El sexto encuentro nacional del grupo de amigos del 26 de julio, un campamento en territorio cubano que fue centro de atención a lisiados y lisiadas de guerra, y miembros del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, expresó su agradecimiento por la atención médica recibida.

Según el activista Raúl Martínez, fue un reencuentro de “amistad y hermandad” en el cual cerca de 200 personas procedentes de varios departamentos del país se reunieron en Usulután para expresar su solidaridad con el pueblo y el gobierno de Cuba.

Como muestra de esa solidaridad se recaudaron fondos para solventar algunas necesidades del pueblo cubano enfrentado al bloqueo de Estados de Unidos, cuyo cese fue una demanda central del evento. (ALH)

Tomado de Prensa Latina

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La sacudida se sintió durante varios segundos y causó alarma entre pobladores a las 12:52:42 de la madrugada (hora local), según los registros del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que situó el epicentro a 14 kilómetros de la Playa Las Hojas, frente a las costas del departamento de La Paz, en el centro sur de El Salvador.

Informes en redes sociales indicaron percepción en Alpes Suizo, La Libertad Sur, Santa Ana, Texistepeque, Planes de Renderos, Ilopango, Olocuilta, San Jacinto, Soyapango, y Comalapa, entre otros lugares.

El temblor se ubicó a 51 kilómetros al sur de San Salvador, a 96 kilómetros de Santa Ana, 105 kilómetros de San Miguel y 221 de Ciudad de Guatemala, según Medio Ambiente.

En los primeros nueve meses de 2025, las autoridades reportaron seis mil 435 temblores, la mayoría en aguas cercanas al país, y de estos apenas el 9.5 por ciento (612) fueron sentidos por la población.

El Salvador reportó 715 sismos por mes en lo que va de 2025 con destaque para febrero que según el MARN llegó a mil 862 sacudidas. (ALH)

Tomado de Prensa Latina

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Los migrantes, 238 según cifras oficiales, fueron acusados por Washington de pertenecer a la organización criminal Tren de Aragua, pero tanto el Gobierno venezolano como los familiares de los detenidos niegan categóricamente estas acusaciones, afirmando que son ciudadanos comunes sin vínculos con grupos delictivos.

El abogado Jaime Ortega, representante legal del caso, explicó que aunque inicialmente presentaron la demanda en nombre de 30 venezolanos que les otorgaron poderes notariales, buscarán extender la acción legal a todos los compatriotas detenidos.

“Exigimos primero su liberación inmediata y, de no ser posible, que se realice un traslado y repatriación ordenados y sistemáticos”, declaró Ortega a medios internacionales.

La situación se originó cuando Estados Unidos deportó a los venezolanos utilizando la Ley de Enemigos Extranjeros, una normativa de tiempos de guerra que fue bloqueada in extremis por el juez federal James Boasberg.

Pese a la orden judicial que exigía el regreso del vuelo, las autoridades estadounidenses completaron la deportación hacia El Salvador, donde los venezolanos fueron recluidos en una prisión de 23 hectáreas ubicada a 70 km de San Salvador.

El traslado se hizo bajo un acuerdo mediante el cual Washington pagaría al Gobierno salvadoreño seis millones de dólares por albergar a los deportados.

El presidente Nayib Bukele confirmó el domingo 23 de marzo en redes sociales la llegada de los “238 miembros de la organización criminal venezolana Tren de Aragua”, aunque no proporcionó evidencia que respalde esa afirmación.

Las condiciones carcelarias han generado seria preocupación. El juez Boasberg citó en su resolución testimonios sobre graves violaciones de los derechos humanos, incluyendo palizas sistemáticas, humillaciones, acceso irregular a alimentos y agua potable, y condiciones de hacinamiento extremo que obligan a los reclusos a dormir de pie.

La situación legal de los detenidos presenta múltiples irregularidades. David Morales, director legal de la ONG Cristosal, señaló que “no existe fundamento legal para el encarcelamiento de los venezolanos en El Salvador” y calificó las detenciones de arbitrarias pues no han sido sometidos a proceso judicial alguno en territorio salvadoreño.

El caso se complica por el contexto político de El Salvador, donde rige un estado de excepción desde marzo de 2022 que ha suspendido garantías constitucionales. Además, el país centroamericano rompió relaciones diplomáticas con Venezuela en 2019, lo que deja a los detenidos sin asistencia consular.

Expertos legales como Enrique Anaya advierten que la falta de independencia judicial en El Salvador –donde el Gobierno de Bukele reemplazó en 2021 a los magistrados de la Sala Constitucional– reduce considerablemente las posibilidades de éxito del hábeas corpus. Sin embargo, destacan que la acción legal sirve para documentar las irregularidades y mantener la presión internacional sobre el caso.

Hasta el momento, ni la Fiscalía General de El Salvador ni el comisionado presidencial para los derechos humanos han respondido a las solicitudes de información sobre el estatus legal de los prisioneros venezolanos, mientras que el Gobierno de Bukele mantiene silencio sobre el particular. (ALH)

Tomado de Cubadebate

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Bukele, el primer «presidente milénial» de América Latina, llegó a la primera magistratura con la promesa de que en cinco años haría de El Salvador «un ejemplo de que un pueblo puede seguir adelante si así lo desea». Por lo visto, el pronóstico quedó corto.

Aunque el país ha avanzado en temas neurálgicos, como la seguridad, lo cierto es que ha sido con cuestionados métodos que reciben las miradas de reojo de los organismos internacionales por la ‘mano dura’ en las calles.

Por otro lado, las promesas de instalar una suerte de ‘Silicon Valley’ centroamericano aún está lejos en los hechos, pero sigue intacta en el discurso de Bukele, que ahora redobla la apuesta para otros cinco años con una mano de ases: popularidad, poder mediático, resonancia internacional y una estrategia de comunicación imbatible.

«Un niño enfermo»
En 2019 Bukele hizo su primer pronunciamiento como mandatario con un discurso al uso: prometió erradicar la pobreza, agradeció a sus votantes, dijo que gobernaría para todos y que, con su gestión, El Salvador comenzaría a escribir una «nueva historia». Pero hubo algo distinto.

En casi el último tramo de sus palabras, Bukele hizo una curiosa comparación: «[El país] es como un niño enfermo, nos toca ahora a todos cuidarlo, nos toca ahora a todos tomar un poco de medicina amarga, nos toca ahora a todos sufrir un poco, nos toca ahora a todos asumir un poco de dolor».

Sus palabras fueron sucedidas de los vítores de una multitud que ratificaba el apoyo obtenido en las urnas, ya que una votación histórica de 53 % fue la que llevó a Bukele a la presidencia. Así, simbólicamente, el país se infantilizó para ser «cuidado» por el mandatario.

Los métodos de cuidado han sido, cuando menos, controvertidos. En sus primeros años de Gobierno, Bukele aprovechó su popularidad para granjearse una mayoría parlamentaria en los comicios de 2021, que le permitió avanzar a pasos agigantados en el control de varios poderes, entre ellos, el judicial.

La medida no fue fortuita. Desde los albores de su mandato quedó claro que pretendía tener luz verde para optar a un segundo mandato consecutivo, algo que ningún político había logrado hacer por una prohibición expresa de la Constitución.

En 2021, la sala de lo Constitucional de la Corte Suprema –nombrada de manera opaca por la entonces flamante mayoría de Bukele en la Asamblea Nacional– cambió un criterio de interpretación de la carta magna y le abrió, de par en par, la puerta a una hasta ahora imposible reelección.

Libertad afuera, control dentro
Con ese cabo atado, Bukele abrió aún más el arco de su apuesta política: libertad económica para los inversionistas extranjeros y ‘mano dura’ contra cualquiera que se interpusiera en su camino. Incluso las peligrosas pandillas.

Algunos medios aseguraban que el mandatario había negociado la paz de manera subrepticia con los líderes pandilleros, pero ese supuesto pacto se partió abiertamente en marzo de 2022, cuando las maras perpetraron decenas de asesinatos en pocos días. La reacción de Bukele fue dictar un férreo estado de excepción que, paradójicamente, aún hoy sigue vigente. Lo excepcional se convirtió en regla.

En paralelo al punitivismo contra las pandillas y el cerco a la población civil, que ha visto recortados al menos tres derechos por el estado de excepción, el mandatario se empeñó en vender la imagen de El Salvador como un ‘paraíso’ para inversionistas en criptomonedas, con exenciones de impuestos, playas de ensueño y apetitosos beneficios fiscales, sacando pecho de sus habilidades como publicista de oficio.
Para hacer esa apuesta, se escudó en un escueto decreto que sirvió de golpe de efecto a escala internacional: declaró el bitcóin como la segunda moneda de curso legal en El Salvador, después del dólar, en un país donde las transacciones en criptomonedas eran prácticamente marginales.

A la declaratoria le siguieron promesas cada vez más grandes, como el diseño de la faraónica Bitcóin City, que supuestamente se construiría en la zona del Golfo de Fonseca. La urbe, proyectada en una estrafalaria maqueta de color dorado, iba a ser financiada con unos bonos –que no han sido lanzados a la fecha– y permitiría minar con energía geotérmica del volcán de Conchagua.

Hasta ahora no hay un solo edificio en construcción, pero sí un único habitante: Corbin Keegan, un estadounidense que se mudó a la zona donde se supone que estará la ciudad y erigió una minúscula casa de ladrillos en el terreno de una familia salvadoreña. Las expectativas, no obstante, siguen intactas.

«Bukele tiene una excelente maquinaria de comunicación, de asesores, que son muy buenos para comunicar estratégicamente y eso ha caracterizado a su Gobierno. Él es publicista de oficio, así que sabe cuándo y cómo hacerlo. Él mismo es una extraordinaria máquina de propaganda», apunta Diego Hernández, director editorial de VOCES Diario digital.

Los aciertos del ‘dictador más cool’
Antes de asumir su primer mandato, los salvadoreños decían que lo que más les preocupaba era la seguridad. La violencia en las calles y la supremacía de las pandillas eran dos factores que impulsaban a miles de sus habitantes a salir del país, con destino, casi siempre, a EE.UU.

Bukele, sin duda, cambió esa realidad. El índice de homicidios en el país centroamericano se desplomó drásticamente con la imposición del estado de excepción, datos que el mandatario usa para desestimar las críticas de las organizaciones de derechos humanos por el encarcelamiento de más de 70.000 personas, acusadas de pertenecer a las pandillas sin procedimientos ajustados a ley.
«El Salvador sí es un poco más seguro que antes y, comparado con el 2015, que fue el año más violento después de la posguerra, ahorita las estadísticas oficiales indican que hay una reducción bárbara de los homicidios», admite Hernández.

En el ámbito económico, los resultados tienen varias lecturas. En 2021, como pasó en buena parte del mundo después del parón que representó la pandemia de covid-19, la economía salvadoreña creció 11,2 %. No obstante, en los años siguientes la senda de expansión modesta se mantuvo sin cambios: 2,6 % en 2022; 2,7 % en 2023 y una tímida proyección de 2,7 % al cierre de este año.

Pese a las promesas, el crecimiento económico no ha sido espectacular durante su Gobierno. Además, según un reciente informe de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano (Secmca), el país fue el que tuvo menor inversión extranjera en la región en 2023.
Curiosamente, el ambicioso llamado de Bukele a los capitales foráneos ha tenido resultados exiguos. Aunque el año pasado la administración salvadoreña registró su cifra más alta de inversiones extranjeras en casi cinco años, con un monto de 760 millones de dólares, todavía no supera los 826 millones alcanzados en 2018, durante el gobierno izquierdista de Salvador Sánchez Cerén (FMNL).

La popularidad del mandatario está sustentada por los votos y refrendada con una aplastante victoria en las últimas elecciones, que no deja resquicio para configurar –de momento- un liderazgo opositor que le pueda hacer sombra.

Sin embargo, no todo es negativo. En mayo de este año, la agencia calificadora Moody’s Ratings cambió la nota de riesgo soberano de El Salvador como emisor de deuda a largo plazo, que pasó de ‘Caa3’ a ‘Caa1’, pese a los recelos iniciales por la adopción del bitcóin como moneda de curso legal. «Todavía estamos lejos; pero acabamos de subir dos escaleras más», escribió el mandatario, quien lanzó previamente una oferta de recompra de títulos de deuda externa con vencimientos en 2025 y 2029.

Otro logro innegable es la pulverización de sus adversarios políticos. La popularidad del mandatario, que ha llegado a autodenominarse como el ‘dictador más cool del mundo mundial’, está sustentada por los votos y refrendada con una aplastante victoria en las últimas elecciones, que no deja resquicio para configurar –de momento- un liderazgo opositor que le pueda hacer sombra.
«En realidad, hay figuras que pueden ser muy buenas políticamente, pero no les veo con el apoyo de la mayoría de la población. En ese sentido, no existe un líder o lideresa de la oposición que pueda sacar a Bukele por la vía oficial, que es a través de las elecciones», reafirma Hernández.

Cambios y materias pendientes
Este sábado, Bukele arranca un segundo ciclo. A su asunción acude un cónclave conformado por importantes figuras de las derechas latinoamericanas, como el presidente de Argentina, Javier Milei; el de Ecuador, Daniel Noboa; el de Paraguay, Santiago Peña, y el de Costa Rica, Rodrigo Chaves.

Una de las representaciones sobre las que hay mayor atención es la de EE.UU. Aunque Joe Biden no irá, sí se anunció el envío de una delegación que estará encabezada por el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. El rey Felipe VI de España también cruzará el Atlántico para acompañar al mandatario centroamericano.

Su liderazgo político, de momento, es indiscutible y el despliegue de medios para potenciar su imagen, también. Los áreas grises, nunca mejor dicho, siguen siendo la opacidad en las cuentas públicas y la dudosa efectividad de medidas cantadas a bombo y platillo como el bitcóin.

No obstante, el país cambió. Hace cinco años, a los salvadoreños les preocupaba la seguridad y Bukele disipó ese temor. Ahora lo que más les agobia es la economía, una materia pendiente y aún más compleja, que requiere algo más que ‘mano dura’ y gestión mediática. El reto está en ciernes.

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Ello sucedió a punto de entrar al tercer año del Estado de excepción que vive el país centroamericano tras un aumento de los homicidios en marzo de 2022.

Bukele señaló que ya se capturaron a los culpables que son, de acuerdo a su información, miembros de la pandilla llamada Barrio 18 fracción Sureños.

El denominado bloqueo de seguridad abarca las localidades de San José Cancasque, San Antonio Los Ranchos, Potonico y San Isidro Labrador, y se busca «desarticular esa clica (grupo) por completo», afirmó Bukele.

Este despliegue de militares y policías se suma a otros implementados en diferentes zonas de El Salvador en el contexto de un régimen de excepción.

Bajo la  medida, señalada de violar los derechos humanos, han sido capturados más de 78.100 personas, todas acusadas de ser pandilleros o colaborares de dichas bandas.

Organizaciones no gubernamentales han recibido más de 6.000 denuncias de violaciones a los derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias y torturas, y han registrado la muerte de más 200 detenidos bajo custodia estatal.

La medida de régimen de excepción, que está pronto a cumplir dos años de implementación, ha sido prorrogada en 24 ocasiones en períodos de 30 días y suspende las garantías constitucionales de la defensa de los detenidos, la inviolabilidad de la telecomunicaciones y prolonga la detención provisional hasta por 15 días, cuando normalmente es de 3.

Tomado de Telesur

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Según el Tribunal Supremo Electoral (TSE) cerca de 5.4 millones de salvadoreños acudirán a votar en los comicios que cierran el ciclo electoral iniciado el 4 de febrero, en los cuales fue reelecto el presidente Nayib Bukele para otro periodo de gobierno por abrumadora mayoría.

En esos comicios la oposición lamenta que ocurrieron algunas irregularidades, por lo que grupos defensores del voto como el Consorcio El Salvador Observa 2024 exhortaron al TSE a no repetir los errores, y que informen públicamente cuáles son los mecanismos de corrección implementados y que garanticen la seguridad de vigilantes y observadores.

La jornada de este domingo se inicia con el cierre de varias calles, al menos 10, en el denominado Gran San Salvador por el evento electoral, mientras se mantiene la ley seca que prohíbe la venta de bebidas alcohólicas hasta pasado un día de los comicios. (CMB)

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Ese es el caso del actual alcalde de San Salvador, Mario Durán, quien, tras la nueva reforma de los consejos municipales, compite por convertirse en el primero de San Salvador Centro por el partido oficialista Nuevas Ideas.

Asimismo, su principal contendiente, Simón Paz, por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), cerró campaña.

Paz declaró en un mensaje a un grupo de miembros de su partido que el oficialismo habría «tratado, por todos los medios posibles, de desaparecernos».

«Han invertido millones, han cambiado las leyes con el objetivo específico de desaparecer al FMLN, lo que no tomaron en cuenta es que es un partido con tradición, con estructura», afirmó.

Estas elecciones estarán marcadas por la reducción en el número de consejos municipales tras una reforma legal de última hora aprobada por el oficialismo en el Congreso, que disminuyó las alcaldías de 262 a 44.

Así sucedió con la capital, San Salvador, que pasó a formar parte de San Salvador Centro, que incluye a las localidades de Mejicanos, Ayutuxtepeque, Cuscatancingo y Ciudad Delgado.

A menos de una semana para las elecciones, el Tribunal Supremo Electoral continuó «impartiendo capacitaciones a los integrantes de juntas receptoras de votos (JRV)», según informó en su cuenta de X.

Tomado de Telesur

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El presidente del partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena), Carlos García, hizo el anuncio tras acusar que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no da las condiciones para un proceso transparente.

Afirmó que fueron testigos de la manipulación del sistema de conteo y criticó el ingreso de vigilantes sin credenciales del partido oficialista Nuevas Ideas, a pesar de estar prohibido.

Representantes de los colectivos políticos Vamos, Nuestro Tiempo y Arena habían manifestado horas antes que están considerando pedir la nulidad de la elección de diputados a la Asamblea Legislativa, debido a las anomalías en el proceso electoral del pasado 4 de febrero.

García declaró que hasta cuatro magistrados suplentes del TSE ya decidieron decir que ellos se apartan de este proceso, “es porque ellos saben del fraude que ha habido”.

“Nosotros cómo vamos a seguir avalando esto. Lastimosamente confiamos en el Tribunal, pero aquí nos tienen, aquí estamos en este gran problema”, externó el dirigente político. (ALH)

Tomado de Telesur

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