Rubén Remigio Ferro, presidente del TSP, explicó que en el proceso de aplicación de la norma se han acompañado a las diferentes instituciones que por su objeto social están estrechamente vinculadas con las familias y con los disímiles conflictos que se pueden generar en ese núcleo.

Añadió que se han impartido conferencias y conversatorios con diversos sectores y la población para aclarar dudas que todavía quedan de este código que por sus novedades y amplitud, genera interrogantes y preocupaciones en los ciudadanos.

Destacó que el sistema judicial cubano ha sido uno de los pilares principales de la vigencia práctica de esta jurisdicción, asegurando el cumplimiento debido de sus estatutos.

Yomays Olivarez Gainza, presidente de la Sala Civil, Familiar y Administrativa del TSP, señaló que el divorcio representa aproximadamente el 75 por ciento (%) de los asuntos de familia atendidos, lo que no es una cuestión nueva, teniendo en cuenta que de acuerdo a datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), Cuba presenta altos índices en este apartado.

Agregó que dentro de la materia hay un 25 % donde esta gestión se ejecuta de mutuo acuerdo, que pudiendo efectuarse en los notarios, se llevan a cabo directamente en los tribunales.

Puntualizó que dentro de este aspecto también se desencadenan otros asuntos de interés familiar como la acción de guarda y cuidado, con enfoque de responsabilidad, que tiene como un elemento novedoso que no solo se circunscriben a los niños procreados dentro del matrimonio, sino a todos los hijos menores de edad de la pareja para eliminar la discriminación.

Subrayó que otro punto importante que trae la normativa a la hora de separar los lazos conyugales es la compensación económica que resarza la desventajosa situación patrimonial en que queda una de las partes tras el divorcio por no haber realizado una actividad lucrativa y dedicarse al hogar en aquellos casos donde esto podría ocurrir.

De acuerdo con Olivarez Gainza, dentro del desenlace matrimonial, también se puede acceder al derecho real de habitación, el cual brinda protección en favor del miembro de la familia con necesidad de tutela, con el propósito de facilitar la obtención de vivienda para su continuo desarrollo como ser humano.

En materia de discriminación y violencia en el hogar, Maryla Anna Pérez Bernal, magistrada de la Sala Civil, Familiar y Administrativa del TSP, manifestó que es este tema, con atención priorizada, de los que ha generado mayor ocupación de formación por parte de los encargados de impartir justicia.

Enfatizó que en este Código se expone una definición de violencia familiar que recoge las diferentes manifestaciones de este acto, como física, psicológica, patrimonial, económica, sexual, entre otras y atiende no solo a las personas que se encuentran dentro de lazos afectivos, sino también a las que ya no lo tienen.

Reflejó que las principales víctimas de estos hechos son mujeres, niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas que se encuentran en situación de discapacidad, por lo que están en el centro de la protección judicial.

Informó que una de las características en esta temática es la tendencia de no reclamar la reparación de daños morales y materiales, a pesar de estar establecido.

Comentó además que entre las medidas de protección para los que se encuentran en esta situación están el alejamiento de quienes agreden, la asistencia obligatoria a programas de rehabilitación, entre otros.

Dentro del encuentro se calificó de profundo e integrador el texto legal recogido en el Código de las Familias, que no solo abarca a las diferentes composiciones de las mismas, sino también la defensa de las partes y protección de las personas que así lo requieran.

Jessica Jiménez Gainza/ ACN

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Las vistas orales se desarrollaron entre los días 11 y 13 de noviembre de 2025 y entre el 26 y el 29 del propio mes.

En la primera causa penal fue considerado responsable de los delitos de espionaje, actos en perjuicio de la actividad económica o de la contratación; así como de cohecho, sustracción y daño de documentos u otros objetos en custodia oficial y violación de los sellos oficiales e infracción de las normas de protección de documentos clasificados, estos últimos de carácter continuado.

Como resultado de tal calificación, el Tribunal le impuso la sanción conjunta a cumplir de privación perpetua de libertad.

En el segundo proceso se le consideró responsable de los delitos de cohecho de carácter continuado como medio a fin para cometer falsificación de documentos públicos; así como tráfico de influencias y evasión fiscal, ambos de carácter continuado.

En este caso, el Tribunal le impuso la sanción conjunta de veinte años de privación de libertad.

En ambos procesos contra Gil Fernández, se aplicaron sanciones accesorias de confiscación de bienes, prohibición del ejercicio de funciones que impliquen administración o disponibilidad de recursos humanos, materiales y financieros y privación de derechos públicos, entre otras.

Para determinar las sanciones a imponer, el Tribunal tuvo en cuenta los artículos 147 de la Constitución de la República, así como el 71.1 y el 29 del Código Penal, relacionados con los fines de la sanción, evaluando la lesividad social de los hechos cometidos por el acusado.

Alejandro Miguel Gil Fernández, mediante un actuar corrupto y simulador, se aprovechó de las facultades otorgadas por las responsabilidades que asumió para obtener beneficios personales, recibiendo dinero de firmas extranjeras y sobornando a otros funcionarios públicos para legalizar la adquisición de bienes. Engañó a la dirección del país y al pueblo que representaba, generando, con ello, daños a la economía. Incumplió procesos de trabajo con la información oficial clasificada que manejaba, la sustrajo, la dañó y finalmente la puso a disposición de los servicios del enemigo.

Estos comportamientos altamente lesivos evidenciaron en el acusado una degradación ética, moral y política que lo hacen merecedor de una respuesta penal severa, tal como demanda el Artículo 4 de la Constitución de la República, al dejar establecido que la traición a la Patria es el más grave de los crímenes y quien la comete está sujeto a las más severas sanciones. Los hechos sancionados vulneran, además, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, de la cual Cuba es miembro signatario.

Al acusado y a la Fiscalía les asiste el derecho de interponer los recursos que establece la ley durante el plazo de diez días.

Respecto a la sanción de privación perpetua de libertad, aunque no se impugne la sentencia, el Tribunal de oficio tramita recurso de apelación, como garantía del acusado recogida en la Ley del proceso penal.

Una vez resueltos los recursos contra las sentencias, de ratificarse su responsabilidad, se le formará una sanción conjunta y única a ejecutar entre todas las penas impuestas, tal y como prevé el Artículo 86 del Código penal vigente.

Tanto el acusado como sus abogados reconocieron que durante la tramitación de las causas y los actos de juicio oral se cumplieron los derechos y garantías consagradas en la Constitución de la República y la Ley del proceso penal.

Tribunal Supremo Popular/ Granma

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Durante el encuentro se puso de manifiesto los excelentes vínculos de trabajo y capacitación que une a ambas naciones y que han contribuido a la superación de los fiscales.

En el recorrido por el centro que ha merecido en cinco ocasiones consecutivas la condición de Distinguido Nacional, la delegación de la hermana nación conoció a través de Daisy Ramírez Naranjo, fiscal jefa provincial, la historia de la institución en Matanzas.

Asimismo, Ramírez Naranjo dialogó con la representación china sobre los valores que acompañan el ejercicio de la profesión en Cuba y resaltó las buenas relaciones que unen a ambos países por más de seis décadas.

Durante estas jornadas el Dr Ying Yong ha sostenido encuentros con representantes de las Fiscalía General de la República y el Tribunal Supremo Popular, donde llegaron a acuerdos sobre el desarrollo de los intercambios y la colaboración bilateral.

Por acuerdo del Consejo de Dirección de la Fiscalía General de la República de Cuba, le fue otorgado, el Sello  Aniversario de la Fiscalía General de la República al Dr. Ying Yong, Fiscal General de la Fiscalía Popular Suprema de la República Popular China.

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El Tribunal Supremo Popular (TSP) destaca que dichas normas responden a las disposiciones recogidas en la Carta Magna en sus artículos 94 y 95, donde se refuerzan los derechos y garantías de la población, lo que posibilita desplegar una mayor calidad en el proceso penal.

Con respecto a la Ley del Proceso Penal comparten como valoraciones generales que se trata de una legislación moderna, comprensible y práctica que permite la adecuación de la legalidad en función del enfrentamiento al delito en sus múltiples manifestaciones.

Para su correcta aplicación se ha insistido en la preparación intensa de magistrados, jueces, fiscales, abogados, instructores, policías y otras fuerzas de la Ley y el orden implicadas a la impartición de justicia, aunque señalan que persiste la necesidad de continuar las capacitaciones dado el carácter novedoso e integral del texto.

Subraya el TSP que en el actual contexto, ante el incremento en la incidencia y complejidad de los delitos y el número de denuncias en tramitación, junto al aumento de diligencias y acciones investigativas para cumplir las máximas del debido proceso, se demanda de mayor preparación de investigadores e instructores penales para evitar la dilación prolongada de algunos asuntos y demandas.

Por ejemplo, en el período señalado la Fiscalía General de la República determino la nulidad de 929 procesos, en su mayoría detectados en las fases preparatorias relacionados con actos que requirieron de ser subsanados o repetidos.

Los tribunales devolvieron además a la Fiscalía el 33 por ciento (%) de los asuntos recibidos, principalmente en La Habana y Santiago de Cuba, a causa de la necesidad de ampliar las investigaciones correspondientes, el restablecer quebrantamientos de formalidades y la no correspondencia entre los hechos imputados y los investigados, entre otros motivos.

Destacaron asimismo la aplicación de la medida de la prisión provisional en la gran mayoría de los imputados en hechos de mayor gravedad, resaltando en este apartado los delitos contra el ganado mayor, los asociados al tráfico de drogas, los vinculados a a la corrupción administrativa y los que afectaron la disponibilidad de combustible.

Otras de las medidas aplicadas conforme a lo establecido en el cuerpo legal fueron la prohibición de salida del territorio nacional en esperar del esclarecimiento de los hechos, la prohibición de acercamiento a las víctimas (principalmente en asuntos relacionados a la violencia de género) y la suspensión de licencias de conducción.

Compartieron que como resultado de la labor procesal durante el año resultaron sancionadas el 95% de las personas juzgadas, el 70 de ellos con sanciones de internamiento, el 21% con penas no retentivas y el 9% con sanciones de multas y en menor medida con amonestaciones (0,3%).

José Manuel Lapeira Casas/ACN

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En este sentido fueron sancionadas 12 personas. Siete de ellos eran trabajadores del central que se apropiaban del azúcar en sus turnos de trabajo o colaboraban con los delincuentes que la extraían de los almacenes.

Cinco fueron condenados a penas de encierro por la gravedad del delito, y la mayoría de ellos entraron ilegalmente a los predios del central; los siete restantes fueron sancionados de forma combinada con privación de libertad, que incluye la reclusión domiciliaria, y multas establecidas en consonancia con el valor del producto robado y a tono con las circunstancias que vive el país.

Al castigo se le suma el trabajo correccional sin internamiento bajo el estricto control y vigilancia del juez de ejecución y las demás organizaciones que participan en la tarea. Es válido aclarar que en todos los casos el producto sustraído fue recuperado.

La Instrucción 273 del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular dejó públicamente sentada la política penal a seguir en aquellos delitos que tengan alta incidencia en los territorios y dañen considerablemente el desarrollo político, económico y social del país. Es por ello que con estos inculpados se actuó con la severidad necesaria sin obviar las circunstancias de la comisión del delito y las condiciones personales de los acusados.

Los principales delitos penados son: hurto, que representa el 61 % de los casos; robo con fuerza; receptación y apropiación indebida. Los más graves, cuyas penas son superiores a ocho años de privación de libertad, son juzgados por salas provinciales.

El hecho más reprobable relacionado con el central Mario Muñoz, conocido por la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de Matanzas, fue la causa 2-38 del año 2023, seguida por un delito de cohecho previsto y sancionado en el Artículo 152.1.7 del Código Penal vigente al momento de ocurrencia del hecho, cometido por un acusado de 23 años, quien trabajaba como custodio en el mencionado complejo agroindustrial.

Mientras el trabajador cumplía sus funciones, fue contactado por un grupo de delincuentes. Estos le propusieron la suma de 3 000 pesos cubanos a cambio de que les permitiera acceder al almacén de azúcar refino que custodiaba, para sustraer tres sacos de azúcar.

En presencia del joven custodio, uno de estos malhechores accedió al interior del almacén y extrajo tres sacos de azúcar refino, que equivalen a 150 kilogramos (kg), valorados en 1 848,90 pesos cubanos, a razón de 12,33 pesos el kg.

El delito fue detectado y denunciado por uno de los directivos de la empresa, el cual se encontraba de recorrido. Por la gravedad de los hechos y su impacto económico, se le impuso al acusado la sanción de cuatro años de privación de libertad efectiva, internado en un centro del Minint. La pena está apegada al límite mínimo del delito, ya que se tuvo en cuenta su carencia de antecedentes penales, colaboración y buena conducta.

El Tribunal Provincial de Matanzas reconoce que esta sentencia aún no es firme y queda pendiente a los recursos de inconformidad que se pueden establecer por el acusado al Tribunal Supremo Popular.

El municipio de Los Arabos tiene en sus predios uno de los centrales azucareros más importantes de la provincia. La compleja situación económica que atraviesa el país ha provocado un incremento del delito, la corrupción y la indisciplina laboral, que obstaculizan el cumplimiento de los planes productivos.

Sin embargo, las autoridades reconocen que no todos los casos llegan al tribunal municipal popular del territorio para ser juzgados y condenados. El delito debe ser identificado a tiempo y castigado con la rigurosidad necesaria, porque, cuando se trata de proteger los bienes del pueblo, cualquier medida es poca. (CMB)

Boris Luis Alonso Pérez / Girón 

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De acuerdo con el rotativo, las normas jurídicas aprobadas la víspera por los miembros del Consejo de Estado son el Reglamento de la Ley de Ejecución Penal, y Del Régimen Especial de Seguridad Social de los Ciudadanos Cubanos Designados como Representantes de las Representaciones Comerciales Extranjeras en la República de Cuba.

La primera, presentada por el presidente del Tribunal Supremo Popular, Rubén Remigio Ferro, tiene como objeto implementar las disposiciones de dicha ley, en el curso del proceso de ejecución de sanciones penales, medidas de seguridad posdelictivas terapéuticas, cautelar de prisión provisional y sobreseimiento condicionado.

De acuerdo con el sitio web del Parlamento, ésta se refiere a lo relacionado con el modo y tiempo de actuación de los sujetos implicados.

Por su parte, el segundo Decreto-Ley establece un régimen especial de seguridad social dirigido a la protección de esos ciudadanos, con excepción de los que son sujetos del régimen general, explicó en la reunión la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó.

Entre otros asuntos, en el encuentro se analizó, además, el proyecto de ley del Código Penal Militar, previo a su presentación y discusión por los diputados en el Primer Periodo Ordinario de Sesiones de la X Legislatura de la Asamblea Nacional de Poder Popular (ANPP), que sesionará del 20 al 22 de julio.

Asimismo, se acordó convocar al proceso de elecciones de los jueces legos del Tribunal Supremo Popular, por la ANPP, y del resto de los tribunales de Justicia, por las asambleas municipales del Poder Popular, que se desarrollará entre el 1 de agosto de 2023 y el 28 de febrero de 2024.

En la jornada fueron aprobados también los cambios al Reglamento de funcionamiento de las Oficinas Auxiliares de la ANPP y del Consejo de Estado, así como el plan de temas de las reuniones de este último órgano, para el segundo semestre del año, detalló Granma. (ALH)

Tomado de Prensa Latina

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Las Salas de lo Penal de los tribunales provinciales populares de La Habana y Ciego de Ávila ratificaron las condenas a los acusados Yadier Delvá Simón y Alexander Nápoles Téllez, en las causas 366 y 77 de 2022, respectivamente, por privar de la vida, valiéndose para ello de armas blancas e instrumentos contundentes, a la que había sido su esposa y madre de su único hijo, en el caso del primero de los acusados y, el segundo, a anterior pareja, una vez que esta decidió separarse de él.

Señala la nota que los magistrados del máximo órgano judicial que conocieron de los asuntos, en cumplimiento del debido proceso y de los derechos y garantías de los apelantes, escucharon sus alegaciones, en las que Delvá Simón solicitó ser exonerado de responsabilidad penal, asegurando que su actuar estuvo condicionado por un profundo estado de alteración síquica, y Nápoles Téllez manifestó estar arrepentido.

Las pruebas testificales, documentales y periciales practicadas en el juicio desmintieron la versión del primero de los acusados y demostraron su responsabilidad en el delito cometido.

En cuanto al segundo de los imputados, quedaron probados los actos perpetrados y la falsedad de su supuesto arrepentimiento.

El tribunal actuante evaluó, en cada momento, la magnitud de las acciones cometidas por ambos, que ocasionaron la muerte de dos personas, vulnerando el derecho humano fundamental a la vida, así como lo regulado en la Constitución de la República de Cuba sobre la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, y la protección que debe procurárseles contra la violencia en cualquiera de sus manifestaciones y espacios.

La Sala también tuvo en cuenta que estos sucesos marcan irremediablemente el futuro de los hijos menores de edad de las víctimas y suscitan la total repulsa y absoluto rechazo por la sociedad, que defiende la inclusión, la igualdad y la no violencia.

Por tales razones, se desestimaron los recursos de apelación de los acusados y se confirmaron las sanciones de privación perpetua de libertad impuestas.

Con respecto a Delvá Simón, fue ratificada la decisión de privarlo de los derechos paterno-filiales y de tutela sobre el hijo que tenía en común con la fallecida.

El Código Penal vigente prevé, en su Artículo 345 apartado dos, el delito de asesinato, para el que establece sanciones de 20 a 30 años, privación perpetua de libertad o muerte, a quien prive de la vida a una mujer como consecuencia de la violencia de género, lo que evidencia la voluntad del Estado cubano de garantizar protección y atención legal a estas, castigando severamente a los declarados responsables de estos hechos.

Tomado de ACN

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El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, resaltó la necesidad de lograr transformaciones en el ámbito judicial y velar por el cumplimiento de lo establecido.

Participamos en la ceremonia de Apertura del Año Judicial. El que concluyó fue muy intenso en la aprobación de nuevas normas jurídicas y en el perfeccionamiento del sistema judicial de #Cuba. El 2023 no lo será menos y requerirá de mucho empeño y profesionalidad. #JuntarYVencer pic.twitter.com/5C5WVt8bNi

— Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) January 9, 2023

Al cierre de 2022 el TSP contaba con retraso en 539 asuntos y existían demoras en el cumplimiento de 400 sentencias. El asunto tuvo especial atención, pues supone una dificultad en el ejercicio de la justicia en nuestro país.

El «quehacer de magistrados, jueces y personal judicial deberá continuar enfocado, como objetivo primordial, a consolidar el conocimiento y dominio del contenido de esas nuevas normas, y garantizar y asegurar, en la práctica cotidiana, el estricto cumplimiento de lo que en ellas se dispone» acotó el presidente del Tribunal Supremo Popular, Rubén Remigio Ferro.

Díaz-Canel elogió el papel de los órganos de justicia en la modificación y elaboración de leyes el último año, las cuales contribuyeron a elevar el ejercicio del derecho, del poder popular y la democracia socialista.

El 2023 será un período intenso en materia legal, pero contamos con el aporte decisivo de los jueces cubanos, aseguró Miguel Díaz-Canel

Remigio Ferro comentó que defender y practicar, individual y colectivamente, los valores institucionales de supremacía constitucional, legalidad, sentido de lo justo, independencia e imparcialidad, será en el presente y en los venideros años, premisas y el aporte a la consolidación de Cuba como Estado socialista de derecho y justicia social, definido en nuestra Carta Magna.

A la sesión solemne, que se efectúa en el marco del 50 aniversario del Sistema de Tribunales de Justicia, asisten el secretario de Organización del Comité Central, @DrRobertoMOjeda, y la vicepresidenta de la @AsambleaCuba, @anamarianpp.

— Presidencia Cuba (@PresidenciaCuba) January 9, 2023

La ceremonia de apertura del año judicial se realizó en Cuba hasta 1973, cuando se acordó que coincidiría con el año natural. (ALH)

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