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La masiva movilización fue convocada por la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú (Cunarc), la Confederación General de los Trabajadores del Perú (CGP), gremios docentes, movimientos indígenas y diversos colectivos.

Los organizadores estiman que alrededor de 30 mil personas participen en la tercera toma de Lima para exigir la dimisión de la presidenta Boluarte, el cierre del Congreso, el adelanto de elecciones generales y la convocatoria a una Asamblea Constituyente.

El 19 de julio, nos movilizamos a nivel nacional en rechazo a la dictadura que violenta los derechos humanos y sociolaborales, reprime la voluntad popular dejando el saldo de 69 asesinados y se soporta en las mafias que han copado el Estado. #DinaRenuncia #TomaLaCalle #19j pic.twitter.com/4UPKWaLp5b

— CGTP PERU (@cgt_peru) June 29, 2023

Más de 13.000 personas han viajado a Lima desde varias regiones de Perú para participar en las movilizaciones.

Se tiene previsto que la movilización arranque en horas de la tarde en el centro de la capital peruana, por lo que la Policía Nacional anunció que desplegará alrededor de 24.000 policías en varias zonas de Lima.

También se esperan marchas y movilizaciones en las ciudades de Cajamarca, Apurímac, Lambayeque, Ica, Huancayo, Tumbes, Piura, Chiclayo, entre otras ciudades.

En la víspera a la tercera toma de Lima, la presidenta Dina Boluarte señaló que las movilizaciones de este miércoles en la capital peruana constituyen “una amenaza a la democracia”, alegando que no vas a permitir este derecho de los peruanos y peruanas.

#EnVivo | Presidenta Dina Ercilia Boluarte Zegarra, junto a ministros de Estado, se pronuncia sobre la movilización convocada para el 19 de julio. #SigamosAvanzando

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— Presidencia del Perú (@presidenciaperu) July 18, 2023

Según Boluarte, la movilización en Lima representa una amenaza a la democracia, al Estado de derecho, a la institucionalidad y añadió que como mandataria no lo va a permitir ni a aceptar.

A pesar de criminalizar la marcha en la ciudad de Lima, la presidenta designada planteó que el Ejecutivo respetará la protesta pacífica, pero enfatizó que no permitirá actos de violencia por parte de los manifestantes.

Boluarte llamó a la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y las Procuradurías de Estado para que «estén acompañando durante la marcha, para que podamos garantizar que estas sean pacíficas, que no violenten el derecho ajeno».

La tercera toma de Lima impulsada por organizaciones sociales del sur del país, tiene sus antecedentes en otras dos convocatorias que se realizaron en enero y febrero de este mismo año y que no lograron su objetivo principal: el de lograr que la jefa de Estado renuncie a su cargo y convoque a nuevas elecciones generales. (ALH)

Tomado de TeleSUR

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En particular, desde la CC explicaron que se admitió la acusación relacionada con el presunto delito de peculado, pero no así las dos incriminaciones sobre el presunto delito de concusión.

Respecto a estas dos inadmisiones, el organismo argumentó su decisión por incumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 148 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

“Esta Corte— con seis votos a favor y tres en contra— exhorta a las instituciones involucradas en el juicio político a actuar siempre dentro de los cánones previstos en la Constitución y el Estado de Derecho”, reza el comunicado de la institución.

La decisión llega luego de que el 27 de marzo no se alcanzaran los seis votos favorables requeridos, por lo que fueron nombrados otros dos jueces ponentes.

El Gobierno respeta el dictamen, pero rechaza el juicio político

Por su parte, la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia emitió un comunicado en el que afirma respetar la decisión de la CC, al tiempo que rechaza el juicio político, reafirmándose en la inocencia del mandatario.

“Esta decisión, de ninguna manera, valida los argumentos planteados por la legislatura en contra del presidente. El planteamento de la Asamblea nunca tuvo ni tendrá sustento jurídico, ni político alguno. Como es de conocimiento público, el documento ha sufrido varios cambios y ha contado con innumerables errores”, destacaron desde el Ejecutivo.

Próximos trámites

Tras recibir finalmente el aval del pleno de la CC, el presidente de la Asamblea Nacional del país tiene un plazo de tres días para devolver el documento al Consejo de Administración Legislativa (CAL), que luego lo enviará a la Comisión de Fiscalización del Parlamento. Esta, a su vez, debe resolver en 30 días si recomienda o no el juicio.

Cuando se tenga el informe de la Comisión de Fiscalización, el titular de la Asamblea Nacional convocará al pleno para llevar a cabo el enjuiciamiento. En la sesión el mandatario tiene derecho a su defensa y para aprobar la moción de censura se deberá contar con la mayoría calificada (92 votos).

Cabe recordar que todo el proceso arrancó formalmente el 16 de marzo con la presentación de la solicitud del enjuiciamiento contra Lasso ante el Parlamento por parte de legisladores de varias bancadas. La solicitud cobró forma tras aprobarse un informe que recomendaba juicio político contra Lasso.

La investigación

La solicitud de juicio político en contra de Lasso se dio a raíz de la publicación periodística desde enero pasado, por parte del medio digital local La Posta, en la que revelan la existencia de una presunta red de corrupción en las empresas públicas de Ecuador, que estaría liderada por Danilo Carrera, cuñado de Lasso.

El caso está siendo investigado por la Fiscalía General del Estado (FGE), instancia que denominó la causa como ‘Encuentro’, aunque mediáticamente se conoce como ‘El Gran Padrino’.

La presunta trama de corrupción operaría principalmente en la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) y en la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec); y también se habría extendido a Petroecuador.

Además, según las revelaciones, el Gobierno ecuatoriano tendría una presunta conexión con el narcotráfico, concretamente con la mafia albanesa. (ALH)

(Con información de RT en Español)

Tomado de Cubadebate

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El comienzo de la llegada de delegaciones de las 13 provincias de la región surandina de Puno, la de mayor participación en las demostraciones iniciadas el 7 de diciembre pasado, se denomina “La segunda toma de Lima”.

Tal nombre se refiere a la primera llegada de quechuas y aymaras andinos, el 19 de enero pasado, que durante varios días marcharon en Lima con el apoyo de organizaciones sociales, partidos progresistas y vecinos de barrios populares que se aprestan para recibirlos.

Peruanos a favor de renuncia de Boluarte y adelanto de elecciones, según encuesta

Previamente, en cada una de las provincias de Puno se realizaron colectas de fondos y otros aportes para costear el desplazamiento de los marchistas a la capital.

El presidente del Frente de Defensa Aymara y de los Recursos Naturales de Puno, Edgar Chura, desmintió tajantemente versiones policiales filtradas a la prensa que atribuyen a los manifestantes la intención de tomar instalaciones estratégicas y hasta llegar a la casa de la presidenta Boluarte.

El ministro de Defensa, Jorge Chávez, por su parte, dijo que informes de Inteligencia dan cuenta de la preparación del viaje, ara el cual e está convocando a la mayor cantidad de personas posible, según dijo.

Sobre las marchas anunciadas, reconoció que son un derecho constitucional y están autorizadas, pero el hecho que se lleve a cabo “acciones de degeneración que sean violentas, ya es otra cosa”, afirmó.

Chávez confirmó el enfoque gubernamental que considera las protestas como un problema de orden público, pues dijo que “La Policía está tomando todas las previsiones”.

Sostuvo que los actos de violencia registrados durante manifestaciones anteriores tendrían el objetivo “políticamente sesgado de desestabilizar la acción de Gobierno”.

Según Chávez, los hechos violentos son encabezados por el expresidente Pedro Castillo, encarcelado tras su destitución, y la dirigente campesina Lourdes Huanca, por lo que el gobierno ha tomado medidas que el exmandatario coordine las movilizaciones desde la cárcel, donde se encuentra en prisión preventiva.

Pese a los argumentos gubernamentales, una encuesta publicada ayer indicó que 58 por ciento de los consultados se identifican con las protestas, 55 por ciento creen que las movilizaciones lograrán el adelanto electoral y 51 por ciento que conseguirán la dimisión de la presidenta Boluarte.

Tomado de Prensa Latina

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Según informa RT en español, desde mediados del año pasado, los canadienses comenzaron a descubrir tumbas de niños indígenas en sitios que pertenecían exclusivamente a antiguos internados controlados por los católicos. El mayor hallazgo ocurrió en la provincia Saskatchewan, donde se develaron 215 tumbas sin identificar, lo cual llevó al primer ministro Justin Trudeau a pedir disculpas y a exigir a la Iglesia asumir su responsabilidad.

El Papa se dirigió a los feligreses en español y aseguró que “abuelos y nuestros mayores deseaban ver un mundo más justo, más fraternal y más solidario”. El prelado -de 85 años- consideró que su viaje a Canadá es una peregrinación penitencial y en su primer discurso, la víspera, pidió perdón a los indígenas por los abusos que sufrieron los llamados “procesos de asimilación”.

Queridos hermanos y hermanas de los #PueblosIndígenas, he venido como peregrino también para decirles lo valiosos que son para mí y para la Iglesia. Que el Señor nos ayude a avanzar en el proceso de sanación, hacia un futuro cada vez más resanado y renovado. #Canadá

— Papa Francisco (@Pontifex_es) July 27, 2022

La agenda del Papa en Canadá se extenderá hasta el 29 de julio e incluirá una misa en el Santuario Nacional de Sainte Anne de Beaupré y conversaciones con autoridades religiosas en la Catedral de Notre Dame.

Maya Hdez

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