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El Sistema de Tribunales Populares, en correspondencia con el principio de que la oportuna y adecuada atención a la población es un factor de vital importancia, tiene creado un mecanismo en función de atender cada inquietud, inconformidad e insatisfacción manifestada por el pueblo en relación con la actuación de los tribunales y brindarle una respuesta adecuada.

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El histórico veredicto fue emitido el 11 de septiembre por la primera sala del Supremo Tribunal Federal (STF), con una votación de cuatro a uno.

Además de Bolsonaro, otros siete aliados recibieron penas que oscilan entre 16 y 27 años de prisión, incluyendo a figuras como los generales Walter Braga Netto y Augusto Heleno.

Las condenas se basaron en delitos como tentativa de golpe de Estado, organización criminal armada y daños al patrimonio público.

Actualmente, Bolsonaro se encuentra bajo reclusión en casa desde el 4 de agosto, tras ser acusado de violar medidas cautelares impuestas por el STF en otro proceso judicial.

Su defensa solicita la revocación de esta medida, argumentando que no existen cargos formales en su contra en relación con la investigación que condujo a su detención.

De rechazar el Supremo las apelaciones, la ejecución de las sentencias podría iniciarse entre noviembre y diciembre.

En ese caso, los condenados no serían recluidos en celdas comunes, pues, según el Código de Procedimiento Penal, los oficiales del Ejército tienen derecho a detención especial.

Las posibles ubicaciones para el cumplimiento de los correctivos incluyen la prisión de Papuda en Brasilia, la sede de la Policía Federal o las instalaciones del Comando Militar del Palacio del Planalto, sede capitalina del Poder Ejecutivo.

Además de las apelaciones nacionales, la defensa de Bolsonaro expresa su intención de llevar el caso a instancias internacionales, argumentando que la condena es «excesiva y desproporcionada».

Demanda que el castigo se cumpla bajo encierro domiciliario debido al estado de salud de Bolsonaro.

La condena solo debería ejecutarse una vez agotados todos los recursos, cuando la decisión resulta firme.

Asimismo, el Congreso Nacional evalúa un proyecto de ley que propondría una reducción de las penas para los implicados en el intento de golpe del 8 de enero de 2023, aunque esta iniciativa genera controversia y rechazo en sectores de la izquierda.

La situación de Bolsonaro sigue siendo un tema de intenso debate político y judicial en Brasil, con implicaciones significativas para su futuro y el panorama electoral de 2026.

Por vez primera en la historia del gigante sudamericano un expresidente es castigado por un golpe de Estado.

(Tomado de PL)

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La notificación del tribunal —que también integran los jueces Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu— se realizó de manera virtual y tuvo como objetivo desactivar la movilización convocada por sectores del kirchnerismo para este miércoles en los tribunales de Comodoro Py, donde Cristina debía presentarse.

Los organizadores esperaban que se tratara de una movilización masiva. Desde el lunes, distintos grupos se encontraban viajando desde varias provincias hacia la capital para acompañar a la expresidenta, que ocupó ese cargo en dos períodos. La posible imagen de una multitud acompañando a Cristina Fernández de Kirchner generaba preocupación en el gobierno de Javier Milei, que, con el objetivo de disuadir la movilización, anunció en las últimas horas una serie de medidas represivas.

Entre ellas, el martes 17, la ministra de Seguridad autorizó a la Policía Federal a realizar ciberpatrullajes, así como requisas y detenciones sin orden judicial, con el fin de detener a personas que se acercaran a la movilización.

Restricciones

La prisión domiciliaria impuesta a Fernández de Kirchner incluye una serie de estrictas restricciones. Deberá permanecer en el domicilio fijado, y solo podrá salir con autorización previa del tribunal, salvo en casos debidamente justificados por razones de fuerza mayor. También deberá abstenerse de “generar alteraciones en la convivencia del vecindario”, una disposición que apunta a desactivar el importante flujo de personas que, en los últimos días, se ha acercado a la zona para acompañar a la exmandataria.

A la vez, el tribunal dispuso que, en un plazo de 48 horas hábiles, deberá presentar una nómina de familiares, personal de custodia, médicos y abogados que podrán ingresar a su hogar sin necesidad de autorización judicial. Cualquier otra persona no incluida en esa lista necesitará una solicitud motivada para poder ingresar.

El tribunal también ordenó a la Dirección de Asistencia a Personas Bajo Vigilancia Electrónica la colocación del dispositivo electrónico de control, y encomendó a la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal la supervisión trimestral de la ejecución de la pena.

Clima político

La resolución judicial se da en un contexto de fuerte tensión política. Según trascendidos periodísticos, el gobierno de Javier Milei habría intervenido de manera indirecta para promover la aprobación del pedido de prisión domiciliaria, con la intención de evitar una masiva movilización en respaldo a la exmandataria. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, había declarado el domingo que “sería lógico que Cristina no tenga que ir a Tribunales”.

La defensa de Fernández de Kirchner basó su pedido en diversos factores, entre ellos su edad —tiene 72 años—, el intento de magnicidio que sufrió en septiembre de 2022 y la custodia policial permanente que le corresponde como exjefa de Estado.

En ese sentido, el abogado de Cristina, Carlos Beraldi, argumentó que mantenerla en prisión implicaría aislarla por razones de seguridad, lo que podría considerarse trato inhumano según estándares internacionales.

Sin embargo, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola —quienes mantienen un vínculo fluido con el expresidente Mauricio Macri— se opusieron al beneficio, señalando que la prisión domiciliaria es una excepción y que, en este caso, no se verifican razones de salud o de seguridad que la justifiquen.

Pese a que en Argentina no hay ninguna mujer mayor de 70 años cumpliendo condena en una cárcel común, los fiscales argumentaron que el artículo 10 del Código Penal no obliga al juez a conceder el beneficio por la sola circunstancia de la edad.

Los vínculos de ambos fiscales con el macrismo son más que estrechos. Luciani jugaba al fútbol con el exmandatario en la quinta Los Abrojos —propiedad de Macri— en un equipo al que denominaban «La Liverpool». Por su parte, Mola figura como visitante frecuente en los registros de la Casa Rosada -la casa de gobierno- durante el gobierno del macrismo.

La decisión del tribunal podría tener impacto en la convocatoria prevista por el kirchnerismo y otras organizaciones políticas y sociales para acompañar a la exmandataria. (ALH)

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En esta oportunidad, se divulga a través de dichas redes, que el Tribunal Supremo Popular de la República de Cuba instrumentará normas estableciendo un amplio monitoreo, vigilancia y grabaciones de todas las llamadas y la mensajería que se produce por los citados medios.

El Tribunal Supremo Popular asegura que esa información es totalmente falsa, y su contenido está plagado de mentiras y embustes malintencionados.

En tal sentido, le solicita a nuestro pueblo no hacerse eco de lo que en ella se convoca e informarse siempre mediante los perfiles y canales institucionales, donde podrá documentarse, fehacientemente, sobre la labor y las atribuciones que atañen al Tribunal Supremo Popular y demás tribunales del país.

El contenido del mensaje que se circula en esta ocasión, es exactamente al que, con igual propósito, circuló el 18 de noviembre de 2024.

(Tomado de Cubadebate)

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El tribunal francés decidió inhabilitarla para ejercer cargos públicos durante cinco años, con efecto inmediato, lo que significa que no puede presentarse a las elecciones presidenciales francesas de 2027.

Además de la prohibición de presentarse a cargos públicos, Marine Le Pen fue condenada a cuatro años de prisión, dos de los cuales serán suspendidos.

Pero no se sabe si pasará tiempo en prisión o si tendrá otras restricciones, como el uso de un dispositivo electrónico.

Durante la lectura del veredicto, mientras el juez aún estaba dando los detalles de la sentencia, la líder de RN abandonó la sala.

El veredicto es un duro golpe para las ambiciones presidenciales de Le Pen, una política nacionalista y antiinmigrante que muchos veían como favorita en la carrera de 2027, a pesar de tres intentos fallidos anteriores.

El caso

El año pasado, la fiscalía declaró que el castigo para Le Pen no debería ser solo una multa de 300.000 euros (US$324.000) y una pena de prisión, sino también la inhabilitación para presentarse a cargos públicos durante cinco años.

Y lo más importante, el organismo afirmó que la inhabilitación debería entrar en vigor de inmediato y no suspenderse a la espera de la apelación que Le Pen previsiblemente presentaría si es declarada culpable.

Le Pen fue acusada, junto con más de 20 figuras importantes del partido, de contratar asistentes que trabajaban en asuntos del RN, y no para el Parlamento Europeo, que les pagaba.

Durante el juicio del año pasado, Le Pen negó haber cometido «la más mínima irregularidad».

Hace un mes volvió a reiterar su inocencia: «No tengo absolutamente ninguna sensación de haber cometido la más mínima irregularidad o el más mínimo acto ilegal».

Tanto ella como 24 miembros de su partido, incluidos nueve exdiputados del Parlamento Europeo y sus 12 asistentes parlamentarios, fueron declarados culpables de una vasta trama entre 2004 y 2016 para malversar fondos del Parlamento Europeo.

El llamado sistema de empleos falsos abarcó los contratos de asistentes tuvo una magnitud y duración sin precedentes, causando pérdidas de 4,5 millones de euros (US$4,8 millones) a los fondos públicos europeos.

Los asistentes pagados por el Parlamento Europeo deben trabajar directamente en asuntos parlamentarios de Estrasburgo, algo que, según los jueces, no había sido el caso.

¿Quién la reemplazará en 2027?

Le Pen se ha postulado a la presidencia de Francia en tres ocasiones. En dos de éstas llegó a la segunda vuelta contra Emmanuel Macron.

Posteriormente Agrupación Nacional se ubicó como el partido con mayor número de votos en el parlamento tras las elecciones parlamentarias anticipadas, convocadas por Macron, en 2024.

Muchos pensaban que Le Pen tendría en 2027 su mayor oportunidad de ganar la presidencia con una plataforma contra la inmigración.

El partido ahora tendrá que decidir quién la sustituirá en la próxima carrera presidencial francesa.

Algunos creen que Jordan Bardella, de 29 años, el joven presidente del partido y miembro del Parlamento Europeo sería la principal alternativa.

Pero aunque goza de popularidad entre los votantes, se considera que tiene poca experiencia política.

Tras conocer el veredicto Bardella escribió en X:

«No solo Marine Le Pen ha sido condenada injustamente: es la democracia francesa la que ha sido ejecutada».

Le Pen podrá conservar su puesto actual como diputada del Parlamento francés por Pas-de-Calais, pero no podrá presentarse de nuevo a futuras elecciones parlamentarias mientras dure su inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Análisis de Hugh Schofield, corresponal de la BBC en París

Tras unas horas de tensión, tenemos un veredicto y una sentencia definitivos, y es lo peor que Marine Le Pen podría haber esperado.

Su inhabilitación de cinco años es, por supuesto, un terremoto. Tiene enormes implicaciones para ella, su partido y la democracia francesa.

Para ser justos, no fue solo ella quien no esperaba este veredicto. Muchos comentaristas declararon que sería una parodia de la democracia si la política más popular del país no pudiera presentarse a las elecciones presidenciales.

Incluso los peores enemigos de Marine Le Pen, como el líder de extrema izquierda Jean-Luc Mélenchon y el primer ministro François Bayrou, dejaron claro que consideraban que una inhabilitación inmediata sería injusta e imprudente.

Pero ha sucedido. Y ahora Agrupación Nacional tendrá que empezar a pensar en un Plan B para 2027. (ALH)

Tomado de BBC News Mundo

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Aseguró que la preparación y perspicacia de los oficiales es una fortaleza ante hechos como este, repudiables por la sociedad.

#AduanadeCuba detecta la extracción ilegal de 2 kg de oro en lingotes ocultos en doble fondo de un equipaje en el aeropuerto de La Habana. El caso fue denunciado y los implicados responderán penalmente. La preparación y perspicacia de los oficiales una fortaleza #FronteraSegura. pic.twitter.com/LW9sKaYwBC

— Wiliam Pérez González (@vicejefeagr) March 23, 2025

Desde este lunes comenzó en el país el Segundo Ejercicio Nacional de prevención y enfrentamiento al delito, la corrupción, las ilegalidades e indisciplinas sociales, encaminado a fortalecer los mecanismos de control y enfrentamiento, con la participación de las estructuras de Gobierno desde el nivel provincial hasta los consejos populares.

(Tomado de Cubadebate)

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En esta oportunidad, se divulga a través de dichas redes, que el Tribunal Supremo Popular de la República de Cuba instrumentará normas estableciendo un amplio monitoreo, vigilancia y grabaciones de todas las llamadas y la mensajería que se produce por los citados medios.

Esa información es totalmente falsa, y su contenido está plagado de mentiras y embustes malintencionados; en tal sentido, le solicitamos a nuestro pueblo no hacerse eco de lo que en ella se convoca e informarse siempre mediante los perfiles y canales institucionales, donde podrá documentarse, fehacientemente, sobre la labor y las atribuciones que atañen al Tribunal Supremo Popular y demás tribunales del país.

(Tomado de Cubadebate)

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Días después de que el magnate republicano lograra regresar a la Casa Blanca tras vencer a Kamala Harris en las elecciones del 5 de noviembre, el fiscal especial Jack Smith pidió formalmente a la jueza Tanya S. Chutkan del Tribunal Federal de Distrito de Washington una pausa de casi un mes en el juicio para deliberar con su equipo cómo proceder en el caso.

Trump es acusado en el Distrito de Columbia por sus intentos de revertir los resultados de las elecciones que perdió en 2020 contra Joe Biden y por haber presuntamente instigado el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021.

El equipo legal del Departamento de Justicia, liderado por Smith, explicó que el juicio experimentaba una “circunstancia sin precedentes”, al tener como acusado al presidente electo de Estados Unidos, próximo a ser certificado y a entrar en funciones el 20 del mismo mes.

“El Gobierno solicita respetuosamente que el tribunal anule los plazos restantes en el calendario de instrucción, para dar tiempo al Gobierno a evaluar esta circunstancia sin precedentes y determinar el curso apropiado a seguir en consonancia con la política del Departamento de Justicia”, escribieron los fiscales en la petición.

Poco después, Chutkian aceptó la solicitud de la Fiscalía e impuso como nueva fecha el 2 de diciembre para que el equipo del Departamento de Justicia pueda elaborar un “informe de situación o informar de otro modo al tribunal del resultado de sus deliberaciones”, según detalla la petición del equipo de Smith.

El pedido del fiscal especial encargado de este y otro caso en Florida contra el ahora presidente electo –relacionado con la posesión de documentos clasificados en la residencia de Trump en Mar-a-Lago– es parte de una nueva encrucijada que enfrenta el Departamento de Justicia en los juicios que lleva a cabo en contra del republicano, ya que, según una política impuesta en los 70, un presidente en funciones no puede ser objeto de persecución criminal.

Además, la decisión de Chutkian permite más tiempo al equipo legal de Trump para construir un reporte prejuicio, que estaba sujeto a ser presentado el 21 de noviembre.

En ese reporte, se espera que los abogados del magnate apelen a un ordenamiento publicado en el verano por la Suprema Corte estadounidense, que ampara a Trump con una suerte de inmunidad por los actos que haya realizado mientras era presidente.

Los condenados por el asalto al Capitolio esperan a que Trump cumpla su promesa de indulto

Otra de las promesas trumpistas durante su larga campaña electoral fue indultar masivamente a todos aquellos juzgados, y condenados, por el infame ataque al Capitolio estadounidense el 6 de enero de 2021, calificando de “héroes” y “rehenes” de un sistema de justicia que señala por ser “corrupto” a los agitadores que participaron en ese fatídico día.

Más de 1 500 personas han recibido cargos de distinta índole por su participación en el asalto al Capitolio, entorpeciendo la certificación del entonces presidente electo, Joe Biden, y achacándole, sin fundamentos, fraude electoral en las elecciones de 2020.

Más de 1 000 acusados se han declarado culpables o han sido condenados por la justicia en cargos como conspiración, allanamiento y agresión contra oficiales de policía.

Jacob Lang, uno de los participantes en el ataque que permanece encarcelado y esperando su juicio en Washington, celebró la victoria de Trump en un post en redes sociales, afirmando que “todos los presos políticos regresan a casa”, refiriéndose a los otros cientos de agitadores que enfrentan sanciones por parte de la Justicia estadounidense.

Trump utilizó la bandera de los condenados por el asalto al Capitolio con frecuencia en su narrativa de campaña, prometiendo que los indultaría en el “primer día” de su presidencia, aunque luego reculó, mencionando que “si alguien hubiera sido malvado y malo, lo vería de otra manera”. Más de 100 oficiales de policía fueron heridos en los ataques del 6 de enero.

Uno de los acusados más llamativos por el asalto en Washington es Enrique Tarrio, exlíder del grupo extremista y supremacista blanco Proud Boys, que fue condenado a 22 años por “conspiración sediciosa” con relación a su rol en los ataques.

En 2023, Trump dijo que Tarrio fue tratado de manera “horrible” y que consideraría su indulto.

Bajo la legislación estadounidense, es posible que el presidente activo empuñe el mecanismo de indulto judicial casi a discreción, sin necesidad de consultarlo con ninguna otra rama gubernamental.

“El sistema de indultos está creado para ganadores y perdedores. Quién los obtiene y quién no los obtiene es completamente subjetivo. Es completamente arbitrario y se basa en los caprichos del presidente”, dijo Kim Wehle, profesora de Derecho en la Universidad de Baltimore.

A poco más de dos meses del regreso de Trump a la Casa Blanca, los juicios federales en su contra parecen tener los días contados, mientras que el público estadounidense está atento a si el republicano cumplirá su promesa de dejar libres a más de 1 000 condenados por una histórica insurrección contra las instituciones estadounidenses, o si solo queda en un dicho de campaña.

(Tomado de France24)

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