Con este objetivo, se llevará a cabo el congreso “Conflicto, Política y Protesta, a Cinco Años del 18 de octubre” , que se celebrará en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano junto a otras universidades chilenas. Este evento se desarrollará desde este martes hasta el 17 de octubre y contará con más de 60 actividades, incluyendo mesas redondas, ciclos de cine documental, recitales, conferencias y presentaciones de libros sobre el estallido social.

La programación también contará con la colaboración de la Universidad Abierta de Recoleta, la Universidad de Chile, la Universidad de Santiago, la Universidad Católica del Maule y la Universidad Adolfo Ibáñez, además de la participación de destacados intelectuales, músicos y grupos de teatro y danza. El objetivo es ofrecer una perspectiva integral de este fenómeno social, que además de protestas políticas, generó una rica variedad de expresiones culturales en la música, poesía, pintura y dramaturgia.

Uno de los puntos centrales del congreso será el análisis de la represión por parte de Carabineros y el Ejército, donde el uso desproporcionado de la fuerza resultó en más de 30 muertos, miles de heridos, incluidos 400 con daño ocular, y numerosos casos de tortura y abusos sexuales.

Paralelamente, en el Museo de Arte Contemporáneo se podrá visitar hasta el 17 de noviembre la exposición «Resistir el negacionismo: Estallido y Revuelta en el Chile Neoliberal».

Además, el periódico El Siglo organizará el foro «Cómo está la sociedad chilena a cinco años del 18-O», que contará con la participación de Víctor Hugo de la Fuente, director de Le Monde Diplomatique-Chile, la socióloga Teresa Valdés y el ex convencional constitucional Marcos Barraza. En el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, el 16 de octubre se presentará el documental La Revuelta. También, sindicatos y otras organizaciones están preparando actos para recordar el estallido, cuyas causas, según muchos analistas, aún siguen vigentes.

(Tomado de Cubadebate)

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Medios locales indicaron que en la reunión, en la que estuvieron presentes siete ministros, entre ellos la premier Elisabeth Borne, el gobernante pidió que continúen haciendo “todo lo posible para restablecer el orden y garantizar el retorno a la calma».

«El Gobierno debe seguir al lado de los policías, gendarmes, jueces, secretarios judiciales, bomberos y cargos electos movilizados día y noche desde hace cinco días», expresó Macron.

Las protestas de los franceses en contra de la violencia policial comenzaron el martes pasado después de que se difundió en redes sociales un video donde pudo observarse cómo un agente policial disparó mortalmente contra un joven de 17 años, quien presuntamente cometió una infracción de tránsito.

Más de 3.000 personas han sido detenidas en todo el país europeo por su participación en las manifestaciones, mientras que decenas de agentes de las fuerzas de seguridad han resultado heridos..

Autoridades indicaron que la noche del domingo al lunes fue la más tranquila de la semana.

De acuerdo con las fuentes, al menos 78 personas fueron detenidas en la noche del domingo al lunes en todo el territorio francés, 20 de ellos en París, la capital. (ALH)

Tomado de TeleSUR

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En particular, desde la CC explicaron que se admitió la acusación relacionada con el presunto delito de peculado, pero no así las dos incriminaciones sobre el presunto delito de concusión.

Respecto a estas dos inadmisiones, el organismo argumentó su decisión por incumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 148 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

“Esta Corte— con seis votos a favor y tres en contra— exhorta a las instituciones involucradas en el juicio político a actuar siempre dentro de los cánones previstos en la Constitución y el Estado de Derecho”, reza el comunicado de la institución.

La decisión llega luego de que el 27 de marzo no se alcanzaran los seis votos favorables requeridos, por lo que fueron nombrados otros dos jueces ponentes.

El Gobierno respeta el dictamen, pero rechaza el juicio político

Por su parte, la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia emitió un comunicado en el que afirma respetar la decisión de la CC, al tiempo que rechaza el juicio político, reafirmándose en la inocencia del mandatario.

“Esta decisión, de ninguna manera, valida los argumentos planteados por la legislatura en contra del presidente. El planteamento de la Asamblea nunca tuvo ni tendrá sustento jurídico, ni político alguno. Como es de conocimiento público, el documento ha sufrido varios cambios y ha contado con innumerables errores”, destacaron desde el Ejecutivo.

Próximos trámites

Tras recibir finalmente el aval del pleno de la CC, el presidente de la Asamblea Nacional del país tiene un plazo de tres días para devolver el documento al Consejo de Administración Legislativa (CAL), que luego lo enviará a la Comisión de Fiscalización del Parlamento. Esta, a su vez, debe resolver en 30 días si recomienda o no el juicio.

Cuando se tenga el informe de la Comisión de Fiscalización, el titular de la Asamblea Nacional convocará al pleno para llevar a cabo el enjuiciamiento. En la sesión el mandatario tiene derecho a su defensa y para aprobar la moción de censura se deberá contar con la mayoría calificada (92 votos).

Cabe recordar que todo el proceso arrancó formalmente el 16 de marzo con la presentación de la solicitud del enjuiciamiento contra Lasso ante el Parlamento por parte de legisladores de varias bancadas. La solicitud cobró forma tras aprobarse un informe que recomendaba juicio político contra Lasso.

La investigación

La solicitud de juicio político en contra de Lasso se dio a raíz de la publicación periodística desde enero pasado, por parte del medio digital local La Posta, en la que revelan la existencia de una presunta red de corrupción en las empresas públicas de Ecuador, que estaría liderada por Danilo Carrera, cuñado de Lasso.

El caso está siendo investigado por la Fiscalía General del Estado (FGE), instancia que denominó la causa como ‘Encuentro’, aunque mediáticamente se conoce como ‘El Gran Padrino’.

La presunta trama de corrupción operaría principalmente en la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) y en la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec); y también se habría extendido a Petroecuador.

Además, según las revelaciones, el Gobierno ecuatoriano tendría una presunta conexión con el narcotráfico, concretamente con la mafia albanesa. (ALH)

(Con información de RT en Español)

Tomado de Cubadebate

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Sindicatos y organizaciones sociales convocaron a un paro en los departamentos peruanos de Arequipa, Cusco, Apurímac, Moquegua, Madre de Dios, Puno y Ayacucho.

La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) convocó a una marcha en la capital Lima, en solidaridad a las movilizaciones y protestas en varias regiones del país.

Con marchas y bloqueos de vías reanudan las protestas en Perú en contra del Gobierno de Boluarte

Más detalles https://t.co/y2PNai0MfV pic.twitter.com/g6NJxldnFU

— SANA en Español (@Agencia_Sana) January 4, 2023

Democracia es amor, El Callao quiere paz para el Perú y Unidos por la paz, eran algunos de los lemas que se levantaron en carteles durante la movilización desde el parque conocido como el Campo de Marte hasta la céntrica Plaza San Martín, en Lima.

La Policía Nacional de Perú, mediante sus redes sociales, convocó a la Marcha por la Paz, pero tras las críticas por considerarlo activismo, la institución pidió a sus integrantes mantenerse al margen.

Pedro Castillo fue destituido por el Congreso el 7 de diciembre. Esta medida desató violentas protestas en todo el país por parte de grupos que rechazaron la asunción de la actual mandataria. (ALH)

Patricia Ceballos Morejón, estudiante de Periodismo

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Los manifestantes exigen la destitución de Dina Boluarte, antes vicepresidenta del país suramericano, pero quien , tras la destitución de Castillo tomara el cargo como mandataria peruana así como la disolución del Congreso.

«Quisiera lamentar el número de fallecidos hasta la fecha y expresar nuestras condolencias a los deudos. Esta situación no debe continuar. Se requiere diálogo, pero también firmeza frente a acciones delincuenciales», aseveró la Ministra de Exteriores  Ana Gervasi Díaz.

Además de las 21 personas fallecidas reportadas hasta el momento por Telesur, más de cinco decenas resultaron heridas durante el enfrentamiento con el ejército quien lanzó desde helicópteros bombas lacrimógenas contra los manifestantes.

Más de 200 personas permanecen detenidas y las manifestaciones continúan a pesar del toque de queda decretado en 15 provincial del país y los bloqueos en las carreteras de al menos 13 de los 24 departamentos del país.

El gobierno regional de Ayacucho responsabiliza a Boluarde y a los ministros de Interior y Defensa por la muerte 5 manifestantes y los 52 heridos, “deberían renunciar inmediatamente”.

Exige “un gobierno de transición” que “deba convocar de inmediato elecciones generales”. pic.twitter.com/WiHNK5it5P

— Descifrando la Guerra (@descifraguerra) December 16, 2022

Entre las medidas del actual Gobierno resltan también el cierre de cinco aeropuertos de las provincias de Andahuaylas, Arequipa, Puno, Cuzco y Ayacucho, la suspensión del tren a la ruta turística de Machu Picchu con centenares de turistas varados así como cerca de 2 mil camiones de carga bolivianos bloqueados en las frontera entre ambas naciones.

#Comunicado Demandamos cese inmediato de hechos de violencia en protestas sociales y pedimos a fuerzas armadas y policiales actuar conforme a la Constitución y la ley https://t.co/zGOruuVMIr pic.twitter.com/xK1j1qBeyv

— Defensoría Perú (@Defensoria_Peru) December 16, 2022

La justicia peruano decretó prisión preventiva para Castillo por 18 meses para que la Fiscalía Nacional juzgue al exmandatario por el presunto delito de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública tras su fallido intento de cerrar el Legislativo y establecer un gobierno de excepción del pasado día 7 de diciembre.

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Desde la noche de lunes integrantes de organizaciones sociales y partidos, ministros y dirigentes del Frente de Todos realizan vigilias en las afueras del departamento de Juncal y Uruguay, para manifestar su respaldo a la ex jefa de Estado y actual titular del Senado.

Los ciudadanos también llegaron la víspera a las afueras del Congreso de la Nación y acompañaron a la vicemandataria mientras transmitió en vivo su declaración de defensa, lo cual le fue negado en juicio.

En ambos lugares, los presentes hicieron filas para escoltar la salida o entrada de Fernández, gritaron consignas de respaldo y condenaron las acciones en su contra.

Este lunes la vicepresidenta acusó a la Policía de la Ciudad de reprimir con palos, gas pimienta y lacrimógeno a quienes llegaron a brindarle su apoyo.

Durante la última audiencia acusatoria de la llamada Causa Vialidad, el fiscal Diego Luciani solicitó una condena de 12 años en prisión para Fernández y su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por supuestas irregularidades en la adjudicación de 51 obras en la provincia de Santa Cruz de 2003 a 2015.

En una comparecencia televisada, la exmandataria demostró los lazos ilícitos entre empresarios, funcionarios, jueces, fiscales y el expresidente Mauricio Macri; denunció la inexistencia de evidencias en su contra y las violaciones cometidas en el proceso.

La vicepresidenta criticó la obstaculización de su defensa y la realización de un juicio contra el peronismo, los gobiernos populares, y quienes pelean por la memoria, la verdad, la justicia y los derechos ciudadanos.

«En América Latina ya no hay partidos militares, pero sí uno judicial. El lawfare en Ecuador, Bolivia y Brasil es para desplazar, estigmatizar y anular a los mandatos populares. En Argentina, van un paso más allá y protegen a los que verdaderamente roban en el país», afirmó.

Asimismo, indicó que el período que le piden en prisión es por los 12 años de mandato de Néstor Kirchner y de ella (2003-2015), “los mejores gobiernos que tuvo Argentina en las últimas décadas”.

«Por eso me van a estigmatizar y condenar, pero si naciera 20 veces, 20 veces haría lo mismo. Me preocupa mucho que intentan disciplinar a la dirigencia política para que nadie se anime a hacer lo mismo», dijo.

«Tomé la decisión de recuperar el patrimonio de los argentinos y eso no me lo van a perdonar, pero no me arrepiento. Sé que mi condena está escrita. Es necesario que quienes creemos en la posibilidad de cambiar algo reflexionemos sobre las cosas que están pasando», señaló.

Asimismo, alertó: “No vienen por mí, sino por ustedes (los ciudadanos), por los derechos de los trabajadores y de los jubilados”.

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