Por Brian Alonso Hernández 
La Corte Suprema de Estados Unidos declaró inconstitucional la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que pretendía erradicar la ciudadanía por derecho de nacimiento en la nación norteamericana.
El dictamen deja sin efecto una de las promesas fundamentales que el mandatario firmó desde su primer día en el cargo tras asumir su segundo mandato en enero de 2025. La relevancia de este litigio provocó una movilización sin precedentes por parte del propio Trump, quien el pasado mes de abril asistió personalmente a los alegatos orales ante el alto tribunal, un hecho inédito para un gobernante en funciones que evidenció el interés de la Casa Blanca por defender la medida.
A pesar de los esfuerzos del ejecutivo, el decreto nunca se llegó a implementar debido a una serie de demandas legales promovidas, entre otros actores, por estados liderados por gobernadores demócratas. Aunque el máximo tribunal ya había evaluado el conflicto el año anterior, no fue hasta este pronunciamiento que los magistrados entraron a definir la legalidad constitucional de la propuesta migratoria, publicó Prensa Latina.
Tras conocerse el veredicto, representantes de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) celebraron la resolución judicial al reafirmar que los estatutos constitucionales no pueden ser modificados mediante decretos presidenciales. No obstante, tres de los integrantes de la bancada conservadora del tribunal mostraron su desacuerdo con la decisión mayoritaria, mientras que un cuarto miembro sugirió resolver la disputa bajo un marco legal mucho más restrictivo.
Como respuesta inmediata al fallo judicial, el presidente Trump utilizó su plataforma Truth Social para restar importancia a la necesidad de una enmienda constitucional y exhortar al Congreso a eliminar este derecho mediante una vía legislativa ordinaria. Pese a asegurar que dicho proceso contará con todo su respaldo y demandar un inicio inmediato de los debates en el Capitolio, la propuesta del mandatario perfila un escenario de profunda polarización y una intensa resistencia política en las cámaras legislativas.
Con información tomada de Prensa Latina.
Foto: imagen tomada de Prensa Latina.