“Se registraron 252 bloqueos en 20 entidades; hasta las 20:00 hora local aproximadamente el 90 por ciento de los bloqueos (229) fueron desactivados, solo 23 bloqueos se encuentran activos y cuatro cierres parciales”, divulgó anoche el ente federal en un comunicado.

Ayer el Ejército llevó a cabo un operativo en Tapalpa, Jalisco, para capturar a Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien resultó gravemente herido y falleció durante su traslado vía aérea a la Ciudad de México.

La muerte del individuo, uno de los narcotraficantes más buscados por este país y Estados Unidos, desató una reacción del crimen organizado con bloqueos carreteros, incendio de vehículos, así como ataques a gasolineras y establecimientos en diversas regiones de la nación.

El Gabinete de Seguridad precisó la víspera que Jalisco concentró el mayor número de bloqueos con 65, principalmente en carreteras federales, estatales y vialidades urbanas estratégicas.

Mientras, en Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas se registraron eventos focalizados y bloqueos aislados.

El ente agregó que estos fueron atendidos de manera inmediata por las autoridades locales.

Mencionó que el despliegue permanente y coordinado de efectivos permitió que la mayoría de los bloqueos hayan sido retirados, las vialidades principales liberadas y los puntos restantes se encuentren bajo control operativo, con trabajos ininterrumpidos para su liberación total.

El Gobierno, en coordinación con las administraciones estatales, continúa trabajando para restablecer la movilidad, preservar el orden y proteger a la población, apuntó al exhortar a la ciudadanía a mantener la calma, evitar la difusión de información falsa y consultar únicamente los canales oficiales.

También ayer la presidenta Claudia Sheinbaum llamó a la población a mantenerse informada y en calma.

Algunos estados suspendieron total o parcialmente las clases y divulgaron medidas para reforzar la protección de la población, en tanto instituciones bancarias y de otra índole anunciaron el cierre de sucursales o módulos en algunas demarcaciones.

La caída de “El Mencho”, considerada el mayor golpe al narcotráfico durante la presente administración, se suma a otros aplaudidos resultados de la estrategia nacional en seguridad impulsada por el Gobierno encabezado por Sheinbaum.

Prensa Latina 

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Para el año próximo el gobierno busca reforzar el control de su espacio aéreo y marítimo con la incorporación de radares y drones, según anunció el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez.

“Acá hay una enorme preocupación por la penetración del narcotráfico, estamos a punto caramelo de que los carteles pasen a operar de una manera mucho más fuerte en Uruguay”, advirtió.

En lo que queda de año y en 2026 la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) debe sumar seis aviones Super Tucano adquiridos al fabricante brasileño, cuando los cielos del país son sobrevolados con avionetas cargadas de drogas.

La FAU identificó dos rutas principales utilizadas por organizaciones criminales para ingresar cocaína a Uruguay, así como la existencia de múltiples pistas clandestinas en distintos puntos del territorio nacional, especialmente en zonas fronterizas con Argentina.

Ambas rutas tienen como punto de origen Bolivia, aunque difieren en su recorrido, que muchas veces incluye a Paraguay, reveló el semanario Búsqueda.

Son travesías que utilizan al territorio nacional como punto de alijo y redistribución a Europa y África por vía marítima, ya sea en contenedores cargados en los puertos de Montevideo y Nueva Palmira, o que están en tránsito procedentes de la Hidrovía Paraná-Paraguay.

Uruguay ha estado en la mira de otros países por cargamentos que pasaron por el país y sin detectarlos en la aduana de Montevideo, ahora equipada con escáner de última generación.

Así ocurrió con una carga de casi dos toneladas de cocaína que partió de la rada montevideana acondicionada en budines, alfajores y botellas con vermú. El cargamento fue incautado por los aduaneros de Amberes, Bélgica.

LA OTRA GUERRA

Las autoridades calificaron en agosto de histórica la ocupación de más de dos toneladas de cocaína tras una gran operación realizada en los departamentos de Canelones y Montevideo.

“Es un duro golpe al narcotráfico seguramente”, aseveró el ministro del Interior, Carlos Negro.

Una parte de la droga se encontraba enterrada en una finca y la otra fue hallada en camiones, pronta para ser trasladada. Se presume que hubiera sido enviada al exterior por vía marítima.

Negro dijo a la prensa que en otros mercados su comercialización supera los 50 millones de dólares.

No fue casualidad que a fines de septiembre sicarios vinculados con el tráfico de drogas atentaran contra la vivienda de la fiscal de Corte Mónica Ferrero, incluido el uso de una granada.

Tampoco el ataque a tiros el 16 de noviembre contra la sede del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), donde los agresores dejaron un mensaje con amenazas a la presidente de la institución penitenciaria, Ana Juanche.

Aquellos tiempos en que se distinguía a Uruguay por su relativa tranquilidad y menos tasa de criminalidad están cuestionados por la inseguridad ciudadana, sobre todo de la mano de grupos criminales que se disputan las rutas y el mercado de las drogas.

Así lo reconoció el presidente Yamandú Orsi al intervenir en agosto en el seminario titulado “El Narco nos jaquea. Una espada de Damocles sobre nuestras democracias”.

Orsi refirió que décadas de lucha contra ese flagelo no pudieron evitar que el narcotráfico se instalara en Uruguay, cuyo territorio utiliza como sitio de acopio y exportación hacia otros mercados.

Argumentó que ello facilitó que los jóvenes accedieran a armas de guerra y se multiplicara por ocho la población carcelaria, en particular joven e incluso mujeres, en los últimos 30 años.

No es casual que sean cada vez más jóvenes los involucrados en delitos violentos, vinculado a disputas territoriales y rivalidades entre bandas.

El aumento de los asesinatos a sueldo señala una sofisticación y brutalidad en las operaciones delictivas que no se había visto anteriormente en Uruguay.

Tales actos de violencia generan un clima de inseguridad en la población y desafían la capacidad de respuesta del sistema de justicia y la efectividad de los cuerpos de seguridad para desmantelar estas redes criminales.

Según el Ministerio del Interior, los crímenes por ejecución sumaria resultan la principal categoría entre las muertes violentas, con fuerte relación al sicariato y el tráfico de drogas.

Ello ocurre en un país con uno de los más altos índices de consumo de cocaína en la región, y donde en manos de la población hay alrededor de un millón de armas.

Otro factor mencionado por el presidente es el de la pobreza, que calificó de terreno fértil para la expansión del comercio ilícito de estupefacientes.

También refirió sobre la necesidad de la unidad del espectro político para dar la batalla, que incluye cortarle el financiamiento a los grupos criminales.

Para ello, la bancada del Frente Amplio impulsa una ley contra el lavado de activos.

En el nivel hemisférico el creciente accionar del narco en Uruguay podría provocar la ojeriza de Estados Unidos, con quien el gobierno del país sudamericano busca evitar desencuentros en todos los frentes.

Washington estrenó embajador (Lou Rinaldi) nombrado por el presidente Donald Trump, quien pudiera traer en cartera el retorno de una oficina de la DEA con todo el paquete que ello acarreará.(ALH)

Orlando Oramas León/Prensa Latina

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El hachís, identificado tanto en forma de piedras como triturado, representa uno de los métodos más utilizados por los infractores debido a su facilidad para ser encubierto entre objetos de uso cotidiano.

Wiliam Pérez González, Vicejefe primero de la AGR, dio a conocer los sucesos en su cuenta en X

La detección de esta modalidad evidencia la pericia y constante evolución de las técnicas empleadas por los traficantes, lo que obliga a las autoridades aduaneras a mantenerse actualizadas mediante tecnologías avanzadas de escaneo, análisis químico y perfiles de riesgo. Estas herramientas permiten identificar sustancias sospechosas incluso en presentaciones insólitas.

Tras el hallazgo, se aplicaron las medidas de rigor establecidas por la legislación vigente, que incluyen la confiscación del contrabando, investigaciones para identificar posibles redes implicadas, y la colaboración interinstitucional con cuerpos de seguridad nacionales e internacionales. Este procedimiento no solo refuerza la lucha contra el narcotráfico, sino que también asegura la protección de la población frente a los riesgos asociados al consumo de drogas.

El caso refleja la importancia de las campañas de prevención, capacitación y el uso de tecnologías modernas para enfrentar estas prácticas ilícitas. Además, destaca el compromiso de las autoridades por preservar la legalidad y la seguridad en los puntos de entrada al país. (ALH)

Tomado de Cubadebate

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Este grupo de personas sostiene que el cantante mexicano, autor del famoso tema “Ella baila sola”, es un “promotor del narcotráfico” a través de sus letras, por lo que buscan impedir su presentación, programada para la noche del viernes 1 de marzo.

“Tendrán que responder por qué quieren a la cultura narco en la Quinta Vergara”, aseveró Sánchez el miércoles, en referencia a los medios de televisión Canal 13 y TVN, que son parte de la organización del Festival de Viña del Mar, uno de los más importantes de la región. (ALH)

Tomado de Cubadebate

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Todo en medio de la oleada de violencia en los centros penitenciarios del país, que las organizaciones de derechos humanos achacan al abandono del Estado y el mandatario conservador, Guillermo Lasso, a los enfrentamientos entre grupos ilegales.

Es un episodio recurrente en el país andino. El lunes 3 de octubre en la noche se desató un motín en la cárcel Cotopaxi Número 1, en las inmediaciones de la ciudad de Latacunga, que se saldó con al menos 15 fallecidos y 21 heridos.

Así lo informó el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI), que aseguró que cuando las autoridades carcelarias recuperaron el control del centro penitenciario ya no se pudo hacer nada por las víctimas.

Todo comenzó con una simple recolección y actualización de datos en Cotopaxi Número 1. Los presos participaban en la actualización del censo penitenciario ecuatoriano cuando empezaron los enfrentamientos. Al darse cuenta de la situación, el SNAI avisó a la policía para activar «todos los protocolos de seguridad, con la finalidad de proteger la seguridad del centro carcelario».

Los equipos tácticos de la policía ingresaron en el centro para intentar retomar el control y las Fuerzas Armadas resguardaron los alrededores. Algunos civiles registraron imágenes de cómo algunos reos se intentaron refugiar en los techos del edificio para evitar involucrarse en los enfrentamientos.

La SNAI ha advertido que la cifra de muertos podría aumentar en cualquier momento, ya que el trabajo de los médicos forenses y las investigaciones están todavía en marcha. En redes sociales se baraja la versión de que entre los fallecidos estaría Leandro Norero, acusado de dirigir la banda de narcotráfico Jalisco Nueva Generación.

“Respecto a la muerte del procesado Leandro N., la Fiscalía de Ecuador informa que luego de las pericias de identificación correspondientes se podrá confirmar o no su deceso”, señaló la institución.

Mientras, como ya ha pasado en anteriores ocasiones en este tipo de reyertas, los familiares de los reos esperan en las inmediaciones a que les den información sobre el paradero y estado de sus seres queridos.

Una tragedia de largo recorrido en Ecuador

El problema en las cárceles ecuatorianas viene de largo. Solo en 2021, al menos 316 presos murieron durante varios motines carcelarios en el país. Una cifra que supera los más de 400 muertos en cárceles si nos remontamos al 2020, fruto principalmente de enfrentamientos entre bandas ilegales rivales.

En 2006, cuatro presos murieron y 22 resultaron heridos en medio de un tiroteo en la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil.

Salvo este hecho más bien aislado, la verdadera escalada de violencia penitenciaria fue a partir de finales del 2020. En diciembre de ese año, al menos ocho reos murieron en la prisión Número 2 de Esmeraldas, en un supuesto conflicto para ver quién se quedaba con el control de la cárcel.

En 2021, el 23 de febrero se dieron tres motines simultáneos: en los centros penitenciarios de Guayas, Azuay y Cotopaxi. Un suceso que se saldó con al menos 80 decesos en los tres lugares, 20 de ellos decapitados, todo como supuesta represalia al asesinato de un narcotraficante conocido como alias el Rasquiña.

El 21 de julio volvieron las reyertas en los penales de Cotopaxi y en el Número 1 de Guayas, con un saldo de 22 muertos. Ante el brote de violencia, el presidente Guillermo Lasso se decantó por declarar el estado de emergencia.

Pero el incidente más grave que se ha registrado en los últimos tiempos fue el del 28 de septiembre de 2021, cuando 120 reos fallecieron en un motín en la conocida como Penitenciaría del Litoral, el Centro de Privación de Libertad Número 1 de Guayaquil.

Desde entonces, se han registrado al menos cinco motines más y decenas de muertos en ellos. La última antes de la de este lunes fue hace menos de tres meses, en Santo Domingo de los Colorados.

¿Por qué hay tantos motines en las cárceles en Ecuador?

Si bien la violencia entre bandas es uno de los principales motivos de estos episodios, no es el único.

El Gobierno del conservador Guillermo Lasso ha atribuido esta violencia a las luchas entre bandas por las rutas de narcotráfico y el control de diversas zonas del país, estratégico en el contrabando de drogas por su ubicación entre Colombia y Perú. Pero es una problemática que va más allá.

«Ecuador se encuentra bajo una grave amenaza externa por el ataque de las mafias del narcotráfico, las mismas que pretenden tomar control de los centros de privación de libertad del país y quitarnos la libertad en las calles y ciudades», afirmaba el presidente Lasso durante una rueda de prensa en noviembre de 2021.

Sin embargo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado que este problema se centra más bien en la ausencia del propio Estado. En un informe al respecto de la situación, la organización sostuvo que el sistema penitenciario de Ecuador está asolado por el abandono estatal, la ausencia de una política integral y las malas condiciones de los reclusos.

“La CIDH identifica la ausencia de control efectivo por parte del Estado en los centros donde ocurrieron los hechos de violencia más graves, lo que habría derivado que en la práctica el control intracarcelario esté a cargo de las propias personas detenidas”, apuntó la organización en su informe sobre la crisis de cárceles en la nación andina.

Algo que se suma a la connivencia del Estado y sus funcionarios con los integrantes de las redes de narcotráfico. El 20 de septiembre, la policía detuvo a tres agentes de Cotopaxi Número 1 por participar en el tráfico de municiones, tras ser descubiertos intentando ingresar casi 500 balas a la cárcel.

En las redadas y requisas después de los episodios de violencia, la policía siempre ha dado con armas de fuego, armas blancas (como machetes) y diferentes tipos de municiones.

Corrupción, enfrentamientos entre bandas, abandono estatal y hacinamiento hacen parte del ambiente de las cárceles ecuatorianas. En la actualidad, Ecuador tiene 36 prisiones que albergan a más de 32 000 reclusos y superan en un 11.3% su capacidad máxima, según cifras oficiales. (ALH)

Tomado de Cubadebate

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