Áñez fue declarada culpable de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. Fue acusada por la Fiscalía de haber asumido en 2019 la presidencia del Senado y luego de Bolivia sin cumplir requisitos constitucionales, luego del golpe de Estado perpetrado contra el expresidente Evo Morales por la derecha local, aliados externos y la Organización de Estados Americanos (OEA).

La ratificación de la condena fue confirmada por su abogado defensor, Eusebio Vera, quien informó que presentará recurso de casación ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), última instancia de apelación, la declare como sentencia ejecutada.

La denuncia de este caso (Golpe II) fue presentada por el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, en abril de 2021, cuando Áñez ya era procesada por los delitos de sedición, conspiración y terrorismo tras la denuncia de la exdiputada Lidia Patty (caso Golpe I).

Según reportes de prensa, otras personas juzgadas en el caso Golpe II también recibieron la ratificación de la sentencia. Una pena de diez años de prisión recibieron el excomandante general de la Policía, Yuri Calderón, y el excomandante de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), Williams Kaliman. Ambos están prófugos de la Justicia.

También fueron sentenciados el exjefe del Estado Mayor de las FF.AA., Flavio Gustavo Arce (dos años de cárcel); el excomandante del Ejército, Pastor Mendieta (tres años); así como el exinspector general del Alto Mando, Jorge Fernández, y el general Sergio Orellana, exjefe del Departamento III de Operaciones (ambos condenados a cuatro años).

Áñez fue detenida en marzo de 2021 y se mantiene en prisión preventiva en el penal de Miraflores, en La Paz. En total, tiene seis procesos abiertos en la Justicia ordinaria.

Sectores populares que resistieron al golpe de Estado la consideran responsable de las masacres de Sacaba (Cochabamba) y Senkata (La Paz), cuando militares reprimieron con el uso de munición de guerra a seguidores de Evo Morales y a defensores del retorno de la institucionalidad.

El 15 de noviembre de 2021, en Sacaba, 11 civiles perdieron la vida y alrededor de 120 resultaron heridos, en tanto que otros 11 murieron y 78 salieron con lesiones en Senkata, el 19 de noviembre del mismo año.

(Tomado de TeleSUR)

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En el caso denominado Golpe de Estado I, la exgobernante encumbrada tras el 10 de noviembre de 2019 debe responder a acusaciones de delitos de terrorismo y conspiración.

También el proceso busca ofrecer justicia y reparación a las víctimas de las masacres de Senkata y Sacaba, donde perdieron la vida 38 bolivianos que reclamaban el retorno del exdignatario Evo Morales y el respeto a la democracia e institucionalidad del país.

“Persisten los riesgos procesales de fuga y obstaculización, corresponde mantener esta medida extrema”, explicó Jorge Nina, abogado de la denunciante y la exdiputada Lidia Patty, al concluir la víspera la audiencia en la que Áñez pedía el cese de su detención preventiva en este proceso.

Incluidos en este expediente aparecen los exministros de Justicia Álvaro Coímbra y de Energías Rodrigo Guzmán.

Presentada la denuncia de Patty, la también exsenadora fue aprehendida en marzo de 2021 en Trinidad y enviada a la cárcel y su proceso se abrió por los delitos de terrorismo, sedición y conspiración.

Áñez permanece en la cárcel de Miraflores, en la ciudad de La Paz,  con condena de 10 años por el Golpe de Estado II, asociado a la presidencia del Senado, donde prevaleció la sesión sin quórum y sin ser parte de la mayoría, para luego hacerse del poder.

Según un reporte del Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI), tras el derrocamiento del presidente Morales se vulneró el derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad y seguridad de las personas.

Así mismo, fueron quebrantadas las garantías judiciales, de debido proceso, honra, dignidad, privacidad, libertad de expresión y asociación; derecho de reunión, de toda mujer a una vida libre de violencia y con acceso a la salud.

La discriminación de que fueron objeto los indígenas, los ataques contra la propiedad y la negación del derecho al trabajo son otros crímenes señalados en el informe del GIEI.

El 12 de noviembre de 2019 Áñez firmó el Decreto Supremo 4078, el cual exoneraba de responsabilidad penal a policías y militares por la violencia aplicada en la represión contra quienes protestaban contra el golpe de Estado.

Tres días después, decenas de personas murieron y alrededor de 120 resultaron heridas en Sacaba, Cochabamba, donde el GIEI estableció que ocurrieron ejecuciones sumarias.

Añade la pesquisa que el 19 de noviembre ocurrió la masacre de Senkata, en la ciudad de El Alto, en la cual perecieron al menos 11 indígenas y 78 fueron heridos. (ALH)

Tomado de Prensa Latina

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