La masiva movilización fue convocada por la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú (Cunarc), la Confederación General de los Trabajadores del Perú (CGP), gremios docentes, movimientos indígenas y diversos colectivos.

Los organizadores estiman que alrededor de 30 mil personas participen en la tercera toma de Lima para exigir la dimisión de la presidenta Boluarte, el cierre del Congreso, el adelanto de elecciones generales y la convocatoria a una Asamblea Constituyente.

El 19 de julio, nos movilizamos a nivel nacional en rechazo a la dictadura que violenta los derechos humanos y sociolaborales, reprime la voluntad popular dejando el saldo de 69 asesinados y se soporta en las mafias que han copado el Estado. #DinaRenuncia #TomaLaCalle #19j pic.twitter.com/4UPKWaLp5b

— CGTP PERU (@cgt_peru) June 29, 2023

Más de 13.000 personas han viajado a Lima desde varias regiones de Perú para participar en las movilizaciones.

Se tiene previsto que la movilización arranque en horas de la tarde en el centro de la capital peruana, por lo que la Policía Nacional anunció que desplegará alrededor de 24.000 policías en varias zonas de Lima.

También se esperan marchas y movilizaciones en las ciudades de Cajamarca, Apurímac, Lambayeque, Ica, Huancayo, Tumbes, Piura, Chiclayo, entre otras ciudades.

En la víspera a la tercera toma de Lima, la presidenta Dina Boluarte señaló que las movilizaciones de este miércoles en la capital peruana constituyen “una amenaza a la democracia”, alegando que no vas a permitir este derecho de los peruanos y peruanas.

#EnVivo | Presidenta Dina Ercilia Boluarte Zegarra, junto a ministros de Estado, se pronuncia sobre la movilización convocada para el 19 de julio. #SigamosAvanzando

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— Presidencia del Perú (@presidenciaperu) July 18, 2023

Según Boluarte, la movilización en Lima representa una amenaza a la democracia, al Estado de derecho, a la institucionalidad y añadió que como mandataria no lo va a permitir ni a aceptar.

A pesar de criminalizar la marcha en la ciudad de Lima, la presidenta designada planteó que el Ejecutivo respetará la protesta pacífica, pero enfatizó que no permitirá actos de violencia por parte de los manifestantes.

Boluarte llamó a la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y las Procuradurías de Estado para que «estén acompañando durante la marcha, para que podamos garantizar que estas sean pacíficas, que no violenten el derecho ajeno».

La tercera toma de Lima impulsada por organizaciones sociales del sur del país, tiene sus antecedentes en otras dos convocatorias que se realizaron en enero y febrero de este mismo año y que no lograron su objetivo principal: el de lograr que la jefa de Estado renuncie a su cargo y convoque a nuevas elecciones generales. (ALH)

Tomado de TeleSUR

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La marcha convocada a partir de las cuatro de la tarde de este jueves comenzó de forma pacífica hasta el inicio de los enfrentamientos entre agentes del orden para impedir que los manifestantes llegaran al barrio de Miraflores, uno de los más ricos de la ciudad, reseña Cubadebate.

Las manifestaciones en Lima resulta la mayor de todas las sucedidas hasta el momento en Perú, aunque también hubo expresiones contra el Gobierno en Cusco, Arequipa y el sur de los Andes con intentos de tomar aereopuertos locales.

Boluarte en un mensaje televisivo a la nación acusó a los manifestantes de ser “violentos”, “quebrar el Estado de derecho” y generar “caos y desorden” para “tomar el poder de la nación”, señalando que “en sus protestas no hay ninguna agenda social que el país necesita”.

Tras las manifestaciones la Defensoría del Pueblo informó de la muerte de un hombre en el sur del país, de un herido en la ciudad sureña de Macusani, en la región Puno que falleció para un total de 55 personas fallecidas en enfrentamientos con la policía peruana.

El Gobierno peruano anunció la declaración del estado de emergencia en las regiones de Amazonas, La Libertad y Tacna para un total de siete.

Las protestas en Perú iniciaron tras la toma de posesión de la anteriormente vicepresidenta de Perú Dina Boluarte ante la decisión del expresidente Pedro Castillo de disolver el Congreso peruano el pasado 7 de enero.

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