Por Pedro Arturo Rizo Martínez 
Cuatro meses de detención preventiva para el gobernador del estado de Santa Cruz y líder opositor de Bolivia, Luis Fernando Camacho, dictó la justicia del país, según Telesur.
Luego de más de nueve horas de audiencia se acusa a Camacho del supuesto delito de terrorismo en el caso Golpe de Estado I. Sergio Pacheco, juez de Instrucción en lo Penal de La Paz, afirmó que la detención resultó legal.
Martín Camacho y Juan Carlos Camacho, abogados defensores, exigieron la libertad del Gobernador por supuestos excesos en la detención. Sin embargo, los fiscales demostraron que el opositor conocía de la citación para presentarse a declarar y no lo hizo, y de ahí la detención.
#URGENTE 🔴
Luego de más de siete horas de audiencia cautelar de por el caso #GolpeDeEstado I, juez determina la detención preventiva por cuatro meses en el penal de #Chonchocoro para Luis Fernando Camacho. #Noticias pic.twitter.com/4PBSIoNjKf— Red Patria Nueva (@RedPatriaNueva) December 30, 2022
Por su parte, el fiscal del caso, Omar Mejillones, habló en torno a los cinco procesos abiertos contra Luis Fernando Camacho. Entre los delitos figuran incumplimientos de deberes contra la salud y ultraje a los símbolos, discriminación y racismo, resolución contraria a la Constitución y Uso indebido de influencias.
Conducta antieconómica, atentado contra el presidente y altos dignatarios del Estado, violencia política contra las mujeres, racismo y atentados contra la libertad de los servicios públicos, forman también parte de la acusación.
Fiscales piden 6 meses de detención preventiva de Luis Fernando Camacho, en el penal Chonchocoro de La Paz, según un memorial de 16 páginas de "ampliación de imputación formal" contra el gobernador de Santa Cruz, a quien acusan del delito de terrorismo. @teleSURtv pic.twitter.com/oh6rEnLn5V
— Freddy Morales (@FreddyteleSUR) December 29, 2022
Evo Morales, ex presidente de Bolivia, pidió procesar a Camacho para respetar la memoria de las víctimas de las masacres de Sacaba y Senkata y la dignidad de los perseguidos y torturados durante el gobierno de facto de Jeanine Añez.
La justicia boliviana considera al caso Golpe de Estado I a la acción perpetrada contra Evo Morales en noviembre de 2019. (ALH)