En días recientes desde los perfiles institucionales de la Corporación CIMEX y FINCIMEX S.A se ha venido alertando a los clientes de posibles acciones fraudulentas con respecto a la comercialización de productos a través de sitios no oficiales y perfiles personales que operan desde las plataformas digitales, haciendo uso de la identidad corporativa de ambas empresas.

A partir de ofertas tentadoras en estos “sitios” los consumidores se han visto atraídos a realizar compras mediante transferencias de saldo. Los titulares han facilitado datos bancarios y personales que constituyen la protección para las operaciones legítimas, brindando la posibilidad de suplantar al cliente y acceder a sus fondos.

La especialista en Riesgos y Prevención de Fraudes de Fincimex Lic. Ynaid Amor explica que la información del carnet de identidad, la numeración de la tarjeta, los datos del comprobante de compra; son las llaves que protegen las cuentas de los clientes. Esta información no ha de ser compartida con personas desconocidas.

Al recibir un mensaje o correo solicitando información personal o financiera, el cliente ha de asegurarse de que provenga de una fuente confiable; y solo utilizar plataformas de pago reconocidas y seguras. Ante cualquier comportamiento sospechoso se debe reportar inmediatamente a las autoridades correspondientes: denuncia a la PNR, y notificación a la entidad de Fincimex en cada territorio.

El Lic. Esteban Martin Gonzalez, Director de Ventas de CIMEX, declara que todas las promociones, rebajas de precios u otros incentivos adicionales a las compras se realizan de forma presencial en los establecimientos comerciales, sin pagos o solicitud previa de datos.

Recomendamos a los usuarios a mantenerse informados por los canales oficiales de comunicación:

Corporación CIMEX S.A

Numero Único: 80000724

Correo electrónico: atencionalcliente@cimex.com.cu

Facebook: Corporación Cimex.SA Oficial

X: @cimex_cuba

Instagram: @cimex_cuba

Fincimex S.A

Facebook: Fincimex S.A

Página de Instagram: @Financiera_CIMEX

Centro de Llamadas: 7220-11-99 (ALH)

Tomado de Cubadebate

El día 7 de agosto último, la Sala Primera de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de Matanzas celebró el juicio de la causa 84 del corriente año, con carácter ejemplarizante, oral y público, en el que se juzgó a dos ciudadanas, quienes se habían desempeñado como directora e inversionista de la Dirección Municipal de Vivienda en Cárdenas, respectivamente, por los delitos de falsificación de documentos bancarios y de comercio como medio para cometer malversación.

Las pruebas practicadas en el acto de justicia, al que asistieron funcionarios y directivos de las direcciones municipal y provincial de la Vivienda, arrojaron que la acusada A (ex directora), concertó un contrato con un trabajador por cuenta propia (TCP), para la rehabilitación de edificios multifamiliares y ciudadelas, obviando al Comité de Contratación de la unidad y sin previa licitación, en el que no aparecía el objeto de obra, el responsable de suministro, los representantes del prestador y del cliente, los términos de garantía, el cronograma de ejecución, la relación de personas autorizadas por el prestador y el cliente para suscribir las actas de conformidad y aceptación y los materiales.

Mediante este contrato le asignó al TCP la obra de reforzamiento estructural del edificio multifamiliar ubicado en el Reparto 13 de Marzo, conocido popularmente como “el edificio del Transporte”, el que poseía severos daños estructurales.

Estableciéndose que no se ejecutó ninguna acción constructiva para devolver los valores originales y funcionales a dicha edificación, como estaba previsto, y el inmueble actualmente continúa en el mismo estado de deterioro, pese a lo cual, dispuso el pago como si la acción constructiva se hubiera ejecutado satisfactoriamente.

La acusada B (ex inversionista), a quien le correspondía comprobar la calidad de ejecución de los trabajos de rehabilitación, por su parte, no exigió el expediente de obra, ni se personó en el lugar para comprobar la calidad y estado de las acciones constructivas que se debían ejecutar, pese a lo cual certificó.

Las acciones de ambas motivaron la aceptación de la factura con un monto de 531 486 pesos con 19 centavos emitida por el TCP, dando por hecho que los trabajos certificados coincidían con los ejecutados, cuando en realidad nunca se realizaron y por tanto, se procedió al pago de la referida suma de dinero.

Luego de valorar todos los elementos probatorios, el tribunal decidió sancionar a la ex directora como la autora y a la ex inversionista como partícipe del hecho, ambas responsables del delito de malversación, acorde a lo establecido en el Artículo 297 apartado 1, 2 y 6 por el Código Penal.

El Tribunal dictó el fallo en el propio acto, destacando su presidente la indiscutible lesividad social de estos hechos en los tiempos actuales, pues se causó afectación y se dispuso de manera indebida del presupuesto del Estado.

La sala impuso a la autora la sanción de cinco años de privación de libertad, y en el caso de la partícipe acordó cuatro años de privación de libertad, y como alternativa, trabajo correccional sin internamiento.

Además, se les impuso la prohibición del ejercicio de una profesión, cargo u oficio que lleve aparejado la administración, cuidado o disponibilidad de recursos materiales y financieros.

Durante el proceso investigativo, los familiares repusieron a la entidad la suma total del monto defraudado, por lo que la dirección de la entidad no presenta afectación en su patrimonio. Además, se respetaron las garantías y derechos de las acusadas, previstas tanto en el Constitución como en la Ley del Proceso Penal.

Tanto ellas como el Fiscal, una vez notificada la sentencia escrita, el 4 de septiembre, según dispuso el Tribunal, en caso de inconformidad, podrán establecer el correspondiente recurso de casación, para que el asunto sea examinado por el Tribunal Supremo Popular, máxima instancia judicial de la nación. (ALH)

Tomado de Cubadebate

Un hecho extraordinario, recientemente ocurrido en una de las unidades principales de la Empresa de Bebidas y Refrescos de La Habana, hizo sonar las alarmas y fortalecer las medidas de enfrentamiento y prevención al delito. 

Se confiscaron 168 cajas de ron destinadas al mercado negro, lo que destapó un esquema que implicaba tasas de pérdidas infladas en un almacén.

Los implicados se enfrentaron tanto a investigaciones policiales como a sanciones administrativas, lo que dio lugar a medidas de seguridad reforzadas y auditorías sorpresa para evitar nuevos delitos. (ALH)

Tomado de Cubadebate

En horas de la mañana del día 26 de noviembre se conoció de la ocurrencia de un hecho inusual contra la vida de un menor de cinco años y una agresión sexual a una embarazada, ambos en el municipio Minas.

En el transcurso de la investigación se conoce que el autor de estos hechos es el ciudadano Alieski Martínez Ferrer, padre del citado menor, y que en el transcurso de su huida había agredido sexualmente a una embarazada con 8 meses de gestación.

En la madrugada del 2 de diciembre de 2024, fuerzas del Ministerio del Interior dieron captura al autor de estos repudiables hechos.

Durante la búsqueda de este ciudadano, se recibió el apoyo incondicional de los pobladores del municipio Minas, quienes aportaron valiosas informaciones para dar captura a este elemento.

Se continúa trabajando en la legalización de los hechos cumpliendo las garantías procesales para que caiga sobre este todo el peso de la ley. (ALH)

Tomado de Cubadebate

Ello, evidentemente, incumple lo dispuesto en el marco jurídico del país con las resoluciones 93 y 111 del Ministerio de Comercio Interior (Mincin) y el Banco Central de Cuba (BCC), respectivamente. Constituye una violación al derecho del consumidor y una práctica que persiste, a pesar de lo establecido.

En acciones de control realizadas por el Mincin entre el 2 y el 6 de septiembre, para verificar el cumplimiento de la Resolución 93, fueron visitados 1 767 establecimientos; de ellos, 695 estatales y 1 072 no estatales.

En declaraciones a Granma, Inalvis Smith Lubén, viceministra del Mincin, precisó que el 71 % de las acciones se concentran en los trabajadores por cuenta propia (52 %) y los establecimientos del sistema de Comercio de subordinación local (19 %).

De forma general –dijo– se cuantificaron 506 infracciones, con 459 medidas aplicadas; de ellas, 58 cierres de estable­cimientos, 17 retiros de la Autorización Comercial, y 384 multas por un importe total de 1 044 515 pesos.

Explicó que las infracciones no se comportaron por igual en todo el país: por ejemplo, no se determinaron en Santiago de Cuba, se ejecutaron insuficientes acciones de control en Villa Clara y la Isla de Juventud, y se evidenció una baja aplicación de medidas en Pinar del Río y Camagüey.

También se realizaron 602 acciones de intervención en áreas de comercialización relevantes y en los mercados agropecuarios, estos últimos con el llamado de las máximas autoridades a potenciar los pagos digitales en estos establecimientos.

Con cierre agosto de 2024, las últimas acciones se centraron en solo 72 municipios del país, de ellos, los 15 de La Habana; sin embargo, no se ejecutaron ni en Santiago de Cuba ni en Cienfuegos.

No obstante, el accionar representa un perfeccionamiento en el método de trabajo del organismo en todos los niveles, centrado en identificar las áreas de mayor concentración de actores económicos y en los mercados agropecuarios, para buscar soluciones y cerrar el área como bancarizada, afirmó la Viceministra.

Hasta el momento se determinaron 342 propuestas de zonas bancarizadas, espacios que, según el BCC, son aquellos que reúnen los requisitos establecidos a partir de que cuenten con las condiciones tecnológicas para que todos los pagos se hagan de forma digital.

El próximo 2 de noviembre se cumple un año de la publicación, en la Gaceta Oficial, de la Resolución 93 del Mincin, que implanta como requisito para los establecimientos comerciales objeto de inscripción en el Registro Central Comercial, de manera temporal o permanente, poseer las facilidades de pago por las pasarelas nacionales o terminales de punto de venta para la comercialización de bienes y prestación de servicios al consumidor.

Smith Lubén recalcó que son sujetos de esta obligación las empresas estatales y las unidades presupuestadas, todas las modalidades de inversión extranjera, las cooperativas no agropecuarias y las agropecuarias, las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), los trabajadores por cuenta propia, los productores agropecuarios independientes, los proyectos de desarrollo local y las formas asociativas no lucrativas que hacen comercio. (ALH)

Tomado de Granma