Por Blanca Bonachea 
La provincia de Matanzas avanza en la bancarización de las operaciones con la incorporación de más de 400 mil clientes a los canales de pago electrónico.
Para enfrentar esta tarea contamos con una amplia red de oficinas conformada por 27 sucursales, dos áreas anexas, 22 cajas de ahorro y tres áreas de trámites, explica Belkis Plasencia Cruz, directora provincial del Banco Popular de Ahorro.
La puesta en marcha de la Resolución 11/2023 emitida por el Banco Central de Cuba el tres de agosto involucra a todas las formas de gestión económica, y de ahí la importancia de crear los soportes técnicos y capacitar al personal de trabajo para impulsar el proceso de bancarización.
Según explica Plasencia Cruz hasta el momento más de 29 mil nuevos actores económicos y 15 mil clientes de la empresa estatal socialista que operan en el Banco Popular de Ahorro presentan cuentas bancarias y tarjetas magnéticas.
Dentro de las buenas experiencias del proceso en el territorio destaca la implementación del servicio de caja extra, el vínculo con la estación de autoservicios digitales del Parque Científico Tecnológico de Matanzas y las ferias de comercio electrónico.
Aunque la resolución pretende organizar los flujos financieros del país, emergen dudas e inconformidades en la población y los nuevos actores económicos.
Una de las principales insatisfacciones de la población radica en los límites de de cinco mil pesos para realizar las transacciones. Aclaramos que este límite solo es para los sujetos de esta norma y no para las personas naturales o jurídicas, aclaró Plasencia Cruz.
Hasta junio de 2023 la provincia de Matanzas contaba con más de 600 nuevas formas de gestión económica, cifra que la sitúa entre las cinco primeras del país, de ahí la importancia de potenciar el uso de los canales de pago electrónico.
Por el momento la utilización del efectivo no va a desaparecer y así lo precisaron las máximas responsables del sistema bancario en Matanzas.
El proceso de bancarización, que tiene un margen de seis meses para su cumplimiento, requiere también de la participación de los gobiernos locales y especialistas de la Oficina Nacional de Administración Tributaria. (ALH)