Este fallo, otra victoria significativa en la agresiva agenda de deportaciones masivas de la administración, niega a los afectados la oportunidad de demostrar los graves perjuicios –incluido el riesgo de tortura– que podrían enfrentar en sus destinos forzados.

Los magistrados levantaron una orden judicial previa que obligaba al Gobierno a otorgar a los inmigrantes designados para deportación a los denominados ‘terceros países’ una “oportunidad significativa” para presentar sus argumentos ante las autoridades migratorias.

Según la fuente, este proceso habría permitido alertar sobre los peligros específicos en sus nuevos destinos mientras se resolvía un recurso legal pendiente sobre la política.

La medida de la Corte Suprema, emitida sin firma y sin motivación –como es habitual en decisiones de urgencia–, revierte una orden del juez federal de distrito Brian Murphy en Boston, emitida el pasado 18 de abril. Dicha orden judicial había bloqueado temporalmente las deportaciones bajo esta controvertida política.

La decisión generó una enérgica disidencia. La jueza Sonia Sotomayor, respaldada por los otros dos magistrados liberales del tribunal, criticó severamente la postura de la mayoría, tildándola de “abuso flagrante” de la discrecionalidad judicial.

“Aparentemente, el tribunal considera que la idea de que miles de personas sufran violencia en lugares remotos es más aceptable que la remota posibilidad de que un tribunal de distrito se haya excedido en sus facultades correctivas al ordenar al Gobierno que proporcione la notificación y el proceso al que los demandantes tienen derecho constitucional y estatutariamente”, escribió Sotomayor en su disenso.

“Ese uso de la discrecionalidad es tan incomprensible como inexcusable”, agregó la magistrada.

El caso surge después de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) implementara medidas en febrero para acelerar las deportaciones hacia estos «terceros países», naciones con las que EE.UU. mantiene acuerdos migratorios pero que no son necesariamente el país de origen del migrante.

Grupos de defensa de derechos de inmigrantes presentaron entonces una demanda colectiva en nombre de un grupo específico que enfrentaba deportación inminente, argumentando que se les negaba cualquier aviso previo o posibilidad legal de exponer los riesgos que corrían.

El juez Murphy había dictaminado previamente, en mayo, que el Gobierno violó su orden inicial al intentar deportar sin los nuevos procedimientos requeridos a un grupo de migrantes hacia Sudán del Sur. Murphy destacó que Sudán del Sur es un país políticamente inestable caracterizado por “la delincuencia, los secuestros y los conflictos armados”.

Como resultado de la intervención judicial previa de Murphy, el Gobierno estadounidense se vio obligado a retener temporalmente a los migrantes afectados en una base militar en Yibuti.

Entre las personas detenidas que iban a ser deportadas en un vuelo bloqueado se encuentra un nacional de Sudán del Sur; los demás son originarios de Cuba, México, Laos y Vietnam. La decisión de la Corte Suprema reactiva ahora la posibilidad de su deportación inmediata a esos destinos.

(Camila Pérez Domínguez y Lauren Quirós Alonso/Estudiantes de Periodismo)

Tomado de Cubadebate

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Rodrigues, uno de los coordinadores de la campaña electiva del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, explicó en una entrevista concedida a TV 247 que se pidió al Supremo Tribunal Federal abrir una investigación sobre la ponderación a ese flagelo del exmilitar.

«Pedimos la toma de declaración urgente del presidente y medidas de protección a las víctimas. Esto necesita ser aclarado», precisó el parlamentario.

El pasado viernes, en una conversación con productores de contenidos de Internet en audios, Bolsonaro aludió acerca de la llegada de venezolanos al país y narró un encuentro con niñas de edades entre 14 y 15 años durante un paseo en moto en las afueras de Brasilia.

Al relatar el episodio, el excapitán del Ejército manifestó que aquello «pintó un clima» al interactuar con las chicas e insinuó que ellas estarían prostituyéndose.

Tal declaración generó amplia repercusión y sigue siendo fuertemente criticada por opositores en las redes sociales.

Al respecto, Bolsonaro dijo que «las últimas 24 horas han sido las más terribles de mi vida. Una acusación infame, sórdida de pedofilia».

Pese a los argumentos del gobernante, Rodrigues escribió en una red social sobre «la necesidad de investigación de tres posibles crímenes: prevaricación, violación de vulnerable y favorecimiento de prostitución o de otra forma de explotación sexual de niño o adolescente o vulnerable. ¡Nada puede quedar impune en este caso que ha conmocionado a todos!», remarcó.

En la primera vuelta de las elecciones, realizada el 2 de octubre, Lula, aspirante al poder por el Partido de los Trabajadores, obtuvo un 48,4 por ciento de los votos frente a Bolsonaro, quien ambiciona reelegirse por el Partido Liberal y recibió un 43,2.

Ninguno de los candidatos al Palacio del Planalto (sede del Poder Ejecutivo) logró en ese primer turno la mayoría absoluta de votos, es decir, más de la mitad de válidos (excluidos blancos y nulos), como establece la legislación brasileña para ser electo. Ambos políticos disputarán la segunda ronda del sufragio el 30 de octubre.

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