El legislador Jaime Estrada, de la bancada opositora Revolución Ciudadana, anunció la presentación de una denuncia formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por las violaciones cometidas por la fuerza pública contra manifestantes.

Estrada precisó que, junto con la denuncia, solicitaron medidas cautelares para las víctimas directas de la represión y pidieron que la CIDH conforme una misión de observación que verifique la situación en el país.

“Aspiramos que se inicie un proceso de veeduría a las violaciones de derechos ocurridas durante las protestas”, declaró el legislador.

Las movilizaciones, convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), comenzaron el 22 de septiembre en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel y se extendieron por 31 días, con epicentro en la provincia de Imbabura.

Durante los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden murieron dos comuneros kichwas —Efraín Fuerez y José Guamán— por disparos presuntamente realizados por militares y una mujer de 61 años presuntamente por las afectaciones de los gases lacrimógenos.

Organizaciones de derechos humanos reportaron alrededor de 300 heridos y más de 140 detenciones, entre ellas doce personas procesadas por terrorismo.

El presidente de la Conaie, Marlon Vargas, anunció el fin del paro el miércoles, tras denunciar “brutal represión” contra las comunidades.

Horas después, el Ministerio del Interior confirmó que las fuerzas de seguridad comenzaron a despejar las vías bloqueadas.

Si bien el paro no consiguió revertir la decisión del presidente Daniel Noboa de eliminar el subsidio al diésel, analistas consideran que las movilizaciones consiguieron posicionar el descontento popular con el Gobierno.

Tomado de ACN

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CCOO y UGT han convocado paros escalonados de dos horas —de 2:00 a 4:00, de 10:00 a 12:00 y de 17:00 a 19:00— mientras que CGT ha llamado a una huelga general de 24 horas. Los sindicatos han destacado que la protesta es abierta a trabajadores de todos los sectores y regiones del país.

En Córdoba, por ejemplo, estudiantes de distintos niveles educativos se sumaron a las manifestaciones, partiendo desde Las Tendillas y recorriendo varias calles del centro de la ciudad.

Durante la movilización se lanzaron críticas contra Escribano, una empresa vinculada a la tecnología armamentística israelí, y se anunció una concentración adicional por la tarde en la plaza central de la ciudad, a la que asistirán la UJCE, el PCE e Izquierda Unida, además de otras fuerzas de políticas.

Mientras tanto, en Gaza, Israel aseguró que cumplirá con su parte del acuerdo de alto el fuego y continuará facilitando la entrada de ayuda humanitaria a través del paso de Rafah. El compromiso incluye permitir el ingreso de hasta 600 camiones diarios con alimentos y suministros.

Por su parte, Hamás debe entregar a Israel los cuerpos de los rehenes fallecidos durante los últimos dos años; hasta el momento se han entregado ocho de los 28 cadáveres acordados.

La ONU subrayó la importancia de que la ayuda humanitaria no se utilice como “moneda de cambio” y advertió que no tolerará obstáculos en su distribución.

Tom Fletcher, jefe humanitario de la ONU, insistió en que la entrega de ayuda es una obligación legal y urgió a Israel a abrir más pasos fronterizos y a permitir un flujo constante de suministros para salvar vidas.

En paralelo, la reconstrucción de Gaza comenzó de manera parcial con la remoción de escombros en las calles principales de la ciudad.

Según estimaciones, la recuperación total del territorio podría requerir al menos 70.000 millones de dólares, de los cuales 20.000 millones serían necesarios en los próximos tres años para restablecer servicios básicos y condiciones de vida.

En los últimos días, Israel ha devuelto 45 cadáveres más de palestinos al Hospital Naser de Jan Yunis, sumando un total de 90 cuerpos entregados desde el inicio del acuerdo, en cumplimiento de la devolución de los cuerpos de 360 palestinos muertos durante la ofensiva militar.

Algunos informes señalan que los cuerpos presentan signos de abuso y mutilaciones, lo que ha generado alarma entre las organizaciones de derechos humanos.

El conflicto en Gaza sigue provocando movilizaciones internacionales y un creciente apoyo a la causa palestina, con llamadas a boicotear productos y empresas vinculadas a la ofensiva militar israelí.

Tomado de Cubadebate

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Están previstas manifestaciones este miércoles en varias ciudades, incluida Quito, la capital.

“​​Salimos a las calles para defender nuestros derechos, exigir justicia y rechazar la criminalización a la protesta, la brutal represión del gobierno”, señaló la UNE en su convocatoria.

Ecuador lleva más de 20 días consecutivos de protestas en diferentes puntos del país, fundamentalmente en provincias de la sierra, impulsadas por el movimiento indígena.

Con la intervención de policías y militares, el Gobierno de Daniel Noboa busca poner fin esta semana a las manifestaciones.

Esperamos que se acabe hoy y diría máximo mañana, pero no vamos a permitir que la situación se alargue a toda la semana”, afirmó este martes la ministra de Gobierno, Zaida Rovira.

La víspera, miles de uniformados realizaron un operativo en la provincia de Imbabura (norte), que ha sido el epicentro del paro nacional indefinido convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, (Conaie) contra la eliminación del subsidio al diésel.

El movimiento, además, pide al Gobierno reducir el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que pasó del 12 al 15 por ciento para destinar esos fondos a la lucha contra el crimen organizado y la inseguridad, sin embargo, la violencia persiste y el número de homicidios sigue al alza.

La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos y otros colectivos alertaron sobre la represión militar indiscriminada en Imbabura, donde un convoy “humanitario” reprimió a comunidades indígenas, dejando decenas de heridos.

La Conaie, en un comunicado, acusó al Gobierno de usar la ayuda humanitaria como disfraz para una operación militar.

“El convoy, lejos de ser humanitario, fue una operación de guerra contra el pueblo, planificado desde el poder. (…) Denunciamos que el Gobierno de Daniel Noboa ha optado por la represión en lugar del diálogo”, indicó la organización.

El presidente Noboa, por su parte, dijo durante un evento con agroproductores de la provincia costera de Guayas, que está abierto al diálogo solamente «con la gente que quiere trabajar, pero no con aquellos que quieren destruir la democracia con odio y violencia».

Tomado de Prensa Latina

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La ceremonia militar por el aniversario 250 del Ejército de Estados Unidos, que coincidirá con el cumpleaños 79 del presidente Donald Trump, provocará cierres de calles, la instalación de unos 29 kilómetros de vallas antiescalada, el uso de drones, mientras los participantes en las actividades pasarán por más de 200 controles de seguridad, entre otras medidas.

Por su parte, las acciones del sábado las convocan el movimiento 50501 bajo el lema “Un día de desafío”. El nombre “50501” significa “50 protestas, 50 estados, 1 movimiento”, según señala la página digital del grupo.

“Sin reyes” es la expresión de rechazo a la agresiva agenda de Trump desde que el mandatario republicano asumió el cargo el pasado 20 de enero.

El país vive un escenario de protestas que comenzaron en Los Ángeles ante la indignación popular por las redadas migratorias al estilo militar en esa ciudad de California hacia donde el presidente movilizó a casi cuatro mil miembros de la Guardia Nacional y unos 700 marines.

Trump describió como una “invasión extranjera” las protestas durante un discurso en la base militar de Fort Bragg, en Carolina del Norte.

También denigró a Los Ángeles que “ha pasado de ser una de las ciudades más limpias, seguras y hermosas del mundo a ser un basurero con barrios enteros bajo el control de bandas transnacionales y redes criminales”.

“En pocas palabras, liberaremos Los Ángeles y la haremos libre, limpia y segura de nuevo”, añadió Trump en su discurso el martes.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, advirtió en una entrevista concedida al diario La Opinión que la ciudad está bajo asedio desde que comenzaron el 6 de junio los operativos.

Los disturbios derivados de las redadas no ameritaba la presencia de la Guardia Nacional en Los Ángeles y mucho menos que emplazaran a los Marines, dijo.

“Traté mucho con la administración (de Donald) Trump de hacerlos ver que no era necesario que trajeran a las tropas federales, porque eso sería una provocación. La ciudad de Los Ángeles estaba en calma hasta que empezaron las redadas», subrayó. (ALH)

Tomado de Prensa Latina

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Con miles de personas en la Plaza del Congreso y las calles aledañas desde el inicio de la sesión en la Cámara de Diputados, los hechos más graves se replicaron minutos después de que 87 legisladores, del oficialismo y parte de la oposición, avalaran el veto.

Los incidentes iniciaron cuando un grupo de manifestantes logró avanzar sobre las vallas que se habían montado como parte del operativo de seguridad y dieron pie a la represión por parte de Gendarmería, Prefectura Naval Argentina y Policía Federal. Los efectivos de esas fuerzas utilizaron gases, bastones y balas de goma, encontrándose entre sus víctimas ancianos y niños.

Medios locales recogieron testimonios de las víctimas. Entre ellas, un hombre que dijo tener 80 años definió a los miembros de las fuerzas de seguridad como «cobardes» y aseguró que cobra «una miseria». «Me van a matar, 80 años, ya viví. Me están matando, no tengo remedios, no tengo comida, hace dos días que no como», expresó.

Otro jubilado relató que le «costaba respirar» y que le «picaba la garganta». «Por suerte, me asistieron y me metieron en un bar», dijo y agregó: «Nos tiraron gases, pero estoy de pie y voy a seguir luchando». «No alcanza la jubilación. Vine por eso, es una vergüenza lo que está pasando. No nos alcanza ni para comer, es un desgraciado este hombre», señaló.

En las inmediaciones del Congreso también se habían reunido equipos de emergencia para atender a los afectados por la represión; algunos sufrieron heridas sangrantes producto de los disparos de balas de goma.

Sin embargo, la mayoría de los atendidos fueron víctimas del gas pimienta que arrojó la Policía. Entre ellos hubo también menores de edad, como una niña que debió recibir atención médica.

«Yo veía cómo me señalaban y se reían. Primero me señalaron, era el objetivo», contó la menor detallando que le tiraron «gas pimienta» y le ardía «toda la cara».

Sin embargo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, culpó a la madre de la afectada y la llamó «irresponsable y violenta». «En estas últimas marchas hubo un grupo de militantes que fueron con piedras y palos a pegarle a la Policía, y ahora dicen que la Policía le tira gases a una nena. La responsabilidad de llevar a una nena de 10 años a una marcha rodeada de personas violentas es responsabilidad de esta madre irresponsable», expresó.

Por último, advirtió: «Ya lo dijimos: llevar a los chicos a las marchas está prohibido. Los chicos a las marchas, no». (ALH)

Tomado de RT en español

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La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un cese de actividades de 24 horas y señaló que las medidas de la dirección del país “atentan contra el sistema público en su totalidad, a través de fuertes recortes salariales, intentos de cierre de organismos y amenazas de despidos”.

Además, demandó la renovación de más de 70 mil vínculos laborales en la Administración Pública Nacional que vencen el 31 de marzo.

“Enfrentamos a un Poder Ejecutivo violento en su discurso y absolutamente insensible en sus embestidas a los trabajadores y jubilados”, indicó el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar.

“Sin piedad siguen recortando salarios y jubilaciones. Utilizan la inflación y un presupuesto vencido como herramientas para aplicar un ajuste fenomenal en el Estado”, añadió.

Asimismo, precisó que la medida de fuerza se desarrollará en el marco de un plan de lucha del Frente de Gremios Estatales y de Empresas Públicas.

Asimismo, instó a denunciar el cierre de entidades públicas e impedir que se retire los recursos y el apoyo a las provincias.

Por su parte, la Central de Trabajadores de Argentina-Autónoma y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular celebrarán una jornada nacional de lucha para expresar su rechazo al ajuste y a un decreto de necesidad y urgencia firmado por Milei para reformar o derogar más de 300 normativas.

Tomado de Prensa Latina 

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