En medio de la vorágine tecnológica que redefine el acceso al conocimiento, el libro electrónico, o ebook, como también se conoce, es una herramienta clave para democratizar la lectura.

En la reciente Feria del Libro de La Habana, la empresa cubana Sumat presentó una propuesta centrada en este formato, combinando innovación y estrategias transmedia para potenciar su alcance. Su enfoque, respaldado por reflexiones críticas sobre el panorama editorial global, plantea un debate urgente: ¿pueden el libro físico y el digital coexistir sin anularse?

Suany Leyva Hernández, Directora de Operaciones de Sumat, explicó cómo el libro electrónico es el corazón de su estrategia para llegar a nuevos públicos. “El eBook no tiene fronteras físicas ni altos costos de distribución. Es la forma más eficiente de llevar literatura a personas con discapacidad visual, niños o comunidades remotas”, dijo.

Aunque su stand en la pasada Feria del Libro incluyó audiolibros y realidad aumentada, aclaró que el libro electrónico es la base. Por ejemplo, al escanear ilustraciones de libros físicos con una aplicación, se accede a contenido multimedia vinculado a la versión digital.

“Los jóvenes no leen menos, pero consumen distinto. Por eso adaptamos clásicos como Cecilia Valdés a fragmentos interactivos en eBooks, con hipervínculos y recursos visuales que los inviten a profundizar”, destacó.

El modelo de Sumat demuestra que el libro electrónico no compite con el físico, sino que amplía sus posibilidades. “Un eBook bien diseñado puede incluir enlaces a entrevistas con el autor, versiones narradas o incluso foros de debate integrados” agregó Suany Leyva Hernández.

El eBook frente a los Monopolios Editoriales Globales

Mientras Cuba explora estas innovaciones, el ensayo “Lectura y emancipación en la era digital” de Jorge Ángel Hernández Pérez advierte sobre los riesgos de la concentración corporativa. Según el autor: cinco conglomerados controlan el 85% del mercado editorial en español, homogenizando contenidos y marginalizando voces independientes.

Frente a esto, Hernández Pérez ve en el eBook una oportunidad para descentralizar.

“Su bajo costo de producción permite a editoriales pequeñas —como las cubanas— competir sin depender de grandes tiradas físicas”. Sin embargo, alerta: “El formato digital no es neutral: si se mercantiliza, repetiremos las mismas desigualdades”.

Cuba y el Programa Nacional del Libro Digital: Un Modelo en Construcción

En un contexto de limitaciones económicas, Cuba impulsa el Programa Nacional de Desarrollo del Libro Digital (PNDLDC), con dos objetivos clave: universalizar autores cubanos y combatir al ostracismo tecnológico. “El eBook permite difundir nuestra literatura sin depender del papel, que hoy es caro y escaso”, explicó Hernández Pérez.

Por su parte, Sumat colabora en este esfuerzo trabajando con editoriales como Gente Nueva y Pablo de la Torriente para crear libros electrónicos enriquecidos con elementos interactivos. “No se trata solo de subir un PDF: es diseñar una experiencia que aproveche las ventajas del formato”, insistió Suany Leyva.

El libro electrónico no es solo un formato: es una herramienta para democratizar la lectura en un mundo desigual. En Cuba, proyectos como Sumat y el PNDLDC muestran que, pese a los obstáculos, es posible innovar sin ceder a lógicas mercantiles. Como resume Hernández Pérez: “El eBook debe servir para que el lector elija desde la crítica, no desde el algoritmo”.

En un planeta donde, según la UNESCO, 773 millones de adultos son analfabetos, el formato digital —con su capacidad para integrar texto, audio e imagen— podría ser la llave para hacer de la literatura un derecho, no un privilegio. (ALH)

Ello, evidentemente, incumple lo dispuesto en el marco jurídico del país con las resoluciones 93 y 111 del Ministerio de Comercio Interior (Mincin) y el Banco Central de Cuba (BCC), respectivamente. Constituye una violación al derecho del consumidor y una práctica que persiste, a pesar de lo establecido.

En acciones de control realizadas por el Mincin entre el 2 y el 6 de septiembre, para verificar el cumplimiento de la Resolución 93, fueron visitados 1 767 establecimientos; de ellos, 695 estatales y 1 072 no estatales.

En declaraciones a Granma, Inalvis Smith Lubén, viceministra del Mincin, precisó que el 71 % de las acciones se concentran en los trabajadores por cuenta propia (52 %) y los establecimientos del sistema de Comercio de subordinación local (19 %).

De forma general –dijo– se cuantificaron 506 infracciones, con 459 medidas aplicadas; de ellas, 58 cierres de estable­cimientos, 17 retiros de la Autorización Comercial, y 384 multas por un importe total de 1 044 515 pesos.

Explicó que las infracciones no se comportaron por igual en todo el país: por ejemplo, no se determinaron en Santiago de Cuba, se ejecutaron insuficientes acciones de control en Villa Clara y la Isla de Juventud, y se evidenció una baja aplicación de medidas en Pinar del Río y Camagüey.

También se realizaron 602 acciones de intervención en áreas de comercialización relevantes y en los mercados agropecuarios, estos últimos con el llamado de las máximas autoridades a potenciar los pagos digitales en estos establecimientos.

Con cierre agosto de 2024, las últimas acciones se centraron en solo 72 municipios del país, de ellos, los 15 de La Habana; sin embargo, no se ejecutaron ni en Santiago de Cuba ni en Cienfuegos.

No obstante, el accionar representa un perfeccionamiento en el método de trabajo del organismo en todos los niveles, centrado en identificar las áreas de mayor concentración de actores económicos y en los mercados agropecuarios, para buscar soluciones y cerrar el área como bancarizada, afirmó la Viceministra.

Hasta el momento se determinaron 342 propuestas de zonas bancarizadas, espacios que, según el BCC, son aquellos que reúnen los requisitos establecidos a partir de que cuenten con las condiciones tecnológicas para que todos los pagos se hagan de forma digital.

El próximo 2 de noviembre se cumple un año de la publicación, en la Gaceta Oficial, de la Resolución 93 del Mincin, que implanta como requisito para los establecimientos comerciales objeto de inscripción en el Registro Central Comercial, de manera temporal o permanente, poseer las facilidades de pago por las pasarelas nacionales o terminales de punto de venta para la comercialización de bienes y prestación de servicios al consumidor.

Smith Lubén recalcó que son sujetos de esta obligación las empresas estatales y las unidades presupuestadas, todas las modalidades de inversión extranjera, las cooperativas no agropecuarias y las agropecuarias, las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), los trabajadores por cuenta propia, los productores agropecuarios independientes, los proyectos de desarrollo local y las formas asociativas no lucrativas que hacen comercio. (ALH)

Tomado de Granma