El documento jurídico, refrendado el día 15 de octubre por el senado de ese estado, contempla este hecho como “muerte digna”, y al que puede acceder “toda persona mayor de edad y psíquicamente apta que curse la etapa terminal de una patología incurable e irreversible, o que derivado de esta padezca sufrimientos que le resulten insoportables”, según publicó el diario La Nación de Argentina en su sitio web.

Según refleja el artículo 3 del texto recién aprobado, “la eutanasia es el procedimiento, realizado por un médico o por su orden, para provocar la muerte de la persona que se encuentra en las condiciones previstas en la ley y si así lo solicita en forma válida y fehaciente”.

Asimismo refiere que, quien quiera recibir asistencia para morir debe solicitarla directamente a un médico de forma escrita. Esto permitirá al galeno dejar constancia en la historia clínica del paciente sobre la patología incurable e irreversible que padece, y su estado terminal.

Con el objetivo de lograr un proceso respetuoso y sin fallos, la ley dispone que el doctor dialogue con el enfermo, y le brinde la información necesaria sobre los tratamientos disponibles y cuidados paliativos. De igual forma, debe verificar que la voluntad de fallecer constituye una decisión libre, seria y firme.

Debido a que el principio fundamental de los profesionales de la salud es preservar la vida, la norma establece que el galeno puede negarse a realizar el procedimiento. En caso de que esto suceda, el solicitante hará una nueva petición ante otro facultativo. Si hubiese otro rechazo, entonces sería convocada una junta médica para que defina.

El texto aprobado también contempla aspectos como qué hacer una vez determinado el especialista para realizar el proceder, qué pasa si un enfermo no puede firmar la solicitud de eutanasia o se arrepiente, en qué instituciones se llevará a cabo y si esos centros tienen la opción de negarse.

Igualmente, la normativa contiene conceptos necesarios para su entendimiento y deja claro que: “No cometen delito y están exentos de responsabilidad penal, civil y de cualquier otra índole el médico y los demás integrantes del equipo asistencial que prestan asistencia a quien pide ayuda para morir y actúan de acuerdo con las disposiciones de la presente ley”.

En esta orilla del mundo

En diciembre de 2023, la X Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en su Segundo Periodo Ordinario de Sesiones aprobó una nueva Ley de Salud Pública.

La propuesta, debatida previamente entre el personal del sistema de salud, así como en instituciones académicas, organismos y otras entidades vinculadas de una forma u otra a estos servicios o que son receptores de ellos, distingue como uno de los derechos el de “acceder a una muerte digna, mediante el ejercicio de las determinaciones para el final de la vida”.

Pero ¿qué dice exactamente la ley sobre este tema? En su artículo 159.1, el documento legal reconoce que esas acciones para poner fin a la existencia de una persona incluyen varios aspectos. Entre ellos “la limitación del esfuerzo terapéutico, los cuidados continuos o paliativos y los procederes válidos que finalicen la vida, dirigidos a personas con enfermedades crónicas degenerativas e irreversibles, con un sufrimiento intratable, que se encuentren en fase agónica o terminal de vida o que hayan sufrido lesiones que los coloquen en esta condición”.

Asimismo, los artículos 159.2 al 161 explican quién es el encargado de brindar esos servicios, si la decisión del paciente puede ser revocada en algún momento, y el derecho del enfermo a negarse a recibir “procedimientos médicos extraordinarios o desproporcionados, que pudieran significar una mejoría en el padecimiento, (…), siempre que la solicitud para denegar la atención médica básica no impacte en el cumplimiento de las obligaciones éticas y profesionales previstas para el personal sanitario”.

La nueva Ley de Salud Pública también plantea que “la ejecución de acciones aprobadas que materialicen el derecho a una muerte digna de las personas, en cumplimiento de lo establecido en la presente Ley, o las que se dicten al respecto, no genera responsabilidad civil, penal o administrativa para los profesionales intervinientes”.

Aunque todavía la normativa no entra en vigor, la aplicación de los procederes que finalicen con la vida de una persona será regulada en una ley específica para ese tema, cuando el ministerio de Salud Pública determine que ya están creadas las condiciones para llevarlas a cabo en el país.

Tomado de Juventud Técnica

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Un día después de que anunciara la presentación en abril de un proyecto de ley sobre el acompañamiento para el fin de la vida, apeló a su cuenta en la red social X para detallar su visión sobre el tema, un procedimiento del que se excluirán los menores de edad y las personas con problemas psiquiátricos o neurodegenerativos, que les impiden decidir.

El mandatario insistió en que la “ayuda a morir”, término elegido en lugar de suicidio asistido o eutanasia, responderá a criterios estrictos, en los casos en los que el pronóstico vital del paciente en cuestión esté comprometido a corto o mediano plazo y con un sufrimiento refractario (imposible de controlar con el individuo consciente).

De acuerdo con Macron, el texto que llegará al Consejo de Ministro en abril y al Parlamento en mayo fue consultado con pacientes, familiares, profesionales de la salud y el Comité Nacional de Ética, y tuvo en cuenta los aportes de la convención ciudadana que analizó la sensible cuestión.

Asimismo, expuso el objetivo de ir en Francia más allá de la actual ley Claeys-Leonetti, considerando casos como los de personas con un cáncer terminal, quienes optan por viajar al extranjero “para ser acompañados”.

El proyecto de ley contará con tres partes, la primera consagrada a los cuidados paliativos, la segunda a los derechos de los pacientes y del personal de salud y la tercera a la ayuda a morir, abundó.

Según el jefe de Estado, en la actualidad el país destina mil 600 millones de euros a los cuidados de acompañamiento de seres humanos con enfermedades incurables, con la meta de destinar mil millones adicionales.

Colocaremos los cuidados paliativos en el centro, al tiempo que aplicaremos la ley, en aras de garantizar una verdadera revolución de humanidad y fraternidad, dijo.

La víspera, en sus declaraciones a los medios Libération y La Croix, Macron manifestó que las personas que se acojan a la ayuda a morir recibirían un producto letal, administrado por ellas mismas o, en caso de impedimento físico, por alguien que designen, ya sea un ser querido o un enfermero o médico que las atienda.

Por su parte, el primer ministro Gabriel Attal informó en la propia red social X que el proyecto de ley llegará a la Asamblea Nacional el 27 de mayo. (ALH)

Tomado de Prensa Latina

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Esta será la primera vez que el alto tribunal estudia un recurso para legalizar la eutanasia como un medio para que personas con enfermedades y lesiones graves e incurables ejerzan su derecho a una muerte digna.

La CCE reconoció la importancia del caso, por lo que se espera que en la audiencia se planteen los argumentos necesarios para dar paso a la practica legal de la eutanasia para quienes padecen enfermedades terminales.

La demanda interpuesta por Paola Roldán contra apela al artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), el cual contradice principios constitucionales. Entre ellos, autonomía personal, dignidad humana y derecho a una muerte digna.

En su pedido la ecuatoriana de 42 años plantea la eutanasia como una forma de ejercer su acceso a una muerte digna y poner fin a su padecimiento.

La audiencia del 20 de noviembre estará presidida por el juez constitucional  Enrique Herrería, quien deberá constatar que todas las partes estén presentes.

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