Combaten engaño al consumidor

Marzo no resultó atípico en comparación con los últimos meses en el trabajo sistemático de los inspectores para la fiscalización a los diferentes tipos de comerciantes estatales y privados, y de otras actividades en Matanzas, territorio en el que afloraron múltiples violaciones que recibieron la aplicación de la correspondiente justicia punitiva o de otra índole.

Según lo informado por Yanet Vázquez Fragoso, jefa de Grupo en la Dirección de Inspección, se realizaron 502 acciones, en las que se impusieron 232 multas ascendentes a 390 050 pesos, cantidad monetaria que en su mayoría, 329 000, pertenecen al Decreto 30, derivados de engaño al consumidor mediante el peso y el precio de los artículos expendidos a los clientes.

Además, incluye en sus incisos pizarras no visibles para conocimiento del producto en venta, pues se ha hecho común en los comercios –en particular bodegas- no situar a la vista de todos el producto y el costo, o exhibirlos lejos para que no se aprecien fácilmente.

Por el Decreto-45, para trabajadores por cuenta propia, se aplicaron 65 multas por valor de 55 500 pesos, al demostrarse violación del proyecto original –ventas no apropiadas-, engaño en peso y precios, no mostrar al consumidor cuanto se expende y precios no aprobados, e indisciplinas de precios no aprobados por el Consejo de la Administración en las diferencias instancias.

En cuanto al ornato público –Decreto-272-, los inspectores impusieron 17 multas que sumaron 1 700 pesos, y por la misma Resolución, pero en higiene comunal, impusieron 22 sanciones por 3 850. Incluye arrojar basura a lugares públicos no autorizados y que afean el entorno, además de crear vertederos en los que pululan roedores, cucarachas y otros agentes que conspiran contra la salud humana.

Yanet también manifestó que hubo 268 apercibimientos a trabajadores por cuenta propia, y se realizaron 17 ventas forzadas por diferentes motivos.

Sería bueno de que en aras de evitar que algunos núcleos no reciban los productos que les pertenecen, se obligue a los dependientes y administradores de bodegas a informar cuanto llegue a las dependencias, para que los clientes no tengan que “adivinar” los que hay en existencia en el comercio, y pierdan artículos alimentarios y de otra índole por desconocimiento involuntario.

No menos importante es mantener la labor de inspección y control general de los carretilleros que día por día inflan los precios, a veces con alimentos agrícolas sin la calidad adecuada, entorpecen la vía pública, obligando a los peatones a bajar de las aceras, con peligro para sus vidas. E igual los revendedores de todo tipo, alimentos y otros artículos, sin licencia ni autorización alguna.

Mucho queda por hacer para impedir que malhechores de toda índole prosigan su obra en la que se impone un denominador común: hacer dinero sin importar cómo.

Pese que no tienen completa la plantilla adecuada (20), ni con el transporte para materializar visitas a los comercios estatales y privados de cada consejo popular, dichos inspectores realizan ingentes esfuerzos para cumplir el ciclo. (ALH)

Dagoberto Arestuche/Girón

Acerca Redacción TV Yumurí

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