«Decidí dar un paso al costado y no seguir en la comunicación del gobierno de Javier Milei. Hoy me es imposible, en estas circunstancias, seguir adelante», afirmó Caruso. Su alejamiento –sumado al de Roust– deja vacante un área clave en los equipos de comunicación del Gobierno, que comandan el estratega Santiago Caputo, uno de los funcionarios sin cartera con mayor llegada al Presidente, el vocero presidencial, Manuel Adorni, y los influencers Iñaki Gutiérrez y Eugenia Rolón.

Si bien no se conocieron detalles de las razones de su renuncia, algunas voces señalan que surgieron desencuentros luego de que creciera la hipótesis de que el Gobierno avanzaría con la privatización de los medios públicos en los próximos días, como parte del paquete de medidas que estarían incluídas en el DNU de “desregulación económica” que preparan en la Rosada.

En su mensaje de renuncia, Roust – que había trabajado con Alberto Fernández cuando el ex presidente era jefe de Gabinete de Néstor Kirchner y también con otros dirigentes del peronismo- argumentó que “el vértigo que tiene el territorio digital o el mundo moderno de las comunicaciones, requiere de una velocidad informativa sin precedentes. Estas circunstancias hacen que el trabajo resulte para mí un poco inhumano” y me aparte de cuestiones esenciales de mi vida”.

Emergencia energética

La actividad en Casa Rosada, en tanto, quedó supeditada a lo que suceda a partir de la situación en Bahía Blanca. En agenda, el Gobierno tiene planeado declarar la emergencia en el sector energético y dispondrá la intervención de los entes reguladores de electricidad y gas, según trascendió este domingo.

Será a través de un decreto de necesidad y urgencia que se publicaría este lunes en el Boletín Oficial. La emergencia será declarada en los segmentos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción federal y de transporte y distribución de gas natural.

El decreto instruye a la Secretaría de Energía de la Nación a establecer los mecanismos para la «sanción de precios en condiciones de competencia y libre acceso, mantener en términos reales los niveles de ingresos y cubrir las necesidades de inversión, para garantizar la prestación continua de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural en condiciones técnicas y económicas adecuadas para los prestadores y los usuarios de todas las categorías». (ALH)

Tomado de Página 12

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