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Cumpliendo lo establecido en la Ley del Proceso Penal, se aseguró con la medida cautelar de prisión provisional a los imputados y se realizó el control a la investigación, para comprobar el cumplimiento del debido proceso, garantizar la transparencia, el estricto cumplimiento de la ley y evitar la impunidad.

Se ejercerá la acción penal pública una vez concluidas las investigaciones ante el tribunal competente, solicitándose sanciones en correspondencia con la gravedad de los hechos, las circunstancias y las características individuales de los autores.

La violencia nunca será justificada, la vida es el bien jurídico más preciado y en atención a ello el Código Penal Cubano, en su articulado, refuerza la severidad en el marco sancionador a emplear por los encargados de solicitar e impartir justicia.

Guantánamo, 3 de diciembre de 2025

Año 67 de la Revolución

Fiscalía Provincial (ALH)

Tomado de Cubadebate

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Los argumentos de la Fiscalía son que el triunfo de Trump en las elecciones del pasado 5 de noviembre y su próxima investidura plantean un nuevo escenario. ­A la luz de estos hechos, la defensa pidió a esta Fiscalía en una carta del 8 de noviembre desestimar el caso”, señala el escrito de la fiscalía.

La Fiscalía anuncia que “piensa oponerse” a esa petición, y pide al juez Juan Merchán que fije el 9 de diciembre una nueva sesión para pronunciarse sobre ello.

Más adelante, admite que la jura como presidente de Donald Trump como acusado “presentará cuestiones legales sin precedentes”, y precisa que “respeta profundamente el cargo de presidente y las obligaciones de la presidencia”, lo que los medios han interpretado como una admisión de facto de que apoyará posponer la ejecución de la sentencia mientras dure el mandato de Trump.

El juez Juan Merchán aún no se ha pronunciado al respecto, pero se da por hecho que aceptará posponerlo.

De inmediato, el equipo de Trump ha celebrado como “una rotunda victoria” la decisión de la fiscalía: “Esta es una victoria rotunda y definitiva para el presidente Trump y el pueblo americano (…) La fiscalía de Manhattan admite que esta caza de brujas no puede continuar”, señala Steven Cheung, jefe de comunicaciones del presidente electo.

El equipo legal del presidente está actuando para que este caso sea desestimado de una vez por todas”, ha añadido Cheung, en un mensaje hacia el juez Merchán, sometido a una gran presión y que ya tomó una decisión muy favorable a Trump cuando pospuso el caso, originalmente programado para el 17 de septiembre, para una fecha posterior a la elección presidencial.

El pasado mayo, Trump ya fue declarado culpable de los pagos a la actriz Stormy Daniels a cambio de su silencio sobre una relación extramarital, pero aún queda pendiente la resolución del juez sobre cuál será la pena por los 34 delitos de los que fue declarado culpable. (ALH)

Tomado de Cubadebate

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Días después de que el magnate republicano lograra regresar a la Casa Blanca tras vencer a Kamala Harris en las elecciones del 5 de noviembre, el fiscal especial Jack Smith pidió formalmente a la jueza Tanya S. Chutkan del Tribunal Federal de Distrito de Washington una pausa de casi un mes en el juicio para deliberar con su equipo cómo proceder en el caso.

Trump es acusado en el Distrito de Columbia por sus intentos de revertir los resultados de las elecciones que perdió en 2020 contra Joe Biden y por haber presuntamente instigado el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021.

El equipo legal del Departamento de Justicia, liderado por Smith, explicó que el juicio experimentaba una “circunstancia sin precedentes”, al tener como acusado al presidente electo de Estados Unidos, próximo a ser certificado y a entrar en funciones el 20 del mismo mes.

“El Gobierno solicita respetuosamente que el tribunal anule los plazos restantes en el calendario de instrucción, para dar tiempo al Gobierno a evaluar esta circunstancia sin precedentes y determinar el curso apropiado a seguir en consonancia con la política del Departamento de Justicia”, escribieron los fiscales en la petición.

Poco después, Chutkian aceptó la solicitud de la Fiscalía e impuso como nueva fecha el 2 de diciembre para que el equipo del Departamento de Justicia pueda elaborar un “informe de situación o informar de otro modo al tribunal del resultado de sus deliberaciones”, según detalla la petición del equipo de Smith.

El pedido del fiscal especial encargado de este y otro caso en Florida contra el ahora presidente electo –relacionado con la posesión de documentos clasificados en la residencia de Trump en Mar-a-Lago– es parte de una nueva encrucijada que enfrenta el Departamento de Justicia en los juicios que lleva a cabo en contra del republicano, ya que, según una política impuesta en los 70, un presidente en funciones no puede ser objeto de persecución criminal.

Además, la decisión de Chutkian permite más tiempo al equipo legal de Trump para construir un reporte prejuicio, que estaba sujeto a ser presentado el 21 de noviembre.

En ese reporte, se espera que los abogados del magnate apelen a un ordenamiento publicado en el verano por la Suprema Corte estadounidense, que ampara a Trump con una suerte de inmunidad por los actos que haya realizado mientras era presidente.

Los condenados por el asalto al Capitolio esperan a que Trump cumpla su promesa de indulto

Otra de las promesas trumpistas durante su larga campaña electoral fue indultar masivamente a todos aquellos juzgados, y condenados, por el infame ataque al Capitolio estadounidense el 6 de enero de 2021, calificando de “héroes” y “rehenes” de un sistema de justicia que señala por ser “corrupto” a los agitadores que participaron en ese fatídico día.

Más de 1 500 personas han recibido cargos de distinta índole por su participación en el asalto al Capitolio, entorpeciendo la certificación del entonces presidente electo, Joe Biden, y achacándole, sin fundamentos, fraude electoral en las elecciones de 2020.

Más de 1 000 acusados se han declarado culpables o han sido condenados por la justicia en cargos como conspiración, allanamiento y agresión contra oficiales de policía.

Jacob Lang, uno de los participantes en el ataque que permanece encarcelado y esperando su juicio en Washington, celebró la victoria de Trump en un post en redes sociales, afirmando que “todos los presos políticos regresan a casa”, refiriéndose a los otros cientos de agitadores que enfrentan sanciones por parte de la Justicia estadounidense.

Trump utilizó la bandera de los condenados por el asalto al Capitolio con frecuencia en su narrativa de campaña, prometiendo que los indultaría en el “primer día” de su presidencia, aunque luego reculó, mencionando que “si alguien hubiera sido malvado y malo, lo vería de otra manera”. Más de 100 oficiales de policía fueron heridos en los ataques del 6 de enero.

Uno de los acusados más llamativos por el asalto en Washington es Enrique Tarrio, exlíder del grupo extremista y supremacista blanco Proud Boys, que fue condenado a 22 años por “conspiración sediciosa” con relación a su rol en los ataques.

En 2023, Trump dijo que Tarrio fue tratado de manera “horrible” y que consideraría su indulto.

Bajo la legislación estadounidense, es posible que el presidente activo empuñe el mecanismo de indulto judicial casi a discreción, sin necesidad de consultarlo con ninguna otra rama gubernamental.

“El sistema de indultos está creado para ganadores y perdedores. Quién los obtiene y quién no los obtiene es completamente subjetivo. Es completamente arbitrario y se basa en los caprichos del presidente”, dijo Kim Wehle, profesora de Derecho en la Universidad de Baltimore.

A poco más de dos meses del regreso de Trump a la Casa Blanca, los juicios federales en su contra parecen tener los días contados, mientras que el público estadounidense está atento a si el republicano cumplirá su promesa de dejar libres a más de 1 000 condenados por una histórica insurrección contra las instituciones estadounidenses, o si solo queda en un dicho de campaña.

(Tomado de France24)

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Las acciones que se ejecutan en los territorios para la recuperación, mantener la vitalidad y la prestación de servicios, tienen que acompañarse de un clima de orden, disciplina y respeto hacia las autoridades, funcionarios, sus agentes o auxiliares, quienes, en cumplimiento de sus funciones, actúan en la organización de actividades vitales, el control y la preservación de la legalidad.

La Fiscalía General de la República informa que, en La Habana, Mayabeque y Ciego de Ávila se tramitan procesos penales por delitos de atentado, desórdenes públicos y daños en los que se decidió imponer la medida cautelar de prisión provisional a los imputados presentados por los órganos de investigación del Ministerio del Interior, por hechos de agresión hacia autoridades e inspectores de los territorios que han provocado lesiones y alteraciones del orden.

Se trabaja en la investigación y conclusión de los procesos penales para su presentación a los Tribunales. 

Hechos de esta naturaleza se contraponen a la actitud abnegada y solidaria de todos los que en las actuales circunstancias se consagran a las tareas de la recuperación del país.

La Fiscalía General de la República de conformidad con su misión constitucional, reitera a los ciudadanos la necesidad del respeto a la legalidad socialista, el ejercicio adecuado de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes, así como de la correcta observancia de las normas de convivencia social.

(Tomado de la Fiscalía General de la República)

La entrada Inician procesos penales por hechos delictivos que afectan el orden y la tranquilidad ciudadana se publicó primero en TV Yumurí.

El DrC. Leonardo B. Pérez Gallardo, presidente de la Sociedad Cubana de Derecho Civil y de Familia, explicó que la cita consiste en analizar la implementación de las normas de la legislación, cuáles son los retos y desafíos.

 «No solo es importante su estudio por los nuevos conocimientos e instituciones que se incorporaron, sino por la filosofía de interpretación y aplicación del Código», argumentó.

La vicedecana de Investigación, Ciencia y Postgrado de la Universidad de Matanzas, Iris Méndez Trujillo, comentó que los temas referentes a la nueva Ley no son tratados en el aula únicamente.

«Es algo que vinculamos en el ejercicio jurídico que desarrollan los estudiantes tanto en el Tribunal Provincial Popular de Matanzas, la Fiscalía, el Bufete de Abogados y la Notaría.»

La repercusiones legales de la reproducción asistida, los procesos notariales vinculados a extranjeros residentes o no en el país y el papel del Código en la resolución de disputas en las materias no penales, resultaron algunos de los temas abordados.

«La entrada en vigor del Código  ha traído nuevas luces a la solución de asuntos en el Sistema de Tribunales. Ahora los jueces tienen más amplitud para intervenir en los procesos y, esencialmente, en los vinculados con el interés superior del menor.

«En ese sentido los asuntos que más nos llegan son los procesos de divorcio y en segundo lugar los relacionados con la guarda y cuidado y el régimen de comunicación», afirmó Nubia Tellechea Segundo, presidenta de la Sala Civil, Familiar, Administrativa, Mercantil, y de Trabajo y Seguridad Social del Tribunal provincial de Matanzas. (ALH)

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Está previsto que Boluarte arribe a las 8:30 de la mañana (hora local), a la sede principal de la Fiscalía, en medio de una alta expectativa.

Se trata de un caso vertiginoso, desde el pasado 14 de marzo, cuando el medio La Encerrona develó una colección de relojes de la mandataria, que incluía al menos un reloj Rolex cuyo coste bordeaba los 15.000 dólares.

Cronología de los hechos

Cuatro días después, un área especializada del Ministerio Público inició las diligencias preliminares por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaración en documentos.

La convocaron al 27 de abril, empero no asistió a la sede fiscal en Lima, a pesar de que había asegurado a la prensa local que solo daría detalles sobre sus relojes —luego revelaron que tenía hasta cuatro Rolex— al Ministerio Público.

Ante esto, en plena Semana Santa la Fiscalía allanó su residencia en Palacio de Gobierno y su vivienda personal, adonde entraron a la fuerza, para revisar los accesorios. Sin embargo, no encontraron estos objetos.

En medio de la polémica, que ha generado incluso una crisis política, la defensa de la mandataria solicitó que se adelantara su declaración indagatoria, pero la respuesta fue negativa.

El fiscal interino de la Nación, Juan Carlos Villena, respondió el martes algunas preguntas en la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República, a la que también fue citada Boluarte pero tampoco acudió.

Ese día, Villena indicó que ahora Boluarte es indagada por un incremento de más de 432.000 soles (alrededor de 116.000 dólares) en su patrimonio; por una pulsera Cartier de 56.000 dólares; por unas joyas que superarían los 500.000 dólares; y por unos depósitos en sus cuentas bancarias de 1,1 millones de soles (300.000 dólares). (ALH)

Tomado de Rusia Today

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Cox, que ya tiene dos hijos nacidos por cesárea, se enfrenta a un alto riesgo de ruptura uterina si el feto, diagnosticado con una anomalía genética llamada trisomía 18, muere en su vientre. La trisomía 18 es una condición que puede causar el aborto espontáneo, la muerte fetal o la muerte poco después del nacimiento.

La mujer acudió a los tribunales distritales del condado de Travis, Texas, el martes 5 de diciembre, después de que los médicos que la atendían se negaran a practicarle el aborto sin una orden judicial, debido a la ley de prohibición del aborto que está en vigor en Texas.

La ley, una de las más restrictivas de Estados Unidos, prohíbe el aborto después de las seis semanas de gestación y permite a los ciudadanos demandar tanto a las mujeres que se sometan al procedimiento como al personal sanitario que lo realice. La ley solo contempla una excepción vaga para los casos en que haya un riesgo sustancial de daño para la mujer.

La jueza Maya Guerra Gamble, del Distrito 459 del condado de Travis, aceptó la solicitud de Cox y emitió una medida cautelar que le permitía abortar. La magistrada consideró que el caso de Cox se ajustaba a la excepción prevista por la ley y que negarle el aborto sería un error judicial.

“La idea de que la señora (Kate) Cox desea desesperadamente ser madre y que esta ley podría hacer que pierda esa capacidad, es impactante y sería un error judicial (no conceder su solicitud). Así que firmaré el pedido que será procesado y enviado hoy”, dijo la jueza el martes.

Sin embargo, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, reaccionó al fallo el jueves y advirtió que la medida cautelar no protegía al personal médico implicado en el aborto, que podría enfrentarse a demandas civiles e incluso penales si realizaba el procedimiento.

El viernes Paxton solicitó a la Corte Suprema de ese estado que detenga el aborto Cox. El fiscal republicano también envió una carta a los tres hospitales de Houston donde la doctora de Cox, Damla Karsan, podría practicarle el aborto, advirtiendo que procesaría a cualquier médico o institución de salud involucrado en el procedimiento.

El caso de Cox ha generado una gran atención mediática y política, ya que se trata del primero que desafía la ley de prohibición del aborto en Texas desde que la Corte Suprema de EE. UU. revocó el histórico fallo Roe vs. Wade en junio de 2022.

El fallo Roe vs. Wade, dictado en 1973, garantizaba el derecho al aborto en todo el país, basándose en la enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos. Había sido cuestionado en varias ocasiones, pero nunca había sido anulado hasta que el juez Samuel Alito declaró que “Roe fue un error garrafal desde el principio”.

La anulación del fallo Roe vs. Wade ha dejado a los estados la potestad de legislar sobre el aborto, lo que ha provocado una gran disparidad entre las leyes de cada uno. Algunos han aprobado leyes que protegen el derecho al aborto, mientras que otros han impuesto restricciones y sanciones. (ALH)

Tomado de Cubadebate

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La víctima fue Katia Naranjo Alarcón, joven vocalista del grupo y parte de la familia fundada por el Premio Nacional de Música Wilfredo Naranjo Verdecia, Pachy.

Según explicó en las redes sociales de Internet Karelia Naranjo Alarcón, instrumentista y directora de la orquesta, el golpe provocó heridas en la piel, fosas nasales y labios, con fractura de tabique, rotura y trauma en algunos dientes.

En declaraciones a Invasor, el músico moronense Andrés Hernández Font expresó su profunda pena, también en nombre del resto del público.

“El día antes Pachy me llamó y me dijo ‘oye, vengo a tocar a tu pueblo’, yo me puse feliz de verlo después de tantos años, y luego sucedió lo que considero una vergüenza para la ciudad de Morón. En ese momento tomé el micrófono y le ofrecí disculpas a la orquesta en nombre del pueblo y también pedí que se actuara firmemente según dicta la ley”.

El maestro Pachy Naranjo ha contado a amigos su versión de los hechos: “Entraba al escenario, hasta el teclado de su otra hija, Karelia, a tocar en una especie de controversia que habitualmente hace con un pianista joven que han integrado a La Original. Entonces siente un golpe sordo, y ve que el pianista salta de su sitio y sale a auxiliar a Katia”.

Según Andresito, y otros miembros de la familia en redes sociales, la atención médica fue rápida y cuidadosa y las autoridades les acompañaron hasta el hospital. En conversación con un periodista de Radio Granma, su provincia natal, la madre de Katia, Katy Alarcón, expresaba su agradecimiento por “la rapidez y diligencia con las que actuaron las autoridades y los especialistas de Salud Pública para atender a Katia”.

Sin embargo, las lesiones, aunque no suponen un peligro para su vida, no son simples. Su madre aclara que “tiene que permanecer en reposo absoluto por un período, durante el cual la alimentación también será especial, porque no pude masticar por prescripción facultativa”. Se encuentra bajo seguimiento médico.

Más tarde, su hermana Karelia Naranjo agregaba que Katia aún no podía respirar a través de la nariz por la dimensión del trauma, y la propia Katia explicaba que hasta que la inflamación se lo permitiese no sabría si se requiere de operación para que vuelva a respirar con normalidad.

Ambas expresaron su descontento con la medida tomada en contra del agresor, quien horas después de su detención salió con medida cautelar.

Fuentes de la Fiscalía Municipal de Morón explicaron a Invasor que la denuncia está en tramitación, para lo cual la Ley prevé hasta 30 días. Al atacante se le aplicó una medida cautelar de reclusión domiciliaria y, una vez se ateste por el médico legal el carácter de las lesiones, se procede. “Esto no quiere decir que el sujeto está en libertad ni que no responderá ante la Ley”.

Los atestados de sanidad o certificados de asistencia de primera intención de un lesionado (modelo 53-13 del Ministerio de Salud Pública) deben consignar datos del lesionado, así como la descripción detallada de las lesiones y el pronóstico médico legal.

La Empresa Provincial de Comercialización de la Música y los Espectáculos Musicávila, informó, vía Facebook, que mantiene comunicación diaria con la familia Naranjo para estar al tanto de su evolución, y se asegura que el grupo mantiene la intención de volver a la ciudad. Invasor acudió a la Dirección municipal de Cultura en Morón, pero no ofrecieron declaraciones. (ALH)

Amanda Tamayo Rodríguez/Invasor

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