El Congreso de Brasil decidirá hoy si mantiene o rechaza el veto del presidente Luiz Inácio Lula da Silva a un proyecto de ley que modifica penas y podría beneficiar a los condenados por la trama golpista.

La votación, prevista en sesión conjunta de la Cámara de Diputados y Senado, definirá el futuro del llamado proyecto de la Ley de Dosimetría, aprobado por el Legislativo en diciembre de 2025 y vetado íntegramente por el mandatario el pasado 8 de enero, en el tercer aniversario de los ataques a las sedes de los Tres Poderes.

Para rechazar el veto presidencial se requieren 257 votos en la Cámara baja y 41 en la alta, en procesos separados.

El proyecto introduce modificaciones relevantes en la legislación penal brasileña, entre ellas que, en casos de múltiples delitos contra el Estado Democrático de Derecho, prevalezca la pena más grave sin acumulación.

Además, se abre la posibilidad de reducir hasta en dos tercios las condenas si los hechos ocurrieron en contextos de multitud y sin liderazgo directo, y se flexibilizan las reglas de progresión de régimen, al permitir el acceso a beneficios tras cumplir una fracción menor de la sentencia.

Estas transformaciones podrían beneficiar a condenados por los actos del 8 de enero de 2023, al menos 179 personas, incluido el expresidente Jair Bolsonaro (2019-2023), cuya sentencias podrían ser revisadas y rebajadas.

No obstante, especialistas advierten que, al alterar normas generales incluidas en la Ley de Ejecución Penal, los efectos de la nueva normativa podrían extenderse a condenados por otros delitos, incluidos crímenes graves, al reducir los requisitos para la progresión de régimen.

Sectores de la oposición y del llamado Centrão (bloque informal de partidos de centro, centroderecha y derecha) impulsan la caída del veto y aseguran contar con los votos necesarios, mientras el gobierno intenta evitarlo, al argumentar riesgos para la seguridad jurídica y el combate al crimen organizado.

Medios locales de prensa señalan que una de las controversias es la posibilidad valorada por la oposición de desmembrar el veto para mantener partes del proyecto sin afectar la reciente Ley Antifacción, que endurece penas para organizaciones criminales.

Desde el Legislativo, el presidente de la Cámara, Hugo Motta, afirmó que la eventual caída del veto permitiría al Supremo Tribunal Federal revisar las condenas y adaptar las penas al nuevo marco legal.

Un editorial publicado anoche por el diario Folha de S. Paulo afirma que la eventual derrota del veto de Lula expone una contradicción en sectores de la derecha radical y del bolsonarismo, que han defendido el endurecimiento de penas mientras impulsan cambios que pueden beneficiar a condenados por los actos del 8 de enero.

Según el periódico, esa postura revela hipocresía política, ya que el mismo bloque que exige mayor rigor contra criminales apoya ahora una flexibilización de reglas que podría favorecer a sus propios líderes y aliados.

Prensa Latina 

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