El emplazamiento de los soldados se ha extendido durante varios meses y la jueza de distrito Jia Cobb concluyó que la intervención dispuesta desde la Casa Blanca, además de ser anticonstitucional, excede las competencias presidenciales.

Según el veredicto, el presidente solo podría movilizar a esa fuerza cuando exista un fundamento legal específico previsto en la normativa vigente, y no bajo motivos indeterminados o discrecionales.

En agosto, Trump declaró estado de emergencia por la violencia en el DC, aunque la alcaldesa de la ciudad, Muriel Bowser, afirmó que las estadísticas habían bajado y que tal envío de efectivos no se justificaba.

El mandatario ordenó el despliegue de más de dos mil 300 soldados de la Guardia Nacional, provenientes del Distrito de Columbia (DC) y de ocho estados adicionales.

Esta situación creó tensiones entre el gobierno federal y la administración local. El fiscal general del DC, Brian Schwalb, presentó una demanda exigiendo que la mansión ejecutiva no pudiera movilizar tropas sin autorización de la alcaldía.

Incluso, la oficina de Schwalb denunció que las fuerzas federales actuaban como policía militar, interfiriendo en la labor de los cuerpos civiles y que alteraban autoridad local.

“Cada día que continúa esta incursión ilegal, el Distrito sufre un daño a su autoridad soberana para llevar a cabo la aplicación de la ley local como mejor le parezca”, advirtió el equipo legal de Schwalb.

Los abogados del Departamento de Justicia alegaron que el Congreso le dio al presidente la facultad para ejercer control sobre la Guardia Nacional del Distrito de Columbia y calificaron la demanda como una maniobra política que podía comprometer avances en la reducción del crimen.

La jueza subrayó en su decisión de 61 páginas, la jueza Cobb señaló que el presidente no puede invocar una autoridad amplia e ilimitada para desplegar tropas en la capital, y dejó claro que aceptar tal argumento: “borraría el papel del Congreso en el gobierno del Distrito y su Guardia Nacional”.

Además, la conclusión determinó que el Pentágono tampoco tenía autoridad para enviar a mil soldados adicionales desde otros estados sin la habilitación legal correspondiente.

La sentencia de la magistrada quedó suspendida por 21 días para dar tiempo al Gobierno de Trump para la apelación.

Tomado de Prensa Latina 

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