Una declaración del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) invita a esas instituciones mundiales y personas de buena voluntad a alzar sus voces contra la política de la Casa Blanca de retener en ese enclave militar a migrantes latinoamericanos, considerados por Washington, delincuentes peligrosos.

El texto rechaza el uso para tales fines de ese territorio ilegalmente ocupado a la isla caribeña por más de 120 años, reclama un trato digno para las personas confinadas allí, y alerta sobre las implicaciones del uso irresponsable de ese espacio militar.

En tal sentido, el ICAP advierte que tal concentración de civiles podría generar “un escenario de riesgo e inseguridad en ese enclave ilegal y su entorno, lo cual amenazaría la paz y generaría condiciones para que se produzcan accidentes, errores y malas interpretaciones que pudiesen alterar la estabilidad y provocar serias consecuencias”.

Asimismo, la declaración del organismo exige la devolución de esa porción de suelo nacional “tal como exige el pueblo cubano y el derecho internacional.

La presencia de esta base en suelo cubano es una violación de nuestra soberanía y un recordatorio constante de las políticas intervencionistas de los Estados Unidos en la región”.

En esa línea se pronunció también la Cancillería al señalar que “esa instalación militar se identifica a nivel internacional, entre otros motivos, por albergar allí un centro de tortura y detención indefinida, fuera de la jurisdicción de las cortes estadounidenses, donde han permanecido hasta 20 años personas nunca procesadas judicialmente, ni condenadas de ningún delito”.

La isla antillana ha denunciado la ilegal ocupación y desde 1959, el triunfante gobierno revolucionario, encabezado Fidel Castro, dejó de cobrar el alquiler que sucesivos gobiernos estadounidenses pagaban por ella y reclamó su inmediata devolución.

Cuba sostiene que la prolongada presencia del país norteamericano en Guantánamo viola la soberanía nacional y el Derecho Internacional, especialmente el artículo 52 de la Convención de Viena de 1969, que declara nulo cualquier tratado que haya sido pactado bajo el uso de la fuerza.

El pasado 29 de enero, Trump firmó una orden ejecutiva para habilitar la base militar de la Bahía de Guantánamo como destino de los inmigrantes ilegales y prosiguió con su prometida operación de expulsión forzada y al margen de la ley de miles de estas personas. (ALH)

Tomado de Prensa Latina