cobre ubicada en Donoso( Colón).
De su parte, diversas voces como el Centro de Iniciativas Democráticas (Cidem), han señalado “el uso excesivo de la fuerza”, y resaltan que no se está cumpliendo con la Ley 62 de 2015 que prohíbe el uso de perdigones de plomo, plástico y goma en las manifestaciones pacíficas.
A su vez, reclaman el cumplimiento de Panamá a la adhesión a normas internacionales como los “Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
También autoridades de las comarcas denunciaron el uso de la fuerza, categorizándolo como “otro episodio en el que los miembros de los pueblos Ngäbe-Buglé y Emberá han resultado heridos”.
Por otro lado, más de 100 intelectuales, activistas y académicos de 18 países han firmado un manifiesto internacional que denuncia ante la opinión pública en general la represión estatal en Panamá y exige el respeto a los derechos humanos y la restauración de la democracia.
El documento titulado “SOS Panamá”, con fecha del 2 de junio y publicado en redes sociales, fue impulsado por panameños en el extranjero preocupados por la situación en el país y hacen un llamado urgente al Gobierno para detener la violencia, priorizar el diálogo y el respeto a las libertades fundamentales.
El manifiesto exige la intervención urgente de organismos internacionales de derechos humanos ante lo que califican como “la escalada de violencia estatal”.
De su parte, la Organización Internacional del Trabajo ( OIT) incluyó a Panamá en una lista corta de los países más violadores de la libertad sindical.
Ese organismo presentará una carta ante la embajada de Panamá en Ginebra en rechazo a los atropellos.
Otra de las organizaciones que se han sumado es la Federación de Comisiones Obreras del Habitat (España) que denunció que las autoridades panameñas continúan llevando a cabo detenciones arbitrarias de dirigentes sindicales, una clara violación de los derechos laborales fundamentales y un intento flagrante de aplastar las protestas legítimas. (ALH)