Estas últimas equivalen también al 22,76 por ciento de las aguas interiores de la plataforma insular y el 15,96 por ciento de la terrestre, indicó el Centro Nacional de Áreas Protegidas (CNAP), de la Agencia de Medio Ambiente.

Augusto de Jesús Martínez Zorrilla, jefe del Departamento de Coordinación del SNAP, precisó en exclusiva a la Agencia Cubana de Noticias que el sistema en su conjunto está respaldado por instrumentos legales, entre ellos los decretos Ley 201 de 2001 y el 331 de 2015 para Zonas con Regulaciones Espéciales de Alta Significación Ambiental e Histórico Cultural.

Inicialmente el país disponía de 215 identificadas y de ellas 150 con administración definida, entre las cuales y por acuerdos del Consejo de Ministros se oficializaron 144, añadió el especialista.

Solo en 2021, recordó, surgieron 26 más en la mayoría de las provincias de la nación, donde Las Tunas y Guantánamo encabezan la lista con cuatro, respectivamente.

En el primer caso figuran el Refugio de Fauna Bahía de Malagueta, y las reservas florísticas manejadas Las Nuevas, Monte Naranjito – Cenicero, y San Miguel del Junco.

Guantánamo la acompaña con similar cifra: los elementos naturales Paso de los Alemanes y Maisi–Caleta; el Paisaje Natural Protegido Maisí – Yumurí; y Reserva Florística Manejada Pico Galán.

De acuerdo con las categorías de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la organización cubana contempla la Reserva Natural, Parque Nacional, Reserva Ecológica, Elemento Natural Destacado y Reserva Florística Manejada.

Además, Refugio de Fauna, Paisaje Natural Protegido y Área Protegida de Recursos Manejados.

Por su relevancia nacional o internacional, un área protegida o alguno de sus elementos pueden recibir otros títulos, entre ellos Monumento Local, Monumento Nacional, Reserva de Biosfera, Sitios de Patrimonio Mundial y Sitios RAMSAR.

La Convención Ramsar la suscribieron en la ciudad iraní del propio nombre en 1971, entró en vigor cuatro años después y Cuba se hizo Estado parte de ella desde 2001, por ser el único de los modernos convenios en materia de medio ambiente que se centra en un ecosistema específico.

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