El juez Jorge Gorini, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 2, resolvió este martes 17 concederle la prisión domiciliaria a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La medida se hará efectiva en su domicilio ubicado en el barrio porteño de Constitución, donde desde hace una semana cientos de militantes acampan para acompañarla.
La notificación del tribunal —que también integran los jueces Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu— se realizó de manera virtual y tuvo como objetivo desactivar la movilización convocada por sectores del kirchnerismo para este miércoles en los tribunales de Comodoro Py, donde Cristina debía presentarse.
Los organizadores esperaban que se tratara de una movilización masiva. Desde el lunes, distintos grupos se encontraban viajando desde varias provincias hacia la capital para acompañar a la expresidenta, que ocupó ese cargo en dos períodos. La posible imagen de una multitud acompañando a Cristina Fernández de Kirchner generaba preocupación en el gobierno de Javier Milei, que, con el objetivo de disuadir la movilización, anunció en las últimas horas una serie de medidas represivas.
Entre ellas, el martes 17, la ministra de Seguridad autorizó a la Policía Federal a realizar ciberpatrullajes, así como requisas y detenciones sin orden judicial, con el fin de detener a personas que se acercaran a la movilización.
Restricciones
La prisión domiciliaria impuesta a Fernández de Kirchner incluye una serie de estrictas restricciones. Deberá permanecer en el domicilio fijado, y solo podrá salir con autorización previa del tribunal, salvo en casos debidamente justificados por razones de fuerza mayor. También deberá abstenerse de “generar alteraciones en la convivencia del vecindario”, una disposición que apunta a desactivar el importante flujo de personas que, en los últimos días, se ha acercado a la zona para acompañar a la exmandataria.
A la vez, el tribunal dispuso que, en un plazo de 48 horas hábiles, deberá presentar una nómina de familiares, personal de custodia, médicos y abogados que podrán ingresar a su hogar sin necesidad de autorización judicial. Cualquier otra persona no incluida en esa lista necesitará una solicitud motivada para poder ingresar.
El tribunal también ordenó a la Dirección de Asistencia a Personas Bajo Vigilancia Electrónica la colocación del dispositivo electrónico de control, y encomendó a la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal la supervisión trimestral de la ejecución de la pena.
Clima político
La resolución judicial se da en un contexto de fuerte tensión política. Según trascendidos periodísticos, el gobierno de Javier Milei habría intervenido de manera indirecta para promover la aprobación del pedido de prisión domiciliaria, con la intención de evitar una masiva movilización en respaldo a la exmandataria. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, había declarado el domingo que “sería lógico que Cristina no tenga que ir a Tribunales”.
La defensa de Fernández de Kirchner basó su pedido en diversos factores, entre ellos su edad —tiene 72 años—, el intento de magnicidio que sufrió en septiembre de 2022 y la custodia policial permanente que le corresponde como exjefa de Estado.
En ese sentido, el abogado de Cristina, Carlos Beraldi, argumentó que mantenerla en prisión implicaría aislarla por razones de seguridad, lo que podría considerarse trato inhumano según estándares internacionales.
Sin embargo, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola —quienes mantienen un vínculo fluido con el expresidente Mauricio Macri— se opusieron al beneficio, señalando que la prisión domiciliaria es una excepción y que, en este caso, no se verifican razones de salud o de seguridad que la justifiquen.
Pese a que en Argentina no hay ninguna mujer mayor de 70 años cumpliendo condena en una cárcel común, los fiscales argumentaron que el artículo 10 del Código Penal no obliga al juez a conceder el beneficio por la sola circunstancia de la edad.
Los vínculos de ambos fiscales con el macrismo son más que estrechos. Luciani jugaba al fútbol con el exmandatario en la quinta Los Abrojos —propiedad de Macri— en un equipo al que denominaban «La Liverpool». Por su parte, Mola figura como visitante frecuente en los registros de la Casa Rosada -la casa de gobierno- durante el gobierno del macrismo.
La decisión del tribunal podría tener impacto en la convocatoria prevista por el kirchnerismo y otras organizaciones políticas y sociales para acompañar a la exmandataria. (ALH)