En el salón plenario del Palacio de Convenciones de La Habana y en la X Legislatura del máximo órgano del Estado, se expone esta mañana la marcha de los principales programas para el desarrollo sostenible e integral de la provincia de Camagüey, y todo lo implementado en sintonía con el Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía.

El informe expuesto por Luis Enrique Sutil Sarabia, Gobernador del territorio, subraya que se cuenta con 67 acciones encaminadas a transformar aspectos como la inestabilidad de los cuadros, el incumplimiento de la zafra azucarera, el enfrentamiento al delito, las ilegalidades y los precios abusivos, y la falta de atención por algunas administraciones a la solución de los planteamientos y en general el vínculo con la base.

Durante la jornada de este viernes se someterá a aprobación por el Parlamento los proyectos de las leyes del Sistema Deportivo Cubano, del Código de la Niñez, Adolescencias y Juventudes y del Registro Civil, entre otros aspectos de interés.

Tomado de la ACN

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Según reportes de la prensa nacional, la ANPP dará curso al mandato de los parlamentarios en la última sesión del ente en el que acordaron la más alta fiscalización del Mitrans, a partir de un programa de trabajo con 17 acciones fundamentales.

Con ese fin se recabará la participación de trabajadores del sector y de la ciudadanía, a través de diversas plataformas informativas, incluidas las redes sociales y el sitio web del organismo transportista.

El ejercicio de verificación, evaluará el cumplimiento de las misiones específicas del Mitrans, el plan de transportación de pasajeros y de cargas y la incidencia del sector en el programa gubernamental para incentivar la economía.

Los diputados al parlamento cubano analizarán también los resultados de ese ministerio en la aplicación de la ciencia y la técnica, la transformación digital y la implementación de la ley de comunicación social en el sector.

(Tomado de Cubadebate)

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El titular del sector precisó que se planifican gastos totales ascendentes a 518 mil 935 millones de pesos, con un crecimiento de 44 mil 714 millones de pesos con respecto al Presupuesto del presente año.

Destacó que para garantizar programas priorizados y los servicios básicos a la población, con especial atención en los sectores de la salud, educación, asistencia y seguridad social, la cultura y el deporte, se proyectan gastos de 315 mil 620 millones de pesos, cifra superior al estimado en 16 mil 370 millones de pesos y que representa el 71 por ciento (%) del total, lo cual reafirma la voluntad del Estado cubano de atender estos sectores.

El titular de Finanzas y Precios apuntó que para el próximo período se proyectan ingresos brutos por valor de 433 mil millones de pesos, que representa un crecimiento del 11% con relación al estimado de 2024, por 43 mil 593 millones de pesos, así como los ingresos tributarios que se planifican en 294 mil 805 millones de pesos, representan el 68% del total de ingresos.

Para reforzar el ejercicio fiscal se implementarán nuevas medidas como la eliminación de la exención del pago del impuesto a los trabajadores por cuenta propia en los tres primeros meses al inicio de su actividad económica y se incorpora la aplicación del impuesto especial a los servicios públicos de telecomunicaciones en un 5%, añadió.

Subrayó que la propuesta del Presupuesto del Estado respalda las inversiones materiales previstas en el Plan de la Economía, por un importe de 56 mil 841 millones de pesos, lo cual incluye 29 mil 663 millones para la ejecución de los proyectos de parques fotovoltaicos para la transición de la matriz energética.

Resaltó como un signo positivo que los ingresos planificados financiarán el 83% del total de los gastos, siendo este superior en dos puntos porcentuales con respecto al estimado inicial y que indica una reducción del déficit fiscal.

Explicó que dicha reducción extiende la tendencia ocurrida en el año en curso, con un déficit fiscal de 90 mil 061 millones de pesos, que se reduce asimismo en un 39%, inferior al aprobado en 57 mil 329 millones de pesos.

De está manera, Regueiro Ale ponderó el papel de la recaudación territorial y el desempeño del Sistema Tributario para generar recursos financieros con los que dar cumplimiento a estos objetivos cruciales para la estabilización macroeconómica.

La propuesta del Presupuesto del Estado para el 2025 se fundamenta en las Proyecciones de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, así como las Indicaciones del proceso de elaboración del Plan de la Economía.

Tomado de Agencia Cubana de Noticias

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Se prevé en la jornada la intervención de Manuel Marrero Cruz, miembro del Buró Político y Primer Ministro de la República, quien ofrecerá una actualización del estado de cumplimiento de las Proyecciones de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, a un año de su puesta en vigor.

También tendrá lugar la presentación de los Objetivos y metas de la economía para 2025, por Joaquín Alonso Vázquez, titular de Economía y Planificación, y del Proyecto de Ley del Presupuesto correspondiente a ese año, por Vladimir Regueiro Ale, ministro de Finanzas y Precios.

En jornadas anteriores se realizaron las reuniones de las Comisiones Permanentes de Trabajo del órgano supremo del poder del Estado del país donde los diputados abordaron los temas más importantes de la agenda nacional.

NOTICIA EN DESARROLLO

Tomado de Agencia Cubana de Noticias

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Homero Acosta Álvarez, secretario de la ANPP, detalló en el espacio Mesa Redonda que las sesiones del Parlamento tendrán lugar en un contexto complejo para el país, marcado por las tensiones de los últimos meses en que se han presentado dificultades con el Sistema Eléctrico Nacional y las afectaciones por fenómenos naturales.

Durante los días 16 y 17 se reunirán las Comisiones de Trabajo del Legislativo cubano para debatir temas como la transformación del sistema de ciencia, tecnología e innovación en la gestión de Gobierno, el sistema de cuidados y el proceso de rendición de cuentas del delegado a sus electores, que se ha desarrollado durante este año, comentó Acosta Álvarez.

La Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos analizará la marcha del proceso penal y se discutirá sobre las indisciplinas sociales y la producción de alimentos, informó el también secretario del Consejo de Estado.
A partir del 18 de diciembre los diputados de la ANPP chequearán en sesión plenaria los acuerdos del anterior periodo y abordarán el cumplimiento del Plan de la Economía del presente año, tras la aplicación de la Estrategia para corregir distorsiones y reimpulsar el sector, trazadas por el Gobierno en la mayor de las Antillas, explicó.

Se presentará el Proyecto de Ley del Presupuesto del Estado para 2025, subrayó Acosta Álvarez.

Anotó que entre los temas se dará a conocer cómo marcha la implementación de la Política para la Atención Integral a la Niñez, las Adolescencias y las Juventudes y se pondrá sobre la mesa el Proyecto de Código de la Niñez, Adolescencias y Juventudes.

La actividad legislativa será la protagonista en la última jornada de la ANPP cuando se presenten los proyectos de ley «Del Ejercicio de la Abogacía y la Organización Nacional de Bufetes Colectivos (ONBC)» y el «Del Notariado», refirió.

José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos del Parlamento, destacó que la Ley del Notariado descentralizará la función notarial en el país, pues las notarías en lo adelante se subordinarán directamente al Ministerio de Justicia, en función de garantizar la calidad de las gestiones y de prestar un servicio más eficiente al pueblo.

Esas entidades se autofinanciarán a partir de los recursos que ingresen para aportar al presupuesto estatal, indicó Toledo Santander. La del Ejercicio de la Abogacía y la ONBC, por su parte, regulará los derechos y deberes de los abogados y la práctica de su profesión, para cerrar un ciclo dedicado al perfeccionamiento de las instituciones y actores del Derecho en Cuba, dijo el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos.

Desde que entró en vigor la Constitución de la República en 2019, se han aprobado 50 leyes y 113 decretos leyes, acotó.

La Asamblea Nacional del Poder Popular es el órgano supremo del poder del Estado. Su actual legislatura se compone de 470 diputados y de ellos más del 55 por ciento son mujeres.

Tomado de Agencia Cubana de Noticias

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En el intercambio convocado por la Bancada de Izquierda, el representante cubano condenó esa política ilegal y agradeció la solidaridad con Cuba, explicó en su cuenta de X.

Intervine en audiencia en Parlamento Federal de #Alemania, @Bundestag, convocada por bancada de la izquierda @dieLinke.

Expusimos sobre efectos del bloqueo de #USA vs #Cuba. Amplia condena a esa ilegal política y contudente solidaridad con nuestro país. #CubaNoEstáSola pic.twitter.com/WySSqVwjbt

— Homero Acosta Álvarez (@HomeroAcostaA) December 2, 2024

Durante su estancia en la nación europea, Acosta Álvarez se reunió con Annette Walter, directora para América Latina y el Caribe del Ministerio de Asuntos Exteriores se Alemania.

En el encuentro analizaron temas de la agenda bilateral y las vías para fortalecer las relaciones entre ambos países.

Como parte de su agenda el parlamentario dialogó con cubanos residentes en Alemania a quienes informó sobre la realidad cubana y actividad legislativa.

Los presentes reafirmaron su compromiso con el proceso revolucionario.

Tomado de Agencia Cubana de Noticias

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Morfa González felicitó al claustro de profesores del centro por la calidad de sus profesionales y las alianzas con centros de investigaciones y empresas que aseguran el cumplimiento de sus programas de estudio.

Durante el intercambio reconocieron el impacto de las  investigaciones de pregrado y postgrado en el programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía.

Hasta la Empresa de Construcción y Montaje de Matanzas llegaron la miembro del Consejo de Estado  Taymí Martínez Naranjo y la presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular en el municipio Matanzas Dailín Alfonso Mora quienes también representan al pueblo matancero en el Parlamento Cubano.

La Casita Infantil Peques A La Obra, inaugurada en el centro, forma parte del empeño de este colectivo de apoyar a las madres trabajadoras del sector de la construcción  y la comunidad del Barrio en Transformación Márgenes del Río San Juan.

El Hospital  Clínico-Quirúrgico-Docente Faustino Pérez de Matanzas, un centro de referencia en las actividades de impacto social y los servicios de salud pública, resultó otra de las instituciones visitadas.

Los diputados matanceros conocieron de la buena experiencia del actor económico no estatal que presta servicios al personal de salud y pacientes del centro así como el moderno equipamiento de la Sala de Cuidados Paliativos

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“Todas las personas tienen derecho a solicitar y recibir del Estado información veraz, objetiva y oportuna, y a acceder a la que se genere en los órganos del Estado y entidades, conforme a las regulaciones establecidas”. (Art. 53)

“Se reconoce el derecho de toda persona de acceder a sus datos personales en registros, archivos u otras bases de datos e información de carácter público, así como a interesar su no divulgación y obtener su debida corrección, rectificación, modificación, actualización o cancelación. El uso y tratamiento de estos datos se realiza de conformidad con lo establecido en la ley”. (Art. 97)

“Los órganos del Estado, sus directivos y funcionarios actúan con la debida transparencia”.

La nueva ley, que se fundamenta en los preceptos constitucionales que establecen los principios fundamentales del Estado socialista de derecho (artículos 1, 8 y 10), está en sintonía con la legislación nacional y los acuerdos internacionales de los que Cuba es parte; el objetivo de desarrollo sostenible 16 y los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución (5, 6, 82, 84, 89, 194, 195, 197, 199, 200 y 201).

Para su elaboración, se estudiaron 11 decretos leyes en el ámbito nacional y se hizo un estudio comparado de 123 leyes de transparencia y acceso a la información a nivel internacional.

Entre otros elementos, se tuvieron en cuenta los preceptos constitucionales, el Decreto Ley sobre la Seguridad y Protección de la Información Clasificada y Limitada y políticas y disposiciones normativas relativas al sistema de registros públicos, la gestión documental y archivos, el sistema de información de gobierno, la informatización de la sociedad, la protección de datos personales y la comunicación social del Estado y el Gobierno cubanos.

Al presentar el proyecto de ley a los parlamentarios reunidos en el Palacio de Convenciones, el ministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Eduardo Martínez Díaz, recordó las palabras de Raúl cuando afirmó en 2010 que “es preciso poner sobre la mesa toda la información y los argumentos que fundamentan cada decisión y, de paso, suprimir el exceso de secretismo a que nos habituamos durante más de 50 años de cerco enemigo.

“Siempre un Estado tendrá que mantener un lógico secreto en algunos asuntos, eso es algo que nadie discute, pero no las cuestiones que definen el curso político y económico de la nación. Es vital explicar, fundamentar y convencer al pueblo de la justeza, necesidad y urgencia de una medida, por dura que parezca”.

Martínez Díaz explicó que esas ideas acompañaron el proceso de elaboración del proyecto de ley conducido por el Citma, seguido de cerca por el presidente Miguel Díaz-Canel y que implicó un amplio mecanismo de consulta especializada, concluyendo de forma colectiva con la participación de un grupo grande de instituciones y expertos de todo el país.

El ministro precisó que en el proceso de conciliación se recibieron 307 opiniones. “Todas fueron respondidas y conciliadas con cada uno de los compañeros. Se aceptaron de forma total o parcial 196, es decir, la mayor parte de las propuestas recibidas”.

“Esta ley −sostuvo Martínez Díaz−, es la más alta expresión de la voluntad política del Estado y el Gobierno cubanos de transparentar su gestión. Todo ello, en un contexto económico y mediático del cual todos aquí sabemos que saldremos victoriosos”.
Lo que establece la nueva ley

En su artículo primero, se establece que esta ley, sin precedente en el país, regula la transparencia y el derecho a la información pública, además de establecer las obligaciones que deben cumplir sus responsables.

Entre sus fines, se declaran el cumplimiento efectivo y responsable de las obligaciones de los sujetos obligados respecto a la transparencia y el acceso a la información pública en todo tipo de soporte, así como a la protección de los derechos ciudadanos previstos en la Constitución y el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en todo tipo de soporte.

Igualmente, promover el uso de las TIC como soporte de la transparencia, una mejor toma de decisiones de la gestión pública, escrutinio social y participación ciudadana sobre las acciones de la Administración.

Por “información pública”, la ley entiende “aquella que generan o custodian los sujetos en el ejercicio de sus funciones públicas, así como las personas naturales y jurídicas que reciben financiamientos y otros beneficios públicos” contenidos en todo tipo de soporte.

La ley considera “sujetos obligados” a los órganos superiores del Estado, los organismos de la Administración Central del Estado, sus entidades subordinadas y adscriptas; las entidades provinciales y municipales y otras entidades y empresas nacionales, que prestan servicios públicos.

Igualmente, a las estructuras de la Administración provincial, sus dependencias y entidades subordinadas o adscriptas; los Consejos de la Administración Municipal y demás estructuras, dependencias y entidades subordinadas o adscriptas, y las organizaciones de masas, sociales y todo aquel que recibe financiamientos y otros beneficios públicos.

En el capítulo II, referido a la aplicación y principios de ordenación, se establece, entre otros principios, el derecho de las personas a solicitar y recibir del Estado información veraz, objetiva y oportuna. Además, que los sujetos obligados aseguran la amplia disponibilidad de información pública sobre sus actuaciones, por todos los medios posibles, sin que medie una solicitud.

En cuanto al alcance limitado de las excepciones, establece que “el derecho de acceso a la información pública solo se puede limitar por causas excepcionales, conforme a lo establecido en esta ley y las disposiciones normativas relacionadas con estas excepciones”.

Otros principios recogidos son los de calidad de la información pública, la celeridad, gratuidad, inclusión y no discriminación, publicidad y responsabilidad.

También (en el capítulo III) define el Sistema Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, declara la finalidad de promover una cultura de la transparencia en la gestión pública y encarga al Citma elaborar propuestas de actualización de la legislación en esta materia y asesorar y supervisar a los sujetos obligados en el grado de implementación de la ley.

Sobre los sujetos obligados, legisla en la sección segunda del título III que les corresponde salvaguardar los intereses del Estado y sus ciudadanos; asegurar la trazabilidad de su gestión administrativa; promover la capacitación continua y especializada del personal vinculado a estos temas; brindar información pública en los plazos establecidos, con la calidad, veracidad y objetividad requeridas y rendir cuentas sobre su gestión en el cumplimiento de sus responsabilidades.

“Todas las personas tienen derecho a acceder y consultar la información pública, cuando no se encuentre transparentada, que comprende el derecho de recibirla y divulgarla, siempre que no se incluya entre las excepciones establecidas en la presente ley. (Art. 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública)

“Los solicitantes son responsables del uso de la información a la que acceden (…) Hacerlo indebidamente puede generar responsabilidad administrativa, civil o penal, conforme a la legislación vigente”.

(Art. 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública)

La ley incluye entre las excepciones al acceso a la información pública “la información clasificada o limitada y aquellas circunstancias, hechos o atributos que, de divulgarse, constituyan un daño, peligro, afectación o violación” para la soberanía, defensa y seguridad nacionales, los datos personales, un procedimiento judicial o administrativo en trámites, los derechos de propiedad intelectual, la confidencialidad de datos comerciales y el medioambiente.

La nueva normativa entrará en vigor a los 180 días hábiles a partir de su publicación en la Gaceta Oficial. Entre sus disposiciones finales, faculta al ministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente para que en el plazo de 60 días posteriores a su entrada en vigor elabore los procedimientos a los efectos de su implementación.
Los diputados opinan

El dictamen de la ley fue presentado por la diputada Martha del Carmen Mesa Valenciano, presidenta de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, quien recordó que el proyecto de ley estuvo disponible en el sitio web de la Asamblea Nacional del Poder Popular, donde se recibieron opiniones, además de ser analizado en varias reuniones con los parlamentarios.

Daicar Saladrigas González, diputada por Camagüey, destacó que la normativa fue ampliamente debatida, es sencilla y concisa, y el reto está “en su implementación para instituciones y sectores de la sociedad, porque implica un cambio sustancial en lo que han sido nuestras prácticas hasta ahora”.

De ahí −continuó la diputada− la importancia de las disposiciones especiales enfocadas en la capacitación y el encargo de ello al Citma y su ministro, el fomento de buenas prácticas y la calidad de la información y la voluntad de que compartir información pública sea parte de la cultura organizacional.

Lisette Martínez, diputada por La Habana Vieja, destacó el amplio proceso consultivo para la elaboración de la ley. “Los diputados llegamos con una nueva impresión del documento”, dijo, y destacó los retos para los servidores públicos.

Yoerky Sanchez, diputado por Villa Clara, recordó que se escucharon criterios y dudas, y “se nos explicó y argumentó minuciosamente, por ejemplo, en relación con el concepto de información pública que maneja la ley”.

Agradeció a la comisión redactora por el intercambio constante.

“Es una norma que cubre un vacío legislativo en relación con el derecho ciudadano al acceso a información pública de calidad, veraz, objetiva, oportuna”, dijo y señaló que rebasa el tema de documentación y archivos.

“Es una norma superior que tributará a un país con más información, más transparencia y mucha más democracia”, concluyó.

En el debate se conoció que, con base en las opiniones de los diputados y de la población, se transformaron 22 de los artículos durante el proceso de elaboración de la ley.

(Tomado de Portal Cuba)

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“Si tuviésemos que sintetizar en algunas palabras el proyecto de Ley de Salud Pública, habría que decir que es actualizado, integral, protector, construido en colectivo, innovador y ético, comprometido con principios tan medulares como la dignidad humana, coherente, en armonía con el ordenamiento jurídico de la sociedad cubana, necesario y pertinente, respetuoso, inclusivo, visionario, enfocado en los derechos humanos más sagrados: la salud y la vida de las personas”, afirmó este viernes José Angel Portal Miranda.

Al presentar el proyecto a los diputados, el ministro de Salud Pública recordó que hace cuatro años, luego de promulgada la Constitución y acorde con el cronograma legislativo aprobado por el Parlamento, el Minsap creó un grupo temporal de trabajo intersectorial y multidisciplinario para identificar las necesidades de actualización de la Ley 41, Ley de la Salud Pública, que data del 13 de julio de 1983.

“Por más de cuatro décadas, la Ley 41 ha acompañado al sistema nacional de salud con entereza. Significó un paradigma en su momento y fue su concepción de principios, como el ejercicio del derecho a la salud de manera universal y gratuita, lo que permitió brindar un marco jurídico con flexibilidad, que posibilitara llevar a cabo la transformación social y sanitaria en el país, concebida por el salubrista mayor, el Comandante en Jefe Fidel Castro”, dijo Portal Miranda.

No obstante –recordó–, casi desde su aprobación fue insuficiente, “porque un año más tarde se implementó el Programa del Médico y la Enfermera de la Familia y su transversalidad en el sistema nacional de salud no se reconocía en la referida ley”.

Lo mismo sucedió con otros acontecimientos sanitarios, técnicos, medioambientales, estructurales y sociales que desde entonces se acumularon e impusieron la necesidad de un ejercicio de revisión comparativo, nacional e internacional, para distinguir fortalezas, debilidades y riesgos, y plantear para la salud pública un blindaje jurídico actualizado, a tono con la Constitución, el Código de las Familias y otras normas de rango superior vigentes, de reciente aprobación, explicó el ministro.

Apuntó que el nuevo documento jurídico “toma esencias de la Ley 41, se perfecciona, se enriquece, se actualiza, y da paso entonces a una nueva ley que trasciende la voluntad política de garantizar ese derecho a la salud y la refleja en protección jurídica, en un cuerpo legal de rango superior”.

Entre los principales objetivos del proyecto de ley sometido al análisis de los diputados, Portal Miranda mencionó introducir al ordenamiento jurídico nacional los acuerdos adoptados en tratados internacionales, reforzar las responsabilidades del Estado con la salud pública en todos sus niveles, adecuar los principios de organización y funcionamiento de los servicios de atención, protección y recuperación de la salud en el sistema nacional de salud y promover las actividades de prevención de enfermedades y promoción de salud.

Además, reconocer las principales herramientas sanitarias, epidemiológicas, técnicas, investigativas y científicas, que son práctica diaria en la atención médica y social que recibe el pueblo, “y otras más novedosas que nos proponemos desarrollar en el futuro mediato en beneficio de la sociedad”.

A partir de noviembre, cuando el proyecto fue publicado en los sitios web del Parlamento y el Minsap, se desarrolló “un proceso de construcción conjunta que ha dotado al documento de mayores fortalezas, en tanto la sabiduría colectiva, en especial la de los profesionales del sector, ha sido indispensable para hacer de esta una ley mucho más completa y robusta”, destacó el ministro.

El grupo redactor del instrumento jurídico, en conjunto con las comisiones de Salud y de Asuntos Constitucionales y Jurídicos del Parlamento, promovió acciones de divulgación y hubo 64 consultas colectivas y conciliaciones de forma presencial y cuatro por videoconferencia con los territorios del país.

En esos intercambios sobresalieron los sostenidos con los diputados, con una representación de trabajadores de la salud en unidades asistenciales nacionales, provinciales y municipales de todo el país, y con representantes de los ministerios de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior.

También hubo intercambios en las universidades de Ciencias Médicas, con los grupos nacionales de las especialidades, las sociedades científicas de la salud y colectivos que integran las brigadas médicas en el exterior.

Además, para recibir más opiniones se habilitaron correos electrónicos e intervinieron otros organismos de la Administración Central del Estado, la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, las comisiones nacionales de Ética Médica y de Bioética, las asociaciones de personas en situación de discapacidad física e intelectual y representantes de las organizaciones que integran el sistema de Naciones Unidas, a lo que se sumó el monitoreo en sitios de prensa y redes sociales.

En el proceso de discusión del proyecto de ley fueron recibidos 569 propuestas, comentarios o recomendaciones, de los que 382 (67.2%) fueron aceptados, 135 (23.8%) aceptados en parte y 52 no aceptadas, en este último caso, fundamentalmente, por cuestiones vinculadas a otros marcos normativos.

Todo ello motivó la modificación de 98 artículos del proyecto de ley, el 47%, precisó Portal Miranda.

Añadió que 34 de las propuestas recibidas correspondieron a diputados en 91 intervenciones, de las que 82 (90%) fueron aceptadas.

“Igualmente, el grupo redactor contó en varios momentos con la experiencia y sabiduría médica y política del Comandante José Ramón Machado Ventura, quien es un profundo conocedor de la génesis del Ministerio de Salud Pública y nos trasladó importantes consideraciones”, apuntó el ministro.

Este ejercicio legislativo de discusión, al que se sumaron 76 100 personas, permitió perfeccionar el proyecto de ley en relación con el publicado el 1 de noviembre, al incorporarse todos los criterios aceptados y aceptados en parte, conformando un nuevo texto, la versión número 23, con cuatro títulos, 12 capítulos y 210 artículos, que ha estado disponible para los diputados.

“Apreciamos y agradecemos el proceso de consulta desarrollado con una representación de los colectivos laborales, en los cuales primó la ética, el sentido de pertenencia, la alta calidad científica y el compromiso, así como el reconocimiento a la necesidad de adoptar un nuevo marco jurídico que contribuya a alcanzar nuevos logros en materia sanitaria y continuar trabajando en nuestra misión fundamental: la elevación del estado de salud de la población cubana”, dijo Portal Miranda.

“Presentamos este proyecto para su aprobación, convencidos de la importancia estratégica de contar con una nueva ley de salud pública para el presente y futuro de la Cuba por la que apostamos: una Cuba inclusiva, digna, respetuosa de las diferencias y de los derechos de todas las personas, donde estos derechos cuenten con seguridad jurídica efectiva.

“Una Cuba donde se ratifique, una vez más y con el mayor alcance posible, que la salud pública es un baluarte de la Revolución, del pueblo y parte intrínseca del desarrollo económico y social al que estamos convocados. A todos los que participaron en su construcción colectiva, gracias, porque cada aporte ha contado”, afirmó.

El ministro agradeció y transmitió un reconocimiento a todos los trabajadores de la salud cubanos “por su esfuerzo y entrega cotidiana, en medio del duro escenario que vivimos, donde las limitaciones de recursos nos golpean, muchas veces con crudeza. Es un sector que ha tenido que crecerse en estos tiempos”.

Afirmó que “todos estamos conscientes de que una nueva Ley no va a transformar los problemas de aseguramientos que tenemos hoy en el sistema de salud. Los efectos de la crisis pospandemia y de un bloqueo recrudecido cada día están presentes y son obstáculos que tenemos que sortear. No tengan la menor duda de que el Estado y el Gobierno cubanos están, dentro de sus posibilidades, respaldando la recuperación paulatina del sector.

“Cada dinero que se logra destinar a las carencias que hoy enfrentamos, se prioriza allí donde es más sensible, y cada insumo que falta es un desvelo constante, porque en materia de salud, sabemos que cada recurso es esencial”.

En su intervención en el plenario de la ANPP, Portal Miranda subrayó que “Cuba necesita y merece esta nueva Ley de Salud, revolucionaria, atemperada a nuestras realidades, que retrate de mejor modo a un país con enormes retos sociodemográficos. Una ley con capacidad de durar en el tiempo por la propia visión con la que ha sido diseñada”.

“Es por eso que ponemos en manos del pueblo y de nuestros trabajadores del sector, una herramienta indispensable en el ejercicio de los derechos y deberes para con la salud”, concluyó.

En video, novedades desde el punto de vista jurídico de la ley

En video, diputados opinan

Dictamen: Un proyecto novedoso, con la salud y la dignidad humana como centro

Al reafirmar que las comisiones de Salud y Deporte y de Asuntos Constitucionales y Jurídicos “consideran pertinente significar la correspondencia del proyecto de Ley de la Salud Pública con la Constitución de la República y en consecuencia recomiendan su aprobación a la Asamblea Nacional”, la diputada Cristina Luna destacó el alcance integral del texto jurídico en beneficio de las personas, las familias y la sociedad en general.

“Tiene en su centro el derecho a la salud vinculado estrechamente con la dignidad humana y la calidad de vida como atributos intrínsecos a todas las personas”, dijo la presidenta de la Comisión de Salud y Deporte y agregó que es “novedoso” y “cumple con lo establecido en los artículos 46 y 72 de la Constitución de la República”.

Destacó, además, que el texto precisa temas cruciales como la organización del sistema nacional de salud en niveles de atención, define la salud como un servicio público y su desarrollo para la atención, protección y recuperación de las personas sobre la base de principios éticos y bioéticos.

Igualmente, “establece los derechos de las personas usuarias de los servicios, lo que da salida a múltiples postulados contenidos en otras leyes como el Código de las Familias y enarbola principios como la autonomía progresiva, interés superior de niñas, niños y adolescentes; el respeto a las voluntades, deseos y preferencias de las personas adultas mayores o en situación de discapacidad”.

También señaló que reconoce atenciones y procedimientos médicos de alta complejidad sanitaria y social, “como los vinculados a servicios de salud sexual y reproductiva, la planificación familiar y la terminación voluntaria del embarazo, las técnicas de reproducción asistida en seres humanos y su acceso sin distinción, como parte del derecho a formar familia de todas las personas”.

Se suman a todo esto “normas dedicadas al consentimiento informado, la dación y trasplantes de órganos, tejidos y células en donantes vivos y el derecho a la muerte digna mediante la implementación de las determinaciones para el final de la vida, y anuncia que otra norma de rango superior desarrollará los protocolos para la aprobación de las técnicas que ponen fin a la vida”.

Hablan los diputados

Mariela Castro, Asamblea Nacional. Foto: Ismael Francisco/ Cubadebate

En el debate que siguió a la presentación del proyecto de Ley de Salud y el dictamen sobre el instrumento jurídico, el diputado y médico de familia Luis Ángel Tamayo, de Caimanera, Guantánamo, consideró que es “una ley de vanguardia, atemperada a la Cuba actual, y llega en un momento crucial”.

Destacó que la norma “patentiza deberes como usuarios, reconoce autonomía y expresa respeto a la voluntad personal. Esta es una ley necesaria para la protección del pueblo y el personal de salud. Aprobemos esta ley y estaremos asegurando el futuro de la salud pública”.

Taimí Martínez Naranjo, diputada de Matanzas, también médica, se refirió a los principios de la medicina y asuntos prácticos y humanos de la profesión, y opinó que la ley propuesta “es hecha por seres humanos en una época y un contexto determinados, pero es maravilloso leer sobre novedades en el concepto de salud y los derechos de nuestros pacientes, sus familias y nuestros trabajadores.

“En su sección décimo segunda, hay determinaciones para el final de la vida, se defiende el derecho de las personas a una muerte digna. Se reconoce el derecho a decidir sobre el proceso de su enfermedad, la formulación bioética de autonomía, beneficencia, no maleficencia, y justicia”.

Enfatizó que “estamos discutiendo hoy una ley que pone en el centro el respeto a los seres humanos y su derecho más importante: decidir. El concepto de salud va más allá de curar una enfermedad; pasa por prevenir, asesorar, aconsejar, aliviar, investigar, enseñar, sanar, acompañar. Tener una ley que respalde y que acompañe a nuestros pacientes, a sus familias y a las personas que lo asisten es una garantía para nuestro sistema de salud.

Asamblea Nacional. Foto: Ismael Francisco/ Cubadebate

“Es un verdadero acto de justicia: el paciente decide respecto a los cuidados de su salud. Y nos toca a nosotros asistir cada momento y actuar según su voluntad. No puede existir una posición paternalista o de ejercicio del poder sobre él: es quien decide. En nuestro hospital se prepara una sala de cuidados paliativos, que contará con un personal rigurosamente escogido como principal requisito.

“Estamos soñando un espacio donde nuestros pacientes puedan sentir el alivio de sus dolores, la calma del estrés de la enfermedad y el acompañamiento de sus seres queridos. Y si no lo tienen, nos toca a nosotros amarlos y cuidarlos. Dar, también, atención a sus cuidadores, a sus temores; aliviar la carga y enseñar a cuidar”.

A continuación, Luis Alberto Ramírez, diputado por el municipio Manuel Tames, provincia Guantánamo, señaló que es una ley “democrática, derivada de la construcción del consenso colectivo. No solo aborda la atención, protección y recuperación de las personas sobre principios éticos y bioéticos, sino que dignifica el final de la vida, se articula con otras leyes, como el Código de las Familias”.

Yamila González Ferrer, diputada por el municipio Mantua, Pinar del Río, reconoció el trabajo de la comisión redactora y sostuvo que el trabajo para elaborar el texto jurídico “ha sido muy profundo, muy serio. Se discutió mucho previamente y se transformó mucho”.

Asamblea Nacional. Foto: Ismael Francisco/ Cubadebate.

Añadió que no solo está en correspondencia con la Constitución y otras normas como el Código de las Familias, sino que incorpora lo que está contenido en el Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres y en la Estrategia Integral de Prevención y Atención a la Violencia de Género y en el Escenario Familiar. Con una concepción integral, se corresponde, además, con los estándares internacionales.

Destacó cuestiones como la educación integral de la sexualidad, la atención teniendo en cuenta un enfoque relacional de género y la participación de las personas en todos los procesos de salud.

Al referirse a las garantías respecto a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, abordó la terminación voluntaria del embarazo y consideró que la nueva ley blinda ese derecho, garantizado para las cubanas hace casi seis décadas.

“No queremos que el aborto sea la primera opción, no puede ser un método anticonceptivo. Lo sabemos y ello es parte de la educación integral de la sexualidad. El hecho de que la ley lo refleje en un contexto en el que hay retrocesos en ese ámbito en la región y en el mundo, es significativo para la mujer cubana y su derecho a decidir sobre su cuerpo”.

Yanet Pupo Estupiñán, diputada por la provincia Holguín, dijo que el proyecto legal ha sido fruto de una creación colectiva, enriquecida con los debates y el interés de los trabajadores del sector de la salud.

Pupo Estupiñán resaltó que “protege a los ciudadanos, les da derechos y garantías, y también a los trabajadores de la salud, pues establece los deberes de los usuarios del sistema de salud”.

En opinión de Roberto Alejandro, diputado por Florida, Camagüey, con la nueva norma, que reafirma el servicio de salud como gratuito y universal, se ratifica que los mejores escenarios de docencia y desarrollo de la actividad científico- estudiantil son los consultorios policlínicos, hospitales y centros especializados, con la educación en el trabajo.

“Se consolida nuestra formación desde la misión guevariana del hombre nuevo y el profesional de la salud con base en la medicina social”, afirmó.

La diputada Mariela Castro recordó que en el contexto de reforma legislativa iniciada con la aprobación de la Constitución de 2019, la salud no ha dejado de ser un tema fundamental.

“El derecho a la salud pública no solo es reconocido, sino que es un derecho conquistado y desarrollado a lo largo del proceso revolucionario cubano. Por lo tanto, es crucial contar con una ley de salud pública que consolide ese derecho y articule un sistema que garantice la atención de calidad, equitativa e inclusiva, para toda la ciudadanía, sin ningún tipo de discriminación”, dijo la directora del Cenesex.

Sostuvo que ese enfoque “es fundamental para salvaguardar la dignidad humana de nuestro sistema político y social”.

Mariela Castro consideró importante “destacar que esta ley de salud pública es la primera en reconocer de manera independiente y denominar como tales los derechos sexuales y reproductivos. En la legislación vigente hasta el momento solo se mencionaba en la sección segunda la atención materno-infantil, limitándose a la atención médica de la mujer gestante y el cuidado de sus bebés.

“La denominación otorgada como salud sexual o reproductiva refleja una concepción amplia de la salud, que trasciende la mera esencia de enfermedades y abarca todos los aspectos relacionados con la sexualidad. Esto implica reconocer el derecho de la ciudadanía a la salud sexual y reproductiva con una visión científica que va más allá de la reproducción y el embarazo, y engloba todo el proceso que abarca la actividad sexual y la reproducción”.

Añadió que el texto jurídico presentado a la Asamblea Nacional “garantiza el acceso a la información en defensa de la sexualidad y declara que el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos se llevará a cabo en ambientes inclusivos, libres de estigmas, discriminaciones y violencias. Esto es de suma importancia para el disfrute pleno de los derechos sexuales”.

Además, resaltó que se reconocen técnicas de reproducción asistida en concordancia con lo establecido en el Código de las Familias y se aborda de manera integral la educación de la sexualidad para niños, adolescentes y jóvenes, considerándola como un mecanismo formativo para el bienestar y la prevención de malestares de la salud sexual y reproductiva en estos grupos.

“Esta ley respalda, protege y desarrolla los anhelos humanistas de nuestro pueblo. Diputadas y diputados, aprobemos esta ley. La necesitamos”, concluyó.

Rosa Miriam Elizalde, diputada por Trinidad, Sancti Espíritus, agradeció a la comisión redactora por “incluir, con tanta claridad, la implementación de una estrategia de la comunicación social para la gestión de la salud pública y que se subraye la necesidad de propiciar la visión de información oportuna suficiente y veraz al pueblo”.

Tomado de Cubadebate

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