Hay crímenes que, por su naturaleza, hieren no solo el patrimonio material de una nación, sino su espíritu y su capacidad de resistir. El robo del aceite dieléctrico de los transformadores eléctricos es uno de ellos. No es un hurto menor, ni un acto de simple delincuencia oportunista. Es un sabotaje contra la infraestructura energética del país, un golpe directo a la vida de comunidades enteras y una afrenta a la conciencia revolucionaria que debe caracterizar a todo cubano de bien.
El aceite dieléctrico cumple una función esencial en los transformadores ya que aísla y refrigera el equipo, disipa el calor y garantiza que la bobina y el núcleo se mantengan a temperaturas óptimas. Cuando los delincuentes lo sustraen, el transformador queda fuera de servicio, a menudo de manera permanente. No es una avería reparable con un simple mantenimiento; es la destrucción de un equipo que puede costar entre cuatro y cinco millones de dólares en el mercado internacional. Y no es un fenómeno aislado, solo en la provincia de Matanzas, más de noventa transformadores han resultado afectados por este flagelo.
El daño social de este delito es incalculable. En San Luis, Santiago de Cuba, la sustracción de 300 litros de aceite de un transformador de cuatro millones de volt-ampere dejó sin servicio eléctrico a unas 17 000 personas. En la comunidad de Julia, en Bayamo, más de cinco mil clientes se quedaron sin luz, con una afectación monetaria de 27 360 pesos. Comunidades enteras, como Manguito, en Calimete, hoy han quedado a oscuras, y servicios vitales como el bombeo de agua y el riego agrícola se han visto gravemente afectados.
El robo de aceite dieléctrico también tiene un componente ilegal que alimenta un mercado negro. Ese producto robado se revende como combustible para tractores y camiones a precios exorbitantes que superan los 600 pesos por litro. Es decir, se destruye un equipo de millones de dólares para obtener unos litros de combustible que apenas alcanzan para unas horas de trabajo. Es una lógica especulativa llevada a su extremo más ruin.
El presidente Miguel Díaz-Canel ha insistido en que la participación popular es esencia de la democracia y sin ella no es posible el socialismo. Y ha llamado a defender en cada espacio la participación y el control popular entre todos los actores. Esa es la clave, pues el pueblo no puede ser un espectador pasivo ante la destrucción de sus propios recursos.
En Matanzas, las autoridades han activado las Zonas de Defensa en función de la protección de los transformadores eléctricos. Se ha movilizado a la comunidad para proteger sus intereses y recursos, buscando el control popular y la participación ciudadana en medio de la compleja situación energética y económica que impide la rápida sustitución de estos equipos.
Participan los miembros de las organizaciones políticas y de masas, y también se insiste en la protección de los paneles solares y cables asociados a centros sociales, bombeos de agua y centros de telecomunicaciones. A los implicados se les aplicarán juicios ejemplarizantes bajo la tipicidad de Sabotaje. El primero en Matanzas será próximamente. No obstante, aún no se observan resultados palpables.
Es imprescindible la estrecha participación de los cuadros políticos en esta tarea, en la orientación, preparación y organización de la vigilancia. También se recaba el apoyo del sector no estatal en función de pequeñas inversiones destinadas a la protección de estos equipos.Pese a ello, este no es un problema que puedan resolver solo las autoridades. Cada cubano tiene la responsabilidad de proteger nuestras infraestructuras y denunciar cualquier acto sospechoso. Las Zonas de Defensa Local, los CDR, las organizaciones de base y cada vecino tienen un papel fundamental en la prevención de estos delitos. Porque la seguridad energética no es solo un asunto de autoridades, sino un compromiso colectivo.
El robo del aceite dieléctrico es un acto de traición a la patria, una herida infligida al esfuerzo de todo un pueblo por resistir el bloqueo y las agresiones externas. Quien roba el aceite de un transformador no está robando a una empresa estatal; está robando la luz de un hospital, la posibilidad de cocinar de una familia, el agua de una comunidad.
Es un acto criminal que debe ser castigado con todo el peso de la ley y, al mismo tiempo, combatido desde la conciencia y la organización popular. Porque como ha dicho el Presidente, lo revolucionario sigue siendo promover y estimular la participación y el control popular. Solo así podremos preservar lo que hemos construido con tanto esfuerzo y sacrificio.
Tomado de Periódico Girón
