Así lo confirmó Martha Ferriol Marchena, directora de Gestión Documental y Archivo del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), quien subrayó que la norma responde a la necesidad de implementar de manera organizada los derechos y deberes recogidos en los artículos 53 y 97 de la Constitución de la República.

Según explicó, aunque la Carta Magna reconoce el derecho de los ciudadanos a acceder a la información contenida en documentos y bases de datos, así como la obligación de las instituciones de actuar con transparencia, “no existía hasta ahora ninguna disposición jurídica que ordenara e implementara cómo debía hacerse”. Esa brecha normativa es la que viene a cubrir la nueva disposición.

Un compromiso constitucional e internacional

Martha Ferriol Marchena, directora de Gestión Documental y Archivo del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA). Foto: Abel Padrón Padilla/Cubadebate.

Ferriol Marchena señaló que esta norma representa también una oportunidad para refrendar compromisos internacionales asumidos por Cuba, entre ellos la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción Administrativa, y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En particular, destacó la relación directa con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, orientado a promover instituciones eficaces, responsables y transparentes.

En el ámbito nacional, la ley se articula con los Lineamientos de la Política Económica y Social, específicamente el lineamiento 99, que impulsa la consolidación de los sistemas institucionales de gestión documental y archivo como base para una administración pública más transparente.

La directiva del CITMA resaltó que la nueva ley permite, además, interconectar un conjunto de normativas que hasta ahora coexistían de manera dispersa. Entre ellas mencionó la legislación sobre los archivos de la República de Cuba, las disposiciones relativas a la información oficial y clasificada —que establecen límites de acceso—, la Ley de Comunicación Social, la reciente normativa sobre información estadística y las políticas de informatización y transformación digital del país.

“Se trata de poner en contexto y vincular coherentemente todo ese entramado jurídico”, afirmó.

Manual de procedimiento y preparación institucional

Aunque la Ley de Transparencia fue aprobada en julio de 2024 por la Asamblea Nacional del Poder Popular, su publicación en la Gaceta se pospuso hasta contar con el manual de procedimiento que acompañará su implementación, uno de los mandatos expresos del Parlamento.

Durante este período se elaboraron 10 procedimientos, cinco de ellos directamente relacionados con la transparencia y el acceso a la información, incluyendo uno específico que tributa de manera directa a la nueva ley. Dicho manual fue conciliado con todos los órganos y organismos de la Administración Central del Estado y se publica junto con la resolución que lo pone en vigor. También estará disponible en el sitio web del CITMA.

Este tiempo permitió, además, preparar a los llamados sujetos obligados —todas las entidades que ejercen funciones públicas o gestionan fondos públicos— mediante acciones de capacitación y acompañamiento institucional en todas las provincias del país.

Información mínima obligatoria y plazos de implementación

Entre los contenidos que deberán estar disponibles de manera sistemática en los sitios web institucionales, como parte de la nueva norma, se encuentran la información sobre los principales directivos, una caracterización general de la entidad, sus objetivos, misiones, servicios, estrategias, programas y proyectos, así como datos sobre su financiamiento y presupuesto.

No obstante, la ley establece un plazo de 180 días para su implementación progresiva.

De acuerdo con Ferriol Marchena, a partir de su entrada en vigor comenzará una etapa de capacitación para aplicar el manual de procedimiento y crear los mecanismos necesarios para recibir y tramitar las solicitudes de información de la ciudadanía, ya sea por vía escrita o digital.

Derechos, beneficios y desafíos

Entre los principales beneficios de la ley, la directiva destacó que se consagra el principio de acceso universal. Foto: Abel Padrón Padilla/Cubadebate.

Entre los principales beneficios de la ley, la directiva destacó que se consagra el principio de acceso universal, el carácter gratuito de la información —salvo los costos de reproducción— y la ausencia de cualquier tipo de discriminación para ejercer este derecho.

Asimismo, precisó que los ciudadanos podrán reclamar en tres situaciones concretas: cuando no se entregue la información en el plazo establecido sin justificación, cuando se entregue de forma parcial sin explicación, o cuando se deniegue completamente el acceso sin fundamentos suficientes.

En una primera instancia, la reclamación se realizará ante la propia institución y su máxima autoridad, con la posibilidad posterior de acudir a la vía judicial.

En cuanto a los desafíos, identificó como principales la construcción de una cultura de transparencia, la capacitación sistemática de los sujetos obligados, la difusión de los derechos ciudadanos y el impulso a la transformación digital como herramienta clave para agilizar el acceso a la información.

Límites de acceso y control

La ley establece también límites al acceso a la información pública, relacionados con la defensa y la seguridad nacional, la protección de datos personales, comerciales y bancarios, los procesos judiciales o administrativos en curso y determinados aspectos medioambientales.

Para estos casos se introduce el principio de la prueba del daño, que obliga a evaluar, de manera contextual, si la divulgación de una información puede generar afectaciones, permitiendo incluso el acceso parcial cuando sea posible.

El cumplimiento de la norma será objeto de supervisión y control a través de los sistemas institucionales de gestión documental, la Comisión Nacional de Memoria Histórica y sus homólogos en los territorios, así como mediante los mecanismos habituales de rendición de cuentas.

“Existen las bases mínimas, los mecanismos creados y personal preparado. Ahora corresponde avanzar en el desarrollo de la cultura de transparencia que la sociedad cubana necesita y demanda en estos momentos”, concluyó Ferriol Marchena. (ALH)

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La Unión Nacional de Juristas de Cuba otorga anualmente el Premio Nacional de Derecho “Carlos Manuel de Céspedes”, con el propósito de reconocer la vida y obra de los juristas que han mantenido una destacada trayectoria profesional, en la docencia, las investigaciones o el ejercicio de la profesión. Este Premio se instituyó por primera vez en mayo de 2005 en el “VI Congreso de organización”.

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Durante dos jornadas profesionales del Derecho en la provincia de Matanzas intercambiaron saberes y prácticas en el Evento Preparatorio Abogacía 2024. El encuentro, con cita en el Centro de Convenciones Plaza América de Varadero, propició el debate de temas que rigen hoy la política legislativa del país. A la cita asistieron más de 120 delegados de los catorce bufetes colectivos de la provincia.

“El evento es la acción de superación más importante que desarrollan los abogados en Matanzas”, aseguró Sergio Pagés Valdés, director provincial de Bufetes Colectivos en la provincia. Los ejes temáticos que aborda el programa del evento responden a la política prevista para el Congreso Internacional. En la cita hemos disfrutado de cinco conferencias magistrales de importantes profesores de las Universidades de la Habana y Matanzas. Hace algunos meses estimulamos la investigación en cada delegación para que participen en este evento, que cada dos años desarrollamos los abogados cubanos.

«En la actualidad tenemos una motivación especial porque estamos inmersos en un proceso de transformación de las leyes, de un conjunto de reformas que iniciaron con la Constitución de la República. La carta magna ha sido una hoja de ruta para el proceso legislativo del país», apuntó Pagés Valdés.

“Los eventos preparatorios de abogacía en las provincias se convierten en no solo espacios de debate, sino que devienen momentos de transmisión de experiencias y evacuación de dudas para la continuidad del ejercicio. A través de un análisis profesional se canalizan las problemáticas sociales de cara a las necesidades del servicio jurídico que requiere la población”, señaló Elizabeth Moya Linares, Directora Técnica de la junta directiva de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos.

En tres comisiones de trabajo, los delegados, expusieron una veintena de conferencias del ámbito civil y de familia, penal y criminología, así como un apartado mixto para el pensamiento jurídico y la proyección ético profesional. En el encuentro se sedimentan las bases para la gestión y solución de litigios.

La Doctora en Ciencias Ivonne Pérez Gutiérrez estuvo a cargo de la inauguración del programa de conferencias. Ella asegura que el evento trae consigo retos y en el caso de la provincia de Matanzas le distingue la participación de todos los abogados del sistema. “La reforma normativa que ha vivido el país impone nuevos procederes, más estudio y una mayor preparación”, señaló la investigadora.

Temas asociados a los procesos civiles, amparo constitucional, el silencio administrativo, ética e inteligencia emocional del abogado, derechos sobre la tierra, así como el régimen tributario de los trabajadores por cuenta propia motivaron el debate.

Mara Elena León Cruz plantea que el evento comienza desde el momento que inician las investigaciones con el ejercicio cotidiano. “Aquí socializamos los principales resultados de nuestro trabajo ante la presencia de juristas y profesores de nuestras universidades, apunta la abogada matancera.»

Al cierre del evento fueron entregados los premios de las conferencias que representarán a Matanzas en el noveno Congreso internacional Abogacía 2024, un encuentro que cada año apuesta por el debate, el análisis y el intercambio de experiencias para construir una sociedad basada en la legalidad y la justicia.

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La reconocida pianista Elvira Santiago amenizó el momento de apertura del evento. Seguidamente la doctora en ciencias Iris María Méndez Trujillo, vicedecana de Investigación y postgrado de la Facultad de ciencias sociales y humanidades de la casa de altos estudios yumurina, impartió la conferencia magistral A propósito de la aplicación del código de las familias en su primer aniversario. Una mirada desde la socioafectividad.

El segundo momento del encuentro dio paso a la exposición de la jornada científica y el Taller de familias. Este último contó con paneles dedicados a la responsabilidad parental, la violencia familiar y las instituciones de derecho familiar. El evento científico incluyó ponencias dedicadas a la actividad de los jueces de ejecución, la influencia del trabajo en la reinserción social, la necesidad de una norma legislativa en materia de discapacidad y la desheredación en el régimen sucesorio cubano.

La jornada contó además con la conferencia de la doctora en ciencias Ismary Lara Espina. Seguidamente la vicepresidenta del Tribunal Provincial Popular, Luidmila Arias Rodríguez, y la profesora Iris María Méndez Trujillo entregaron los premios y reconocimientos a los participantes.

El evento culminó con la graduación de la décima edición del Diplomado de impartición de justicia. Nueve jueces profesionales culminaron las distintas etapas con un ejercicio integrador en el que expusieron los conocimientos adquiridos. (ALH)

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Odelyn Benítez Prado, fiscal jefa municipal, explicó a los estudiantes de duodécimo grado el perfil de la carrera de derecho, los centros institucionales donde pueden ejercer una vez graduados, el plan de estudios y las principales asignaturas que se imparten.

La carrera de derecho introduce a los estudiantes en el mundo de las leyes y de su estricto cumplimiento. Además ofrece la posibilidad de defender los intereses del Estado y de personas en situación de vulnerabilidad y el ejercicio de la acción penal y pública.

El ejercicio de puertas abiertas no es solo una iniciativa de todos los implicados en el proceso, sino de estudiantes y la familia en general para que el futuro universitario se adentre en los diferentes perfiles profesionales y pueda optar por una carrera acorde a sus preferencias. En muchas ocasiones, sucesos como estos constituyen una oportunidad para potenciar en los bisoños los conocimientos sobre el sistema jurídico cubano y desde los centros educacionales conocer el talento del estudiantado.

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Con su juventud redobla los esfuerzos para cumplir con la tarea, sin dejar de un lado las obligaciones tanto profesionales como hogareñas.

“En esa maravillosa etapa de la vida los muchachos están ávidos de todo tipo de conocimiento y te preguntan cualquier tema. Estar bien preparado, requiere de esfuerzo”, refirió Hernández Sánchez.

 El objetivo del círculo de interés radica en inculcar a los bisoños el amor por el derecho desde edades tempranas.

Odelyn Benítez Prado, fiscal jefa municipal.

En los encuentros utilizan varios medios de enseñanza como láminas, videos relacionados con los temas, y análisis de artículos periodísticos, que generan mayor interacción a través de preguntas de participación.

“Nuestro principal propósito es fomentar en los estudiantes su formación vocacional y cultivar en ellos el amor por el derecho”, recalcó Karelys.

Además, refirió que el círculo de interés permite el conocimiento objetivo de la labor de la fiscalía dentro de la sociedad y garantiza un proceso de captación de mayor calidad.

El objetivo consiste en infundir en los más jóvenes el gusto por la profesión, la cual vela por el cumplimiento de la legalidad en el territorio. Así mismo contribuye a la formación de habilidades de investigación, disciplina, tenacidad, modestia, entre otros valores que deben de seguir rescatándose. También fomentan el conocimiento de la Constitución de la República, con énfasis en los hechos que constituyen indisciplinas sociales e ilegalidades.

Los encuentros con los estudiantes de la Escuela Secundaria Básica Urbana Fermín y Yolanda en Unión de Reyes tienen cita en el palacio de pioneros del territorio.

Roxana Valdés, Periodista Unión de Reyes

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“La superación profesional, que constituye la razón de ser de la organización, se manifiesta en un conjunto de acciones que incluyen diplomados, maestrías y diversos cursos de capacitación”, amplió Valiente Montes de Oca.

También fuertemente vinculada con dicha proyección se destaca la actividad científica, y en este aspecto se trabaja fuertemente de conjunto con la carrera de Derecho en la Universidad de Matanzas y estrechamente con los jóvenes juristas y los estudiantes.

“Siempre nos hemos vinculado con los jóvenes por la importancia que tienen dentro de la comunidad jurídica. Hemos tratado de incorporarlos a las actividades de la organización, y de hecho así lo hacen”, argumentó.

“Otra de las proyecciones que tiene la Unión de Juristas para el período es el trabajo internacional. Prevemos aumentar la presencia en las redes de todos los profesionales, y denunciar en cualquier foro o evento el bloqueo económico-financiero contra Cuba y la ilegalidad de la base naval de Guantánamo.”

Estas tareas, manifestó Valiente Montes de Oca, resultan “prioridad para todos los juristas en el país y en especial en la provincia”.

Con respecto a la presencia en las redes sociales, la institución insta a los juristas a contribuir con ellas a la cultura jurídica de la comunidad de profesionales y de los ciudadanos.

Uno de los retos y tareas de peso para el período lo constituye la comunicación institucional, y dentro del funcionamiento orgánico fortalecer las estructuras de la organización en los municipios devine labor fundamental.

La Unión Nacional de Juristas de Cuba, constituida el 8 de junio de 1977, es la organización social encargada de agrupar a los profesionales del Derecho en el país. Con un perfil científico-profesional, la institución no tiene ánimos de lucro ni financiamiento de fuentes externas.

El Consejo provincial de dicha organización en Matanzas se propone para el año 2023 disímiles proyectos encaminados al desarrollo de sus Sociedades Científicas y al progreso de la Ciencia Jurídica.

La estidad cubana está afiliada a la Asociación Americana de Juristas, la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados, la Federación Centroamericana y del Caribe de Colegios y Asociaciones de Abogados y la Federación Interamericana de Abogados.

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La Dra. C Yairis Arencibia Fleitas, vicedecana de investigaciones y posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la casa de altos estudios matancera lidera el evento que sesionará durante dos días.

«Buscamos lograr el vínculo de las ciencias sociales con el derecho como eje central y resolver problemáticas que se deriven de otras especialidades desde las ciencias jurídicas», explicó la vicedecana.

A través de videoconferencias estudiantes y profesores de la carrera Licenciatura en Derecho de la Universidad de La Habana, Universidad de Cienfuegos y la Martha Abreu de Las Villas forman parte del evento junto a universidades de Chile e Italia.

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Oscar Silvera Martínez, ministro de Justicia, profundizó sobre los resultados de la consulta popular al proyecto del Código de las Familias,donde el 61,96 % de los participantes en este proceso se manifestaron a favor de todo el texto.

Acompañado por miembros de la Comisión Redactora y con la presencia de Arelys Santana Bello, presidenta de la Comisión de Atención a la Juventud, la Niñez y los Derechos de Igualdad de la Mujer del legislativo cubano, destacó que fueron analizadas todas y cada una de las propuestas.

Los ponentes refirieron diferentes aspectos relevantes enriquecidos en el proyecto de disposición normativa, entre ellos el reconocimiento expresamente del cuidado como derecho; la ampliación de la protección de niñas, niños y adolescentes a las situaciones excepcionales y de desastre; el entrelazamiento del principio de interés superior de niñas, niños y adolescentes y sus pautas de valoración con los deberes que a ellos le asisten; y el reforzamiento de la tutela urgente ante la discriminación y la violencia, así como la ampliación de la posibilidad de denuncia a cualquier persona que conozca de esos hechos.

Entre otros elementos precisados, manifestaron que un porcentaje de los cambios constituyen mejoras en la redacción, mayor rigor en la sistemática, reformulación de enunciados, desglose en incisos, cambios de letras, entre otros, para lograr mayor entendimiento y comprensión del texto.

Oscar Silvera Martínez agregó que los días 5 y 12 de julio de 2022 se realizaron las consultas a diputados de todo el país sobre la versión 25 del proyecto del Código de las Familias, presentada por el Ministro de Justicia y miembros de la Comisión Redactora. Esta versión se encuentra disponible para la población en el sitio web del Parlamento cubano.

Fue aprobada la propuesta a la Asamblea Nacional del Poder Popular acerca de las reglas para el referendo, la fecha de su realización y la pregunta que se formulará a los electores.

Posteriormente, Silvera Martínez explicó a los miembros del Consejo de Estado la marcha del cumplimiento del Cronograma Legislativo, actualizado por el Acuerdo IX-115 de la Asamblea Nacional del Poder Popular el 22 de diciembre del 2021, y publicado en la Gaceta Oficial de la República el 12 de enero de 2022.

Informó que, desde la proclamación de la Constitución el 10 de abril de 2019 hasta el momento, se han aprobado más de una veintena de leyes –incluido el proyecto del Código de las Familias que fue sometido a consulta popular–, y 79 decretos leyes. Además, el titular de Justicia subrayó que en el período hasta mayo del 2022 se cumple con lo establecido en este tema para las leyes, así como se trabajó en todas las normas jurídicas previstas en el cronograma aprobado.

Precisó que se decidieron posponer para el próximo año otras disposiciones normativas; mientras que, en otros casos, se evalúa solicitar su prórroga por el contexto actual y la necesaria definición de conceptos en otras normas jurídicas.

De esta manera, Oscar Silvera Martínez aseguró que, con estas precisiones, en el 2022 se aprobarán 22 leyes y ocho decretos leyes; así como, con la realización del referendo sobre el Código de las Familias, se cumplirán todas las Disposiciones Transitorias de la Constitución de la República.Concluyó su detallada exposición reafirmando que se encuentra en estado avanzado de definición el proyecto de nuevo Cronograma Legislativo para la próxima Legislatura (2023-2028).

Por último, los integrantes del Consejo de Estado examinaron las acciones de control realizadas por la Contraloría General de la República al Presupuesto del Estado, punto de la agenda en el que participaron Meisi Bolaños Weiss, ministra de Finanzas y Precios, y Félix Martínez Suárez, titular de la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional. (ALH)

Tomado de Cubdebate

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