Por Redacción TV Yumurí 
Las operaciones contra las bocas de venta de pasta base y otros estupefacientes, cada vez recurrentes aquí, resultan solo un frente de la guerra que se libra en Uruguay contra la creciente penetración del narcotráfico.
Para el año próximo el gobierno busca reforzar el control de su espacio aéreo y marítimo con la incorporación de radares y drones, según anunció el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez.
“Acá hay una enorme preocupación por la penetración del narcotráfico, estamos a punto caramelo de que los carteles pasen a operar de una manera mucho más fuerte en Uruguay”, advirtió.
En lo que queda de año y en 2026 la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) debe sumar seis aviones Super Tucano adquiridos al fabricante brasileño, cuando los cielos del país son sobrevolados con avionetas cargadas de drogas.
La FAU identificó dos rutas principales utilizadas por organizaciones criminales para ingresar cocaína a Uruguay, así como la existencia de múltiples pistas clandestinas en distintos puntos del territorio nacional, especialmente en zonas fronterizas con Argentina.
Ambas rutas tienen como punto de origen Bolivia, aunque difieren en su recorrido, que muchas veces incluye a Paraguay, reveló el semanario Búsqueda.
Son travesías que utilizan al territorio nacional como punto de alijo y redistribución a Europa y África por vía marítima, ya sea en contenedores cargados en los puertos de Montevideo y Nueva Palmira, o que están en tránsito procedentes de la Hidrovía Paraná-Paraguay.
Uruguay ha estado en la mira de otros países por cargamentos que pasaron por el país y sin detectarlos en la aduana de Montevideo, ahora equipada con escáner de última generación.
Así ocurrió con una carga de casi dos toneladas de cocaína que partió de la rada montevideana acondicionada en budines, alfajores y botellas con vermú. El cargamento fue incautado por los aduaneros de Amberes, Bélgica.
LA OTRA GUERRA
Las autoridades calificaron en agosto de histórica la ocupación de más de dos toneladas de cocaína tras una gran operación realizada en los departamentos de Canelones y Montevideo.
“Es un duro golpe al narcotráfico seguramente”, aseveró el ministro del Interior, Carlos Negro.
Una parte de la droga se encontraba enterrada en una finca y la otra fue hallada en camiones, pronta para ser trasladada. Se presume que hubiera sido enviada al exterior por vía marítima.
Negro dijo a la prensa que en otros mercados su comercialización supera los 50 millones de dólares.
No fue casualidad que a fines de septiembre sicarios vinculados con el tráfico de drogas atentaran contra la vivienda de la fiscal de Corte Mónica Ferrero, incluido el uso de una granada.
Tampoco el ataque a tiros el 16 de noviembre contra la sede del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), donde los agresores dejaron un mensaje con amenazas a la presidente de la institución penitenciaria, Ana Juanche.
Aquellos tiempos en que se distinguía a Uruguay por su relativa tranquilidad y menos tasa de criminalidad están cuestionados por la inseguridad ciudadana, sobre todo de la mano de grupos criminales que se disputan las rutas y el mercado de las drogas.
Así lo reconoció el presidente Yamandú Orsi al intervenir en agosto en el seminario titulado “El Narco nos jaquea. Una espada de Damocles sobre nuestras democracias”.
Orsi refirió que décadas de lucha contra ese flagelo no pudieron evitar que el narcotráfico se instalara en Uruguay, cuyo territorio utiliza como sitio de acopio y exportación hacia otros mercados.
Argumentó que ello facilitó que los jóvenes accedieran a armas de guerra y se multiplicara por ocho la población carcelaria, en particular joven e incluso mujeres, en los últimos 30 años.
No es casual que sean cada vez más jóvenes los involucrados en delitos violentos, vinculado a disputas territoriales y rivalidades entre bandas.
El aumento de los asesinatos a sueldo señala una sofisticación y brutalidad en las operaciones delictivas que no se había visto anteriormente en Uruguay.
Tales actos de violencia generan un clima de inseguridad en la población y desafían la capacidad de respuesta del sistema de justicia y la efectividad de los cuerpos de seguridad para desmantelar estas redes criminales.
Según el Ministerio del Interior, los crímenes por ejecución sumaria resultan la principal categoría entre las muertes violentas, con fuerte relación al sicariato y el tráfico de drogas.
Ello ocurre en un país con uno de los más altos índices de consumo de cocaína en la región, y donde en manos de la población hay alrededor de un millón de armas.
Otro factor mencionado por el presidente es el de la pobreza, que calificó de terreno fértil para la expansión del comercio ilícito de estupefacientes.
También refirió sobre la necesidad de la unidad del espectro político para dar la batalla, que incluye cortarle el financiamiento a los grupos criminales.
Para ello, la bancada del Frente Amplio impulsa una ley contra el lavado de activos.
En el nivel hemisférico el creciente accionar del narco en Uruguay podría provocar la ojeriza de Estados Unidos, con quien el gobierno del país sudamericano busca evitar desencuentros en todos los frentes.
Washington estrenó embajador (Lou Rinaldi) nombrado por el presidente Donald Trump, quien pudiera traer en cartera el retorno de una oficina de la DEA con todo el paquete que ello acarreará.(ALH)
Orlando Oramas León/Prensa Latina