En conferencia de prensa Onelio Castillo, vicepresidente primero del organismo, señaló que se trata del primero aprobado en el país, destinado a investigar e innovar en ese importante pilar de la gestión de Gobierno en Cuba.

Por ello también convoca a la presentación de proyectos por una amplia gama de actores institucionales, que incluye medios de comunicación, organizaciones y entidades relacionadas con la Comunicación Social, centros de estudio e investigación y universidades de todo el país.

Castillo calificó el programa como una prioridad de la mencionada ley en el empeño por fomentar el desarrollo de la comunicación social, y centrará sus esfuerzos en la solución de problemas de la sociedad y que contribuyan a la toma de decisiones más efectivas.

La Doctora en Ciencias Mariluz León Ávila, directora de Ciencia, Innovación y Tecnología del ICS, destacó que la convocatoria es fruto del trabajo de un colectivo de profesionales de la Comunicación Social comprometidos con el desarrollo del país, al brindar una herramienta científica de participación nacional.

Los diagnósticos realizados en torno a las necesidades, prioridades y dificultades en este campo, demostraron también potencialidades para investigar e innovar a partir de los vínculos de las carreras afines con los gobiernos locales y de la presencia de muchos jóvenes en sus plantillas.

Señaló que los resultados del programa sectorial deben contribuir también al acceso a la información, a una mayor transparencia a partir de facilitar una mejor gestión del gobierno.

Además de ser dirigido por el Instituto de Información y Comunicación Social, su gestión está en manos de su Escuela Ramal, y los proyectos que se presenten deben ser según el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación del ministerio del ramo, o sea, el CITMA.

En la conferencia de prensa la Doctora en Ciencias Hilda Saladrigas Medina, Premio Nacional de Comunicación Social y jefa del programa, expresó sentirse feliz de encabezar todo este colosal esfuerzo en la que la acompañarán otros 24 expertos de los diversos campos de la comunicación social.

Corresponderá a esos profesionales de alto rango académico o científico, provenientes de carreras universitarias afines, medios de comunicación, organizaciones y entidades diversas, evaluar los proyectos que se presenten.

Aclaró que el objetivo general es dirigir y valorar aquellas propuestas de soluciones a los problemas planteados por los procesos comunicativos transversales a la actividad económica, política y cultural del país en los diferentes ámbitos, niveles y espacios donde tienen lugar.

Explicó que este programa sectorial contará con el respaldo financiero del Presupuesto del Estado, aunque en la medida de su avance podrían surgir otros fondos.

Saladrigas Medina informó que la convocatoria y documentos relacionados con el programa están públicos en el sitio web del ICS.

Las propuestas de proyectos deberán enviarse vía correo electrónico a la siguiente dirección: programa.sectorial@ics.gob.cu, hasta el 9 de enero de 2026, fecha de cierre de la convocatoria.

Tomado de Cubadebate

La entrada Aprueban en Cuba programa para la investigación en comunicación social se publicó primero en TV Yumurí.

Más de 29 000 personas fueron capacitadas para potenciar sus habilidades en el ámbito comunicativo, como parte de la preparación nacional para la entrada en vigor, hoy, de la Ley de Comunicación Social, primera propuesta jurídica sobre esta materia en Cuba.

En la nueva construcción del futuro, la comunicación no solo es una herramienta de poder, sino un pilar esencial para el fortalecimiento del sistema democrático, por lo que la gestión pública ganará en transparencia y accesibilidad.

El documento, aprobado el pasado año por la Asamblea Nacional del Poder Popular, y publicado en la Gaceta Oficial de la República, tiene como objetivo regular el Sistema de Comunicación Social para la gestión estratégica e integrada de los procesos de comunicación social, así como establecer los principios de organización y funcionamiento para todos los medios comunicacionales en el país.

En el programa televisivo Mesa Redonda, los detalles relacionados con la aplicación de la norma fueron aclarados por los directivos del Instituto de Información y Comunicación Social (ICS), Belkis Pérez Cruz, vicepresidenta; Anamaris Solórzano Chacón, directora general de Comunicación Organizacional y Comunitaria; Isidro Betancourt Silva, subdirector general de Comunicación Mediática; y Lorayne Izquierdo O’Farril, subdirectora general de Publicidad y Patrocinio.

A continuación una síntesis de la normativa.

NO BASTA CON TENER LOS DOCUMENTOS

En el espacio televisivo se hizo referencia a tres ámbitos: el organizacional, el mediático y el comunitario, y cómo la Ley contribuye a mejorar este sistema para determinar los roles y responsabilidades de los comunicadores institucionales.

A partir de la implementación de la ley, la comunicación interna y externa en las entidades debe gestionarse mejor y llegar a los públicos con un discurso claro y entendible. No basta con tener los documentos gestores de la comunicación, si no tienen una salida práctica.

Con el propósito de profundizar en la comunicación comunitaria, tanto en el espacio físico como en el digital, se impartirá un taller de Comunicación Comunitaria en el ICS, los próximos 28 y 29 de octubre.

EL 89 % DE LOS MUNICIPIOS CUENTA CON FUERZAS CAPACITADAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN

En los últimos meses se han definido procedimientos que enriquecen este proceso, realizando recorridos a más de 160 municipios de todo el país, para potenciar los intercambios sobre la ley en diferentes organismos y entidades estatales. Además, se intensificó el trabajo para completar la plantilla de cuadros del ICS, que se encuentra al 90 %.

Aunque el proceso empezó de cero, actualmente se cuenta con los directores provinciales y con jefes o especialistas que pueden comenzar el trabajo en el 89 % de los municipios.

Además, la socialización de la nueva ley ha involucrado a universidades de todo el país, marcando un paso significativo hacia la creación de una especialidad en Comunicación Comunitaria, y se ha impulsado el Programa de Educación para la Comunicación, con el objetivo de desarrollar habilidades comunicativas en la población y explicar los fundamentos de la nueva ley.

Se impartió una capacitación al Consejo de Ministros, preparación que se complementa con la elaboración de un módulo específico para docentes, un programa televisivo sobre comunicación social, un seminario para directivos de los medios de comunicación, etc.

EL SERVICIO DE CONSULTORÍA EN COMUNICACIÓN SOCIAL

Las organizaciones sociales, entidades estatales e instituciones legalmente constituidas, son los encargados de hacer los trámites de solicitud del servicio de consultoría en comunicación social, por parte de los actores económicos; cada solicitud debe incluir un listado detallado de los servicios requeridos y una explicación clara sobre el alcance de estos, así como las áreas que se beneficiarán.

El Instituto de Información y Comunicación Social es el encargado de revisar estas solicitudes. En caso de detectar alguna inconsistencia, devuelve el documento al solicitante, quien tiene un plazo de diez días hábiles para corregir y volver a presentar su petición.

También será necesario actualizar los registros nacionales de sitios web y publicaciones seriadas. La Ley establece que esta inscripción no debe ser vista como una mera regulación, sino como una oportunidad para acceder a beneficios significativos; por ejemplo, obtener el issn, un código internacional que permite el reconocimiento global de publicaciones seriadas, es una ventaja que puede potenciar la visibilidad y legitimidad de las iniciativas comunicativas.

En cuanto al proceso de difusión, el titular de la radio, la televisión, las agencias de noticias, los medios impresos o digitales deben solicitar el autorizo al presidente del ICS, Alfonso Noya Martínez; asimismo, para poner una valla, un colgante o un cartel, deben ir al sitio web del ICS y llenar el formulario para solicitar esa autorización.

DIFERENCIAS ENTRE PATROCINIO Y PUBLICIDAD

Según el propio sitio web del ICS, la publicidad es la forma de producción comunicativa, con fines comerciales, que desarrollan los diferentes actores económicos legalmente reconocidos en el país, como parte de su plan de mercadotecnia.

Sin embargo, el patrocinio es la relación de intercambio a través de la cual el patrocinado recibe de una persona u organización un aporte financiero, de bienes o servicios y, como contrapartida, el patrocinador obtiene notoriedad y difusión de su nombre, marca, producto o servicio.

En la Ley se permite para actividades culturales, científicas, profesionales y sociales. Con los reglamentos y todas las regulaciones establecidas, se busca garantizar que todo este proceso sea paulatino, ordenado y racional.

DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL, ELEMENTOS ESCENCIALES

El director de cada medio fundamental de comunicación social es el máximo responsable del cumplimiento de su política editorial y de asegurar la participación de sus profesionales y las audiencias en la gestión de las prioridades de esa política.

La solicitud de información de periodistas y directivos de las organizaciones mediáticas se considera omitida cuando, a partir de conocerse por los directivos, funcionarios y empleados de los órganos, organismos y entidades del Estado, no tiene confirmación de recepción en el plazo de hasta tres días hábiles.

El sujeto obligado a brindar la información, si deniega la solicitud de esta, notifica al interesado su decisión mediante escrito fundamentado, en un plazo de hasta tres días hábiles posteriores al momento en que conoce la solicitud de los periodistas y directivos de las organizaciones mediáticas.

La solicitud de información omitida o denegada a los periodistas y directivos de las organizaciones mediáticas, a tenor de lo dispuesto en el Artículo 12 de la Ley de Comunicación Social, se puede reclamar ante la autoridad inmediata superior del directivo, funcionario o empleado de los órganos, organismos y entidades del Estado al que se le realiza.

El Instituto de Información y Comunicación Social dispone del Consejo de la Marca País, ente facultado para autorizar el uso de este signo y ejercer su promoción, protección, administración, control y defensa en el territorio nacional y en el extranjero.

La publicidad respeta la identidad histórica y cultural del pueblo cubano, los valores de la sociedad socialista, promueve la inclusión, así como los intereses nacionales y de los distintos actores económicos.

Los directivos, funcionarios y empleados de los órganos, organismos y entidades del Estado responden la solicitud de información con inmediatez, oportunidad, transparencia y veracidad, particularmente ante hechos y situaciones que por su naturaleza, sensibilidad y connotación pública demandan una urgente comunicación con la población.

La solicitud de rectificación o aclaración se presenta mediante escrito impreso o digital, en el plazo de hasta siete días hábiles posteriores al momento en el que se divulga el contenido. Si el promovente precisa del contenido divulgado como medio de prueba, el plazo para reclamar se extiende hasta diez días hábiles. (ALH)

Tomado de Granma

La entrada Por una gestión pública más transparente y accesible se publicó primero en TV Yumurí.

Publicada en La Gaceta Oficial de la República en su edición Ordinaria No.48, el pasado cinco de junio, la norma jurídica incluye las regulaciones para la comunicación social en los ámbitos organizacional, mediático, comunitario, en el ciberespacio, así como la comunicación política, de bien público y la comunicación de crisis.

Asimismo, aborda el marco legal para el diseño de la comunicación visual e industrial, la imagen de la marca país, la publicidad y el patrocinio en diferentes ramas (como por ejemplo la cultura y el deporte), y la comunicación en la vía pública.

Trata además la regulación y control de los procesos de comunicación social, de lo cual se encarga el Instituto de Información y Comunicación Social (ICS).

De acuerdo con la vicepresidenta de ese organismo, Belkis Pérez, uno de los principales desafíos ante la implementación de esta ley ha sido el de completar la planilla de cuadros del instituto en cada uno de los municipios del país.

Pérez explicó en el programa radiotelevisivo Mesa Redonda que ha sido» un proceso de construcción colectiva y mutuo aprendizaje, todos los días vamos aprendiendo algo más, sobre todo a partir de que es un Instituto que no tiene una experiencia anterior».

La directora general de Comunicación Organizacional y Comunitaria del ICS, Anamaris Solórzano, subrayó que el instrumento jurídico contribuye a mejorar el sistema de comunicación, determinar los roles y responsabilidades de los comunicadores institucionales, y a asesorar para que todo funcione mejor.

Indicó en el espacio radiotelevisivo que la normativa delimita las responsabilidades y los modelos actuación en espacios públicos digitales de directivos e integrantes de instituciones, que en correspondencia al interés público de sus funciones, deban contemplar temas relacionados con la comunicación.

Por su parte, la subdirectora general de Publicidad y Patrocinio del ICS, Lorayne Izquierdo, detalló que podrán realizar publicidad aquellos actores económicos que están legalmente reconocidos en el país, estatales y no estatales.

«Se permite la inserción y difusión de publicidad en los medios de comunicación social; el titular debe solicitar al presidente del instituto de información y comunicación social el autorizo para insertar y difundir publicidad», añadió.

Izquierdo precisó que una parte importante a tener en cuenta en la práctica, son los sujetos protegidos por la ley como: los niños, las mujeres, personas adultas mayores y las que se encuentran en situación de discapacidad.

La Ley de Comunicación Social busca desarrollar habilidades comunicativas en la población cubana, facilitando una mejor comunicación y creando una sociedad capaz de ejercer el control popular.

( Tomado de Prensa Latina)

La entrada Entra en vigor en Cuba Ley de Comunicación Social se publicó primero en TV Yumurí.

Una actualización sobre la implementación de la Ley de Comunicación Social en Cuba, aprobada por la Asamblea Nacional del Poder Popular en mayo último, tuvo lugar hoy durante el X Pleno del Comité Nacional de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC), últimos antes del XI Congreso de esa organización, previsto para el 2 y 3 de noviembre próximo.

Presidido por Rogelio Polanco Fuentes, miembro del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y jefe del Departamento Ideológico; Alfonso Noya, presidente del Instituto de Información y Comunicación Social (IICS); Ricardo Ronquillo, presidente de la UPEC, y Katia María Rodríguez, secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Cultura, también se explicó sobre la estructura y funcionamiento del IICS.

Onelio Castillo Cordoví, vicepresidente de Instituto, argumentó que se impone elevar la cultura comunicacional del pueblo, se imparten cursos de capacitación tanto en los territorios como en la sede nacional del organismo, y que se enriqueció la Ley con mucha fuerza vinculada con el desarrollo de la investigación, la ciencia y la innovación en materia de comunicación social.

El directivo dijo que se introdujo un capítulo completo dedicado a la comunicación política, tan importante en estos tiempos, que había sido uno de los reclamos de los procesos de difusión y de intercambio de la ley, y también se refirió a lo inherente al proceso de elaboración del plan nacional de campañas de bien público, y todo lo que tiene que ver con la responsabilidad administrativa, y la inspección.

Castillo Cordoví puntualizó que existen 182 artículos en el reglamento para el ejercicio de la publicidad, los cuales hacen un repaso exhaustivo de las muchas oportunidades de desarrollo de publicidad que pueden experimentarse en campos tan diferentes como el deporte, la medicina, con todas las especificidades que tiene, y adelantó que avanza el proceso normativo de la ley.

Alfonso Noya ratificó el marco regulatorio sólido de la Ley de Comunicación Social y dijo que no hay nadie cruzado de brazos en materia de comunicación; el instituto respalda la autoridad y la autonomía de los medios de comunicación públicos del país, se realizan recorridos, y solo en tres provincias no está nombrado aún el representante del IICS, afirmó.

Polanco Fuentes lo calificó como un proceso inédito de gran trascendencia política, y reconoció el trabajo que desarrollaron durante todo este tiempo para contar con este importante cuerpo jurídico y las normas complementarias.

Estamos garantizando de esta manera que la información y comunicación social cumplan con las funciones estatales de conducir y controlar la política de comunicación social del Estado y el Gobierno, manifestó, y apuntó a la guerra cultural que se le hace a la nación cubana, la que se debe enfrentar reorganizando e impulsando todas las fuerzas revolucionarias para contrarrestar sus efectos nocivos.

El X Pleno de la UPEC confirmó que el XI Congreso se desarrollará los días 2 y 3 de noviembre venidero, dedicado al nuevo modelo de prensa pública en Cuba.

Bárbara Vasallo/ACN

La entrada Actualizan sobre la Ley de Comunicación Social en Cuba se publicó primero en TV Yumurí.

Si se hubiese aguardado por la orden de la dirección nacional de la Defensa Civil de Cuba para publicar el video de la crecida que partió en dos el puente sobre el río Zaza y que casi ahoga a aquellas dos muchachas, en mayo del 2018, quizás no quedara constancia del suceso.

Si el mismísimo Presidente de la Comisión Nacional de Béisbol hubiese tenido que aprobar, en 2014, la nota de este órgano de prensa donde se esclarecía que la suspensión del partido entre Granma y Sancti Spíritus se debía a un brote diarreico en el equipo oriental, a lo mejor todavía no se sabrían las causas de la pausa de aquel juego de pelota.

¿Decir o callar? Es esa la dicotomía sobre la que se balancean desde siempre decisores y periodistas y en la que se tensan ambos extremos: de un lado, quienes dominan la información y se creen los dueños de decidir el cuándo, el cómo y el dónde lo digo y, del otro, los que exigen el reconocido derecho ciudadano de informar y hacer saber a los demás.

Porque si una ley primera tiene el periodismo es la inmediatez. Y de eso, a veces, se desentienden muchas fuentes informativas a sabiendas de que decir las cosas después que sucedieron no tiene gracia alguna, ni en los chismes de barrio, mucho menos en los medios de comunicación que están obligados a publicar los hechos oportunamente.

La información como regla no espera, porque de lo contrario deja de serlo, se convierte en archivo en lugar de noticia. Y es ese el riesgo que corren los hechos cuando quienes deben brindar los datos se escudan en dilaciones. Seamos honestos: prorrogar el acceso a cualquier información viene a ser lo mismo que negarla. O resulta más sutil, pero a la postre sigue siendo igual perro con diferente collar.

Y traigo a colación lo que es una práctica arcaica por más que varios documentos que rigen el ejercicio periodístico en Cuba hayan intentado echar por tierra ese crónico hábito de callar. Lo reitero porque el pasado 25 de mayo la propia Asamblea Nacional de este país aprobaba, no sin antes someterla al escrutinio de diputados y con anterioridad al de los propios periodistas y de otros intelectuales, la Ley de Comunicación Social y la realidad viene violando ya lo que la norma instituye por obligación.

¿Desconocimiento u oídos sordos? ¿Información en papeles y mutis en los medios de comunicación? ¿La Ley por un lado y el discurso por otro?

Parece que de lo dicho al hecho, antes incluso de que la Ley se haga pública en la Gaceta Oficial, ya hay un buen trecho. Lo aseguro porque, so pena de la legislación vigente, varios organismos han instaurado, al parecer, sus propias leyes, las cuales infringen, cuanto menos, la nueva norma comunicacional aprobada en el país.

Ejemplos, por desgracia, sobran. Cansados están los periodistas de padecer tales arbitrariedades y de denunciarlas. Días atrás en conferencia de prensa la dirección de Turismo en la provincia daba a conocer a los periodistas un mecanismo —maquiavélico—, implementado, al decir de los directivos, por el propio ministerio para acceder a la información.

Tan inconcebible como que para hacer lo mismo una nota informativa del hotel Meliá Trinidad Península que una reseña del Campismo Popular Planta Cantú los periodistas deben hacer una solicitud formal donde expliciten, además de sus datos personales, las fechas en las que se pretenden hacer los trabajos, las instalaciones a visitar, los objetivos, si se tomarán imágenes o se grabarán videos, los medios en los que se publicarán los productos comunicativos para que, luego de ser analizado por la Dirección de Comunicación del Ministerio del Turismo —en un lapso que puede tardar días—, comuniquen a las direcciones provinciales si proceden o no los trabajos.

Similar experiencia se había padecido con las cadenas Cimex y Tiendas Caribe y con la Empresa del Gas —a los que hay que llenarles formularios y plantearles intereses hasta para saber la distribución de los puntos de venta— para que, después de sortear tantas trabas, en el mejor de los casos, los trabajos periodísticos se publiquen cuando ya todos se han enterado por otros medios.

Cada zancadilla en el acceso a la información es un paso más a la censura. Cada vez que la prensa pierde oportunidad en decir, la ganan en mentir o en tergiversar otros. Y el descrédito siempre pesa sobre todos. Aún seguimos sin entenderlo.

Lo que no se dice ahora, resulta difícil que quienes nos leen, nos oyen o nos ven lo crean después. Porque si algo se ha articulado infelizmente en la comunicación cubana es que los medios publican a destiempo lo que la vox populi ha ido confirmando a los cuatro vientos.

Y debería ser excepción, no regla. Como tampoco debió suceder que la noticia de las condenas impuestas a quienes asesinaron al profesor espirituano Santiago Morgado —suceso al que Escambray, no obstante, pudo darle amplia cobertura noticiosa— dejó de publicarse porque cuando el Tribunal Popular Provincial lo revisó, lo mandó al Ministerio de Justicia para su aprobación y llegó la respuesta a este medio de prensa, ya había pasado un mes de dictarse las sentencias.

Quizás lo que, entre muchísimos otros supuestos, reacomoda la Ley de Comunicación Social es ponderar el proceso comunicacional como un sistema integrado, donde cada actor determina y cuenta.

Norma al fin, delinea las obligaciones de todos. Es explícita en su Artículo 21 inciso f, cuando al referirse a las obligaciones de los máximos directivos de los órganos, organismos y entidades del Estado, las organizaciones de masas y sociales establece: “Responder con oportunidad, transparencia y veracidad ante la solicitud de información que realicen los periodistas y directivos de las organizaciones mediáticas en el ejercicio de su función social”.

En tal sentido obliga a los medios en el Artículo 33 inciso b: “Actuar con inmediatez, oportunidad y previsión estratégica en su producción comunicativa”.

Tal obligatoriedad decretada en la Ley la reiteraba en la Asamblea Nacional el propio Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Presidente de la República, cuando reflexionaba: “Esta legislación debe permitirnos superar los vacíos y vencer las inercias institucionales. Ante una situación determinada que esté impactando negativamente en la población, los servidores públicos responsables están obligados a informar de inmediato, desde todos los espacios posibles. Por su parte, toca a la prensa contar primero, y responsablemente, cada información sensible para el pueblo”.

A ojos vista muchos decisores parecen obviar tales deberes. Como si tendiendo cercos a la información pudiera entonces ocultarse. Como si fueran posibles límites cuando las nuevas tecnologías de la información y la comunicación son tan ilimitadas y se sabe primero por un post en Facebook que el hotel Saratoga se desplomó o que empezó a arder la Base de Supertanqueros de Matanzas. Contra la instantaneidad de una persona con un móvil y la viralidad de las redes no hay frenos posibles.

Seguir batallado contra los mismos molinos es lo que toca a los medios de prensa, incluso cuando se ha instituido una Ley de Comunicación Social, la cual antes de implementarse habrá que defender entre todos para que no termine siendo una norma de vitrina.

Deberíamos haberlo aprendido durante tantos años: dejar de decir a tiempo viene a ser lo mismo que callar o, al menos, sus efectos son tan nocivos como los del secretismo. El sayo no les sirve únicamente a los periodistas —que son los primeros en ponérselo, aclaro—, porque faltar a la verdad no es tan solo un crimen de leso periodismo. (ALH)

Dayamis Sotolongo/Escambray

La entrada ¿Callo, después informo? se publicó primero en TV Yumurí.

El presidente de la Asamblea Nacional, Esteban Lazo Hernández, explicó que la creación de la norma, inicialmente como Decreto-Ley y luego como Ley, es el resultado de un amplio y riguroso proceso de construcción colectiva, en el que han participado profesionales y expertos de diferentes disciplinas, organizaciones e instituciones hasta llegar a la versión 34 del documento.

El presidente del Instituto de Comunicación e Información Social, Alfonso Noya Martínez, presentó el proyecto de ley a los diputados y afirmó que reconoce la contribución de la comunicación social para fortalecer la unidad del pueblo, afianzar la ideología de nuestra sociedad socialista y defender la independencia, soberanía y seguridad de la patria, un aporte de mayor trascendencia en el escenario de guerra política, ideológica, económica, comunicacional y cultural que enfrenta la Revolución cubana.

“El proyecto que se presentó ante el Parlamento siguió el camino más democrático, el de la construcción colectiva”, dijo.

El tránsito hasta la presente versión comprendió, de julio a octubre de 2022, la realización en todo el país del proceso de consultas especializadas del Anteproyecto de Ley en el que participaron estudiantes y profesores universitarios, periodistas, artistas, comunicadores sociales y otros profesionales, delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular y diputados, dirigentes políticos y gubernamentales, empresarios y nuevos actores económicos.

Añadió que del proceso se derivaron miles de opiniones y un grupo de consideraciones recibidas a través del correo electrónico y otras vías digitales.  

El nuevo Proyecto -desde los Por Cuantos hasta las Disposiciones Finales-registra 69 cambios de contenido y forma, que representan un 59.48% de transformación respecto al texto original de la versión 33 sometida a la segunda consulta con los diputados.

Noya Martínez destacó que la versión 34 del Proyecto de Ley de Comunicación Social que se sometió a consideración de los diputados este jueves “es más sólida, madura e integral” que la entregada en el mes de diciembre a la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Tiene un nivel superior de consenso académico, profesional y social, logrado sobre la base del diálogo, la atención a cada opinión y la amplitud del ejercicio democrático deconstrucción y enriquecimiento de la norma, argumentó.

La Ley tiene como objeto regular el Sistema de Comunicación Social para la gestión estratégica e integrada de los procesos de comunicación social en los ámbitos organizacional, mediático y comunitario, con fines políticos, de bien público, organizacionales y comerciales, tanto en los espacios públicos físicos como en los digitales.

Comprende, además, establecer los principios de organización y funcionamiento para todos los medios de comunicación social en el país. 

El diputado José Luis Toledo Santander dio lectura al dictamen sobre el proyecto de Ley de Comunicación Social, y subrayó el amplio proceso de discusión a la que sometida la norma, que permitió un enriquecimiento notable del contenido.

Se ha alcanzado un documento mejor concebido en sus conceptos y con una mayor claridad en su contenido, asumiendo a la comunicación social como la base de la comunicación humana, dijo.

El país reconoce, a través de este proyecto de ley, la importancia de legislar en un único cuerpo jurídico todo lo referente a la comunicación, aunando los diferentes ámbitos que ella comprende como puede ser el mediático, organizacional, comercial e institucional, comentó.

El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, apreció el debate que se realizó previo a la aprobación de la ley, en especial, los criterios de jóvenes y preparados diputados.

Esta norma jurídica, dijo, es fruto de un largo proceso de debate y de revisión social, como consecuencia del desarrollo de la llamada sociedad de la información y el conocimiento. Agregó que la redacción de los artículos de esta ley tiene un enfoque necesariamente regulatorio. 

“Su mayor valor radica en el reconocimiento de las potencialidades y beneficios de la Comunicación Social para el desarrollo del país”, comentó. “El largo período de confrontación y la agresividad que caracteriza la criminal política del gobierno estadounidense impacta en todos los ámbitos de la sociedad cubana y, de manera particular, en lo comunicacional”.

El presidente sostuvo que hoy es fundamentalmente el diseño de un marco de posibilidades que apunten -indicó- al desarrollo del sistema de comunicación social en Cuba, y que además hemos concebido como uno de los pilares de la gestión del gobierno institucional y comunitaria, y no solo mediática o asociada específicamente a la prensa. 

Díaz-Canel dijo que la ley aporta una visión más integral de lo que es la comunicación, y permite su interpretación en el ámbito digital, así como su integración con el resto del sistema por la complejidad del escenario en que se desarrolla, ya que este evoluciona con mucha velocidad.

Resaltó la importancia de reconocer e incluir el papel y lugar de las personas en los ámbitos organizacional, mediático y comunitario, pues todos los que participan en los procesos comunicacionales inciden, interactúan, se relacionan, tienen niveles de influencia y de insumos, de forma directa o indirecta, en sus lógicas de funcionamiento, y deciden en algún grado la eficacia de la comunicación.

Por otra parte, dijo, estos ámbitos sólo cobran sentido en su interrelación con las personas desde las acciones que se diseñan para ellas, con ellas, o teniendo en cuenta sus características y/o necesidades.

“Es fundamental y necesario, que junto con esta ley y a favor de su implementación más efectiva, se promueva e impulse la educación para la comunicación y la alfabetización mediática e informacional de las personas en nuestro país”.

El presidente consideró necesario que se entienda “la necesidad imperiosa de dotar a la población de conocimientos, capacidades y herramientas para una comprensión y valoración crítica de las lógicas de funcionamiento de los medios, además de potenciar y facilitar el acceso a ellos y a las tecnologías de la información y las comunicaciones”.

“Reconocer y ponderar la educación para la comunicación es crucial para asumir los nuevos procesos comunicacionales que hoy se manifiestan, sobre todo en el espacio digital, incluyendo los que existen y los que deseamos crear o fortalecer como sociedad socialista”.

Díaz-Canel afirmó que más de dos tercios de la población global accede hoy con cierta regularidad a Internet, pero este espacio está cada vez más dominado por un grupo reducido de transnacionales, y este nivel de concentración del consumo y plataformas que no son de propiedad pública y que establecen restricciones a las prácticas de los usuarios está en función de sus intereses.

Puntualizó  que la norma jurídica tiene un fuerte impacto  para la seguridad nacional, en un contexto de intensa guerra mediática.

Además, el presidente recordó que en la ley se menciona en más de  20 ocasiones a la Constitución de la República.

La ley, dijo, debe convertirse en un instrumento de trabajo permanente para entender que el fin no es el mensaje, sino la utilidad imprescindible de la gestión comunicacional en función de los objetivos estratégicos.

El presidente añadió que esta legislación debe permitirnos superar los vacíos y vencer las inercias institucionales que inciden negativamente en los servidores públicos responsables de informar a la población. Alertó que le toca a la prensa informar a la población responsablemente.

Diputados: Esta es una ley histórica

Los diputados se sumaron desde el Palacio de las Convenciones a la condena de las agresiones contra el grupo musical Buena Fe en Barcelona, quienes fueron víctimas del odio de contrarrevolucionarios respaldados por las fuerzas fascistas de Europa y la ultraderecha de Miami, con la complicidad y el financiamiento del gobierno de los Estados Unidos.

El diputado y director del periódico Juventud Rebelde, Yoerkis Sánchez dijo que esta ley es valiosa porque tiene aportes de diputados de dos legislaturas de la  ANPP.

Aclaró que no se trata de una norma gremial circunscrita a un grupo o conjunto de personas, es una ley de “todos y para el bien de todos”, porque transversaliza distintos procesos sociales que colocan en su centro a los ciudadanos. 

Para las organizaciones mediáticas -dijo- se establecen más posibilidades de sostener su desarrollo y fomentar la modernización de nuestros medios. Agregó que la ley recoge temas como la publicidad y el patrocinio. “Estos elementos no están en contradicción con nuestros valores socialistas”.

Ailyn Fables Estrada precisó que la ley por sí sola no es suficiente, dijo que se necesitan otros instrumentos legales que la complementarán. Entre ellas la ley de transparencia y acceso a la información que será aprobada y sometida a discusión del Parlamento en este cronograma legislativo, o una ley de datos tan necesaria en nuestro país.

Es una ley perfectible como toda obra humana, pero por sobre todas las cosas, es una ley útil oportuna y pertinente, subrayó.

“Cada mes aparecen nuevas tecnologías, cada minuto se generan millones de datos, crecen exponencialmente los dispositivos conectados, y nuestros niños y jóvenes están más de la mitad del tiempo de vigilia conectados y en Internet”.

La diputada comentó que durante el proceso de consultas propuso incorporar explícitamente en el artículo 93.2 del capítulo 13 de la Formación preparación y superación en Comunicación Social a la educación, además de la educación superior, por ser urgente que nuestros niños y jóvenes aprendan métodos y técnicas para construir una cultura de diálogo que les permita comunicarse de forma correcta.

Este planteamiento de la diputada fue tomado en cuenta por la comisión redactora de la Ley.

La diputada Leydis María Labrador insistió en la necesidad de comprender las responsabilidades que tienen muchos funcionarios y directivos de con seriedad y la valentía responder a las inquietudes de la población. 

Alertó la importancia de utilizar a los comunicadores sociales, de darle a esos profesionales la función y el reconocimiento que merecen. “Muchas veces tenemos a un comunicador social, durante varios meses, trabajando en una estrategia de comunicación y después la engavetamos”.

Agregó que la ley recoge que existen personas que están obligados a dar información. “Estas personas deben no solo informar, sino saber comunicar y deben las herramientas subjetivas para poder enfrentarse a los procesos comunicativos”.

La diputada por el municipio de Trinidad, Rosa Miriam Elizalde, subrayó que “esta es una ley histórica”,  porque “es la primera Ley del ámbito de la Comunicación, derivada directamente de la Constitución, que tendrá Cuba en más de un siglo”.

Resaltó que la última ley relacionada con algunos de los elementos de la comunicación -en este caso una regulación de la actividad periodística- data de la época de la Colonia, o sea, “la ley anterior más duradera que tuvo que ver con uno de los componentes del sistema de comunicación en Cuba fue dictada en 1886, la Ley de Imprenta, que regulaba la producción periodística para Cuba y Puerto Rico”.

“Obviamente no hubo un total vacío legal”, dijo la profesora, sino “leyes de segundo orden, regulaciones administrativas, y un breve período en que se crea, después del golpe de Estado de Fulgencio Batista, en 1952, el Ministerio de Propaganda que derivaría en el Ministerio de Información”.

“Este Ministerio, dijo, duró unos pocos meses, hasta el asalto al cuartel Moncada en 1953. Se dedicó casi exclusivamente a la censura, para evitar que la población cubana viera los cuerpos de los jóvenes asesinados, las torturas y otros crímenes horribles que se producían y se produjeron hasta el triunfo de la Revolución en 1959”.

“Este es un hecho que suelen ignorar deliberadamente los nostálgicos batistianos que habitan esa zona de la ‘ciber-chusmeria’, de la cual hablaba hace un momento el diputado Arnaldo Rodríguez”, subrayó Elizalde.

La también vicepresidenta de la Unión de Periodistas de Cuba (Upec) enfatizó en que se trata de “la primera ley superior derivada directamente de una Constitución socialista”.

En ese sentido, puntualizó que “la importancia histórica de esta ley desborda ampliamente nuestra geografía”.

Comentó que esta ley también es histórica porque es la primera norma de América Latina que trasciende lo sectorial, esa división artificial entre contenidos, canales, infraestructura, actores de la comunicación, servicios comunicativos… Resuelve este problema que procede del mundo analógico, añadió.

También favorece la respuesta sistémica, estructural, a los enormes desafíos que vivimos y a los graves problemas acumulados en la gestión de nuestro sistema de comunicación pública.

“Un sistema -continuó Elizalde- que, por primera vez, va a adquirir herramientas para fortalecer sus procesos de comunicación; la ley le va a permitir cumplir con sus mandatos sociales, va a fortalecer también la innovación”.

La norma “coloca también al Estado en capacidad de mediador y garante de los derechos de los ciudadanos cubanos ante los excesos de compañías internacionales con un poder económico y de control social nunca antes visto”.

Otros diputados destacaron que la norma da respuesta a un anhelo del sector y que el gran reto ahora es su aplicación, cómo seremos capaces de implementarla y apropiarnos de lo que ella plantea.  

También insistieron en la importancia que tiene tanto a título personal como institucional del uso responsable del ciberespacio por la lucha ideológica a la que se somete Cuba constantemente.

Daicar Saladrigas González, directora del periódico Adelante, se refirió a la situación material actual en los medios de comunicación en el país que, aunque no impide su labor, sí la dificulta, sobre todo en cuanto a acceso a la tecnología.

Afirmó que la norma jurídica refuerza los derechos ciudadanos y que también permite conservar el patrimonio cultural de la nación.

Oscar Figueredo Reinaldo, Angélica Arce Montero, Karina Rodríguez Martínez, Ana Álvarez Guerrero, Claudia Fonseca Sosa, Abel Padrón Padilla/Cubadebate

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La víspera comenzó en el Palacio de Convenciones de La Habana una serie de conferencias de preparación para el ejercicio de las funciones parlamentarias, un aspecto necesario teniendo en cuenta que el porciento de renovación supera el 64, de acuerdo con el presidente del legislativo, Esteban Lazo.

La agenda de este miércoles se enfocará además en cuestiones como las relaciones de los diputados con las oficinas auxiliares del parlamento, la labor de las comisiones de trabajo permanente y se analizará el proyecto normativo sobre la vinculación de los legisladores con los lugares por donde fueron electos.

En la tarde está previsto el taller sobre la comunicación social, en el cual deben intervenir especialistas de esta rama y funcionarios vinculados al tema.

El debate dejará preparado el escenario para la segunda sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional en su décima legislatura, a celebrarse mañana 25 de mayo, y que tendrá entre sus puntos fundamentales la discusión del proyecto de Ley de Comunicación Social.

Otros asuntos a tratar son la actualización de la situación económica del país, el análisis y aprobación del cronograma legislativo para el presente mandato, así como la creación de las comisiones permanentes de trabajo y de los grupos parlamentarios de amistad.

Este martes los legisladores desarrollaron una jornada de estudio sobre la Constitución y lo establecido en ella acerca de la organización, responsabilidades y labor del Parlamento, el Consejo de Estado, el Presidente de la República, gobernadores provinciales y estructuras locales, entre otros cargos.

Asimismo, pormenorizaron sobre la función legislativa y las leyes que rigen el trabajo de las asambleas municipales y los gobiernos provinciales.

Tomado de Prensa Latina

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