Por Brian Alonso Hernández 
Moverse por la ciudad de Matanzas resulta cada vez más difícil. El transporte estatal, severamente afectado por la crisis energética del país, derivada del recrudecimiento del bloqueo, cede el protagonismo a los vehículos particulares, especialmente a los llamados triciclos. Sin embargo, lo que debería ser una red de alivio colectivo se transforma en una odisea diaria para el presupuesto familiar.
En las últimas semanas, el panorama tocó un punto crítico cuando transportistas privados comenzaron a aplicar tarifas por cuenta propia.
Ante la preocupante situación, este martes se llegó a un acuerdo, aunque no exento de debates, entre boteros, propietarios y arrendatarios de triciclos eléctricos o de combustión y el gobierno municipal. Con esta concertación oficial, las tarifas vigentes quedaron selladas: 125 pesos desde el Preuniversitario hasta la Terminal, y la friolera de 250 pesos si el destino es Peñas Altas y viceversa.
Así mismo, como resultado del encuentro acordaron implementar un sistema rotativo mediante el cual un grupo de triciclos apoyará servicios de Salud Pública y de la Empresa Eléctrica.
Culpar exclusivamente a los transportistas sería mirar el problema con un solo ojo. La realidad detrás del timón es compleja: el precio de estos pasajes está directamente sujeto al aumento del valor del dólar en el mercado informal. Para mantener los vehículos rodando, los choferes dependen de ese termómetro inestable para comprar baterías, neumáticos y piezas de repuesto a precios exorbitantes.
En una economía donde todo se encarece a niveles alarmantes, esos choferes también sufren el impacto de la inflación generalizada y la especulación.
El gran dilema resulta que, aun reguladas por el gobierno, las nuevas tarifas siguen desconectadas de la capacidad de pago real de la población.
Para un trabajador promedio, un jubilado o un estudiante, la cuenta sencillamente no da. Ir y venir del trabajo o a una consulta médica puede superar fácilmente los 500 pesos diarios.
En los grupos locales de Facebook y en las esquinas matanceras el comentario es el mismo: el salario se queda inmóvil en la parada mientras el costo de la vida sigue de largo.
El transporte constituye un servicio público de primera necesidad, no un artículo suntuario. El paso de regular los precios de mutuo acuerdo ha sido un avance necesario para frenar la ilegalidad absoluta, pero no es la meta final.
No se trata de asfixiar al sector privado, cuya función es vital en esta crisis, sino de entender que el pasajero de a pie no puede seguir siendo el eslabón más débil de la cadena.
Para equilibrar la balanza en el asfalto matancero, urge ir más allá de la contención de precios. Se necesitan alternativas integrales, como la búsqueda de incentivos fiscales o facilidades de insumos para los transportistas que cumplan con rutas críticas, a la par de un esfuerzo sostenido por recuperar el transporte solidario y estatal. Solo así se evitará que el acto cotidiano de trasladarse en nuestra urbe se convierta en un motivo de profundo ahogo popular.
Como un destello de alivio en medio de este complejo escenario, trascendió que los 14 triciclos eléctricos vinculados a la Terminal de la urbe implementarán una iniciativa de asistencia comunitaria.
Durante el horario pico de la mañana, estos vehículos garantizarán un viaje diario completamente libre de costo con destino al Preuniversitario, para transportar a sectores vulnerables como ancianos de bajos ingresos, estudiantes y trabajadores de la salud y la educación.
Si bien esta cuota solidaria no resuelve la crisis de fondo, constituye el tipo de alternativa directa que, si se fiscaliza con rigor y se cumple con verdadera sistematicidad en el asfalto, puede ofrecer un respiro inmediato y aliviar, aunque sea un poco, la asfixiante cotidianidad de quienes más lo necesitan.
Foto: Raúl Navarro