Por Hugo Ferreiro Anglés 
Cada 13 de octubre el mundo vuelve la mirada hacia una realidad que golpea con fuerza desmedida a los más vulnerables. El Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres (DIRRD) no es una fecha para el protocolo ni el discurso vacío; es un recordatorio de que la prevención, la preparación y la resiliencia son la diferencia entre la vida y la pérdida, entre el desarrollo y el retroceso.
En 2026, la conmemoración llega con un llamado urgente: la resiliencia empieza en casa.
El origen de esta jornada se remonta al 22 de diciembre de 1989, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante la resolución 44/236, designó el segundo miércoles de octubre como el Día Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales.
La fecha buscaba promover una cultura mundial de reducción del riesgo, pero no fue hasta el año 2009 cuando la propia Asamblea General, a través de la resolución 64/200, decidió trasladar la celebración al 13 de octubre y rebautizarla como Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres. Ese cambio no fue cosmético si no que reflejaba una evolución conceptual profunda, la comprensión de que los desastres no son solo naturales, sino también tecnológicos, sanitarios y, sobre todo, sociales.
Este 2026, el tema elegido por la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR) es “Resilience Starts at Home” (La resiliencia empieza en casa). La elección no es casual. Los desastres dañan o destruyen millones de hogares cada año, desplazando a familias y profundizando la pobreza.
El hogar no es solo el lugar donde más se siente el impacto; es también la unidad más pequeña donde las decisiones cotidianas determinan la capacidad de anticipar, resistir y recuperarse. Como señaló el Secretario General de la ONU, António Guterres, “la seguridad empieza donde vivimos, y la preparación a nivel de hogar —entender los riesgos, tener un plan y actuar con rapidez— puede marcar la diferencia entre la vida y la pérdida”.
Sin embargo, las familias no pueden hacerlo solas. Los gobiernos deben hacer cumplir códigos de construcción informados por el riesgo y planes de uso del suelo; el sector privado debe invertir en construcción resiliente y seguros asequibles; y todos deben tener acceso a sistemas de alerta temprana que lleguen a tiempo.
Pero el problema de fondo es financiero. Los costos directos de los desastres ascienden a unos 202 mil millones de dólares anuales, y se estima que el costo real es once veces superior, casi 2,3 billones de dólares. Menos del uno por ciento de los presupuestos públicos se destina a la reducción del riesgo de desastres, y solo el dos por ciento de los proyectos de Ayuda Oficial al Desarrollo incluyen la RRD entre sus objetivos. Recortar la financiación de la prevención conduce a desastres más costosos en el futuro, junto con más necesidades humanitarias.
En ese contexto, Cuba constituye una excepción que merece ser expuesta sin triunfalismos, pero con la verdad por delante. El Representante Especial del Secretario General de la ONU para la Reducción del Riesgo de Desastres, Kamal Kishore, visitó nuestro país el pasado mes de septiembre y destacó que “la alineación entre los niveles nacional, provincial y local es una de las principales fortalezas del sistema cubano. Las comunidades conocen los riesgos que enfrentan y cuentan con mecanismos propios para responder a ellos”.
Esa cadena integra a las instituciones científicas, la Defensa Civil y los gobiernos provinciales y municipales, con una coordinación sostenida entre los servicios meteorológicos, hidrológicos, las comunicaciones y la planificación urbana.
El general de división Ramón Pardo Guerra, jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, ha explicado en múltiples ocasiones que el sistema cubano se sostiene sobre un principio rector, el cual es la protección de la población. Y ese principio se materializa en la práctica.
En 2025, gracias a la gestión del riesgo, no se perdieron vidas y se evacuó a 735 000 personas antes del paso de un huracán, equivalente al 25 por ciento de la población local. El Marco Colectivo de Acción Anticipatoria frente a Huracanes, coordinado por la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) y el gobierno cubano, preasigna 4,5 millones de dólares para proteger a hasta 260 705 personas mediante asistencia multisectorial oportuna.
La articulación comunitaria es otro pilar. En distintos barrios de La Habana, por ejemplo, expuestos a inundaciones, son las mujeres quienes desempeñan un papel central en la organización local ya que identifican a las personas que requieren apoyo, difunden los avisos y coordinan las medidas previstas para cada fase de la Defensa Civil. Ese liderazgo femenino, a menudo invisibilizado en los grandes titulares, es una de las razones por las que el sistema funciona cuando más se necesita.
Pero el bienestar de las personas no depende solo de la respuesta inmediata. La reducción del riesgo de desastres tiene un valor intrínseco e instrumental para la salud mental y el bienestar. Vivir con la incertidumbre permanente de perderlo todo genera angustia, ansiedad y estrés crónico. Por eso, la prevención no es un gasto, es una inversión en dignidad. Cuando una comunidad sabe que hay un plan, que hay alerta temprana, que hay un lugar seguro al que acudir, su salud mental y su capacidad de proyecto de vida se fortalecen.
Cuba ha avanzado en ese camino con instrumentos propios. La Tarea Vida, el Plan de Estado para el Enfrentamiento al Cambio Climático aprobado en 2017, proyecta la adaptación del país con un horizonte hasta el año 2100 y la vincula explícitamente con la reducción del riesgo de desastres.
Se han creado unos 90 Centros de Gestión para la Reducción del Riesgo y 303 Puntos de Alerta Temprana en comunidades vulnerables. Y se ha incorporado la ciencia y la innovación como parte del Programa de Gestión de Gobierno basado en Ciencia e Innovación.
Kamal Kishore lo afirmó durante su visita: “Las Naciones Unidas están codo a codo con Cuba en este momento tan difícil, y desde la UNDRR vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para ayudar al pueblo”. Por su parte, el presidente Miguel Díaz-Canel fue claro al denunciar que el bloqueo estadounidense, recrudecido hasta el cerco energético, afecta también la capacidad del país para la reducción de riesgos de desastres. Es una verdad como un templo para quienes pretenden medir la resiliencia con la misma vara en Washington que en La Habana.
El Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres de 2026 no es una celebración. Es una convocatoria a la acción. La experiencia cubana demuestra que, incluso en condiciones de severa limitación de recursos y de agresión económica, la voluntad política y la organización popular pueden salvar vidas. Pero también demuestra que la prevención no puede depender de la caridad internacional ni de la buena voluntad de los donantes. Financiar la resiliencia, no los desastres, es una deuda pendiente con la vida. Y esa deuda, como enseñó Fidel, no se paga con discursos, se paga con hechos.
Foto: Tomada de ACN