Por Redacción TV Yumurí 
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Albares, anunció este jueves la decisión de su país de sumarse al procedimiento abierto por Sudáfrica en la Corte Internacional de Justicia de La Haya contra Israel por delitos de genocidio.
A través de una comparecencia ante los medios, el canciller español explicó que el objetivo es que se respeten las medidas cautelares decretadas por la Corte para detener la operación militar, que ha recordado que son “de obligado cumplimiento para todas las partes”.
El diplomático indicó que España presenta una declaración de intervención en el procedimiento para apoyar al tribunal en la aplicación de las medidas cautelares, “especialmente en la finalización de las operaciones militares en Rafah, para que vuelva la paz; en los obstáculos a la entrada de ayuda humanitaria, que deben terminar y en la destrucción de infraestructuras civiles, que debe cesar”.
Albares abogó por el cese de los bombardeos, el alto el fuego, la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes y el acceso urgente y sin restricciones de ayuda humanitaria para la población civil.
Como objetivo final se encuentra acabar la guerra iniciada en la Franja de Gaza tras los ataques de Hamás del pasado 7 de octubre y comenzar a avanzar en la aplicación de la solución de los dos Estados, “que es la única garantía para alcanzar la paz y la seguridad para palestinos e israelíes y para toda la región”, indicó.
El ministro aseguró que la medida no significa apoyar a ninguna de las dos partes, sino que se trata de un apoyo a los jueces a la hora de tomar una decisión.
En los últimos meses se han incrementado las tensiones entre España e Israel a partir de que miembros del Gobierno ibérico han ido deslizando críticas hacia la actuación de Israel en la Franja de Gaza, hablando de incumplimientos de los Derechos Internacional Humanitario y de que podría estar cometiendo delitos de genocidio y violaciones de derechos humanos.
El pasado 28 de mayo España oficializó el reconocimiento del Estado de Palestina, lo ha desencadenado la prohibición —por parte de Israel— a que el Consulado General de España en Jerusalén preste servicios a palestinos de Cisjordania y ha acusado de antisemitismo a varios ministros españoles, especialmente a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.