La reunión de la mesa de trabajo estaba prevista para este sábado, sin embargo, el encuentro fue suspendido por el apagón masivo ocurrido ese día en esta nación sudamericana y que afectó varios servicios públicos.

Antes, el juez Édgar Romero determinó que los miembros de la Comisión de Fiscalización deberán pagar 230 dólares hasta que se ejecute la decisión judicial.

El pasado 22 de agosto, Romero falló a favor de la asambleísta de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), Inés Alarcón, quien interpuso una acción de protección pidiendo que se levante el archivo de tres juicios políticos a exfuncionarios de Lasso.

Se trata de los procesos contra el exministro de Finanzas Pablo Arosemena, el exsecretario de la Administración Sebastián Corral y la extitular de la Secretaría de Educación Superior Andrea Montalvo.

El magistrado también dispuso que la suspensión de juicio político contra la ministra del Interior Mónica Palencia que ya se estaba en curso en Fiscalización, para que la mesa de trabajo resolviera los procesos contra los tres exfuncionarios.

A propósito, la Comisión de Fiscalización suspendió el pasado miércoles el trámite de enjuiciamiento contra Palencia y ese mismo día reactivó el proceso contra la fiscal general, Diana Salazar.

El pasado 16 de mayo, Salazar pidió a la Asamblea Nacional que el proceso de juicio político en su contra se suspendiera momentáneamente porque enfrentaba un embarazo de alto riesgo y no quería tener estrés.

No obstante, el 19 de agosto dijo que, con el aval de su médico, estaba lista para retomar este proceso de fiscalización, al que calificó como «narcojuicio».

La fiscal ecuatoriana ha recibido críticas por la selectividad y parcialidad en los casos que investiga, concentrándose en figuras del movimiento Revolución Ciudadana (RC) y en el expresidente Rafael Correa, que la acusa de persecución política, mientras otras causas permanecen engavetadas.

Asimismo, la funcionaria es acusada de incumplimiento de funciones y supuestas irregularidades en el proceso penal contra el exdefensor del Pueblo, Freddy Carrión, por falta de acción por los asesinatos de fiscales, entre otras causas. (ALH)

Tomado de Prensa Latina

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El presidente del ente legislativo ecuatoriano, Henry Kronfle, suspendió la sesión alrededor de las 19H00 y convocó a su reinstalación a las 10H30 de este 30 de noviembre.

#AsambleaEc2023
El presidente del Parlamento ecuatoriano, @HenryKronfle, suspendió la continuación de la sesión 872 tras escuchar la intervención de 16 legisladores, en el marco del#JuicioPolítico al expresidente @LassoGuillermo. La sesión se retomará este jueves 30 de… pic.twitter.com/OVf6OqV79F

— Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) November 30, 2023

Durante la jornada del miércoles, más de 12 asambleístas intervinieron previo a la suspensión de la sesión.

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Durante el encuentro, celebrado en el marco de la III Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que finalizó esta jornada en Bruselas (Bélgica), ambos mandatarios se comprometieron a «continuar estrechando sus lazos de cooperación, especialmente en comercio», señaló en su cuenta de Twitter Lasso, que adjuntó una foto de la cita con su homólogo argentino.

Por su parte, Fernández, quien estuvo acompañado por el canciller argentino, Santiago Cafiero, destacó la importancia de «modernizar los acuerdos vigentes para ampliar y diversificar nuestras exportaciones, especialmente en el sector automotor». «La hermandad que une a nuestros pueblos es histórica y debemos continuar fortaleciéndola», dijo el mandatario.

¿Por qué Duarte enfrentó a Quito y Buenos Aires?

María de los Ángeles Duarte, que ocupó diversas carteras durante el mandato de Rafael Correa, fue condenada en 2020 a ocho años de prisión por el delito de cohecho por el caso Sobornos 2012-2016 y, desde agosto de aquel año, se hallaba refugiada, junto con su hijo menor de edad, en la Embajada argentina en Quito en calidad de «huésped por motivos humanitarios».

En diciembre de 2022, el Gobierno de Fernández le concedió asilo diplomático a Duarte, pero las autoridades ecuatorianas se negaron a entregarle el salvoconducto para que pudiera viajar a Buenos Aires y manifestaron su molestia, señalando que no estaban de acuerdo con que se le diera «asilo a una persona condenada por hechos de corrupción».

Entonces, Duarte decidió abandonar la sede de la misión diplomática, porque —dijo— el Gobierno ecuatoriano la convirtió «en su rehén política». Posteriormente, trascendió que la política se encontraba en Venezuela y se había presentado en la Embajada de Buenos Aires en Caracas. El entonces canciller Juan Carlos Holguín sugirió que la Embajada de Argentina pudo haber sido cómplice en su salida, acusación que fue rechazada por Buenos Aires.

Ante esta situación, el Gobierno ecuatoriano tomó la decisión de declarar ‘persona non grata’ al embajador de Argentina en Quito, Gabriel Fuks. En respuesta, Argentina hizo lo propio en relación al embajador ecuatoriano en Buenos Aires, Xavier Alfonso Monge Yoder. (ALH)

Tomado de RT

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En particular, desde la CC explicaron que se admitió la acusación relacionada con el presunto delito de peculado, pero no así las dos incriminaciones sobre el presunto delito de concusión.

Respecto a estas dos inadmisiones, el organismo argumentó su decisión por incumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 148 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

“Esta Corte— con seis votos a favor y tres en contra— exhorta a las instituciones involucradas en el juicio político a actuar siempre dentro de los cánones previstos en la Constitución y el Estado de Derecho”, reza el comunicado de la institución.

La decisión llega luego de que el 27 de marzo no se alcanzaran los seis votos favorables requeridos, por lo que fueron nombrados otros dos jueces ponentes.

El Gobierno respeta el dictamen, pero rechaza el juicio político

Por su parte, la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia emitió un comunicado en el que afirma respetar la decisión de la CC, al tiempo que rechaza el juicio político, reafirmándose en la inocencia del mandatario.

“Esta decisión, de ninguna manera, valida los argumentos planteados por la legislatura en contra del presidente. El planteamento de la Asamblea nunca tuvo ni tendrá sustento jurídico, ni político alguno. Como es de conocimiento público, el documento ha sufrido varios cambios y ha contado con innumerables errores”, destacaron desde el Ejecutivo.

Próximos trámites

Tras recibir finalmente el aval del pleno de la CC, el presidente de la Asamblea Nacional del país tiene un plazo de tres días para devolver el documento al Consejo de Administración Legislativa (CAL), que luego lo enviará a la Comisión de Fiscalización del Parlamento. Esta, a su vez, debe resolver en 30 días si recomienda o no el juicio.

Cuando se tenga el informe de la Comisión de Fiscalización, el titular de la Asamblea Nacional convocará al pleno para llevar a cabo el enjuiciamiento. En la sesión el mandatario tiene derecho a su defensa y para aprobar la moción de censura se deberá contar con la mayoría calificada (92 votos).

Cabe recordar que todo el proceso arrancó formalmente el 16 de marzo con la presentación de la solicitud del enjuiciamiento contra Lasso ante el Parlamento por parte de legisladores de varias bancadas. La solicitud cobró forma tras aprobarse un informe que recomendaba juicio político contra Lasso.

La investigación

La solicitud de juicio político en contra de Lasso se dio a raíz de la publicación periodística desde enero pasado, por parte del medio digital local La Posta, en la que revelan la existencia de una presunta red de corrupción en las empresas públicas de Ecuador, que estaría liderada por Danilo Carrera, cuñado de Lasso.

El caso está siendo investigado por la Fiscalía General del Estado (FGE), instancia que denominó la causa como ‘Encuentro’, aunque mediáticamente se conoce como ‘El Gran Padrino’.

La presunta trama de corrupción operaría principalmente en la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) y en la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec); y también se habría extendido a Petroecuador.

Además, según las revelaciones, el Gobierno ecuatoriano tendría una presunta conexión con el narcotráfico, concretamente con la mafia albanesa. (ALH)

(Con información de RT en Español)

Tomado de Cubadebate

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El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, afirmó que la administración responderá a las demandas del pueblo. “Los temas deben analizarse; con claridad, transparencia y buena fe, estoy seguro que llegaremos a acuerdos”, dijo.

#Quito | Se desarrolla un taller sobre Extractivismo y Fomento Productivo, en estos espacios de participación colectiva se trabajan los 10 ejes temáticos, con el objetivo de socializar las propuestas y recoger insumos para las mesas de diálogo. #Conaie#Ecuador pic.twitter.com/9xBcvfI3cZ

— CONAIE (@CONAIE_Ecuador) August 16, 2022

Por su parte, el movimiento indígena, denunció en varias ocasiones la falta de voluntad política del Gobierno de Guillermo Lasso ante los reclamos en los 10 ejes temáticos.

El próximo 24 de agosto instalarán la mesa de Energía y Recursos Naturales, el 31 del propio mes, las mesas de Derechos Colectivos y de Seguridad, Justicia y Derechos.  A mediados de septiembre comenzarán las mesas de Acceso a la Salud y Empleo, así como la de Derechos Laborales y por último el proceso concluye el 21 de septiembre con la mesa de Educación Superior.

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