El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el “cierre total” del espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela, intensificando las tensiones en una región donde la presencia militar estadounidense crece de manera acelerada.
La medida coincide con la instalación de un radar militar de EE.UU. en Trinidad y Tobago, a pocos kilómetros de la costa venezolano, un movimiento que analistas describen como una significativa escalada en la presión sobre el gobierno de Caracas.
A través de su red social Truth Social, Trump instó a todas las compañías aéreas a considerar el espacio aéreo venezolano como “completamente cerrado”, dirigiéndose supuestamente contra aerolíneas, traficantes de drogas y trata de personas.
La declaración se produce mientras Washington refuerza su despliegue militar en el Caribe, bajo el pretexto de combatir el narcotráfico y supuestas amenazas a la seguridad regional. Este reforzamiento incluye un aumento visible de patrullas navales y operaciones de vigilancia aérea.
Desde Caracas, la respuesta no se ha hecho esperar. El gobierno venezolano sostiene que la narrativa del narcotráfico sirve como excusa para ocultar el verdadero objetivo: forzar un cambio de gobierno en Venezuela y garantizar el control de sus vastas reservas petroleras.
Esta perspectiva subraya lo que el país suramericano considera una política sistemática de injerencia por parte de Washington, que ahora incluye una medida de bloqueo aéreo sin precedentes en tiempos de paz.
El elemento más tangible de esta nueva fase es la autorización del gobierno de Trinidad y Tobago para la instalación de un radar militar estadounidense en la isla de Tobago, ubicada a escasas millas de la costa venezolana. Aunque la medida se presentó como parte de un plan de vigilancia contra el narcotráfico, ha generado preocupación regional debido a su proximidad estratégica al territorio venezolano y su potencial uso para inteligencia electrónica.
En el terreno, testigos locales reportaron la presencia continua de infantes de Marina estadounidenses en hoteles de Tobago, mientras sistemas de rastreo aéreo confirmaron el aterrizaje de aeronaves militares y la realización de ejercicios conjuntos con la Fuerza de Defensa de Trinidad y Tobago.
Este radar permitirá el monitoreo constante de actividades dentro y fuera del espacio aéreo de Venezuela, extendiendo la capacidad de vigilancia de EE.UU. hasta el corazón del Caribe oriental.
A pesar de las implicaciones estratégicas, el primera ministra trinitense, Persad-Bissessar, aseguró que su país no serviría como “base para ninguna guerra contra Venezuela”. Sin embargo, la ubicación estratégica del aparato y las actividades militares asociadas sugieren un objetivo de presión directa sobre Caracas, contradiciendo en la práctica las garantías públicas ofrecidas por el gobierno trinitense.
La decisión provocó una fuerte reacción de la oposición trinitense, evidenciando una crisis política interna. El jefe del bloque parlamentario, Marvin González, exigió respuestas a la primera ministra por la instalación del radar, afirmando que la mandataria ha demostrado ser una “mentirosa patológica”. Esta acusación pone de manifiesto la falta de transparencia y el descontento ante una medida que compromete la soberanía y amenaza a la América Latina y el Caribe como Zona de Paz.
Este complejo escenario se ve complementado por reportes de interferencia electrónica en la región. La agencia Bloomberg reseñó previamente una “pared invisible de ruido electromagnético” extendida sobre el Caribe, con datos que muestran un aumento de las perturbaciones electrónicas semanas antes, coincidiendo con una mayor presencia naval estadounidense ordenada por el presidente Trump.
La combinación de un bloqueo aéreo declarado, el despliegue de un radar avanzado y la guerra electrónica perfila un cerco multidimensional sobre Venezuela, elevando el riesgo de una confrontación en la región. (ALH)
