El Anteproyecto de Ley de la Vivienda, sometido desde enero a consulta popular digital, introduce cambios estructurales en la política habitacional cubana. Con un déficit superior a las 900 mil viviendas y más de un tercio del fondo habitacional en estado regular o malo, la nueva normativa —que derogaría la Ley General de 1988— busca modernizar la tenencia, ampliar derechos de propiedad y diversificar las fuentes de financiamiento.

A continuación, las preguntas y respuestas clave sobre la propuesta legislativa:

1. ¿Cuál es la novedad más significativa del anteproyecto?

La eliminación de la confiscación de viviendas por salida definitiva del país. Por primera vez, los cubanos emigrados podrán conservar, heredar y transmitir sus propiedades sin perderlas por el hecho de establecer residencia permanente en el extranjero. Esta medida, que durante décadas generó incertidumbre, equipara el trato a los emigrados con el de los residentes en la isla en materia de derechos patrimoniales.

2. ¿Qué cambios introduce en cuanto a la cantidad de viviendas que puede poseer una persona?

El anteproyecto permite a las personas naturales ser propietarias de hasta dos viviendas, sin contar la llamada “vivienda de descanso” —ubicada en zonas de playa, campo o montaña—, que podrá poseerse de manera independiente. Se amplían así las posibilidades de acumulación legal de inmuebles, hasta ahora severamente restringidas.

3. ¿Cómo se regula la transmisión de propiedades?

Se clarifican y flexibilizan las reglas para la venta, donación, permuta y herencia. Las viviendas de descanso tendrán los mismos derechos de transmisión que las residenciales, y todas podrán ser objeto de compraventa sin las trabas administrativas que hasta ahora caracterizaban el mercado inmobiliario cubano. Se reduce la discrecionalidad de los órganos locales y se establecen procedimientos más ágiles.

4. ¿Qué novedades incorpora el financiamiento para viviendas?

La ley introduce por primera vez la figura del financiamiento hipotecario, que permitirá a las familias adquirir o construir viviendas mediante créditos a largo plazo garantizados con el propio inmueble. Hasta ahora, las opciones se limitaban al ahorro personal, las remesas o la construcción progresiva. Este mecanismo se complementará con créditos bancarios tradicionales y subsidios estatales para sectores vulnerables.

5. ¿A quiénes están destinados los subsidios y beneficios especiales?

Se prioriza a damnificados por desastres naturales, familias en situación de hacinamiento, jóvenes en edad laboral, familias numerosas, adultos mayores, personas con discapacidad y víctimas de violencia doméstica. También se incluye un capítulo específico para el acceso de los jóvenes a la vivienda, reconociendo las barreras que enfrentan en el mercado inmobiliario. (ALH)

Tomado de Cubadebate

Por acuerdo del Consejo de Ministros, se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2025 el plazo para la aplicación del proceso de ordenamiento y legalización de viviendas, cuartos, habitaciones, accesorias y locales.

Desde el viernes 23, la Gaceta Oficial No. 26 (extraordinaria) publicó la medida, ya en vigor, que beneficia a muchos cubanos al convertir en propietarios a quienes ocupen alguno de esos inmuebles, incluso ahora con menos trámites y demoras.

En conferencia de prensa, Marvelis Velázquez Reyes, directora de Asuntos Legales de la Vivienda en el Ministerio de la Construcción (Micons), recordó que desde mayo de 2019 estaba vigente un acuerdo con ese fin, pero que la propagación de la covid-19 impidió a no pocas personas hacer las solicitudes correspondientes.

Ahora, al actualizarse, se facilita y promueve la legalización de los inmuebles sin estatus alguno o que no cumplan con las formalidades establecidas en su construcción, siempre que no violen las regulaciones territoriales y urbanísticas, aclaró la especialistas.

Las personas van a poder seguir presentando sus solicitudes ante las Direcciones Municipales de la Vivienda o de Ordenamiento Territorial y Urbanismo con el fin de obtener la propiedad, pues les da el derecho de hacer uso, disfrute y disposición del inmueble, subrayó.

Velázquez Reyes puntualizó que pueden beneficiarse con la nueva normativa los arrendatarios permanentes de viviendas del Estado, excepto quienes la tengan confiscada por sanciones legales ante hechos de enriquecimiento ilícito, drogas, corrupción y otros actos, y por sentencias penales.

También tienen derecho a solicitar la propiedad los usufructuarios y ocupantes de cuartos, habitaciones o accesorias convertidas en viviendas adecuadas, o que pueden serlo, así como las viviendas y locales terminados o en ejecución por el Estado, sin cumplir las formalidades legales.

Informó que se incluye en el proceso a los ocupantes de viviendas rurales y urbanas, y se facilita la atención a las personas en situación de discapacidad, mujeres embarazadas y adultos mayores.

En cuanto a los trámites, la funcionaria del Micons explicó que el Acuerdo 10108 del Consejo de Ministros deja sin efecto la realización del levantamiento en planta y descripción del inmueble, por las Direcciones Municipales de la Vivienda, y solo quedaría el dictamen de la Dirección de Ordenamiento Territorial y Urbanismo.

Con ello se logra reducir los términos en 15 días, explicó, no sin antes exhortar a las personas aún pendientes de hacerlo a solicitar la legalización de su inmueble para obtener los beneficios del acuerdo, una oportunidad que se extiende hasta el 31 de diciembre de 2025.

Aclaró que los más de 19 000 casos en alguna de las fases del proceso anterior recibirán en su momento la respuesta de las Direcciones Municipales de la Vivienda. (ALH)

Tomado de ACN