Entre sus puntos más positivos destaca la eliminación del requisito de residencia permanente para que cubanos en el exterior integren selecciones nacionales. También diversifica las fuentes de financiamiento, produciendo bienes y servicios. Estos cambios intentan revitalizar la infraestructura deportiva, severamente afectada por la crisis.

No obstante, persisten algunos riesgos. La intermediación obligatoria puede traducirse en un laberinto burocrático que desaliente a los inversores. Además, crea cierta incertidumbre que ahuyenta el capital privado, que suele huir de la falta de garantías.

Otra arista poco comentada es la exigencia de una cultura jurídica y comercial dentro del sector. No basta con publicar la ley en la Gaceta Oficial; hace falta formar a federaciones, entrenadores y atletas en gestió de patrocinios, derechos de imagen y cumplimiento de contratos. Sin esa preparación, la nueva normativa corre el riesgo de volverse letra muerta, o peor aún, fuente de conflictos por malentendidos. Por eso, el INDER debiese impartir talleres y asesoría referidos al tema. Solo así, pasará de ser un documento prometedor a una herramienta realmente transformadora.

El principal escollo quizá no sea la ley misma, sino su implementación. Si el proceso se burocratiza en exceso, los beneficios anunciados podrían quedarse solo en el papel. Por eso, es esencial agilizar los trámites y ofrecer seguridad jurídica real a quienes decidan invertir.

El deporte cubano necesita una inyección de recursos y transparencia. Sin embargo, modernizarse no significa abrirse sin más, sino aprender a convivir con la lógica del mercado teniendo muy de cerca los principios del sistema socialista. La Ley 179 es un primer paso, aunque todavía tímido y algo controlado.

En definitiva, el mayor desafío será encontrar ese punto de equilibrio entre atraer inversión sin ceder el control legal, y diversificar el financiamiento sin renunciar a la identidad cubana. Solo así esta ley cumplirá su promesa de fortalecer el deporte nacional sin necesidad de desnaturalizarlo.

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Así lo confirmó Martha Ferriol Marchena, directora de Gestión Documental y Archivo del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), quien subrayó que la norma responde a la necesidad de implementar de manera organizada los derechos y deberes recogidos en los artículos 53 y 97 de la Constitución de la República.

Según explicó, aunque la Carta Magna reconoce el derecho de los ciudadanos a acceder a la información contenida en documentos y bases de datos, así como la obligación de las instituciones de actuar con transparencia, “no existía hasta ahora ninguna disposición jurídica que ordenara e implementara cómo debía hacerse”. Esa brecha normativa es la que viene a cubrir la nueva disposición.

Un compromiso constitucional e internacional

Martha Ferriol Marchena, directora de Gestión Documental y Archivo del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA). Foto: Abel Padrón Padilla/Cubadebate.

Ferriol Marchena señaló que esta norma representa también una oportunidad para refrendar compromisos internacionales asumidos por Cuba, entre ellos la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción Administrativa, y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En particular, destacó la relación directa con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, orientado a promover instituciones eficaces, responsables y transparentes.

En el ámbito nacional, la ley se articula con los Lineamientos de la Política Económica y Social, específicamente el lineamiento 99, que impulsa la consolidación de los sistemas institucionales de gestión documental y archivo como base para una administración pública más transparente.

La directiva del CITMA resaltó que la nueva ley permite, además, interconectar un conjunto de normativas que hasta ahora coexistían de manera dispersa. Entre ellas mencionó la legislación sobre los archivos de la República de Cuba, las disposiciones relativas a la información oficial y clasificada —que establecen límites de acceso—, la Ley de Comunicación Social, la reciente normativa sobre información estadística y las políticas de informatización y transformación digital del país.

“Se trata de poner en contexto y vincular coherentemente todo ese entramado jurídico”, afirmó.

Manual de procedimiento y preparación institucional

Aunque la Ley de Transparencia fue aprobada en julio de 2024 por la Asamblea Nacional del Poder Popular, su publicación en la Gaceta se pospuso hasta contar con el manual de procedimiento que acompañará su implementación, uno de los mandatos expresos del Parlamento.

Durante este período se elaboraron 10 procedimientos, cinco de ellos directamente relacionados con la transparencia y el acceso a la información, incluyendo uno específico que tributa de manera directa a la nueva ley. Dicho manual fue conciliado con todos los órganos y organismos de la Administración Central del Estado y se publica junto con la resolución que lo pone en vigor. También estará disponible en el sitio web del CITMA.

Este tiempo permitió, además, preparar a los llamados sujetos obligados —todas las entidades que ejercen funciones públicas o gestionan fondos públicos— mediante acciones de capacitación y acompañamiento institucional en todas las provincias del país.

Información mínima obligatoria y plazos de implementación

Entre los contenidos que deberán estar disponibles de manera sistemática en los sitios web institucionales, como parte de la nueva norma, se encuentran la información sobre los principales directivos, una caracterización general de la entidad, sus objetivos, misiones, servicios, estrategias, programas y proyectos, así como datos sobre su financiamiento y presupuesto.

No obstante, la ley establece un plazo de 180 días para su implementación progresiva.

De acuerdo con Ferriol Marchena, a partir de su entrada en vigor comenzará una etapa de capacitación para aplicar el manual de procedimiento y crear los mecanismos necesarios para recibir y tramitar las solicitudes de información de la ciudadanía, ya sea por vía escrita o digital.

Derechos, beneficios y desafíos

Entre los principales beneficios de la ley, la directiva destacó que se consagra el principio de acceso universal. Foto: Abel Padrón Padilla/Cubadebate.

Entre los principales beneficios de la ley, la directiva destacó que se consagra el principio de acceso universal, el carácter gratuito de la información —salvo los costos de reproducción— y la ausencia de cualquier tipo de discriminación para ejercer este derecho.

Asimismo, precisó que los ciudadanos podrán reclamar en tres situaciones concretas: cuando no se entregue la información en el plazo establecido sin justificación, cuando se entregue de forma parcial sin explicación, o cuando se deniegue completamente el acceso sin fundamentos suficientes.

En una primera instancia, la reclamación se realizará ante la propia institución y su máxima autoridad, con la posibilidad posterior de acudir a la vía judicial.

En cuanto a los desafíos, identificó como principales la construcción de una cultura de transparencia, la capacitación sistemática de los sujetos obligados, la difusión de los derechos ciudadanos y el impulso a la transformación digital como herramienta clave para agilizar el acceso a la información.

Límites de acceso y control

La ley establece también límites al acceso a la información pública, relacionados con la defensa y la seguridad nacional, la protección de datos personales, comerciales y bancarios, los procesos judiciales o administrativos en curso y determinados aspectos medioambientales.

Para estos casos se introduce el principio de la prueba del daño, que obliga a evaluar, de manera contextual, si la divulgación de una información puede generar afectaciones, permitiendo incluso el acceso parcial cuando sea posible.

El cumplimiento de la norma será objeto de supervisión y control a través de los sistemas institucionales de gestión documental, la Comisión Nacional de Memoria Histórica y sus homólogos en los territorios, así como mediante los mecanismos habituales de rendición de cuentas.

“Existen las bases mínimas, los mecanismos creados y personal preparado. Ahora corresponde avanzar en el desarrollo de la cultura de transparencia que la sociedad cubana necesita y demanda en estos momentos”, concluyó Ferriol Marchena. (ALH)

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Otro de los temas sensibles que aborda este anteproyecto está relacionado con el respaldo legal de los niños y adolescentes que cometen actos delictivos. Actualmente si un niño comete hechos que la ley tipifica como delito, aunque se le aplique una medida administrativa, va a una escuela para niños con trastornos de la conducta o a una de formación integral. Sin embargo, ¿qué representación legal tiene ese menor?

A los efectos de este código hay un subsistema de protección penal adolescente. A pesar de que sí son juzgados por los hechos que cometen, también tienen una protección especial que los ampara. Es decir, son juzgados penalmente, pero al ser menores de edad, el código los tiene que proteger y hay un tratamiento especial para ellos.

Se precisa que estos niños no vayan directamente a un acogimiento institucional, pues debería ser la última variante y por ello se incorpora el término acogimiento urgente, para esclarecer en un tiempo prudencial qué vamos a hacer y qué respuesta le vamos a dar a un muchacho. Es preciso que tienen que aparecer otros familiares y personas que los atiendan por un tiempo determinado.

Por tales razones se considera imprescindible transformar las escuelas de conducta. No cerrarlas, porque hay un decreto ley antiguo que ampara este sistema de atención a los menores contra el trastorno de la conducta. Lo que sí se ha materializado es ir dejando los especialistas que atienden a estos niños en las escuelas cercanas a esas instituciones.

En 2024 se han llevado a cabo consultas a 20 mil niños, adolescentes y jóvenes, además de campesinos, académicos y miembros de la comunidad científica, asociaciones, institutos y centros de estudio y expertos en la Constitución y el Código de las Familias. Esto asegura una diversidad de opiniones relacionadas con los temas que aborda el anteproyecto y enriquece el debate en torno a él.

Es, por tanto, un código moderno, pero necesario, por ello aún está en proceso la consulta popular para recoger opiniones y posibles sugerencias constructivas. El anteproyecto demuestra una vez más la voluntad del Estado cubano en priorizar y garantizar leyes que protejan a quienes serán el futuro de Cuba.

(Dr. Osvaldo M. Álvarez Torres/ Radio 26)

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En esta ocasión, la metanfetamina fue cubierta con papel de aluminio y embutida en bombillos.

Los implicados fueron puestos a disposición de la ley, ante la cual responderán con el rigor pertinente.

Las autoridades cubanas se mantienen firmes en su compromiso de tolerancia cero hacia las drogas y en el cumplimiento de la legalidad. Continúan trabajando arduamente para erradicar el tráfico y consumo de sustancias ilícitas, y garantizar la seguridad y el bienestar de la población.

#ContraLasDrogasSeGana. Ingeniosa forma de enmascarar la droga se detecto en el aeropuerto de La Habana por la experticia de la #AduanadeCuba y el órgano antidrogas. La metanfetamina fue cubierta con papel de aluminio y embutida en bombillos. Rigor y efectividad. #FronteraSegura pic.twitter.com/w0sg1GVRhm

— Wiliam Pérez González (@vicejefeagr) April 5, 2025

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El del Régimen General Contravencional tiene como objetivo establecer las disposiciones para sancionar las conductas consideradas contravenciones en atención a su escasa lesividad social.

Sus disposiciones, apunta el sitio web del Ministerio de Justicia (Minjus), rigen para todos los regímenes contravencionales que se establecen en normativas, ámbitos sectoriales de la administración pública; y permite su actualización de conformidad con los postulados generales que establece, a fin de garantizar uniformidad, mejor coherencia en su regulación, mayor conocimiento general sobre la temática y la consecuente seguridad jurídica.

Este anteproyecto de ley, se argumenta, es congruente con la Constitución de la República, que en su Artículo 90 refrenda la responsabilidad de los ciudadanos en el ejercicio de los derechos y libertades en ella previstos, y establece, entre otros, el deber de los ciudadanos cubanos de cumplir la Constitución y demás normas jurídicas.

El Minjus habilitó un canal para que los interesados puedan emitir criterios, consideraciones o recomendaciones a través del correo electrónico contravenciones@minjus.gob.cu

Por otra parte, el cambio legislativo en materia de Registro Civil obedece a la necesidad de atemperarla al desarrollo de los derechos constitucionales, personales y familiares que se introdujeron o modificaron en los últimos cinco años en Cuba, incrementando así el catálogo de hechos, actos y circunstancias con efectos registrales para fomentar la seguridad jurídica preventiva.

Resaltan que también influye que la actual Ley No. 51 Del Registro del Estado Civil data de 1985, por lo que necesita una actualización normativa, debido a la aprobación de otras normas jurídicas, como el Código de las Familias, y el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación imponen la obligación de un cambio legislativo en esta materia.

De acuerdo con el Minjus, el nuevo anteproyecto del Registro Civil defiende el derecho recogido en el Artículo 97 de la Constitución de la República, el cual reconoce el derecho de las personas a proteger sus datos personales en registros, archivos, bases de datos e información que tengan un carácter público, así como a interesar su no divulgación y adquirir su debida corrección, rectificación, modificación, actualización o cancelación.

Los criterios, consideraciones y recomendaciones acerca de este pueden hacerse llegar por medio del correo electrónico registrocivil@minjus.gob.cu.

(Tomado de Granma)

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El país tiene que legislar, pero también que hacer cumplir las leyes. Se ha aprobado un sinnúmero de cuerpos legales, pero la necesaria transformación ha sido morosa o no ha llegado. Ello quiere decir que la realidad se ha quedado rezagada con respecto a lo que deseamos para nuestra tierra y como todo proceso de cambio eso implica una cuota de responsabilidad para los decisores. Con respecto al patrimonio, no solo declarando que posee importancia y debe ser protegido se va a detener el nivel de deterioro que sufren las ciudades cubanas, muchas de las cuales conforman el entorno de los siglos más hermosos y valiosos en la toma de conciencia de la nacionalidad cubana. Y es que la ley, aunque enuncia, no tipifica en la concreta las acciones y las impulsa. Dibuja un deber ser, pero se detiene en el umbral de lo que debería ser el cambio. En ese aspecto, el país no solo ha de accionar, sino de introducir fuertes restricciones contra todo el que atente contra lo que somos y que se burle de los más altos bríos del acrisolamiento de la nación. De hecho, recientemente he tenido intercambios con autoridades de patrimonio al respecto de la calidad de las parrandas de Remedios y si bien existe un gran nivel de pensamiento sobre el peso de las tradiciones en el futuro de la república, aún persisten fenómenos de demora en las acciones, de permisividad de procesos nocivos y de poco interés en sacar de la cultura más prístina a aquellos que han demostrado no aportarle. Nos invade una ola de pseudoarte que no nos debería repletar, pero que es en ocasiones lo único que tenemos a la mano. Y ello posee un peso oscuro en la conformación de los procesos de identificación del ser con su realidad.

Pero más allá del patrimonio está el asunto de la alimentación y si bien se aprobó una ley de soberanía que establece las pautas nutricionales del buen vivir del cubano, estamos lejos de esa realidad. El precio de los productos aumenta de forma exponencial en la medida en que no destinamos el recurso suficiente para apoyar el trabajo en el campo y sostener la eficiencia del agricultor. Es hora de que nuestro peculio sea mejor usado en cuestiones que son, como misma reza la ley, de soberanía, ya que el pueblo que es el detentor del poder popular está pagando altas cuotas por comidas que resultan de lo más elemental y básico. En ello el parlamento posee un reto que va más allá de dictaminar una ley, ya que se adentra en lo vital de la transformación. Un cambio por demás que no puede demorar meses, sino que tiene la urgencia de la vida o la muerte. Sin soberanía alimentaria no podemos pensar en el patrimonio, la cultura o simplemente las concepciones más esenciales de lo que somos. Hay que ir por una senda de honor que rescate lo que nos da entidad, y por ello no debemos estar ajenos a los reclamos de una mayoría que no está de acuerdo con el actual precio de la vida. Eso también es revolución y más que nada el sentir de la inmensa masa que componen el proyecto y gracias a la cual todo tiene sentido.

Por último, quisiera referirme a la cuestión de las empresas, lo cual me parece muy perentorio en este momento. No solo hay que destrabar las fuerzas materiales, sino eliminar todo aquello que nos frene en lo espiritual. Y si se abrió la posibilidad de las pequeñas y medianas empresas es para que se les permita un accionar coherente, sin que ello implique un daño a la mayoría. Darles el espacio que conllevan como nuevos actores es también hacer que cumplan con el sistema impositivo para que la riqueza se redistribuya y haya el recurso para comprar lo que todos necesitamos en los hospitales o para la canasta básica. La entrada al país de un dinero fruto de las importaciones de estos actores deberá estar ordenada para que no fallen estos elementos de construcción política para que las transformaciones no devengan en distorsiones de la estructura social y política vigente. La ley de empresas no debe ser solo algo que regule a los empresarios sino a todo el entramado que se verá impactado por los cambios. Es algo parecido a lo que se vive con el caso de la comunicación, que no es un tema que atañe solo a periodistas y comunicadores.

Y sobre el caso de la comunicación, hay que tener en cuenta que su presencia en la construcción de un país es definitoria y que tenemos mucho que aprender en ese asunto. La reciente ley no es más que una piedra en el inmenso edificio que aún espera por levantarse.

Sea como sea, el año nuevo tiene que ser de cambios para Cuba. Las leyes dictaminan lo que la realidad ya hizo y ello indica la urgencia de que el pueblo participe y se implique en los procesos de trabajo. No solo porque de él emana la sabiduría máxima, sino porque allí se demuestra la veracidad de la letra legislada. Más allá de que el país requiere de divisas, de fuerza de trabajo, de inversiones, de acceso a crédito, persiste la mayor urgencia de movilizar a la gente en pro de un esfuerzo colectivo para echar a andar el motor de la economía, del cual dependen todos los sueños y por ende el hallazgo de una realidad más halagüeña para todos. (ALH)

Mauricio Escuela Orozco/Cubahora 

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Transportarse hacia la capital provincial resulta en los últimos tiempos toda una encrucijada para los unionenses. Más de dos horas estuvieron los pasajeros el último miércoles antes de llegar a su destino final.

Con capacidades para recoger a los transeúntes pasaron nueve ómnibus y los choferes ni se inmutaron. Al llegar a la parada ubicada al lado del Hogar Materno, en Unión de Reyes,  aceleraban y en muchas ocasiones indicaban con el dedo que iban llenos.

Actitudes de este tipo se ven a diario. Los conductores no padecen del mal del transporte público. De una forma u otra buscan la vía para incumplir con las leyes impuestas.

Las alternativas de las autoridades políticas y gubernamentales del municipio de Unión de Reyes para solucionar el tema transporte resultan insuficientes.  Tal parece que muchos choferes perdieron el amor al prójimo, la solidaridad y el humanismo que caracteriza a los cubanos.

Los problemas económicos por los que atraviesa el país no pueden ser justificaciones para olvidar la empatía y el respeto hacia los demás.

¿Se creerán los dueños de un medio que pertenece al estado?, se preguntan los unionense que trabajan o estudian fuera de la cabecera municipal.

La máxima responsabilidad en situaciones como estas debe recaer en los directivos de las empresas a las que pertenecen los vehículos. Los inspectores estatales también juegan un rol fundamental en esta engorrosa situación.

Los protagonistas de la historia contada consiguieron llegar a Matanzas. Después de horas de incertidumbre y desesperanza, una guagua decidió parar sin necesidad de pedir botella.

Muchas resultan las insatisfacciones de los unionenses con la transportación. Si no nos ayudamos entre nosotros mismos, ¿a dónde vamos a parar? (ALH)

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La víctima fue Katia Naranjo Alarcón, joven vocalista del grupo y parte de la familia fundada por el Premio Nacional de Música Wilfredo Naranjo Verdecia, Pachy.

Según explicó en las redes sociales de Internet Karelia Naranjo Alarcón, instrumentista y directora de la orquesta, el golpe provocó heridas en la piel, fosas nasales y labios, con fractura de tabique, rotura y trauma en algunos dientes.

En declaraciones a Invasor, el músico moronense Andrés Hernández Font expresó su profunda pena, también en nombre del resto del público.

“El día antes Pachy me llamó y me dijo ‘oye, vengo a tocar a tu pueblo’, yo me puse feliz de verlo después de tantos años, y luego sucedió lo que considero una vergüenza para la ciudad de Morón. En ese momento tomé el micrófono y le ofrecí disculpas a la orquesta en nombre del pueblo y también pedí que se actuara firmemente según dicta la ley”.

El maestro Pachy Naranjo ha contado a amigos su versión de los hechos: “Entraba al escenario, hasta el teclado de su otra hija, Karelia, a tocar en una especie de controversia que habitualmente hace con un pianista joven que han integrado a La Original. Entonces siente un golpe sordo, y ve que el pianista salta de su sitio y sale a auxiliar a Katia”.

Según Andresito, y otros miembros de la familia en redes sociales, la atención médica fue rápida y cuidadosa y las autoridades les acompañaron hasta el hospital. En conversación con un periodista de Radio Granma, su provincia natal, la madre de Katia, Katy Alarcón, expresaba su agradecimiento por “la rapidez y diligencia con las que actuaron las autoridades y los especialistas de Salud Pública para atender a Katia”.

Sin embargo, las lesiones, aunque no suponen un peligro para su vida, no son simples. Su madre aclara que “tiene que permanecer en reposo absoluto por un período, durante el cual la alimentación también será especial, porque no pude masticar por prescripción facultativa”. Se encuentra bajo seguimiento médico.

Más tarde, su hermana Karelia Naranjo agregaba que Katia aún no podía respirar a través de la nariz por la dimensión del trauma, y la propia Katia explicaba que hasta que la inflamación se lo permitiese no sabría si se requiere de operación para que vuelva a respirar con normalidad.

Ambas expresaron su descontento con la medida tomada en contra del agresor, quien horas después de su detención salió con medida cautelar.

Fuentes de la Fiscalía Municipal de Morón explicaron a Invasor que la denuncia está en tramitación, para lo cual la Ley prevé hasta 30 días. Al atacante se le aplicó una medida cautelar de reclusión domiciliaria y, una vez se ateste por el médico legal el carácter de las lesiones, se procede. “Esto no quiere decir que el sujeto está en libertad ni que no responderá ante la Ley”.

Los atestados de sanidad o certificados de asistencia de primera intención de un lesionado (modelo 53-13 del Ministerio de Salud Pública) deben consignar datos del lesionado, así como la descripción detallada de las lesiones y el pronóstico médico legal.

La Empresa Provincial de Comercialización de la Música y los Espectáculos Musicávila, informó, vía Facebook, que mantiene comunicación diaria con la familia Naranjo para estar al tanto de su evolución, y se asegura que el grupo mantiene la intención de volver a la ciudad. Invasor acudió a la Dirección municipal de Cultura en Morón, pero no ofrecieron declaraciones. (ALH)

Amanda Tamayo Rodríguez/Invasor

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