Routh planeó, acechó y esperó el momento para intentar dispararle al entonces candidato presidencial republicano, quien apenas en julio del propio año también había sido objeto de otro atentado fallido, del que salió con una oreja rasguñada.

El hombre se instaló en un nido de francotirador en el borde del campo de golf de Trump en West Palm Beach, sureño estado de Florida, pero fue descubierto por un agente del Servicio Secreto.

Routh, que ejerció la autodefensa en el juicio, fue declarado culpable de cinco cargos en septiembre.

La jueza federal a cargo del caso, Aileen Cannon, nombrada por Trump en su primer mandato, además de la cadena perpetua le sumó otras largas condenas por cargos que incluyen tratar de asesinar a un importante candidato presidencial.

“No hay nada ante usted más que una cáscara vacía de estadounidense”, afirmó Routh a la jueza, que dijo: “Su complot para matar es deliberado y malvado a pesar de su fingida tranquilidad”.

Junto con la sentencia de por vida, se le impusieron de manera concurrente 84 meses por posesión de un arma de fuego en un crimen violento; 240 meses por atacar a un agente federal; 18 meses por posesión de un arma de fuego siendo un delincuente convicto, y 60 meses por posesión de un arma de fuego con número de serie borrado.

El fiscal John Shipley dijo que el convicto “no mostró remordimiento” y que “se preparó para matar o agredir por la fuerza a cualquiera que se interpusiera en su camino”.

Routh logró colocarse aproximadamente a 38 metros de distancia desde donde apuntaba con su rifle SKS, mientras aguardaba por Trump. En una carta que se obtuvo en el proceso investigativo, confesó que hizo lo mejor que pudo y puso toda la determinación en su empeño por lograr el objetivo e instó a cualquiera que estuviese dispuesto a terminar el trabajo si él fallaba.

“Ahora depende de ustedes terminar el trabajo”, escribió al insistir que ofrecería 150 mil dólares “a quien pueda completarlo”, en referencia al atentado contra Trump.

Prensa Latina 

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Horas después que la defensa de Bolsonaro presentara el diagnóstico de dos hernias inguinales para argumentar la urgencia de la intervención quirúrgica, De Moraes ordenó que el informe fuera examinado mañana por el Instituto Nacional de Criminalística.

«Después que se realice el examen y se añada el informe pericial, se debe llegar a una nueva conclusión de inmediato», reiteró el ministro.

El estado clínico de Bolsonaro resulta objeto de controversia entre De Moraes y el staff jurídico del exgobernante desde al menos el 11 de diciembre.

Los abogados argumentan que el excapitán del Ejército necesita someterse urgentemente a dos cirugías.

Una primera sería para tratar el hipo, una secuela previamente registrada. La segunda ante un «empeoramiento del diagnóstico de hernia inguinal unilateral».

Sin embargo, De Moraes cuestionó los informes presentados por la defensa, argumentando que la prueba a la que se sometió Bolsonaro no indicaba la necesidad de una intervención quirúrgica inmediata.

«Los exámenes médicos presentados por la defensa no están actualizados; el más reciente se realizó hace tres meses», cuestionó.

Ordenó entonces a la PF a que realizara una revisión médica en un plazo de 15 días para determinar la necesidad de la cirugía. De concretarse, sería la séptima desde que Bolsonaro recibió una cuchillada en el abdomen en 2018.

También el médico personal sugirió que el exmandatario ingresara en el capitalino hospital DF Star para someterse a una intervención.

Condenado a 27 años y tres meses de cárcel por tentativa golpista, Bolsonaro cumple su pena en la Superintendencia de la PF en Brasilia, donde recibe atención médica de guardia.

Bajo arresto domiciliario desde agosto, el expresidente fue enviado el 22 de noviembre a prisión preventiva tras violar su tobillera electrónica y representar un riesgo de fuga.

Según registros judiciales, la pulsera de monitoreo, impuesta como parte de la reclusión en casa mientras aguardaba sus apelaciones, fue encontrada con quemaduras y daños visibles, lo que disparó la alarma de huida.

En una audiencia con un juez, Bolsonaro admitió haber intentado romper la tobillera y lo hizo tras sufrir lo que describió como «alucinaciones y paranoia» provocadas por un cambio reciente en su medicación.

No obstante, la decisión del Supremo fue unánime. La manipulación del dispositivo constituyó una violación grave a las condiciones impuestas, la ley fue aplicada y Bolsonaro ingresó a la celda.

Juventud Rebelde 

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La información apareció inicialmente en la cuenta de X identificada como ‘Paulo Albuquerque’, quien supuestamente es un periodista brasileño. El tuit rápidamente se volvió viral, consiguiendo hasta la fecha más de 4 millones de visitas y provocando distintas reacciones entre otros usuarios.

Sin embargo, rápidamente se sospechó que se trataba de una ‘fake news’, ya que, aunque el perfil de la citada persona presume que fue elegido por el diario O Globo como «el carioca de 2023», Paulo Albuquerque no cuenta con publicaciones en ningún medio.

Luego que el nombre de Dani Alves se convirtiera en tendencia, el corresponsal de ESPN en Barcelona, Moisés Llorens, informó en X que el futbolista está vivo. «Daniel Alves está vivo. Qué mal gusto tienen algunos…», escribió.

Asimismo, el periodista de TNT Sports, Marcelo Bechler, ha informado que el servicio de prensa del futbolista «contactó con sus abogados y niega el rumor que está circulando esta tarde».

Tomado de Rusia Today

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El Decreto-Ley 81/2023 se basa en los principios fundamentales de la Constitución de la República de Cuba y en las leyes laborales existentes en el país. Reconoce el valor del trabajo como un derecho y un deber social, y busca proporcionar a las personas privadas de libertad oportunidades para su desarrollo personal y familiar, así como para contribuir al pago de responsabilidades civiles derivadas de delitos cometidos.

El régimen laboral especial establecido por el Decreto-Ley se aplica a las personas cubanas o extranjeras que cumplen sanciones penales en los establecimientos penitenciarios. Estas personas podrán trabajar dentro o fuera de los establecimientos penitenciarios durante su período de sanción penal o prisión provisional.

El Decreto-Ley establece que la relación laboral entre las personas privadas de libertad y la autoridad penitenciaria será subordinada y remunerada. Se establecen disposiciones para garantizar la seguridad y la salud en el trabajo, así como la protección social de los trabajadores privados de libertad.

El régimen laboral especial no se aplica a las actividades que forman parte del proceso educativo dentro de los establecimientos penitenciarios. Además, el Decreto-Ley asegura que todas las disposiciones se apliquen sin discriminación por razones de sexo, género, orientación sexual, identidad de género, edad, origen étnico, color de piel, creencia religiosa, discapacidad u otras condiciones personales.

Con esta medida, Cuba busca promover la reinserción social de las personas privadas de libertad y garantizar sus derechos laborales durante su período de sanción penal. Se espera que este régimen laboral especial contribuya al desarrollo personal de los trabajadores y a su futura reintegración en la sociedad. (ALH)

• Lea el nuevo decreto ley en PDF

Tomado de Cubadebate

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Todo en medio de la oleada de violencia en los centros penitenciarios del país, que las organizaciones de derechos humanos achacan al abandono del Estado y el mandatario conservador, Guillermo Lasso, a los enfrentamientos entre grupos ilegales.

Es un episodio recurrente en el país andino. El lunes 3 de octubre en la noche se desató un motín en la cárcel Cotopaxi Número 1, en las inmediaciones de la ciudad de Latacunga, que se saldó con al menos 15 fallecidos y 21 heridos.

Así lo informó el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI), que aseguró que cuando las autoridades carcelarias recuperaron el control del centro penitenciario ya no se pudo hacer nada por las víctimas.

Todo comenzó con una simple recolección y actualización de datos en Cotopaxi Número 1. Los presos participaban en la actualización del censo penitenciario ecuatoriano cuando empezaron los enfrentamientos. Al darse cuenta de la situación, el SNAI avisó a la policía para activar «todos los protocolos de seguridad, con la finalidad de proteger la seguridad del centro carcelario».

Los equipos tácticos de la policía ingresaron en el centro para intentar retomar el control y las Fuerzas Armadas resguardaron los alrededores. Algunos civiles registraron imágenes de cómo algunos reos se intentaron refugiar en los techos del edificio para evitar involucrarse en los enfrentamientos.

La SNAI ha advertido que la cifra de muertos podría aumentar en cualquier momento, ya que el trabajo de los médicos forenses y las investigaciones están todavía en marcha. En redes sociales se baraja la versión de que entre los fallecidos estaría Leandro Norero, acusado de dirigir la banda de narcotráfico Jalisco Nueva Generación.

“Respecto a la muerte del procesado Leandro N., la Fiscalía de Ecuador informa que luego de las pericias de identificación correspondientes se podrá confirmar o no su deceso”, señaló la institución.

Mientras, como ya ha pasado en anteriores ocasiones en este tipo de reyertas, los familiares de los reos esperan en las inmediaciones a que les den información sobre el paradero y estado de sus seres queridos.

Una tragedia de largo recorrido en Ecuador

El problema en las cárceles ecuatorianas viene de largo. Solo en 2021, al menos 316 presos murieron durante varios motines carcelarios en el país. Una cifra que supera los más de 400 muertos en cárceles si nos remontamos al 2020, fruto principalmente de enfrentamientos entre bandas ilegales rivales.

En 2006, cuatro presos murieron y 22 resultaron heridos en medio de un tiroteo en la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil.

Salvo este hecho más bien aislado, la verdadera escalada de violencia penitenciaria fue a partir de finales del 2020. En diciembre de ese año, al menos ocho reos murieron en la prisión Número 2 de Esmeraldas, en un supuesto conflicto para ver quién se quedaba con el control de la cárcel.

En 2021, el 23 de febrero se dieron tres motines simultáneos: en los centros penitenciarios de Guayas, Azuay y Cotopaxi. Un suceso que se saldó con al menos 80 decesos en los tres lugares, 20 de ellos decapitados, todo como supuesta represalia al asesinato de un narcotraficante conocido como alias el Rasquiña.

El 21 de julio volvieron las reyertas en los penales de Cotopaxi y en el Número 1 de Guayas, con un saldo de 22 muertos. Ante el brote de violencia, el presidente Guillermo Lasso se decantó por declarar el estado de emergencia.

Pero el incidente más grave que se ha registrado en los últimos tiempos fue el del 28 de septiembre de 2021, cuando 120 reos fallecieron en un motín en la conocida como Penitenciaría del Litoral, el Centro de Privación de Libertad Número 1 de Guayaquil.

Desde entonces, se han registrado al menos cinco motines más y decenas de muertos en ellos. La última antes de la de este lunes fue hace menos de tres meses, en Santo Domingo de los Colorados.

¿Por qué hay tantos motines en las cárceles en Ecuador?

Si bien la violencia entre bandas es uno de los principales motivos de estos episodios, no es el único.

El Gobierno del conservador Guillermo Lasso ha atribuido esta violencia a las luchas entre bandas por las rutas de narcotráfico y el control de diversas zonas del país, estratégico en el contrabando de drogas por su ubicación entre Colombia y Perú. Pero es una problemática que va más allá.

«Ecuador se encuentra bajo una grave amenaza externa por el ataque de las mafias del narcotráfico, las mismas que pretenden tomar control de los centros de privación de libertad del país y quitarnos la libertad en las calles y ciudades», afirmaba el presidente Lasso durante una rueda de prensa en noviembre de 2021.

Sin embargo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado que este problema se centra más bien en la ausencia del propio Estado. En un informe al respecto de la situación, la organización sostuvo que el sistema penitenciario de Ecuador está asolado por el abandono estatal, la ausencia de una política integral y las malas condiciones de los reclusos.

“La CIDH identifica la ausencia de control efectivo por parte del Estado en los centros donde ocurrieron los hechos de violencia más graves, lo que habría derivado que en la práctica el control intracarcelario esté a cargo de las propias personas detenidas”, apuntó la organización en su informe sobre la crisis de cárceles en la nación andina.

Algo que se suma a la connivencia del Estado y sus funcionarios con los integrantes de las redes de narcotráfico. El 20 de septiembre, la policía detuvo a tres agentes de Cotopaxi Número 1 por participar en el tráfico de municiones, tras ser descubiertos intentando ingresar casi 500 balas a la cárcel.

En las redadas y requisas después de los episodios de violencia, la policía siempre ha dado con armas de fuego, armas blancas (como machetes) y diferentes tipos de municiones.

Corrupción, enfrentamientos entre bandas, abandono estatal y hacinamiento hacen parte del ambiente de las cárceles ecuatorianas. En la actualidad, Ecuador tiene 36 prisiones que albergan a más de 32 000 reclusos y superan en un 11.3% su capacidad máxima, según cifras oficiales. (ALH)

Tomado de Cubadebate

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