Por Redacción TV Yumurí 
Los delitos que afectan al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) provocan daños económicos y sociales que adquieren especial gravedad en las actuales condiciones del país.
Entre 2025 y el primer semestre de 2026 se iniciaron en el país más de 460 investigaciones penales relacionadas con hechos contra el SEN, fundamentalmente por los delitos de sabotaje, daño, robo con fuerza en las cosas, hurto y receptación.
Durante el programa televisivo Hacemos Cuba, especialistas del Ministerio del Interior (Minint), la Fiscalía General de la República y el Tribunal Supremo Popular explicaron las principales conductas delictivas identificadas y las consecuencias que pueden derivarse de ellas.
Aceite de transformadores: cuando el robo provoca otro apagón
El teniente coronel Carlos Martínez González, segundo jefe del Departamento del Órgano de Instrucción de la Seguridad del Estado, señaló que la sustracción de aceite dieléctrico de los transformadores constituye una de las conductas que mayor atención requiere por sus repercusiones.
El fenómeno ha sido detectado en todas las provincias y en 97 municipios del país, con un incremento de las denuncias respecto al año anterior.
También se han identificado afectaciones relacionadas con paneles solares y con la sustracción de insumos de las redes de distribución, entre ellos los angulares utilizados en las torres de alta tensión.
El aceite dieléctrico cumple una función esencial en los transformadores. Su sustracción puede inutilizar estos equipos y dejar sin servicio eléctrico a comunidades enteras.
Martínez González explicó que una de las líneas de trabajo desarrolladas para enfrentar este delito consiste en detectar la presencia de aceite dieléctrico en los depósitos de combustible de los vehículos, pues esta sustancia puede ser utilizada, mezclada con otros combustibles, como carburante.
Las comprobaciones se realizan mediante procedimientos técnico-criminalísticos y con respaldo científico.
En un pesquisaje efectuado en una provincia fueron examinados 105 vehículos y 21 resultaron positivos a la presencia de aceite dieléctrico mezclado con combustible. De ellos, 18 fueron ocupados.
Según el teniente coronel, entre los casos detectados predominaban transportistas privados, aunque aclaró que ello no significa que todos los trabajadores de ese sector estén involucrados en estas conductas.
Por su parte, la fiscal jefa del Departamento en la Dirección de Procesos Penales de la Fiscalía General de la República, Rayma Velázquez Romero, precisó que la detección de la sustancia puede dar lugar a una respuesta jurídica cuando existan elementos que acrediten la comisión de un delito.
La legislación penal cubana contempla, además de las sanciones principales, sanciones accesorias relacionadas con los bienes que hayan sido efectos o instrumentos del delito. La aplicación de estas últimas corresponde al tribunal, a partir de las circunstancias y las pruebas de cada proceso.
En el caso de los vehículos utilizados para cometer estos hechos, la responsabilidad del propietario no se presume por el solo hecho de ser el dueño.
Velázquez Romero explicó que debe demostrarse su participación o conocimiento respecto a la actividad delictiva. Si no existe implicación, no corresponde incorporarlo al proceso penal ni adoptar decisiones en su contra.
Más de un mes sin electricidad
Las consecuencias pueden trascender el daño material ocasionado al transformador y traducirse en una afectación prolongada para la población.
Martínez González puso como ejemplo lo ocurrido en la comunidad San José de Marcos, perteneciente al Consejo Popular Marcos, en Jagüey Grande, Matanzas.
Allí, la sustracción de alrededor de mil litros de aceite dieléctrico de un transformador dejó sin electricidad a la comunidad durante más de 30 días.
La población afectada, integrada mayoritariamente por campesinos vinculados al plan citrícola de la zona, tuvo que recibir atención de las autoridades para garantizar sus necesidades básicas.
Por estos hechos fueron identificadas tres personas, quienes se encuentran en prisión provisional como medida cautelar, mientras continúa el proceso penal con las garantías correspondientes.
El caso muestra cómo una conducta dirigida a obtener un beneficio particular puede multiplicar las dificultades que enfrenta una comunidad y prolongar la afectación del servicio eléctrico.
¿Cuándo se configura el delito de sabotaje?
La presidenta de la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Supremo Popular, magistrada Iliana Gómez Guerra, explicó que el Consejo de Gobierno de ese órgano emitió en mayo de 2025 el Dictamen 475, con el propósito de garantizar una interpretación uniforme de las conductas previstas en los artículos 125 y 126 del Código Penal, relativos al delito de sabotaje.
La disposición permitió eliminar la dispersión existente en la calificación jurídica de determinados hechos vandálicos que afectaban bienes e infraestructuras de importancia para el país, entre ellos instalaciones del sistema eléctrico, grupos electrógenos, las comunicaciones, las líneas férreas, locomotoras y el transporte público.
El sabotaje es considerado un delito de elevada gravedad por la naturaleza de los bienes que protege y por sus posibles repercusiones sobre la estabilidad, la seguridad y el orden interior del Estado.
La modalidad básica contempla sanciones de siete a 15 años de privación de libertad.
En circunstancias de mayor gravedad, el artículo 126 establece sanciones de diez a 30 años, privación perpetua de libertad o muerte cuando concurren determinadas condiciones, entre ellas que se ocasionen lesiones graves o la muerte de una persona, o que se utilicen fuego, sustancias o materias inflamables, explosivos, agentes químicos o biológicos u otros medios capaces de producir consecuencias graves.
Un delito que también pone vidas en riesgo
La sustracción de componentes de las instalaciones eléctricas no solo compromete el servicio. También expone a quienes realizan estas acciones a peligros que pueden resultar mortales.
El teniente coronel Martínez González informó que hasta el momento se han registrado dos fallecimientos asociados a estas actividades, ambos en la provincia de Santiago de Cuba.
La manipulación de instalaciones eléctricas sin conocimientos especializados y sin los medios de protección adecuados puede provocar electrocución y quemaduras. A ello se suma que muchas de estas instalaciones se encuentran en lugares alejados y requieren escalar estructuras.
Las investigaciones y los procesos penales en curso buscan establecer las responsabilidades individuales en cada caso, a partir de las pruebas obtenidas y con respeto a las garantías del debido proceso.
La magistrada Gómez Guerra señaló que el dictamen pericial constituye uno de los medios de prueba previstos en la Ley del Proceso Penal.
Cuando es practicado cumpliendo los requisitos legales, puede ser valorado por el tribunal junto con el resto de las pruebas para determinar la participación de una persona en un hecho delictivo.
Los hechos expuestos durante Hacemos Cuba muestran que las afectaciones provocadas por estas conductas pueden ir más allá de la pérdida o deterioro de un equipo.
La sustracción de componentes del sistema eléctrico puede prolongar las interrupciones del servicio, afectar a comunidades enteras y, en determinadas circunstancias, poner en riesgo la vida de quienes intervienen en estos hechos.